¿Qué busca el Gobierno con la declaratoria de emergencia social en salud?

El ministro de Protección Social, Diego Palacio, se ha referido a una "serie de medidas" para enfrentar la crisis del sector de la salud. No obstante, hasta el momento no se sabe claramente qué medidas son. Fotomontaje: Juan Carlos Arroyo

Ayer en el programa Hora 20, de Caracol Radio, le preguntaron varias veces al ministro de Protección Social Diego Palacio en qué consistiría, concretamente, la emergencia social que el Gobierno va a decretar por la crisis en el sector de la salud. ¿Qué temas se van a abordar? ¿Qué problemas se van a solucionar? El Ministro dio vueltas y habló de todo un poco, pero no respondió la pregunta.

A esta hora los decretos de emergencia social están en Presidencia pasando por la lupa de los asesores jurídicos de la Casa de Nariño. Después serán firmados por Álvaro Uribe y entraremos, oficialmente, en un estado de excepción. Esto implica que, hasta por 90 días, el Gobierno puede emitir decretos con fuerza de ley para enfrentar la coyuntura. Pero, ¿era previsible esta emergencia?

“Los estados de excepción sólo se pueden decretar cuando se presenta un hecho inesperado, sobreviniente. ¿Por qué una emergencia ahora? ¿Por qué no se hizo nada antes?”, dice el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo a La Silla Vacía. Lo cierto es que los síntomas de la emergencia se manifestaron hace unos días, pero no son nuevos y vienen de tiempo atrás.

Primero fueron las EPS, que hace dos semanas prendieron las alarmas. “Para nosotros el problema tiene una cuantía de 500 mil millones de pesos, es una cifra muy importante, es la diferencia entre poder seguir operando o tener que suspender operaciones”, dijo a Caracol Radio el director de Acemi, gremio que agrupa a las EPS, Juan Manuel Díaz Granados.

Después, fueron los departamentos. El gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa explicó que la deuda de los entes territoriales por atención no incluida en el Plan Obligatorio de Salud (POS) asciende a 500 mil millones y puede llegar a seis billones de pesos en 2011.

Este último hecho fue el que usó principalmente el presidente Uribe para justificar la emergencia social. Con esta figura, el Gobierno creará más impuestos, principalmente a bebidas alcohólicas y cigarrillos. “Para poder financiar el pago por los servicios no incluidos en el POS, para poder resolver los nuevos retos financieros de la salud, el Gobierno se propone en los próximos días (…) incorporar unas nuevas fuentes de recursos a la salud para estos menesteres”, dijo el Presidente el sábado pasado en el consejo comunitario en Cúcuta.

El presidente Uribe justificó la declaratoria de emergencia para conseguir el dinero que necesitan los entes territoriales para los pagos que hacen al sistema de salud. Lo sorprendente es que el Gobierno les había cargado meses antes esa obligación.

La senadora liberal Cecilia López criticó que el Gobierno tenga tantos recursos en salud 'congelados' en TES.

Que el Gobierno use ese hecho como detonante de la emergencia es sorprendente o, al menos, paradójico. Fue el propio Ministerio de la Protección Social el que, a comienzos de 2009, le pasó a los departamentos la carga económica de asumir los costos de los servicios no incluidos en el POS. Peor aún, en ese momento los municipios protestaron e incluso la Corte Constitucional le pidió al Gobierno que explicara su decisión. En otras palabras, esa crisis estaba cantada.

El problema no es nuevo

El año pasado la Corte Constitucional trató de resolver los grandes problemas del sector de la salud. Le ordenó al Gobierno reorganizar el Sistema General de Seguridad Social y terminar con la avalancha de tutelas por medicamentos y tratamientos que no se prestan. Ahí comenzó el problema. Tanto Uribe como el ministro Palacio han reiterado que el Gobierno tiene la voluntad de cumplir con la sentencia y que lo está haciendo, pero el tiempo sigue pasando y los líos aumentan.

Por un lado, el dinero que se les debe a las EPS corresponde a recobros. Es decir, servicios que prestaron las EPS que no están financiados en el POS y que el Estado cubre como parte del derecho a la salud, a través del Fosyga. Para el ministro Palacio, ya se ha pagado una gran parte de las deudas – habla de 10 billones de pesos –.

Ese dinero del Fosyga está invertido en su mayoría en TES, títulos de deuda pública similares a una acción, que el Gobierno compró para usar por otro lado los recursos disponibles. Según explica a La Silla Vacía Díaz Granados, de ACEMI, el Gobierno tiene más de cinco billones de pesos en TES, algunos de los cuales no puede liquidar antes de un año, lo que significa que no se puede usar ese dinero para atender la crisis de la salud.

Anoche en Hora 20, la senadora liberal Cecilia López criticó que ese dinero del Fosyga estuviera en TES. Para los detractores de esa decisión, resulta inaudito que el Gobierno financie el déficit fiscal con los dineros de la salud.

Por otro lado, el asunto del dinero que pagan los departamentos y el que se les debe a las EPS se relaciona con  la falta de claridad que sigue habiendo frente a cuáles medicamentos y procedimientos cubre el POS y cuáles no. Uno de los puntos vitales de la sentencia de la Corte, que sigue sin resolverse. Como lo informó la Silla Vacía anteriormente, el POS que entra a regir en 2010 sufrió cambios mínimos, y en medicamentos, ninguno.

El ministro Palacio ha caricaturizado el problema diciendo que el Estado debe pagar muchas cosas innecesarias que no están en el POS por orden de jueces. “Terminamos creando reinas de belleza por cuenta de los recursos de la nación”, dijo refiriéndose a las cirugías estéticas. Pero los servicios que no están incluidos en el POS y que el Estado cubre en muchas ocasiones son bastante más importantes, como los medicamentos contra el Sida, hace poco incluidos, o cierto tipo de válvulas para la cirugía de corazón.

Con estos antecedentes, el Gobierno puede estar preparando el estado de emergencia para, de una vez por todas, tomar una decisión frente a las órdenes que dio la Corte Constitucional el año pasado. Órdenes que hasta el momento ha cumplido parcialmente y con una alta dosis de improvisación.

Para hacer todo esto, Uribe no quiere pasar por el Congreso. Sabe que los costos de pasar una ley para generar más ingresos se pueden aumentar considerablemente con las exigencias de los congresistas en términos de inversión para su región y cuotas burocráticas. La posibilidad de dictar decretos-ley le 'ahorra' ese trámite. El ministro Palacio lo insinuó públicamente, al decir que con el estado de emergencia se "facilitará el trámite de normas que no tendrían futuro en el Congreso, donde se mueven muchos intereses". Además, el Gobierno no quiere llevar ese debate al Congreso ahora, en época de elecciones.

Desde ese punto de vista, podría ser algo necesario, ya que si en algo están todos de acuerdo es que la crisis del sector es muy grave y no admite espera. El problema, como lo plantearon el ex ministro Restrepo y el analista Alejandro Gaviria en Hora 20, es que no se conocen las medidas ni mucho menos se han discutido públicamente.

Uribe enfrenta un riesgo grande: la Corte puede tumbar los decretos, como lo hizo con la conmoción interior que decretó el año pasado para enfrentar el paro judicial, por considerar que el estado de emergencia no aplica, con lo cual echaría por tierra todos los cambios. Y de ser así, la crisis de salud se convertirá en un problema que heredará el próximo Gobierno.