López le pidió la renuncia protocolaria a 74 personas en el ministerio de Trabajo. En la cartera están con la moral caída.
Clara llega a hacer borrón y cuenta nueva en Mintrabajo
Mañana se posesiona oficialmente Clara López como ministra de Trabajo. Un cargo que le salió caro dentro del Polo porque revivió sus roces con el sector liderador por el senador Jorge Robledo y al que llega a hacer borrón y cuenta nueva.
La Silla confirmó que le pidió la renuncia a 74 personas. Cuarenta y dos del nivel central, que incluye a viceministros, directores técnicos, subdirectores técnicos y asesores y 32 de las direcciones territoriales, que son las oficinas del ministerio en los departamentos. Todos son cargos de libre nombramiento y remoción.
Aunque no tiene nada de raro que un ministro nuevo llegue a pedir renuncias y puede que Clara no se la acepte a todos, dentro del ministerio no cayó bien que se la pidiera a tantos al tiempo.
Por eso la incertidumbre de quién se va y quién se queda, como nos dijo una fuente de allá: “es el tema de conversación en esta oficina.”
El revolcón
El ministerio de Trabajo tiene una secretaría general y dos viceministerios (el de empleo y pensiones y el de relaciones laborales e inspección), cada uno con tres direcciones. Y cada director tiene su equipo de asesores.
En el ministerio directamente le pidieron la renuncia a los dos vices, Luis Ernesto Gómez y Enrique Borda. A los seis directores, a once subdirectores técnicos y a 23 asesores de los despachos.
“Al otro día del anuncio ya nos estaban pidiendo las renuncias y la verdad fue feo como lo hicieron. Pasó una señora oficina por oficina, sin avisarnos ni nada, a decirnos que entregáramos las cartas”, nos dijo un funcionario que pidió no ser citado para ésta historia.
“Nos preocupa que el criterio para nombrar gente sea más partidista que técnico”, agregó.
Entre el martes y viernes de la semana pasada, tres personas del equipo de empalme de Clara, que ya suenan para reemplazar cargos de alto nivel, estuvieron reunidos con el exministro Luis Eduardo Garzón y su equipo.
Ellos fueron Mariella Barragán, una abogada barranquillera que fue secretaria de desarrollo económico de Samuel Moreno y secretaria de gobierno de Clara cuando fue la alcaldesa encargada en 2011; Jorge Bernal, que fue su secretario de Salud y gerente de campaña el año pasado, y Francisco Javier Mejía, un economista que fue asesor de despacho de ella y su asesor programático.
Dos personas por aparte, una que trabaja en el ministerio y otra de Presidencia, nos contó que Barragán suena para ser la viceministra de relaciones laborales; Bernal para ser el secretario general y Mejía, para ser viceministro de empleo y pensiones.
Mejía le dijo a La Silla que el empalme ha sido tranquilo, que todos en el ministerio han tenido la mejor disposición y cuando le preguntamos si iba ser el próximo viceministro nos dijo: “no se sabe hasta que se sepa”.
“Todas las renuncias son protocolarias y todavía no se ha tomado ninguna decisión. Lo que le puedo decir es que ella va a poner gente capaz”, agregó.
“Aquí ya deje o no deje a la gente, no hay buen ambiente. Hay gente que lleva 15, 20 años acá, entonces ha sido muy duro”, nos dijo una fuente del ministerio.
Intentamos hablar con Clara pero no pudimos porque su jefe de prensa nos dijo que hoy está en Santa Marta, en la continuación de ese foro.
Lo que le espera a Clara
En el gabinete también hay expectativas sobre la llegada de esta ex candidata presidencial.
Un ministro y un exministro le dijeron a La Silla por aparte cómo ven dentro del gobierno la llegada de Clara.
Los dos coinciden en que lo más difícil para ella puede ser la relación con Hacienda, específicamente con el ministro Mauricio Cárdenas.
“Todos los proyectos de gasto de cualquier ministerio sin la firma de Hacienda no van y por eso la relación con él puede ser difícil”, nos dijo el ministro. “El Presidente se ganó un nuevo Angelino”.
Según la entrevista que dio recientemente para El Tiempo, López dijo que quiere recuperar las horas extra para unos sectores laborales. Eso ya lo había intentado hacer el exministro de Trabajo, Rafael Pardo, y en ese entonces, costaba más de un billón de pesos.
“La política fiscal de Santos es totalmente contraria al Polo y en eso puede haber un choque de trenes porque ella no puede llegar a estar en contra de la agenda del gobierno”, dice el exministro. “Puede hacer dos cosas: liderar un ministerio que genere titulares defendiendo las banderas del Polo o discutirle adentro al presidente sin generarle problemas afuera”, agregó.
Clara también quiere sacar adelante la reforma pensional que, en palabras de ella: “necesita reingeniería para garantizarle la pensión universal a todos los colombianos”.
Eso puede chocar con el gobierno porque la reforma que en principio se ha discutido busca reducir la bomba pensional a través de tomar decisiones como aumentar la edad de jubilación, igualarla en edad entre hombres y mujeres para incrementar la de las mujeres que es más bajita y posiblemente incrementar las semanas de cotización que se necesitan para pensionarse. Es decir, todo lo contrario de lo que quisiera Clara, que lo que quiere es ampliar los derechos de la gente.
Y quizás, una de las peleas más duras que se le pueden venir es la del aumento del salario mínimo. Ella ya dijo que va proponer un aumento para el 2017, y muy probablemente en una época de vacas flacas, el ministro de Hacienda abogará por un aumento menor del que ella defenderá.
Lo que le juega en contra y que además es otra muestra de que así quiera estar solo con el gobierno en la paz le va a quedar difícil, es que por ejemplo, una de las recomendaciones de la Ocde, el club de países ricos al que Santos quiere meter a Colombia hace rato, es pagar salarios mínimos diferenciados y en general, más bajitos.
Ahora, si Clara quiere concentrarse en el tema del posconflicto, como argumentó para meterse al gobierno, puede contribuir muchísimo desde su nueva cartera.
El acuerdo de paz plantea que si no hay una llegada al campo de la protección social en su sentido más amplio, no habrá mejoría en las condiciones de vida. El diagnóstico de la Misión Rural dice que solo el 19 por ciento de las personas en la zona rural dispersa están afiliadas al régimen contributivo de salud, apenas el 10 por ciento cotiza pensión y el 9 por ciento riesgos profesionales. Contra 57 por ciento, 35 por ciento y 34 por ciento respectivamente en la ciudad.
A eso se suma que, según el diagnóstico, el 92 por ciento de las personas en el campo tienen trabajo informal.
En esa área, el reto que le espera es muy grande. Pero el primero que tendrá que enfrentar es subirle la moral a los que deje en el ministerio.