Con la tributaria Santos se juega la economía y la gobernabilidad

Todo está listo para que el Gobierno presente la reforma tributaria que lleva preparando varios meses. Con ella el presidente Juan Manuel Santos se juega el futuro de la economía de todos los colombianos y la gobernabilidad de su administración, las dos ya golpeadas. Con la propuesta de aumentar el IVA es casi imposible que las dos salgan indemnes, y lo más probable es que salga bien la economía pero no la gobernabilidad.

Después de la derrota del Sí en el plebiscito hace 8 días, la preparación de la reforma siguió en el Ministerio de Hacienda de forma normal, a pesar de que la idea del Gobierno era radicarla después de que la refrendación de los acuerdos con las Farc triunfara en las urnas. Ayer el Ministro Mauricio Cárdenas volvió de una visita a varias instituciones en Estados Unidos, revisó el texto con sus asesores y hoy a las 10 de la mañana tuvo una reunión con Santos para darle la aprobación final.

Aunque todavía no hay una presentación del proyecto ni siquiera en consejo de ministros (donde estaba agendado revisarla hoy, pero se aplazó la reunión justo por cuenta de la reforma), el proyecto sí incluye aumentar el IVA, algo que es muy impopular y que podría golpear fuertemente el margen de maniobra que le queda a Santos.

A pesar de eso, en el Gobierno arrancan el trámite con la confianza de que la semana pasada pudieron sacar adelante la ley de licores, que tardó años en cuajar y en el pasado había tenido la oposición radical de licoreras departamentales, gobernadores e importadores de trago.

Complicado pero no imposible

Antes del plebiscito la tributaria ya tenía un camino difícil: sacar una ley que suba impuestos es quizás lo más impopular que puede hacer un Gobierno y por eso los congresistas tienen un incentivo grande para distanciarse de ella.

Sin embargo, la reforma podía pasar por dos motivos. Primero, porque estaba el argumento de que era necesaria para financiar la implementación de un Acuerdo apoyado por las mayorías. Ese argumento desapareció el domingo 2 de octubre.

Por eso, al Gobierno le queda el contrapeso usual: los congresistas evitan caer en desgracia con el Gobierno que es quien puede darles entidades, decidir si invierte recursos públicos en sus regiones o apoya sus propios proyectos legislativos.

Ese incentivo ha sido suficiente para que en el pasado los gobiernos saquen adelante sus reforma tributarias, aunque en el debate que debe haber en el Congreso salgan bloqueadas o con nuevos adornos, incluyendo propuestas que benefican a algunos sectores específicos.

Eso pasó, por ejemplo, con las dos reformas del gobierno Santos: la de 2010, que hizo el entonces Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry para aumentar el recaudo; y la de 2012 que preparó Echeverry, y presentó y tramitó Mauricio Cárdenas para reequilibrar las cargas de quienes pagan impuestos y quienes no.

La derrota del Gobierno en las urnas puede cambiar ese equilibrio, especialmente porque desde el domingo mismo Álvaro Uribe dejó ver que no iba a apoyar la tributaria; como contamos ese día, en su discurso dijo que “El riesgo de perder el grado de inversión no se evita con más impuestos".

Ese impacto se siente en el Congreso.

“No va a ser fácil, va a tener muchísimo debate” dice el senador conservador Efraín Cepeda, cercano a Cárdenas y miembro de la comisión cuarta que, con la tercera, le dará el primer debate del proyecto.

Sin embargo, el antecedente reciente de la aprobación de la ley de licores da una luz de esperanza para el Gobierno.

Ese debate, que ya estaba agendado, se hizo el martes y miércoles después de la derrota del Sí, con el gobierno en plena plebitusa. A pesar de eso, lograron sacar adelante el proyecto en la plenaria del Senado.

“No sabe uno cómo está la unidad nacional” dice el senador uribista Alfredo Ramos, también de la comisión cuarta. “Esta semana votó muy juiciosa por el IVA a licores y el Ministro de Hacienda habló mucho de gobernabilidad”.

Efectivamente, según supo La Silla, las bancadas conservadora y liberal del Senado trabajaron de forma muy disciplinada para sacar adelante el proyecto que lideraba Cárdenas, a pesar de que los rojos no son políticamente muy cercanos a él.

Algunos de La U, como el senador Roy Barreras (quien incluso canceló una participación en el programa Voces RCN esa noche para seguir en la plenaria) y la bancada costeña, también. E incluso la de Cambio Radical impulsó el trámite.

Con esos apoyos la ley salió finalmente, y así en el Gobierno, y sobre todo en el Ministerio, hubo una nueva tranquilidad. Por eso, a la salida de la sesión, Cárdenas dijo que era una señal de que sí había gobernabilidad.

Sin embargo, lo que pasó en la ley de licores no asegura el futuro de la tributaria.

Además, en el trámite de la de licores se notó la distancia con dos sectores.

Por un lado la natural oposición del Centro Democrático que varias veces estuvo a punto de disolver el quórum, liderado por Iván Duque. Como ya había hecho en el primer debate, el senador presentó varias proposiciones para modificar el proyecto que, al ser rechazadas, lo llevaron a salirse del recinto.

Esa estrategia, con puntos polémicos o impopulares de la tributaria, pueden poner en aprietos su trámite.

Más si se repite algo que pasó en el trámite de la ley de licores: parte de la bancada de La U, especialmente del llamado grupo de los siete (que incluye a Maritza Martínez, Carlos Soto y Ángel Custodio Cabrera, una de las voces más respetadas en temas económicos) se demoró en llegar y no empujó el proyecto.

El IVA ¿florero de Llorente?

Es evidente que la reforma se necesita, y eso obliga al Gobierno a meterle la ficha pero también puede darle más opciones de que sí salga adelante.

De hecho, congresistas de las comisiones económicas (que son las que primero debatirán la reforma) y de todas las orillas coinciden en que se necesita porque hay un hueco fiscal de alrededor de 30 billones de pesos, la regla fiscal no permite seguir aumentando el déficit y por lo tanto la Nación necesita más ingresos.

El costo de no hacerlo puede ser una crisis económica, que arrancaría con las agencias calificadoras rebajando la calificación de la deuda de la Nación, lo que haría que ésta tenga que pagar más intereses al endeudarse o se vea obligada a recortar más el presupuesto del próximo año, lo que le quita gasolina a la economía.

“La tributaria se necesita” dice David Barguil, presidente del directorio nacional conservador y miembro de la comisión tercera.

“La Reforma Tributaria es necesaria para las finanzas del País y el Gobierno la tiene que  presentar”, dice la representante conservadora Lina Barrera, cercana a Santos y a Cárdenas. “Veo débil al gobierno pero la reforma es necesaria“ coincide el senador Cepeda.

“La reforma tiene mucha justificación”, dice el liberal Fabio Arroyave, de la comisión tercera “Pienso que la situación económica requiere acertar en varios elementos”.

“Los riesgos que corre el país si no se aprueba una reforma estructural, son enormes” dice el uribista Óscar Darío Pérez. En eso coinciden los senadores Alfredo Ramos y Ciro Ramírez, también del Centro Democrático.

Ese ambiente inicial muestra que en el Congreso hay claridad de la necesidad de la reforma. Pero no quiere decir que la que presente el Gobierno vaya a ser bien recibida.

”Tampoco se puede aprobar cualquier reforma, porque el hueco de los recursos petroleros no lo pueden llenar sin analizar la relación costo beneficio”, opina Pérez.

La reforma traerá varios importantes cambios como echar para atrás innovaciones de las reformas de 2012 y 2014 que hicieron más enredado pagar los impuestos, como tener que calcular la declaración de renta de las personas por tres caminos, eliminar el Cree para unirlo al impuesto de renta y así facilitarle la vida a las empresas, más exigencias para que las entidades sin ánimo de lucro paguen pocos impuestos, mejoras a la Dian, o cambios a impuestos locales como el ICA y el predial.

Pero lo que produce más resistencias, y lo que más importa para efectos de aumentar el recaudo de impuestos, son los cambios en el IVA, que posiblemente incluiría aumentar dos o tres puntos ese impuesto, que hoy está en el 16 por ciento de la gran mayoría de productos, y posiblemente ponerle IVA a algunos productos de la canasta familiar (como intentó el gobierno Uribe en 2002 pero evitó la Corte Constitucional).

En la coalición de Gobierno dicen que el asunto es delicado y que, en todo caso, no lo apoyarían para la canasta familiar. Por eso, pinta difícil que salga de las comisiones si es que el Gobierno finalmente lo incluye.

“En cuanto al ambiente del IVA no hay mucho en el Congreso”, dice Barrera “Por lo menos nosotros los conservadores no vamos a apoyar que le coloquen IVA a los productos de la canasta básica”.

“Apoyamos el ajuste del IVA, respetando la canasta” dice Arroyave. “El partido liberal tiene un concepto claro que apoyamos la reforma, pero tiene unas líneas rojas. La canasta familiar o los bienes de primera necesidad,  ahí yo no voy, y creo el Partido Liberal no le juega”.

“Hay que estudiarlo en detalle, pero no es fácil aumentar el IVA” dice Antonio Guerra, de Cambio Radical.

En la oposición uribista, el rechazo parece ser aún más general.

“Creo que el tema del IVA general a la canasta familiar es un golpe político que muy pocos están dispuestos a asumir”, dice Ramo.s “Nos vamos a oponer porque afecta más a los más vulnerables y se ha demostrado que es regresivo. Sobre el aumento de dos o tres puntos de ese impuesto, el mismo análisis: esto afecta más a los más vulnerables, lo demuestra incluso la propia comisión de la reforma tributaria”.

Esta oposición, aunque no es suficiente para evitar que pase algo con la aplanadora de la Unidad Nacional, sí le plantea un nuevo dilema a los congresistas, sobre todo de regiones donde el voto uribista es fuerte: si apoyan al Gobierno podrían conservar sus cuotas de poder, pero en las elecciones de 2018 - poco más de un año después de haber votado la tributaria- podrían ser señalados por candidatos uribistas como “los que subieron los impuestos”. Si se oponen para evitar esa crítica, que puede impactar mucho, ponen en riesgo los puestos y contratos.

Ese problema no es fácil de resolver para el Gobierno porque no tiene muchas alternativas para aumentar el recaudo: en el impuesto de renta, el que más plata pone, la idea es reducir la tasa a las empresas para aumentar su productividad; en los impuestos locales cualquier cambio impactaría a los municipios y no a la Nación; y no es mucho lo que se puede recoger con el aumento de la sobretasa a la gasolina u otros impuestos.

Por eso el consenso en la necesidad de la tributaria no es suficiente para que el gobierno sonría en el lado económico. Y tampoco en la gobernabilidad: pasar una reforma que aumenta el IVA va a requerir una intensa labor para convencer a los congresistas, y puede dejar al Gobierno dependiendo aún más de ellos.