El asesinato con el que acusan a las Farc de romper la tregua

Este lunes Gilmer Genaro García, un reconocido líder afro del Pacífico nariñense, fue asesinado en una carretera solitaria de Tumaco. En la zona hablan directamente de que fueron las Farc, algo que -de resultar cierto- significaría que esta guerrilla violó su cese al fuego unilateral menos de tres semanas después de que comenzara.

“¿Qué entienden ellos [las Farc] por cese unilateral? ¿Que no se combata con la Fuerza Pública pero sí atacar a las comunidades? Que nos digan, no pueden argumentar que no saben qué pasó porque son una organización jerárquica donde no es fácil dar contra órdenes. Nosotros no entendemos este tipo de agresión”, le dijo a La Silla un líder afro, que -como los demás consultados- prefieren omitir su nombre por miedo a posibles retaliaciones.

Ese fue el mismo mensaje que le mandó ayer el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, que reúne a una decena de organizaciones afro, a las Farc en La Habana. “[Demandamos] a los negociadores de las Farc que están en La Habana se pronuncien de manera clara sobre el asesinato de Genaro García”, le escribieron.

El asesinato de Genaro

Este lunes salió temprano a una cita en el río Rosario, acompañado por otros dos líderes.

A unos diez kilómetros del punto de la reunión -a la altura de la vereda de San Luis Robles y dentro del vecino consejo comunitario de Las Varas- los interceptaron cuatro hombres armados, según el relato que le contaron a La Silla dos personas que lo conocían bien. Los hicieron bajar del carro. Al conductor le pidieron las llaves y al resto sus documentos.

“Ah, Genaro García, hazte para allá. Ustedes dos, para acá”, le dijo uno de los hombres. “Tírate al piso, boca abajo y ponte las manos en la cabeza”, le ordenó. “Pero, ¿por qué? Yo no les he hecho nada”, les repuso él, mientras sus dos compañeros preguntaban qué ocurría.

En ese momento llegaron otros dos hombres en una moto. Uno de ellos le disparó en la cabeza y las piernas, frente a sus dos colegas. “No van a decir nada, no han visto nada. Agárrenlo y échenlo al carro”, les dijo. Ante las protestas de los dos, que explicaban que no podían volver con el cuerpo de su compañero y ninguna explicación, el mismo hombre les dijo. “Digan que fue por sapo o por ladrón”.

Entre las organizaciones afro creen que fueron las Farc por varias razones.

Primero, porque en esa zona dominan desde hace varios años los hombres armados de su Columna Móvil Daniel Aldana. Segundo porque desde 2009 viven totalmente extorsionados por esa guerrilla, que controla los cultivos de coca en su territorio. Tercero, porque cuando su hermana fue asesinada hace tres años los autores se identificaron como de las Farc.

Cuarto, porque a ellos les atribuyen los asesinatos de otros dos líderes en 2008. Quinto, porque a él mismo lo amenazó un comandante de las Farc con asesinarlo hace nueve meses. Y sexto, porque quienes lo citaron para la reunión fueron los campesinos que en la zona son su base social.

Las Farc en el Alto Mira

La tierra de Genaro ostenta un triste récord. Con 2710 hectáreas sembradas, no solamente es el consejo comunitario con más coca de Nariño (primer productor de todo el país), sino que allí crece el 4 por ciento de todas las plantas de coca que tiene Colombia.

Por su ubicación geográfica -buen clima de montaña, cerca de la frontera donde no se puede fumigar y con fácil acceso al mar- el Alto Mira se convirtió en un botín para los paras y las Farc, ambos ávidos de controlar un rincón de Colombia que es -al mismo tiempo- puerto de embarque, frontera y centro del tráfico de insumos químicos para la producción de cocaína. Y que se llenó de coca desde que el Plan Patriota del ex presidente Álvaro Uribe redujo drásticamente la coca en Caquetá y Putumayo, que migró hacia el suroccidente. 

Con la coca se disparó el miedo. Los consejos comunitarios vieron cómo llegaron cientos de cocaleros a ocupar parte de sus tierras colectivas, que pronto quedaron vedadas a los líderes afro. En el Alto Mira, que supera las 20 mil hectáreas, llegaron a cultivar toda la zona 5 y parte de la 4.

Esos nuevos vecinos pronto se organizaron en una asociación llamada Asominuma y comenzaron a presionar, a instancias de las Farc, para entrar en las juntas y usurpar la representatividad de los afro en su propio territorio, como advirtió el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia en un informe del 2010.

Entre las amenazas y los asesinatos, los afro vieron cómo su organización social quedaba hecha trizas. 

La situación en este rincón del Pacífico es tan dramática que el emblemático Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional -que monitorea el tema del desplazamiento- lanza alarmas sobre lo que ocurre en los 15 consejos comunitarios en Tumaco y especialmente el Alto Mira. Y le ordena al Gobierno tomar medidas de protección para salvaguardar tanto a sus habitantes como sus territorios, que cumplen décadas de abandono estatal, inundados por los cultivos de coca y diezmados por las sucesivas oleadas de violencia del ELN, las Farc y los paramilitares.

Genaro era precisamente uno de los líderes que estaban intentando recuperar el tejido social en su consejo comunitario. Era, según tres personas que trabajaron con él, un hombre risueño y laborioso de 38 años, “un líder fuerte y de temperamento, pero muy carismático con sus comunidades”.

De joven había trabajado con la hermana Yolanda Cerón, la célebre religiosa de la Diócesis local que fue asesinada por los paramilitares en 2001 como parte de una estrategia destinada -según cuenta María Teresa Ronderos en su libro Guerras recicladas- a causar zozobra permanente entre los tumaqueños. Hace cuatro años fue elegido presidente de la junta del Alto Mira y desde ese momento, a medida que hacía respetar las autoridades étnicas, comenzó a sumar amenazas de las Farc.

“No tenía pelos en la lengua. Cuando había que pararse se paraba a los comandantes [de las Farc]”, cuenta un líder.

En agosto de 2012, su hermana Yerly Maricel fue asesinada en el casco urbano de Tumaco. Esa vez, cuentan dos líderes, los sicarios se presentaron como integrantes de las Farc y le dijeron que estaban buscándolo a él.

Dos años después, en octubre de 2014, las Farc lo citaron a una reunión. “Acá no vamos a hablar de Ley 70 [la ley de tierras colectivas para comunidades étnicas] ni de consejos comunitarios. Vamos a hablar de unidad y de Asominuma”, les anunció el comandante llamado 'El Indio', según relata una persona que se lo oyó a varios de los asistentes.

“Usted queda destituido”, le dijo luego El Indio a Genaro. Una persona se levantó a protestar porque esas decisiones se tomaban en asambleas, pero la mandaron callar. Y a García de dieron un ultimátum: si continuaba con sus labores como representante legal, sería asesinado.

Después de esa reunión, García salió del municipio y solo volvió unos meses después, protegido por un celular de emergencia de la Unidad Nacional de Protección. “Imagínese para lo que eso sirve”, dice un líder afro nacional. “Nosotros hemos venido insistiendo en que los consejos comunitarios necesitan medidas colectivas, que de verdad protejan a la gente dentro del territorio. Pero hasta ahora nada”. (De hecho la carta del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano también le exige al Gobierno cumplir con lo que el auto 005 de la Corte ordenaba en cuestión de medidas de protección).

Por un tiempo las cosas estuvieron tranquilas. Aunque Genaro supo que las Farc lo estaban buscando, no tenían su número. Hasta que un día, hace aproximadamente un mes, un campesino de Asominuma le trajo la razón de que lo citaban a una reunión y le dijo que ellos querían limar asperezas con sus vecinos afro. “Con las amenazas, ¿uno pa' dónde va a estar yendo?”, dicen que les respondió Genaro. Aún así, accedió a regañadientes.

La reunión debía darse hace 15 días, pero al final nunca les confirmaron un punto de encuentro. Hasta este domingo, cuando volvieron a llamar. A las 11 de la mañana del lunes, 3 de agosto, la noticia se regó como pólvora en Tumaco. Genaro había sido asesinado.

Los afro en la mira de Las Farc

Ese mismo lunes, en el centro del Cauca, otro líder afro salía desplazado ante las amenazas de las Farc.

Jairo Contreras, el representante legal del consejo comunitario Nueva Esperanza del Hoyo - Patía, lideraba una asamblea en el pueblo de El Bordo en la que esta comunidad comenzaba a trazar la hoja de ruta para su consulta previa a raíz de un proyecto petrolero. En ese momento recibió una llamada.

Cuando oyó que su interlocutor se presentaba como ‘Ramiro’ de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc, Jairo puso la llamada en altavoz.

“Si no paga, tiene 24 horas para salir”, le dijo quien llamaba. Se refería a que, dos semanas atrás, las Farc le habían exigido que cancelara 20 millones de pesos ‘para la causa’.

“Lo de Genaro no es un caso único. Vemos una sistematicidad en las amenazas, el hostigamiento, la extorsión. Y todo esto está pasando en pleno proceso de paz. Es la misma dinámica de 2008”, dice un líder nacional del movimiento afro.

Con 2008, él se refiere a una circular que divulgaron las Farc, en la que instaban a los cocaleros a solicitar títulos individuales dentro del territorio colectivo afro.

Con o sin título, los colonos empezaron a ocupar vastas zonas de los 15 consejos comunitarios en Tumaco. En el Alto Mira fue la zona 5, en veredas como La Balsa, el alto y el bajo Pusbí, El Coco, Playón y Alcuón. En el Bajo Mira -la misma zona donde las Farc derramaron 280 mil galones de crudo hace unos meses- ocuparon las de Chontal, Congal, Candelilla de la Mar, Biguara y Bajojagua. En el de Acapa, en toda la margen del río Patía.

En todos, se disparó el desplazamiento. Y en muchas asesinaron a los líderes más prominentes. Pero, viviendo en una ciudad con una tasa de 74 homicidios por cada 100 mil personas (la más alta de todas las ciudades en el país), la mayoría pasó desapercibida.

Genaro es el tercer líder del Alto Mira cuyo asesinato le atribuyen allá a las Farc. A su caso se suman el de Pablo Gutiérrez, presidente de la junta de la vereda El Pital, asesinado en enero de 2008 y el de Armenio Cortés, que era el fiscal de la junta del consejo, nueve meses después.

Algo similar ha ocurrido en muchos de los consejos vecinos. A Felipe Landázuri, secretario del consejo comunitario del Bajo Mira, se lo llevaron hombres armados el 2 de julio del 2008 y su cuerpo apareció dos horas después con tres tiros. A José Aristides Rivera, presidente de la junta de La Anupa, lo asesinaron en diciembre de 2002. Lo mismo le sucedió al hijo del representante legal del consejo de Chigüí y al de la primera representante legal que tuvo el Bajo Mira.

Según los líderes, son comunes las amenazas, el robo de sus lanchas o los motores para incomunicarlos, el reclutamiento forzoso de sus hijos.

“Todo eso para, a punta de amedrentamientos, controlar a los líderes”, dice un líder, añadiendo que han detectado el mismo modus operandi en los ríos de Buenaventura y en el norte del Cauca.

Todos ellos le atribuyen esta ofensiva a las Farc, desde el asesinato de Genaro hasta las amenazas diarias que reciben. Como muestra la carta que el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano envió a La Habana, lo están haciendo -aun en medio del miedo- en voz alta. Solo queda que las Farc les respondan.

Nota de la editora: el 24 de agosto Diego Fernando Mora, el director de la Unidad de Protección, se comunicó con La Silla para precisar que Genaro García tenía un escolta y que el día de su muerte no lo acompañaba.