El futuro del Canal Uno está en veremos

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Este jueves la Autoridad Nacional de Televisión (Antv) definirá oficialmente cuál es el futuro del Canal Uno, una decisión que tendrá efectos sobre el postergado tercer canal y, en general, en el futuro de la televisión. Todo indica que los concesionarios actuales seguirán con su programación pero aún no es claro cuánto tendrán que pagar.

Este jueves la Autoridad Nacional de Televisión (Antv) definirá oficialmente cuál es el futuro del Canal Uno, una decisión que tendrá efectos sobre el postergado tercer canal y, en general, en el futuro de la televisión. Todo indica que los concesionarios actuales seguirán con su programación pero aún no es claro cuánto tendrán que pagar.

La concesión del Canal Uno fue por diez años y empezó el primero de enero de 2004. Eso quiere decir que se vence el próximo 31 de diciembre y, según la ley, la Antv debería haber convocado a una licitación para una nueva concesión a más tardar el 30 de junio. Pero no lo pudo hacer y por eso se ha abierto la posibilidad de prorrogar la concesión actual.

Pero eso no quiere decir que el problema quede resuelto. Por una parte hay un riesgo jurídico de que esa prórroga se caiga y, por otra, aún no se ha resuelto el pulso entre los concesionarios y la Antv por definir cuánto pagarían los primeros. Y el resultado final no solo va a definir qué va a pasar con el Canal Uno sino que puede cambiar el panorama de la pelea por el tercer canal, que es menos atractivo si hay un Canal Uno fuerte.

Si no hay prórroga ni concesión y el canal termina como el Canal A, hoy Señal Institucional, se perdería el rating y la alternativa en información que hoy tiene el Canal Uno con sus noticieros. Eso reforzaría el poder de los dos canales privados y los dejaría en una posición aún mejor en la pelea por el postergado tercer canal.

El enredado proceso

Desde el año pasado la Antv empezó a preparar la licitación para hacer una nueva concesión del canal uno, pero se estrelló con un problema: como en el caso del proceso del tercer canal, no encontró banqueros de inversión interesados en medírsele al trabajo de definir cuánto vale ese negocio.

El Ministro de TIC, Diego Molano, tiene un asiento en la junta de la Antv y es quien coordina toda la política pública de televisión. También es el jefe de la gerente de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos (el nuevo nombre de Rtvc).
El gerente de la Antv, Ramón Angarita Lamk, será el encargado de implementar lo que decida la junta de la entidad.
Sin saber cuánto vale el negocio es imposible saber cuánto cobrarle a los concesionarios, y por eso era urgente definir ese valor. Finalmente encontró la solución de firmar un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional, por tres mil millones de pesos, para encargarla de estructurar la licitación y de valorar la concesión. Este fue el estudio que se conoció hace pocos días, justo antes de que se acabara el plazo para armar la licitación. Y tuvo un resultado que dejó a la Antv en un aprieto: dijo que no podía valorar la concesión.

Para los expertos de la Nacional, hay por lo menos tres motivos que les impiden hacer cálculos fiables para los próximos diez años, que por ley es el plazo de la concesión.

Argumentaron que si hoy el mercado es uno, la entrada del tercer canal, la indefinición del desarrollo de la tecnología de televisión digital terrestre de los canales públicos (cuya demora llevó a que se estén discutiendo nuevos plazos para implantarlo) y la entrada de la telefonía móvil 4G van a cambiar su estructura, en un sentido que aún es difícil de prever. Por eso, a su juicio, cualquier valoración actual puede resultar equivocada.

Por eso, lo que está pensando la Antv es prolongar las concesiones actuales mientras se estabiliza el mercado y se puede hacer una valoración.

El lío es que, como ocurre tantas veces en Colombia, hay un debate jurídico. Por una parte, una norma dice claramente que no se pueden prorrogar las concesiones: “En todo caso los contratos de concesión de espacios de televisión pública son improrrogables” dice el artículo 10 de la ley 335 de 1996.

Pero, por otra, hay una ley más reciente, la 1150 de 2007, que afirma “El término de duración de las concesiones actuales y futuras para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones, incluidas las de televisión, será de diez (10) años prorrogables por lapsos iguales”.

La discusión es si la ley 1150 modificó a la 335, o si ésta, por ser más específica, es la que aplica para esta concesión.

Ese debate significa que si hay prórroga, existe un riesgo de que ésta eventualmente se caiga, y ese es uno de los puntos de la junta de la Antv este jueves. El otro es cuánto cobrarle a los concesionarios, y la junta tiende a pensar que se deberían mantener los valores actuales.
Lo que buscan los concesionarios

Para los concesionarios lograr la prórroga que ha propuesto la Antv es una victoria, aunque no total. Lo que estaban pidiendo era una prórroga de diez años, y pagando la mitad de lo que vienen pagando por usar los espacios.

Pero la situación de los cuatro concesionarios no es la misma. CM&, la compañía que lidera Yamid Amat y que tiene la franja de prime time entre semana, era uno de los más interesados en mantener la concesión. La influencia del noticiero CM& es innegable, y mantener ese espacio es muy útil.

Patricio WIlls es la cabeza de RTI, compañía que es parte de un concesionario en unión con Programar Televisión. Ese concesionario ha tenido dificultades.
Daniel Coronell, el prestigioso columnista de Semana, fue director de Noticias Uno y es uno de los socios de NTC, concesionario junto con Colombiana de Televisión.
Yamid Amat es la cabeza de CM& y uno de los periodistas más influyentes del país.
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Jorge Barón es otro de los concesionarios del Canal Uno.

Algo similar ocurre con el concesionario de Colombiana de Televisión y NTC, que produce Noticias Uno. De hecho los directivos de NTC lideraron el proceso de negociación con la Antv. En una situación intermedia está el consorcio entre Jorge Barón Televisión y Sportsat, que si bien no tienen la influencia de los noticieros, han venido funcionando.

En cambio, la alianza entre RTI y Programar Televisión ha tenido graves problemas, incluyendo dificultades económicas. Al parecer debido a roces internos casi no se logran inscribir en el registro Único de Operadores, un nuevo registro que creó la Antv y en el cual hay que estar para poder presentarse a las licitaciones para la televisión.

Los concesionarios han argumentado que lo que le pagan al Estado es muy alto, debido a que desde 2004 ha cambiado el mercado, consolidándose el liderazgo de los privados y con una penetración cada vez mayor de la televisión por suscripción.

A pesar de que los concesionarios se quejan de que su negocio es malo en las condiciones actuales, quieren seguir con él. Lo cierto es que para definir cuánto le pagan al Estado lo que se tiene en cuenta son sus ingresos por pauta, pero no otros que no están directamente relacionados con la operación del canal.

Por ejemplo, algunos concesionarios producen contenidos para otros canales, algo que en principio podrían hacer sin necesidad de tener un espacio concesionado y por eso no entra dentro del cálculo del valor de la concesión aunque sea parte del negocio. Entre eso clientes en esos negocios están RCN y CaracolTV, sus competidores por el rating.

Algunos observadores señalan que por esa vía los canales privados, que son parte de grandes grupos económicos, tienen un poder importante sobre los concesionarios, que son empresas más pequeñas y necesitan esos contratos para sobrevivir. Y que probablemente RCN y Caracol no los contratarían si no fueran competencia, porque es una manera de evitar que los cocnesionarios peleen más por la torta publicitaria.

En cualquier caso, en este momento los concesionarios tiene dos opciones: aceptar la prolongación que ofrece la Antv  y seguir adelante con su trabajo, con el riesgo de que más adelante se caiga esa prolongación, o salirse del negocio y dejarle el chicharrón a la Antv.

Los líos de la junta

Otro problema, que no solo aplica para este proceso sino para el del tercer canal, es que la junta tendría que tomar la decisión de forma unánime.

La Antv es una entidad reciente, con la que el gobierno Santos buscó superar la mala imagen y criticada gestión de la Comisión Nacional de Televisión. Sin embargo, la entidad afronta varios problemas, incluyendo un presupuesto limitado, una planta de personal pequeña y una autonomía limitada. pero lo más grave, por ahora, ha sido la dificultad de integrar su junta directiva, que es el órgano más importante.

La junta debe tener cinco integrantes, pero hasta ahora nunca los ha tenido. Empezó con tres: el delegado del gobierno Jaime Andrés Estrada, el ministro de TIC Diego Molano y un delegado de las universidades, Alfredo Sabbagh. Faltaban dos: el de los gobernadores y el de la sociedad civil.

Un mes más tarde llegó Alexandra Falla, por los gobernadores, pero a los dos meses, en julio de 2012, renunció Estrada (que era el único que venía de la Cntv) y volvieron a ser tres. Aunque en noviembre llegó Clara Beatriz Quiñónez como representante de la sociedad civil, hace tres meses renunció Alfredo Sabbagh y llegó Claudia Stela Núñez como representante del presidente.

Total, hoy hay cuatro miembros, y por ley para definir la concesión la junta debe tomar la decisión con dos terceras partes de sus miembros. Como dos terceras partes de cinco es más de tres, necesitan cuatro votos - es decir, todos. Basta con que uno de los miembros no firme la propuesta de prolongar la concesión actual, para que el proceso se caiga.

¿De vuelta al Estado?

Si finalmente no hay acuerdo con los concesionarios, o si se cae la prórroga, Señal Colombia Sistema de Medios Públicos (el nuevo nombre de Radio Televisión Nacional de Colombia - Rtvc) tendrá que entrar a asumir el canal. Eso no sería algo nuevo, pues fue lo que ocurrió con el Canal A en 2004, cuando se hizo la actual concesión, y pasó a ser el Canal Institucional, manejado directamente por el Estado.

En ese caso quien entra a jugar es la gerente de Señal Colombia, Diana Celis, quien tendría en sus manos la definición de cómo sería la programación. Celis, quien llegó al cargo en marzo de este año, tiene muy buenos contactos en el gobierno.

Además de trabajar en un alto cargo de la ETB entre 2003 y 2010, la gerente fue secretaria privada de Germán Vargas Lleras en el Ministerio del Interior y de Diego Molano en el Ministerio de TIC, coordinó las relaciones entre el Ministerio de Vivienda y otras entidades públicas para el programa de 100 mil viviendas gratis, fue jefe de prensa de la campaña  de Luz María Zapata, pareja de Vargas, al Concejo en 1999, jefe de comunicaciones de la Fundación Buen Gobierno entre 2002 y 2003, y asesora de comunicaciones de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda.

La Silla Vacía supo que en Señal Colombia ya hay un plan de contingencia para asumir la frecuencia el primero de enero, en caso de ser necesario. Intentamos comunicarnos con la gerente para conocer más detalles, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no hemos podido obtener respuesta.

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