El Gobierno se quedó corto con Santurbán

Este sábado cumple un año la delimitación del Páramo de Santurbán, ecosistema que surte de agua a más de 2,5 millones de habitantes en Santander y Norte de Santander.

La Silla recopiló la mayoría de promesas que le hicieron a las comunidades de Santurbán, y se encontró que aunque el Estado las ha implementado, el cubrimiento solo ha llegado a cerca de 1.500 familias, de las más de 4.000, que según cifras del Minambiente, habitan en la zona de influencia de la delimitación.

A eso se suma el hecho de que los proyectos implementados tienen fecha de vencimiento y los recursos que existen para continuarlos son mínimos, y en su gran mayoría dependen de la voluntad del Ministerio de Hacienda en pleno apretón fiscal y cuando la prioridad será la financiación de de la paz.

Mientras tanto, desde las autoridades ambientales y locales hasta las comunidades piden que el Estado les asegure que no dejará en el olvido la financiación de los proyectos, y hablan de la necesidad de un Conpes.

Esto es lo que ha pasado en Santurbán desde su delimitación.

Ha habido plata para crear nuevas empresas, pero poca

El anuncio del Gobierno Nacional de que iba a ayudar a generar nuevas alternativas de sostenimiento fue general y sin comprometerse con un  monto específico. Al final, ha destinado poco más de mil millones de pesos para ello.

La cartera que asumió ese reto fue el Ministerio de Ambiente que el 16 de febrero de 2015 junto a la CAR de la zona (la Cdmb) empezaron a caracterizar a los habitantes de las zonas afectadas con la delimitación para implementar planes de negocios y entregarles capital semilla.

Ese programa finalizará hasta el próximo mes y en él solo quedaron incluidas “30 familias residentes en predios al interior del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán; 90 trabajadores de la industria minera despedidos por la pérdida de los títulos mineros y 30 familias dedicadas a la minería informal”, que suman apenas unas 150 frente a las miles que resultaron afectadas.

12 organizaciones que agrupan a las familias, de 3 de los 28 municipios (cuatro de Vetas, cuatro de California y cuatro de Suratá) son las que han salido beneficiadas.

De 66 unidades mineras solo se reconvirtieron completamente 4

El principal reto que asumieron todos los actores de Santurbán está en hacer minería sin contaminar las  cuencas hidrográficas. Para eso, el Ministerio de Minas y Energía habló de una inversión de $10 mil millones para atajar el galafardeo (minería artesanal), pero al final destinó solo $1.756 millones en un convenio con la Cdmb.

Con ese dinero, la CAR identificó que 104 barequeros y 66 unidades mineras (pequeñas empresas familiares) operaban en la jurisdicción de Santurbán. De los últimos se caracterizaron 58, pero de esos solo 19  cumplieron los requisitos para formalizarse.

De ese total, solo cuatro unidades (de los municipios de Vetas y California) fueron intervenidas para implementar tecnología que elimina el uso del mercurio y del cianuro en la extracción de los minerales, porque los recursos no alcanzaron para más.

Para las asociaciones de mineros de la provincia de Soto Norte- zona del páramo de Santurbán- ese es el gran pendiente. Maryluz Lizcano, vicepresidente de una de las asociaciones de pequeños y medianos mineros, cuestionó que el “apoyo hubiera quedado reducido a unos pocos cuando hay decenas de familias esperando a formalizarse. Estos son pañitos de agua tibia”.

El convenio actual finalizará su ejecución en un mes, y por ahora no hay anuncios de continuidad.

Solo temporalmente se puede decir que hay empleo

Desde antes de que se conociera la delimitación el Gobierno anunció que llegaría a la zona con empleos de emergencia. Y aunque el beneficio ha existido, no ha sido continuo y, según denuncias del alcalde electo de Vetas Orlando Rodríguez, en algunos casos los pagos llegan muy retrasados.

La falta de recursos para apalancar estos proyectos ha hecho tan fugaces los apoyos para las comunidades de Santurbán que en algunos casos el plan de acción se reduce solo a tres meses, y la inversión se queda en un empleo temporal

“Eso hace que las personas terminen llegando nuevamente a la minería ilegal. Sin continuidad ni apoyo constante es lógico que la gente vuelve a hacer lo que estaba dando plata”, aseguró David González, alcalde de Vetas.

En los municipios mineros están a la espera de que la grandes mineras decidan si continúan o no para pedir trabajo. En los agropecuarios, los pocos beneficiados con programas de cultivos o repoblamiento de especies, están intentando arrancar con sus nuevos negocios.

Los proyectos inician bien, pero se extinguen en el tiempo

Los municipios de Charta, Matanza, Suratá y Tona son los que vivían de la agricultura en el páramo. Aunque la inversión no está completamente detallada, el gerente del Miniambiente para el Páramo de Santurbán, Gilberto Martínez, explicó que la inversión para proyectos productivos agropecuarios  supera los $12 mil millones - 10 mil del pacto agrario y 2.800 del Plan de Articulación Regional, Pares-.

Esos recursos se han ejecutado, entre otros, en mejoramiento de cultivos, invernaderos, repoblamientos de ovejas y cabras y en general en apoyo y capacitación a los campesinos de esos municipios. Es decir, ha habido avances.

Sin embargo, para las asociaciones agropecuarias de la zona los proyectos no están teniendo verdadero impacto debido a que una vez se implementan el Estado desaparece.

“Hace poco entregaron unas ovejas y era un macho y tres hembras como para 10 familias. Eso está muy bien ¿pero y la cadena económica? Nosotros no sabemos qué hacer con esa carne, a quién vendérsela o como sacarla. Sin continuidad lo poco que han invertido va a terminar perdiéndose”, le dijo a La Silla Melba Álvarez, líder campesina.

La mayoría de proyectos están concluyendo o concluirán el próximo año.

No hay plata para defender al páramo de los ilegales

Aunque 98 mil de las 129 mil hectáreas del Páramo de Santurbán están delimitadas y protegidas, los recursos para conservarlas y vigilarlas solo estarán por el orden de los $2 mil millones para 2016.

Según el director de la Cdmb, Ludwing Arley Anaya, la “preocupación es grande” porque no hay manera de asegurar que el ecosistema efectivamente se proteja y se evite que la minería informal vuelva al páramo.

De hecho, la Cdmb y la gerencia de Santurbán coinciden en que se necesita inversión efectiva y continua, algo que solo se logrará si se aprueba un Conpes para los páramos.

El salvavidas para el próximo año está en un proyecto apalancado por la Unión Europea y que cuenta con el apoyo de la Gobernación de Santander, la Cdmb y la comunidad, que significará $2.981 millones adicionales; sin embargo, no todos los dineros estarán dirigidos a la preservación del ecosistema, pues una parte irá para las comunidades.

La zonificación está embolatada 

El decreto que delimitó a Santurbán estableció tres áreas diferentes para las actividades que se podrían ejecutar en la jurisdicción del páramo:  una donde se puede hacer agricultura, otra de minería y una restante de protección donde no se puede hacer ninguna.

Si bien la mayoría de la cabecera del municipio de Vetas quedó habilitada para que continuaran las prácticas mineras, hubo una franja en la que no fue así. Y esa área es justo la de mayor explotación de títulos mineros artesanales, muchos de los cuales quedaron con una parte en la zona de protección y otro en la de explotación. Eso generó protestas en las comunidades que están pidiendo que se redelimite el páramo en esa franja.

Aunque el decreto de delimitación no consideró esa posibilidad, le dio tres años a las CAR para zonificar el área de páramo por lo que dependiendo de los estudios que se hagan en esa franja de conflicto podría sugerirse que se corra la línea del páramo.

Sin embargo, en este primer año no se ha avanzado en casi nada. Y es que la discusión no es de poca monta, pues implicaría habilitar la minería en una zona que ya está protegida por la ley, y esa pelea nadie quiere dársela.

Además, hacerlo con pequeños mineros podría abrir la puerta para que las multinacionales, que también perdieron un porcentaje de la zona sobre la que tenían el título de exploración, reclamen los mismos derechos.

Por ahora, según los datos de la Cdmb, solo está estimado que el valor de la inversión para zonificar (que implica hacer estudios técnicos, delimitar y evaluar el impacto sobre el páramo en los títulos que tienen conflicto) costaría cerca de $1.800 millones, recursos que no tiene esa CAR.