El tercer frente que se le abrió al Gobierno en el Pacífico

La movilización que espera convocar cinco mil indígenas del Cauca en Cali en el marco de la marcha y la audiencia pública “por la protección del territorio, la vida y la dignidad de los pueblos”, le abrió un nuevo frente de batalla al Gobierno en el Pacífico. Y se suma al paro de Chocó que ya completa 13 días y al de Buenaventura, que hoy completa 8 días.

En este caso, la movilización organizada por la regional Macro Occidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), busca por un lado que el Presidente Juan Manuel Santos se pronuncie frente al incremento los asesinatos de líderes sociales por parte de grupos paramilitares que han llegado a la región y por otro, que les de voz y voto a las comunidades en el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana en sus territorios.

Demandas que van a medirle el aceite al Gobierno sobre qué tan capaz es de equilibrar las posturas en su contra y mantener la legitimidad del proceso de paz. Más aún cuando los que se están movilizando, son los mismos que le dijeron sí al acuerdo en el plebiscito.

La movilización

Hace una semana empezó a circular en los portales de internet de la Onic y del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), un comunicado en el cual se convocaba a la marcha y audiencia pública para exigir la atención del Gobierno.

Aunque en principio el documento lo firman más de 70 organizaciones (en su mayoría indígenas) de todo el país, quienes están a la cabeza de la movilización son las dos organizaciones más importantes del Norte del Cauca, el Cric y la Acin, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

Las dos ya se habían pronunciado sobre el incremento de la violencia en el suroccidente, pero sobretodo el departamento del Cauca, tras la llegada de nuevos actores armados que buscan llenar el vacío que dejaron las Farc. Eso, según los indígenas, ha puesto en riesgo su proyecto colectivo como comunidades étnicas y su vida.

“Lo que queremos es denunciar y contarle al país lo que nos está pasando. Tenemos miedo por los asesinatos y las amenazas. Nos han matado nuestros líderes y nos están quitando nuestras tierras y el gobierno no quiere reconocerlo. Por eso marchamos”, le dijo a La Silla Giovanny Yule, coordinador del espacio regional de paz del Cric.

Lo mismo dijo Yesid Baltazar, miembro de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac) quien le contó a La Silla que “la paz nos está costando a nosotros la vida y tenemos miedo. Antes circulaban panfletos de grupos armados pero al otro día se olvidaban, ahora no es así. Reparten panfletos y las amenazas se cumplen”.

Según Verdad Abierta, de enero a mayo han sido asesinados 17 líderes sociales en el país de los cuales ocho han ocurrido en el suroccidente. Seis en el Cauca y dos en el Valle. 

Para sumar fuerzas, desde hace más de un mes los indígenas empezaron a convocar a otros sectores sociales para que participaran en la movilización y en la audiencia pública dejando claro que aunque todos saldrían juntos, las agendas se mantendrían separadas. Por eso en la movilización han hecho presencia otras organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras (Pcn), el Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) y la Central Unitaria de Trabajadores del Valle (Cut), entre otras.

Según Aida Quilcue, lideresa de la Onic y miembro del pueblo Nasa (del Cauca), en su rol de constructoras de paz, las comunidades indígenas siempre le han apostando a movilización social como una estrategia para visibilizar y denunciar lo que sucede en los territorios. Y en los territorios no sólo están los indígenas, por eso su apuesta.

“La paz se firmó pero a nuestros territorios no ha llegado. Por el contrario desde que se firmaron los acuerdos de La Habana se han incrementado los asesinatos, las amenazas y la presencia de grupos armados autodenominados paramilitares y elenos”, le explicó Quilcue a La Silla.

Por eso los indígenas le han pedido al Presidente Juan Manuel Santos, y a la Comisión de Garantías de Seguridad, que reconozcan la situación y lleguen a un acuerdo que permita resolver la nueva ola de violencia.

Como contamos, la Comisión es la instancia encargada de recibir las denuncias de rearmes, formación de nuevos grupos armados y sus actividades criminales. Está integrada por el Presidente de la República, los ministros del Interior, de Defensa, y Justicia, el fiscal general,el defensor del Pueblo y por el ex ministro de salud y presidente de Indepaz, Camilo González Posso y Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano.

De ahí que su presencia en la audiencia que se llevará a cabo esta tarde sea clave.

Según le dijeron a La Silla tres líderes indígenas (uno de la Onic, otro del Cric y otro de Acin), si hoy el Presidente no aparece en la movilización, ésta dejará de ser regional y se irán hasta Bogotá a buscarlo.

Esto se podría convertir en un lío más grande porque en Bogotá las demandas de los indígenas de la macro regional suroccidente se sumarían no sólo a las de los chocoanos y bonaverenses en el Pacífico, sino a las que tiene en este momento la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (Mpc).

En ese espacio las tensiones por el tema de las garantías de la consulta previa en medio del proceso de implementación de los acuerdos de paz ha ido en aumento. 

Según el Viceministro del Interior Luis Ernesto Gómez, todo empezó el domingo cuando las Farc emitieron un comunicado en el que afirman que el Gobierno les incumplió al no poner en la Mpc Indígena la versión acordada del acuerdo para la reforma rural donde reconocía a los campesinos como beneficiarios de ésta. 

"Después del comunicado crecieron las tensiones en la Mpc, lo que es bastante desafortunado y no nos ayuda a lograr lo que queremos. Mi tarea en ese espacio ha sido lograr una concertación y que podamos avanzar en lo otro que si hemos podido sin que esto lo afecte. Pero a los indígenas no les gustó lo que dije, les causó molestia", le dijo Gómez a La Silla. 

Tanto así que el mismo domingo las organizaciones que hacen parte de la Mpc, entre ellas la Onic, decidieron suspender todos los procesos de consulta previa relacionados con la implementación de los acuerdos en sus territorios hasta que puedan hablar directamente con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y declararon al Viceministro persona no grata en la Mpc Indígena.

Consideramos a @LuisErnestoGL persona no grata en el escenario de la @MPCindigena por si ineptitud e intransigencia #LaConsultaSeRespeta

— Luis Kankui (@luiskankui) 22 de mayo de 2017

Consideramos a @LuisErnestoGL persona no grata en el escenario de la @MPCindigena #LaConsultaSeRespeta pic.twitter.com/bKR6wVNQ50

— MPC Indígena (@MPCindigena) 22 de mayo de 2017

Hace casi diez años ocurrió algo parecido cuando en el 2008 las comunidades indígenas del Cric y Acin marcharon desde el Cauca hacia Cali para reunirse con el entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese momento tampoco se logró negociar y lo que sucedió fue que los indígenas se aliaron con otros sectores sociales y populares, y dos años después convocaron en Bogotá la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.

Como le contó Feliciano Valencia a La Silla, “las peleas, la del 2008, la del 2010, la de la Cumbre Agraria hasta el 2014 nos han dejado los decretos autonómicos, que son actos judiciales para nosotros manejar el tema de recursos, territorio y salud y educación, viviendo y saneamiento básico. Esos decretos nos fortalecen el poder indígena y nuestra autonomía y pone un régimen especial que se sale del municipal y nacional”.

Para Héctor Riveros, analista político y columnista de La Silla, lo que ha ocurrido esta vez es que los indígenas están aprovechando el momento de debilidad del Gobierno para presionarlo.

“Le están haciendo un reclamo justo al gobierno mostrándole cómo ante un hecho tan escandaloso como el asesinato de los líderes, no se ha actuado con contundencia. Los indígenas saben que estamos en un momento crucial para el tema de tierras y deben aprovecharlo en la medida en que este ha sido uno de los puntos cruciales de su reclamo histórico” le dijo Riveros a La Silla.

Por eso en este nuevo escenario el Gobierno deberá responder rápido si no quiere poner en riesgo lo acordado hasta ahora.

No sea que a los dos frentes que ya tiene abiertos en el Pacífico, se le sume un tercero que termine de complicar el proceso de implementación de los acuerdos de paz. Sobre todo porque quienes hoy le están pidiendo al Gobierno que los escuche, son los mismos que hace algunos meses respaldaron masivamente el Acuerdo.