En el Catatumbo la paz es pura propaganda

Mientras los diálogos con las Farc en La Habana continúan su rumbo y los del ELN nada que se instalan, en la región del Catatumbo el discurso de la paz se siente más como publicidad que como realidad.

La ola de terror

Desde que arrancó el año y como lo ha contado La Silla, una serie de desapariciones y asesinatos se empezaron a registrar en el Catatumbo.

Entre el 1 de enero y hasta el pasado 13 de abril, según cifras de la Fundación Progresar, una de las ONG con más credibilidad en Norte de Santander, en esa región se contabilizaron 27 asesinatos de civiles y una desaparición forzada, además de decenas de amenazas a líderes de toda la región.

Los 11 municipios del Catatumbo, según cuatro habitantes de San Calixto y Teorama, tres alcaldes, organizaciones defensoras de los derechos humanos y dos fuentes de la Defensoría Regional del Pueblo, están viviendo la guerra como hace tiempo no lo hacían, en una zona en la que el ELN, las Farc, el EPL y bandas criminales tienen presencia.

“Aquí la cosa está complicada. Los alcaldes estamos muy asustados”, le dijo a La Silla uno de los alcaldes del Catatumbo. “Cuando uno pensaba que lo que se nos avecinaba era la paz en el territorio lo que ha pasado es que se han incrementado los focos de violencia”

La situación ha llegado hasta tal punto, que en las últimas semanas empezaron a circular panfletos y a aparecer pancartas firmadas por la guerrilla del EPL en los que ‘decretó’ el toque de queda en el tránsito de las vías que conectan a los municipios de la zona sur del Catatumbo en la Provincia de Ocaña entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, quien lo viole le pueden quemar el carro o incluso ser asesinado.

“Nadie está saliendo después de esa hora, el miedo que tenemos es mucho. No entendemos cómo en estos precisos momentos nosotros estamos viviendo la misma guerra de siempre o peor y se está hablando de paz”, le contó a La Silla un habitante de la región.

Además del toque de queda, la vida cotidiana ya no es la misma. 

En Teorama, por ejemplo, las fiestas patronales que cada año se celebran en honor a San Isidro Labrador, el patrono de los campesinos, se cancelaron.  Aunque debían iniciar el sábado, la Alcaldía decidió aplazarlas indefinidamente.

“Aquí tradicionalmente se hacen reinados, se traen carrozas, y se hacen integraciones con los otros municipios. Hace tres años no se hicieron tampoco las fiestas por unas granadas que tiraron en el pueblo”, le contó a La Silla Jesús Montagut, alcalde de Teorama. “Ahora la historia se repite por temor”.

Solo en ese municipio, en lo corrido de 2016, una mujer fue asesinada al frente de su casa porque era allegada a los policías y militares, según las versiones de algunos habitantes, y varios jóvenes se vieron forzados a abandonar el municipio.

“Les llegó un aviso diciendo que tenían un día para irse y se fueron”, le contó a La Silla otra persona de Teorama.

Esa historia se repite en San Calixto, donde una líder – Nelly Amaya- fue asesinada en enero también porque era allegada a las policías, según las versiones que circulan en este pueblo de 11 mil personas, o en corregimientos como La Gabarra en Tibú, donde además de amenazas de líderes, se declaró la desaparición forzada de Henry Pérez, el presidente de la asociación de juntas de acción comunal de la zona.

Aunque sobre todos estos hechos la Fundación Progresar, en cabeza de Wilfredo Cañizares, ha alertado con cartas dirigidas a La Habana y al Ministerio del Interior no han existido pronunciamientos.

“Como siempre no ha pasado nada, ni siquiera hemos tenido una respuesta”, explicó Cañizares.

Lo que está detrás

En el Catatumbo, según el reporte de 2015 de la Oficina Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, hay 30.500 hectáreas de coca sembradas y desde hace más de una década tienen presencia y control territorial el Eln, el Epl y las Farc, y más recientemente también las bandas criminales. 

Con este contexto, la violencia ha sido una constante en esta región, pero desde finales de 2015 la balanza de poder en el Catatumbo empezó a moverse. 

La muerte en combate con el Ejército  de Víctor Navarro, alias ‘Megateo’, el máximo jefe del EPL en esa zona, fue un punto de inflexión debido a que dejó sin cabeza visible a la guerrilla que más presencia tiene en el sur del Catatumbo y que es la que en las últimas décadas ha mantenido el control de los municipios que integran esa zona.

El hecho de que el EPL se hubiera quedado sin su máximo líder implicó una reorganización de las tropas, que son, según los reportes de las autoridades, las que mantienen gran parte del control del tráfico de drogas en el Catatumbo.

Aunque el lugar de Megateo fue rápidamente ocupado por alias ‘David León’, esa muerte ocasionó un despliegue violento del EPL en el Catatumbo, y fue a partir de ahí que se empezaron a registrar más hechos de violencia en esa región, como el de muertes de líderes o de civiles que eran conocidos por ayudarles a las Fuerzas Armadas.

Según las hipótesis de las autoridades, esa arremetida del EPL se dio en respuesta al Gobierno Santos, que ha preferido tratarlos como narcotraficantes y objetivos de alto valor para las fuerzas armadas, que como una guerrilla con estatus para negociar en un proceso de paz, que es lo que ellos han buscado.  

La violencia también se ha recrudecido por la reorganización de poderes en la zona. Como ya lo contó La Silla, el control que antes mantenían las Farc y el Eln en sus respectivas zonas ya no es tan claro desde que la guerrilla de Timochenko decretó un cese unilateral hace un año y otros grupos están tratando de copar esos territorios con miras a quedarse con los negocios ilegales si firman la paz.

Esto también ha hecho que las amenazas a líderes y la desaparición forzada de uno de ellos (Henry Pérez, de quien no se conoce el paradero desde febrero) no tengan responsable identificado.    

Las 'casas estudio'

Los 11 municipios que integran el Catatumbo son Ábrego, Convención, El Cármen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú y todos tienen en común que desde que son territorios sin el control ni la presencia del Estado, y que aún hoy, cuando se están haciendo esfuerzos por acabar la guerra, es muy difícil que llegue.

Aunque cada uno tiene una estación de Policía en el centro, la Policía no puede salir a patrullar las calles.

“En los municipios del Catatumbo esas estaciones son conocidas como ‘casas estudio’ y es el peor castigo que le pueden dar a un bachiller”, le explicó a La Silla un exfuncionario de la Defensoría del Pueblo de Ocaña. “Ellos literalmente se tienen que quedar encerrados y solo salen cuando llega el helicóptero del Ejército a hacer patrullaje para abastecerlos.”

Eso no es sorpresivo acá. Las autoridades terminan representando un peligro para la comunidad

Precisamente, esta semana el diario local La Opinión registró cómo en Hacarí el Alcalde tuvo que interceder para abastecer de comida a los uniformados, que llevaban una semana comiendo raciones mínimas porque los habitantes se niegan a venderles por miedo a que las guerrillas que operan en la zona los asesinen por hacerlo.

Incluso, como sucedía antes de la Seguridad Democrática de Uribe en muchos municipios del país, en San Calixto la Defensoría del Pueblo tuvo que acudir a un juez para que le ordenara a la Policía retirar la estación que estaba en la parte central del pueblo, porque podían poner en riesgo a los habitantes.  Ahora está en un costado del casco urbano.

“Eso no es sorpresivo acá. Las autoridades terminan representando un peligro para la comunidad”, le dijo a La Silla el representante de una ONG internacional en el Catatumbo.

Desde febrero para acá, a la mayoría de los delegados de las organizaciones que velan por la defensa de los derechos humanos les han recomendado no visitar los municipios que están en la parte sur del Catatumbo. 

La Silla también supo que Familias en Acción se ha demorado en llevar los subsidios a la región porque los funcionarios no pueden entrar a la zona y la Fuerza Pública tampoco se atreve a acompañarlos.

El 'Contrato paz' y el difícil aterrizaje de los acuerdos

Mientras la zozobra y la desconfianza a la eventual implementación de los acuerdos de paz en La Habana y a los que se llegue con el ELN toman cada vez más fuerza entre los habitantes del Catatumbo, el fin de semana pasado el presidente Juan Manuel Santos anunció que para esta región, al igual que otras que han sido tradicionalmente golpeadas por el conflicto, el gobierno suscribirá ‘Contratos paz’.

La figura es en esencia la misma que las de los siete ‘Contratos Plan’ que se han firmado en el país y consiste en llegar a acuerdos de cofinanciación de proyectos entre los gobiernos locales, la Dirección Nacional de Planeación y la Nación.

La diferencia sustancial está en que aunque los siete que ya existen han priorizado infraestructura vial y económica, en el caso de los ‘Contratos Paz’ se privilegiará la inversión en obras como escuelas, alcantarillado, acueducto, electrificación, hospitales, proyectos de apoyo agropecuario y vivienda rural. Básicamente los que se han pactado en el primer punto sobre desarrollo rural en La Habana.

La Silla conoció que la inversión en ese contrato podría bordear los $1,7 billones (suponiendo que la crisis fiscal no empeora), recursos que serían invertidos en un término de 5 años, desde el momento en el que se firme el documento; no obstante, para que se dé ese paso aún falta concertar con los alcaldes, la Gobernación y organizaciones sociales, y generar un Conpes que sea el que soporte de la inversión. 

Estos proyectos se sumarían a los proyectados en el Plan de Desarrollo del Gobernador que incluyen la construcción de un centro agroindustrial, el anillo vial que conectaría a esa zona con la Ruta del Sol y una transversal que conectaría a Tibú, el Tarra y Convención. Además hay varias acciones relacionadas con desarrollo rural.

Si bien esa sería la manera de aterrizar el posconflicto en el Catatumbo, para Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, aún no es claro cómo eso pasaría debido a la situación de orden público y a que una historia parecida se vivió en el Catatumbo en el 2000, cuando Andrés Pastrana firmó un Conpes del que “solo quedó el papel”.

“Las dificultades de aterrizar la paz en el Catatumbo son muchas. Estamos hablando de una zona que está en conflicto y con actores que no están en procesos de paz”,  aseguró Cañizares.  “Además, el Catatumbo tiene la experiencia de las promesas incumplidas, una más no veo por qué sería diferente”.

El Catatumbo tiene la experiencia de las promesas incumplidas, una más no veo por qué sería diferente

Wilfredo Cañizares, Fundación Progresar

Esa misma desconfianza la tienen asociaciones de campesinos como Ascamcat. Uno de sus líderes le dijo a La Silla, que no “creen que las promesas se vayan a cumplir porque ni siquiera el Gobierno Santos lo ha hecho con los acuerdos del paro agrario”.

La poca credibilidad que tiene el Gobierno en esas organizaciones se ha agudizado por los anuncios del Ministro de Defensa de la aspersión con glifosato en una zona que es una de las mayores productoras de hoja de coca del país 

Aunque aún no se sabe si esa modalidad de erradicación se aplicará también en el Catatumbo y tampoco cuándo, Ascamcat y el gobernador de Norte de  Santander, William Villamizar, han pedido que sea concertada una decisión de esas en la región. Algunos de los líderes de la zona incluso amenazaron con convocar un paro violento si fumigaban los cultivos ilícitos.

Así, mientras en La Habana avanzan los diálogos, en el Catatumbo se recrudece la guerra. En el medio está la promesa de la llegada del posconflicto a una zona que ha puesto miles de muertos, en la que además del orden público tiene como uno de sus grandes desafíos la sustitución de los cultivos de coca y en la que hace 50 años no conocen que es vivir sin grupos ilegales a sus espaldas.