En el Congreso y los ministerios también hay plebitusa

Con la victoria del No este domingo, entraron en el congelador el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las Farc y además, se quedaron en stand by los planes de varios ministros que esperaban que con un escenario favorable al Sí pudieran sacar vía fast-track los proyectos con los que siempre han soñado y nunca habían podido tramitar.

Fuera de las reformas que se necesitaban de manera inmediata para poner a marchar la implementación de los acuerdos de paz, como la ley de amnistía a los guerrilleros, la creación del nuevo partido de las Farc y la justicia especial para la paz, se quedaron con los crespos hechos desde la prometida reglamentación de la consulta previa hasta una ley de cambio climático.

Y si bien todos los proyectos de ley, reformas constitucionales y decretos tenían que pasar el corte de la secretaría jurídica y del alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, y éste sólo se quería enfocar en los proyectos definidos en los acuerdos como prioritarios, La Silla consultó en cinco ministerios y todos tenían planes colgados del fast-track.

Una fuente del Congreso le dijo a La Silla que se estaba hablando de que se iban a presentar entre 37 y 40 iniciativas, entre proyectos de ley y actos legislativos.

En el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, había al menos tres: una ley para reducir la vulneración del país ante el cambio climático, otra para dar incentivos a la conservación ambiental y otro que permitiría que los campesinos pudieran cultivar en zonas declaradas como reserva forestal.

A través de la Dirección de Parques Nacionales se estaba preparando una nueva reglamentación de estas zonas, que también iba a presentar el Ministerio de Ambiente.

El Ministerio de Minas esperaba que se sacara la ley que reglamenta el procedimiento de consulta previa, que es clave para el sector y para la infraestructura y que el gobierno lleva tratando infructuosamente de sacar hace dos años. Aunque sobre esto no había consenso con el ministerio del Interior.

En Minas también tuvieron que engavetar el proyecto de ley que fijaba reglas para la participación ciudadana en el sector, y facultades para el tema de ordenamiento territorial.

En el Ministerio de Salud tenían esperanzas en que se pudieran agilizar políticas del sector como la del Plan nacional de salud rural y el viraje en el tratamiento no represivo en el consumo de drogas ilícitas.

Las propuestas como la atención sicosocial a las víctimas del conflicto y un plan de choque contra la desnutrición, que estaba en el punto 1 de los acuerdos, quedarán, por ahora, en promesas que esperarán implementarse a largo plazo.

Otro de los sectores que tenía las esperanzas puestas en el fast track y la implementación de los acuerdos es el del agro, donde las metas de ejecución se alteran con el actual escenario.

En un caso, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura esperaba aprovechar las facultades extraordinarias del Presidente o el fast track para agilizar la clarificación de predios rurales, lo cual actualmente dura entre 4 y 5 años. En un escenario del Sí, querían que el proceso durara entre 4 y 5 meses.

Lo mismo sucede con el barrido predial, que pretendía definir los dueños de los predios expidiendo títulos, conciliando en terreno y solucionando nuevos conflictos a futuro.

En este último caso, una fuente del Gobierno conocedora del tema asegura que ahora los procesos se quedarán en manos de jueces civiles que pueden tardar en fallar un caso hasta 8 años.

Sin Plan B para el Congreso

A este panorama de incertidumbre se suma la falta de un plan B del Gobierno en la agenda legislativa.

Las mesas directivas del Congreso estaban preparadas para arrancar a trabajar desde esta semana en la implementación y hacer un receso de un par de semanas en diciembre y retomar el trabajo en enero e irse derecho hasta marzo, cuando se vencían los primeros 6 meses del procedimiento especial. Ante el súbito cambio de panorama poco está por hacerse.

Tres asesores de los temas de Congreso en diferentes ministerios aseguraron a La Silla que no hay ningún proyecto pendiente del Gobierno para presentar en Congreso, más allá de la ley de licores, aprobada en cuarto debate en el Senado este martes y que venía de la legislatura pasada.

La única es la reforma tributaria que, hasta ahora, sigue confirmada su radicación para los próximos días.

La Silla hizo el barrido de proyectos que desde el 20 de julio había presentado el Gobierno para su trámite. Hasta este miércoles, habían radicado 11 proyectos de ley, entre ellos cinco de convenios internacionales de la Cancillería. Los otros seis, proyectos aún menos trascendentales.

“El gobierno se quedó esperando al Niño Dios y terminó como novia fea”, nos dijo una fuente conocedora de años del trámite legislativo.

Un Senador que preside una Comisión nos comentó que de todas maneras no se van a quedar “cruzados de brazos mirando para el cielo”, y recordó que hay 14 proyectos (de iniciativa de congresistas) que van a votar en su Comisión.

Mientras el Gobierno se recupera del golpe del No, recompone las cargas con el uribismo y otros sectores opositores al acuerdo para generar un Pacto Nacional que le permita resolver la crisis post-plebiscito, en el Congreso, sin plan B a la vista, se espera la llegada de la nunca sencilla de aprobar reforma tributaria.