En La Habana, un microcosmos de la justicia para las víctimas

Jairo Barreto

Las masacres de los Montes de María

El 17 de enero del 2001, 80 paramilitares del frente Héroes de los Montes de María entraron a la vereda Chengue de Ovejas (Sucre) y asesinaron a 27 campesinos (incluyendo a varios de los Barreto), en una de las 56 masacres documentadas en esta región montañosa entre Sucre y Bolívar.

Casi nueve años después, el 19 de octubre de 2009, un juzgado de Sincelejo condenó al Estado colombiano a pagar 2.500 millones de pesos a 195 familiares de las 27 víctimas de Chengue. La razón, según el fallo, es que ni la Policía de Sucre (al mando del Coronel Rodrigo Quiñones), ni la Infantería de Marina hicieron nada para proteger a los habitantes de la vereda que llevaban seis meses alertando a las autoridades sobre las amenazas de los paras. De hecho, el mismo juez condenó a miembros de las Fuerzas Armadas por colaborar con las AUC al dejarlos entrar y salir del pueblo sin problema.

Por este hecho ya fueron condenados también los paramilitares alias “Juancho Dique” (quien reconoció ser el responsable de la masacre por lo que tendrá que pagar 23 años y ocho meses de cárcel) y Rodrigo Mercado, alias 'Cadena', condenado a 40 años de prisión no sólo por haber ordenado la masacre de Chengue sino también las de Macayepo y El Salado (ambas en los Montes de María). Así mismo, el 5 de marzo del 2012, la Fiscalía ordenó la captura del ex comandante de Policía de Sucre, Norman León Arango Franco, por la omisión de la Policía frente a esta masacre, pero todavía no ha sido condenado. Por la misma razón, la Procuraduría ha sancionado disciplinariamente a cinco oficiales y suboficiales de la Armada Nacional.

La masacre de Chengue fue declarada crimen de lesa humanidad en marzo del 2011, por lo que la investigación no va a prescribir.

Camilo Villa

Hijo de político de izquierda asesinado

Camilo Villa, el coordinador nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), es el hijo del ex senador liberal Ricardo Villa Salcedo, quien fue asesinado por los paramilitares el 23 de diciembre de 1992 en Barranquilla.

Villa Salcedo tuvo una amplia carrera política: fue concejal de Santa Marta, diputado del Magdalena y llegó al Senado dos veces (como reemplazo del ex senador Miguel Pinedo y luego, antes de la revocatoria del mandato en 1991, del ex senador Edgardo Vives) y fue fundador de la Alianza Democrática M-19 en ese departamento (estuvo en su lista a la Asamblea Constituyente).

Antes de ser asesinado, había sido amenazado en varias oportunidades, cuando representaba legalmente a la Corporación Nacional de Turismo en recuperación de terrenos ilegalmente ocupados en Santa Marta. No hay indicios claros de por qué fue asesinado, pero en 1995 El Tiempo contaba que Villa “comentó a sus amigos que si algo le ocurría era por sus denuncias contra un negociante y político samario cuya identidad se mantiene en reserva pues no fue procesado”, una hipótesis en la que siguen creyendo quienes lo conocieron.

Hace un año, Camilo Villa escribió que el jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta Hernán Giraldo, “El Patrón”, dijo en audiencia pública de Justicia y Paz antes de su extradición que sabía quiénes habían ordenado su asesinato y acusó directamente a Jorge Gnecco Cerchar, del cuestionado Clan Gnecco, y quien llevó a los paras al César y a la Guajira. Sin embargo, Gnecco fue asesinado por los mismos paramilitares.

Villa está incluido como víctima en un proceso priorizado de Justicia y Paz contra Hernán Giraldo y otros 10 paras del Bloque Resistencia Tayrona. Su hecho ya fue imputado ante la Magistrada de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla y ya fueron aceptados los cargos. Está pendiente de sentencia, para ver las reparaciones que se darán en su caso. En la justicia ordinaria no hay ningún proceso por la muerte de su padre.

“Está en la absoluta impunidad. Todo parece indicar que fue obra de los promotores del paramilitarismo en el departamento del Magdalena pero no se sabe nada”, dice Carlos Romero, el veterano político samario del Polo que es abuelo de Camilo y fue suegro de Ricardo.

María Susana Portela

La política perseguida

La alcaldesa por el partido de la U de Florencia (Caquetá) viajó a La Habana en reemplazo del ex congresista caldense y ex secuestrado de las Farc, Óscar Tulio Lizcano, quien tuvo un inconveniente de última hora y no pudo viajar.

Portela fue víctima de un atentado el 9 de diciembre de 2002 cuando era diputada de Caquetá. Esa noche, luego de un evento en la Asamblea, dos hombres de la columna Teófilo Forero de las Farc le dispararon siete veces, por lo que sufrió 10 cirugías y estuvo dos años en silla de ruedas. En este hecho también resultó herido el entonces diputado William Wilches Sánchez.

Los hombres encargados de prestarles seguridad por parte del Estado ya se habían ido. Por eso, después de interponer una demanda por daños y perjuicios, el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá condenó a la Nación, al Ministerio de la Defensa y a la Policía a pagar una indemnización de 37 millones de pesos a favor de Portela y sus familiares.

Los dos sicarios que dispararon en su contra fueron capturados por la Policía de Caquetá una semana después del atentado. Sin embargo, La Silla no encontró información sobre si fueron condenados aunque según una fuente que conoce bien la región ambos están muertos, información que no pudimos confirmar.

Juan Manuel Hernández

El militar víctima de las Farc

El cabo primero del Ejército (hoy retirado) se encontraba en San Vicente del Caguán cuando un carro bomba explotó, ocasionándole varias heridas y la pérdida del ojo derecho. Murió otro soldado y tres más resultaron heridos.

Ese hecho, que fue atribuido a las Farc, ocurrió el 16 de agosto del 2002, días después de la posesión de Álvaro Uribe en la Presidencia.

Hoy, Hernández vive en Valledupar y trabaja en la Fundación Funsol, que se dedica a asistir los soldados heridos en combate.

Por su caso no hay hoy abierto ningún proceso en la Fiscalía y tampoco hay información que permita ver en qué situación judicial están procesos similares por atentados contra militares activos.

Domingo Tovar Arrieta

La persecución a los sindicalistas

El último presidente que tuvo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -la mayor de las tres centrales sindicales en el país- ha sufrido distintas amenazas y un par de atentados por su trabajo sindical. Tovar, actualmente miembro el comité ejecutivo de la CUT y su responsable de derechos humanos, representa a las víctimas del sindicalismo, que -según la central sindical- son unas 13 mil.

La Silla no pudo establecer el estado exacto del caso de Tovar en la justicia, pero el común denominador en el sindicalismo es que la justicia ha sido lenta en examinar los 3.062 asesinatos de líderes sindicales, 233 desapariciones forzadas, 342 atentados, las 6.572 amenazas y 1.802 desplazamientos que la CUT ha documentado. Solo en 2013 ellos contabilizaron 36 asesinatos. Tan alta ha sido su victimización que es uno de los grupos seleccionados por la Unidad de Víctimas para la reparación colectiva, junto con la Unión Patriótica o los periodistas.

“Hay que reconocer que se ha avanzado un poco en las condenas de autores materiales, muchas de ellas por las revelaciones que ha dejado Justicia y Paz. Pero eso no quiere decir que se pueda hablar de justicia o de verdad, porque frente a los autores intelectuales o determinadores hay un 99 por ciento de impunidad. Y en amenazas, que es un número altísimo, hay un 100 por ciento de impunidad. No tenemos ni una sola condena”, le dijo a La Silla Jessica Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que lleva unos 50 casos de sindicalistas.

Según la información que recopiló la Escuela Nacional Sindical (ENS) de la Fiscalía, esos avances son muy precarios: a abril de 2014 había 641 sentencias y 1.543 casos en investigación, la gran mayoría en etapas tempranas. En total, ellos estiman la impunidad en un 96,7 por ciento.

Entre los casos donde hay condenas a autores materiales están los asesinatos de los tres líderes de Sintracarbón (el sindicato de la minera estadounidense Drummond), Ricardo Luis Orozco (el vicepresidente de Anthoc) y Jorge Ortega (el vicepresidente de la CUT). En cambio, no hay ninguna condena en casos emblemáticos como el de Guillermo Rivera (líder sindical de la Contraloría), Jesús Ramiro Zapata (educador antioqueño), Leonidas Gómez (Uneb bancaria) y Luis Meza Almanza (profesor de la Universidad del Atlántico).

Un par de casos están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, incluyendo el de Zapata o el de Jorge Freytter (también de la Universidad del Atlántico).

Este cuadro de la ENS muestra el estado de las investigaciones en la Fiscalía.

Gloria Cecilia Londoño

La violencia en Tumaco

Es una religiosa que lleva dos décadas en la Diócesis de Tumaco, cuyos integrantes han sido blanco de los paramilitares por su trabajo con comunidades afro impulsando la titulación de tierras colectivas y de consejos comunitarios.

Londoño trabajaba con la hermana Yolanda Cerón, quien lideró ese proceso en los años noventa y cuyo asesinato por el frente Libertadores del Sur en 2001 se convirtió -como lo cuenta María Teresa Ronderos en su historia del paramilitarismo- en uno de los casos emblemáticos de la toma de esta esquina costera de Nariño en busca de zonas fértiles para cultivar coca y con salida al mar para sacarla.

Los paras convirtieron a Cerón y sus colegas de Pastoral Social en blanco porque ayudaban a los consejos a organizarse. Además, asesinaron a varios de los líderes que trabajaron con ella: Francisco Hurtado y Armenio Cortés (del Alto Mira y Frontera), José Aristides Rivera (La Nupa), Felipe Landázuri (Bajo Mira) y José Luciano Castillo (del Proceso de Comunidades Negras).

Esos casos están, en su mayoría, en la total impunidad. “Pablo Sevillano” (que luego fue extraditado a Estados Unidos) y varios de sus subalternos del frente que se desmovilizó en 2005 confesaron haber cometido los asesinatos porque -como cuenta Ronderos- pensaban que todos ellos “no hicieron otra cosa que apelar a las normas e instrumentos de la democracia para conseguir el desarrollo de su pueblo, eran guerrilleros o sus auxiliadores”.

Lo que más preocupa en Tumaco es que, pese a esos indicios, las investigaciones fueron muy superficiales. “Fue muy incompleta: no hubo verdad y en las audiencias [de Justicia y Paz] muchos lugartenientes afirmaron que no hubieran podido hacerlo sin colaboradores -de eso estamos seguros nosotros- pero nadie los ha identificado”, dice una persona que trabaja en esos mismos temas y que prefirió no revelar su nombre por temor.

Según Ronderos, la Fiscalía maneja aún tres hipótesis del crimen de Londoño: que la mandaron matar militares aliados con ese frente, que lo hicieron empresarios palmeros que se adueñaron de tierras de los consejos comunitarios o que fueron narcos aliados de “Sevillano” que temían sus denuncias por el uso de los consejos comunitarios como centro de sus actividades.

“Como todo en Tumaco, estamos en la impunidad. Lo que más queremos es que se limpie el nombre de ella y de muchas otras personas que fue manchado al acusarlos de guerrilleros”, dice su colega tumaqueño.

Un informe de Human Rights Watch este año ratifica que la impunidad es generalizada. Entre 2009 y julio de este año están documentados 1.300 homicidios, para los cuales solo hay -según datos de la Fiscalía- siete condenas y 11 casos en juicio.

Francia Márquez

La violencia a los líderes afro

Es una de las líderes del consejo comunitario afro de La Toma, que marchó hace dos semanas desde Suárez (Cauca) hasta Bogotá para protestar por los estragos que está causando en su territorio la minería criminal y que se 'tomó' la casa de La Giralda del Ministerio del Interior, exigiéndole al Gobierno una respuesta a su situación. Llega a La Habana como víctima de las 'bacrim' -la única entre las 60 que en total fueron a la mesa de negociación- asociadas a la minería criminal, aunque no están plenamente identificados.

El caso de Márquez, representante legal de La Toma y madre cabeza de familia, es similar al de muchos líderes de esa región del Cauca donde la violencia se ha recrudecido en los últimos meses de la mano de la minería ilegal de oro. Tras ser amenazada varias veces por los dueños de las retroexcavadoras que se tomaron el río Ovejas, tuvo que salir de La Toma con dos hijos menores de edad.

Aún no hay ningún avance en la justicia por las amenazas o el desplazamiento en La Toma, pero su caso sí ha sido el centro de varios fallos importantes. En 2010 una sentencia de la Corte Constitucional ordenó al gobierno Uribe y a Ingeominas suspender la entrega de títulos en esa zona hasta que no se hiciera la consulta previa y les daba prelación a los afro sobre las empresas con títulos allí. Y el auto 005 de 2009 de la misma Corte Constitucional, considerada una de las decisiones centrales en desplazamiento, también los menciona como ejemplo de cómo esa salida forzada puede venir acompañada por colonos nuevos que se apropian de sus tierras.

“Nosotros pedimos medidas de protección colectiva hace rato, hace más de cuatro años, pero solo nos han dado unos teléfonos y unas motos. Mientras tanto, nadie se puede mover en libertad en esa zona”, dice un líder de La Toma que prefiere no revelar su nombre porque ha sido amenazado varias veces -verbalmente y por mensajes de texto- en los últimos meses. Y que insiste en que, aún teniendo el Gobierno un decreto que le permite destruir maquinaria de minería ilegal, en La Toma no lo ha hecho pese al pedido de la comunidad.

“La Toma es un caso emblemático del desplazamiento de comunidades afro porque muestra tres cosas: que no se han tomado medidas de protección para sus líderes y su territorio, que la minería criminal los ha convertido en blanco (después de que no se cumpliera el fallo que ordenaba suspender los títulos allí) y que sus nuevos victimarios son las bacrim”, dice José Santos Caicedo, el presidente del Proceso de Comunidades Negras (PCN), al que pertenece ese consejo comunitario.

Maurice Armitage

El empresario secuestrado

Este reconocido empresario vallecaucano -descrito como el ‘empresario de la reconciliación’- ha sido secuestrado dos veces, siempre por extorsión.

Primero en enero de 2002 cuando se lo llevó el frente 57 de las Farc y lo retuvo durante mes y medio hasta que pagó el rescate. El segundo fue en abril del 2008 cuando salía de su finca en Jamundí, esta vez por delincuencia común, que recibió ayuda del mayordomo de su finca, y que querían “venderlo” a la guerrilla.

Hoy, en la Fiscalía hay un proceso abierto por el secuestro extorsivo del que fue víctima y que está en etapa de juicio.

El mayordomo que llevaba cinco años trabajando con él confesó que, por ayudarles a los delincuentes, le pagaron 100 millones de pesos. Sin embargo, Armitage lo perdonó, le dio más de 15 millones de pesos para pagar su defensa ante la justicia y ayudó a su familia a pagar el arriendo mientras él conseguía trabajo. “Le dije: ‘Mire, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad’”, dijo Armitage en una entrevista. En este caso hay otras dos personas que están huyendo de la justicia.

Este empresario ha sido un ejemplo de proyectos de reconciliación en el Valle del Cauca. Es presidente y propietario de la Siderúrgica de Occidente (Sidoc) y del Ingenio del Occidente. Desde hace 10 años, su empresa reparte utilidades entre sus empleados cada 90 días y, tiene una Fundación en el barrio Siloé de Cali.

Nilson Antonio Liz Marín

Los líderes campesinos perseguidos

Veterano líder campesino del Tambo (Cauca) que ha estado vinculado desde hace dos décadas a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la organización campesina que fue muy fuerte en los años setenta y que vio un notorio declive a raíz de las acciones de las guerrillas y los paras.

Liz -que fue fue candidato a la Asamblea de Cauca en el 2004 por Aico- ha sido víctima todo de amenazas y un atentado por parte de las Farc en los años noventa, a los que se le vino a sumar una serie de sufragios, un nuevo atentado y un secuestro por parte de desconocidos el año pasado cuando iba a hacer una capacitación de la Anuc para jóvenes rurales en Tambo.

Su caso -que no aparece registrado en la Fiscalía- es representativo del tipo de victimización que han padecido históricamente los líderes de la Anuc por reivindicar una reforma agraria amplia. Según su actual presidente Luis Alejandro Jiménez, la organización ha documentado 300 casos de distintos tipos de victimización y estima que podrían ser un millar, de las guerrillas, los paras (que los declararon 'objetivo militar' en el libro Mi confesión de Carlos Castaño) y el Estado. Esta cifra es aún nebulosa porque apenas comenzaron el conteo este año, al tiempo que el proceso de reparación colectiva con la Unidad de Víctimas.

“Dolorosamente no ha habido ninguna condena. En el seguimiento que le hemos hecho a cada caso no vemos avances. En muchos casos, es absoluto el silencio”, dice Jiménez. Entre los casos emblemáticos que para la Anuc siguen en total impunidad están en el de su vicepresidente William Jaimes (asesinado en la Casa Campesina en Bogotá en 1995), el de Guillermo Montero en Sincelejo en 1997 y el del líder huilense Alberto Álvarez en Tello en 2004.

Piedad Córdoba

La congresista secuestrada

La ex senadora liberal y hoy dirigente de la Marcha Patriótica fue secuestrada por paramilitares de la banda La Terraza -al mando de alias “Don Berna”- el 21 de mayo de 1999, cuando era congresista.

Esa orden la dio directamente Carlos Castaño, el máximo jefe de las AUC, tras haber recibido -según dos personas que han declarado en Justicia y Paz- del ex subdirector del DAS José Miguel Narváez unas grabaciones telefónicas de Córdoba, en las que la política antioqueña supuestamente hablaba mal de él.

Hoy la Fiscalía tiene abiertos dos procesos, ambos en indagación, tanto por su secuestro como por amenazas en contra de su vida.

Además, han sido vinculados a la investigación dos ex jefes paramilitares, alias “Ernesto Báez” y alias “El Alemán”, que han confesado su participación en el hecho y están en la cárcel con medida preventiva pero aún no han sido condenados.

El proceso que va más adelantado por el secuestro de Córdoba es el que está en Justicia y paz en contra de “Ernesto Báez”, el ex jefe político del Bloque Central Bolívar de las Auc al que sólo falta que le dicten sentencia. Los cargos en su contra fueron imputados el 2 de octubre de 2012 y en mayo de este año, el paramilitar los aceptó en otra diligencia judicial. Así mismo, en la audiencia pública para la reparación integral de ls víctimas que se llevó a cabo el pasado 6 de agosto, Baez le pidió perdón a la ex senadora por su secuestro.

Otro de los vinculados a la investigación es Narváez, quien también está en la cárcel acusado por vínculos con paramilitares y por haber presuntamente estado involucrado en el asesinato de Jaime Garzón y en el secuestro de Córdoba. Para este último caso, fue llamado a responder en juicio en junio del 2013.

El caso sigue impune.

Isabella Vernaza Paredes

El secuestro de La María

Vernaza fue secuestrada en 1999 por el ELN en la iglesia de La María en el sur de Cali, junto con su esposo y sus dos hijos (entonces de 10 y 13 años). Ese plagio, en donde los guerrilleros se llevaron a 172 personas en plena misa, es considerado el mayor secuestro masivo en la historia del país. Algunas de ellas permanecieron seis meses en manos de esa guerrilla.

 

En 2013 la Corte Suprema de Justicia determinó que el secuestro no podía ser considerado un delito de lesa humanidad, como lo había solicitado la Procuraduría después de que el Tribunal Superior de Cali decidiera que prescribía la acción penal contra los tres guerrilleros señalados del hecho (Israel Ramírez, alias 'Pablo Beltrán'; Tulio Gilberto Astudillo y Antonio Parra).

Esa decisión, que sus víctimas criticaron duramente, es la única en el caso de La María hasta ahora.

En agosto de este año un grupo de víctimas de La María -incluyendo a Vernaza- escribió una carta al Gobierno expresando su apoyo a que a los guerrilleros rasos de las Farc se les condonen sus penas si se firma un Acuerdo final en La Habana, pero no a los comandantes.