Gobierno y Farc entierran la Constituyente

El Gobierno y las Farc anunciaron anoche un acuerdo para blindar jurídicamente el Acuerdo Final de La Habana que abrirá varios debates jurídicos pero que entierra uno político que era un escollo grande para la negociación: la Asamblea Constituyente que ha defendido las Farc desde que arrancó la negociación.

El acuerdo anunciado ayer busca darle a esa guerrilla una garantía jurídica de que el gobierno no le hará conejo con lo que se ha acordado en La Habana puesto que dispone que el Acuerdo Final formará parte de la Constitución.

Es decir que, en principio, lo pactado no quedará sujeto a que el próximo presidente de Colombia crea en los acuerdos ni a que un juez, vía tutela o una demanda, termine modificando lo acordado. Aunque hay varias cosas que dice la Constitución que no se cumplen en la realidad, así el Acuerdo estaría mucho más blindado dado que cada uno de sus puntos sería no solo una norma constitucional sino una obligación internacional del Estado colombiano.

De esta forma, el Gobierno calma uno de los grandes temores que –con razón dado el incumplimiento de puntos de acuerdos pasados con guerrillas y movimientos sociales- tienen las Farc: que al final no les cumplan, y así se despeja más el camino para llegar al acuerdo de cese bilateral del fuego y a la firma final.

Uno de los argumentos centrales de las Farc para convocar una Constituyente es que solo ‘constitucionalizando’ lo acordado ellas podrían tener la tranquilidad de que no quedaría en letra muerta como muchos acuerdos firmados por el gobierno, por ejemplo, los que ha hecho para levantar paros campesinos.

El Gobierno se resistía a la idea de la Constituyente porque, dado que una vez instalada tiene poder soberano, se corría el riesgo de reabrir toda la negociación. Y además, se abría la puerta para que por esta vía Uribe recuperara mucho de su poder e incluso la posibilidad de su reelección, y que la discusión terminara siendo entre él y las Farc.

Por eso, esta era una de las ‘líneas rojas’ que había puesto Santos en diciembre cuando reiteró que el 23 de marzo era la fecha límite para tener acordados los temas centrales del proceso de paz.

Dado que lo pactado anoche cumple el propósito más explícito que buscaban las Farc, se le cierra la puerta a la discusión de la Constituyente, y eso no es poca cosa.

Sin embargo, el acuerdo abre varias preguntas jurídicas y políticas.

Lo acordado

Como explicó el Gobierno, lo pactado fija “una ruta compleja de formalización jurídica del Acuerdo Final”. En palabras más sencillas, explica cómo van a hacer para que lo negociado en La Habana se vuelve ley en Colombia.

Lo primero que acuerdan es que el Acuerdo Final se considerará un “Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra”.

Esto, traducido, significa que el Acuerdo Final va a tener el estatus de una norma humanitaria con peso de tratado internacional que además pone fin a una guerra, sin que esto signifique –como ha explicado el Comité Internacional de la Cruz Roja- que les estén reconociendo el estatus de Estado a las Farc.

Este punto de convertir el Acuerdo Final en un Acuerdo Especial sonaba una excentricidad hace unos meses cuando Álvaro Leyva, el abogado conservador asesor de las Farc, lo planteó. Luego la tesis se abrió paso y el entonces fiscal general Eduardo Montealegre, amigo de Leyva, la recogió en una demanda que interpuso y que la Corte Constitucional está estudiando actualmente.

Por eso, que el Gobierno reconozca el Acuerdo Final como un Acuerdo Especial es una victoria para las Farc. Sobre todo porque también se acordó que El Gobierno hará “una declaración unilateral ante el Secretario General de las Naciones Unidas, para que el Consejo de Seguridad genere un documento oficial y anexe el texto completo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.”. Es decir que el Gobierno se obligará internacionalmente a cumplir su palabra.

En todo caso, no es una victoria completa para las Farc porque los negociadores del Gobierno lograron introducirle a la idea de Leyva dos cosas: que el Acuerdo Final no entraba a la Constitución de manera automática sino que tiene que tramitarse ante el Congreso una ley que diga el Acuerdo Final se considera un Acuerdo Especial.

Y que, además, después a través del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz (que está en su séptimo debate y establece un trámite más corto para esos proyectos en el Congreso), se aprobará que el Acuerdo Final entra a formar parte del bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta “durante el periodo de implementación del Acuerdo como parámetro de interpretación de las normas que sean necesarias para desarrollarlo”. Es decir, lo acordado ayer pasará dos veces por el Congreso.

Con esto el Gobierno consiguió que las Farc se subieran al bus del Acto Legislativo para la Paz que ya está en su séptimo debate, a pesar de que inicialmente lo habían rechazado como otra medida ‘unilateral’ del Gobierno.

Que las Farc hayan hecho esto es significativo, por un lado, porque reconocen una vez más someterse a la institucionalidad colombiana, algo que le parece obvio a la mayoría de gente pero frente a lo cual la guerrilla siempre había manifestado resistencia pues argumentaba que son las instituciones de un Estado corrupto.

Y por el otro, demuestran que es cierto lo que han dicho públicamente los jefes guerrilleros y es que sí quieren firmar el Acuerdo de Paz este año.

Como el Acuerdo Legislativo para la Paz va en su séptimo debate si la mesa de negociación no lograba un acuerdo ya sobre este punto, perdían la oportunidad de incluirlo en esa reforma constitucional, y la negociación se alargaba hasta el próximo año pues tendrían que comenzar una nueva reforma el próximo semestre.

Al moverse justo esta semana, las Farc mostraron que sí tienen interés en firmar este año para poder jugar un papel en las elecciones del 2018.

Ahora el desafío es que el Congreso lo apruebe y que pase el examen constitucional. Dos retos grandes y que no parecen totalmente asegurados.

Los desafíos

Minutos después de que el acuerdo conjunto fuera leído desde la Habana, la senadora verde Claudia López, una de las congresistas más mediáticas, trinó su rechazo al acuerdo.

“Yo no voy a servir de notaria de nadie”, le dijo a La Silla. Dijo que rechazaba el acuerdo porque el Gobierno había entregado a las Farc lo que querían: convertirlo en un Acuerdo Especial sin lograr de parte de ellas una aceptación formal y explícita a los otros dos componentes del Acto Legislativo para la Paz, que son la refrendación popular del Acuerdo Final y el procedimiento del “fast-track” que contempla el Acto Legislativo para las leyes que desarrollen el Acuerdo Final.

Dado que López es una de las defensoras más acérrimas de la negociación de La Habana, su rechazo visceral a lo acordado no es un buen augurio para lo que viene en el Congreso.  Entre las cosas que más la ofenden es que la Mesa de Negociación les deje a los congresistas un texto ya redactado y con la condición de que solo pueden aprobarlo o improbarlo. Esto mismo es para los uribistas “un golpe de Estado”.  

La discusión clave aquí será sobre la refrendación.

Yo no voy a servir de notaria de nadie

Claudia López, senadora

La teoría que maneja el Gobierno, según lo que se infiere del discurso del jefe negociador Humberto De la Calle y del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, es que como lo acordado hoy con las Farc termina siendo un artículo del Acto Legislativo para la Paz, y la entrada en vigor de éste está condicionada a que los colombianos refrenden el acuerdo, las Farc están retirando implícitamente su veto al plebiscito.

Claudia López considera que su aceptación del plebiscito debería haber sido explícita y que más allá de lo que diga De la Calle en su comunicado eso no quedó escrito en el Acuerdo.

En realidad, probablemente este debate se zanjará mañana cuando en su ronda matutina Iván Márquez lea su comunicado con la interpretación de lo acordado.

Más allá de esa discusión, que no sería menor, está el desafío jurídico. Y es que como dijo una fuente consultada por La Silla cercana al proceso, el “exceso de leguleyismo” de las Farc conllevará a que lo acordado pase dos veces por la Corte Constitucional, la primera al revisar la ley que diría que el Acuerdo Final es un Acuerdo Especial, y luego otra que aprueba el Acuerdo Final específicamente. Y allí habrá todo un debate sobre asuntos de procedimiento y de fondo.

De procedimiento, está el tema de si meter esto en séptimo debate es un “mico enorme” como dice la senadora López, porque viola las reglas de consecutividad. De parte del Gobierno dicen que en todos los debates se han dejado ‘constancias’ de que podría haber un Acuerdo Especial. Una fuente dijo que en dos debates la constancia se presentó y en otro dos se negó, algo que la Silla no alcanzó a confirmar con otra.

Y de fondo, está todo el tema de la sustitución de la Constitución, solo para mencionar uno de los asuntos a discutir.
Como suele suceder en este país, el debate seguramente terminará en manos de abogados. Pero, por lo pronto, se logró sustraer de las manos de los eventuales constituyentes