La denuncia inflada de Sandra Morelli

La semana pasada la Contralora Sandra Morelli lanzó una alerta que le hizo mojar mucha prensa: 60 contratistas reciben el 42 por ciento de la contratación pública. Pero al mirarla en detalle es más el ruido que hizo Morelli que la fuerza de su denuncia.

Esto fue lo que dijo la Contralora en la instalación del tercer Congreso Internacional de Contratación Pública, el viernes pasado:

Aunque su intervención trataba otras facetas de la contratación estatal, como el uso de convenios intermadministrativos para evitar las licitaciones o el alto costo de la intermediación en los contratos, los apartes (que se escuchan entre 3:27 y 4:45; 11:45 y 13:15; ) sobre los 60 contratistas acapararon la atención.

Esas declaraciones fueron repetidas, con gran despliegue, por todos los medios del país. Unos a través de una nota redactada por la agencia Colprensa, que publicaron medios regionales como El Universal o El Colombiano.

En todas las notas se señalaban los 60 contratistas y el 42 por ciento de la contratación, sin dar mayores explicaciones: en CM&, RCN Televisión, RCN Radio

Caracol Radio, El Tiempo, Portafolio, El Espectador

e incluso El Espacio.

"Las entidades que más utilizan la modalidad de contratación directa son los ministerios de Defensa, Transporte, Trabajo, Vivienda, Educación, de Tecnologías de la Información, de Industria y Comercio, Ambiente, el Icbf y las corporaciones autónomas regionales”, decía la nota de Colprensa, basada en las declaraciones de Morelli.

Dada la gravedad del informe, La Silla Vacía lo pidió formalmente a la Contraloría para poder contar quiénes son esos 60 contratistas que concentran la contratación del Estado. Lo que encontró es que la denuncia parece, como mínimo, inflada.

Los datos

Las cifras de la Contralora salieron de un estudio que está coordinando el vicecontralor Carlos Felipe Córdoba, pero que aún no ha sido consolidado. Por eso la entidad dijo inicialmente que no se lo podía entregar a La Silla (ver aclaración al final) ni se lo ha pasado a los otros medios que lo han solicitado. En conclusión, la denuncia de Morelli se basa en un informe que no está listo.

Una vez esté listo, ese estudio presuntamente va a mostrar cuáles son los 60 contratistas que tendrían el 42 por ciento de la contratación pública. Pero con los datos que se tienen hasta ahora, ya deja por lo menos tres dudas.

La primera, es que entre los "grandes contratistas que monopolizan la contratación" a la que hizo referencia Morelli hay varias entidades que son públicas.

De hecho la Contralora dio a conocer los nombres de los cinco más grandes de los 60 que supuestamente concentran la contratación, y de ellos dos son entidades públicas: la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y Fonade.

Como estas entidades tienen regímenes especiales para contratar es posible que otras entidades las contraten para que éstas puedan contratar sin regirse por la Ley 80 pero aún en este caso, el dinero sigue siendo del Estado.

La segunda duda que deja su denuncia, es que los tres contratistas privados que sí mencionó tienen muy pocos contratos con el Estado, solo que por el tipo de servicio que prestan son contratos muy grandes.

Uno es Fidubogotá, que tiene dos contratos muy grandes: el del manejo de los dineros para la Ley de Vivienda y el de la plata para el fondo de ciencia y tencología de Colciencias.

Los otros dos son Coninsa Ramón H y los hermanos Solarte, que tienen grandes contratos de infraestructura: la primera tiene dobles calzadas y la rehabilitación de la carretera Medellín-Quibdó, por ejemplo, y los Solarte también tienen dobles calzadas y parte de la Ruta del Sol.

Más que tener centenares de contratos en muchas entidades, son grandes jugadores en la infraestructura vial, un sector cuyos contratos son tan grandes que con tres o cuatro contratos una compañía entra a las grandes ligas de los contratistas.

Y la tercera, es que cuando Morelli habló de la contratación "del Estado", en realidad solo se refería a una parte de él. Como ella misma lo dijo, se trataba solo de unas treinta entidades (de las más de 100 que tiene la Nación), que contrataron 23,5 billones de pesos, menos de la mitad de los casi 60 billones que le han sido reportados a la misma Contraloría

Eso deja dudas sobre qué tan aplicables son sus conclusiones a toda la contratación pública, sobre todo cuando hasta ayer había contratos por más de 100 billones de pesos, firmados en 2013, según el Portal de Transparencia Económica del Estado.

El informe que ya está

Hay otro informe de la Contraloría, que sí está terminado, y cuyos datos refuerzan las debilidades de la denuncia de Morelli. Este lo hizo el director de planeación de la Contraloría, Carlos Augusto Cabrera, quien revisó los datos de contratación que le reportaron 581 entidades a la Contraloría.

La Silla conoció el top 20 de los contratistas que para 2012 tenían contratos de mayor monto, y estos son los datos:

Estos 20 contratistas suman casi 17 billones de pesos, un 29 por ciento de los más de 58 billones que estaban comprometidos al 31 de diciembre.

La conclusión es similar a la que se puede hacer de los pocos datos del primer informe: una alta presencia de entidades públicas y varios privados con muy pocos contratos pero muy grandes. Seis de los 20 solo tienen un contrato (son contratos para manejar recursos de seguridad social) y otros cinco tienen entre dos y cuatro (contratos de infraestructura, que por su naturaleza son muy grandes).

De hecho solo hay dos privados con más de cuatro contratos: Fidubogotá (que no actuó en nombre propio sino como administradora de un fondo público, que fue el que se ganó los contratos) y XM.

En suma, la información muestra que hay unos contratos muy grandes y que las entidades del Estado suelen contratar entre sí. Pero no que 60 empresas tengan el 42 por ciento de los contratos del Estado, ni que unos pocos privados concentrn la contratación.

Quizás cuando la Contraloría publique los informes se podrán resolver estas dudas. Mientras tanto, la denuncia de Morelli es más efectista que contundente.

Nota de la Editora, 18 de julio, 5 p.m.: después de publicada esta nota, el Vicecontralor Felipe Córdoba contactó a la Silla y envió una presentación que muestra los nombres de los 60 contratistas a los que se refirió la Contralora y las conclusiones de su trabajo de revisión de la contratación de los 8 ministerios, el Icbf y las CAR. Esta era la información que La Silla había solicitado en días pasados y que la Oficina de Prensa de la Contraloría dijo que no estaba consolidada todavía. En realidad, el informe que envió hoy y al que hizo referencia la Contralora es un informe de avance en el que ya está terminado el análisis de estas entidades pero que solo es parte de un estudio más grande que no ha concluído. Esta información, aunque más detallada, ratifica las conclusiones de este artículo. Sin embargo, dado que sí tiene los nombres de los 60 contratistas, que es muy valiosa, La Silla prepara un informe más detallado sobre esos grandes contratistas que publicará próximamente.