La resistencia de los ingas a la amapola

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La erradicación manual y voluntaria, como la del resguardo de Aponte en Nariño, ha mostrado resultados más sostenibles a largo plazo que la aspersión o la erradidiación forzosa.

Desde hace diez años los indígenas inga han logrado mantener su resguardo en el norte de Nariño  libre de cultivos de amapola. En momentos en que los cultivos están disminuyendo en Colombia, pero concentrándose fuertemente en resguardos indígenas y consejos comunitarios afro, así como en los parques nacionales y las fronteras, el caso de Aponte es una notable excepción.

El mayor problema es que el narcotráfico, las guerrillas y las bacrim han sido hábiles a la hora de identificar a las comunidades étnicas más débiles y han establecido sus bases de operaciones en esos territorios, generalmente lugares con presencia muy precaria del Estado y altos niveles de pobreza.

Por eso mismo, el caso de Aponte -ubicado en el municipio de El Tablón de Gómez, en la esquina donde Nariño se encuentra con Cauca y Putumayo- puede convertirse en un ejemplo a seguir. Desde que en 2003 los ingas -descendientes históricos de los incas que migraron hacia el norte- decidieron decirle 'no' a la amapola, se concentraron en buscar otras alternativas de subsistencia.

Sobre todo decidieron fortalecerse como comunidad y rescatar sus tradiciones, un proceso que les permitió enfrentarse a los grupos armados que operan en la zona y -pese a las constantes amenazas, que perduran hasta hoy- seguir adelante con su decisión y mantener libres de cultivos las 22.283 hectáreas de su resguardo.

“Es un caso de éxito indudable porque fueron capaces de superar la amapola y consolidar una economía legal, a partir de organizarse y recuperar sus tradiciones”, le dijo a La Silla Antonio Navarro, que los apoyó desde la Gobernación de Nariño y que lanzó un piloto de erradicación -“Sí se puede”- con una filosofía similar.

Hernando Chindoy, el ex gobernador del resguardo de Aponte, será candidato al Senado por la ASI. Foto: Juan Pablo Pino

A través del rescate de sus tradiciones, los inga de Aponte se fortalecieron como comunidad y se enfrentaron a los grupos armados que controlaban los cultivos de amapola.

Como el próximo punto de negociación en La Habana son los cultivos ilícitos, el 'modelo Aponte' puede ser un caso exitoso para discutir y de paso comprometer a las Farc.

Como en muchas zonas del Macizo Colombiano, las amapolas llegaron al norte de Nariño a comienzos de los años noventa y se instalaron en las laderas fértiles del Tablón de Gómez.

A Aponte llegaron miles de campesinos a sembrar la flor roja y recoger la leche de sus bulbos -que, procesada, se convierte en heroína- en copitas de aguardiente. Los ingas abandonaron sus cultivos de arveja, papa y granadilla para dedicarse de lleno a la planta, y el paisaje de Aponte rápidamente se tiñó de un monocultivo rojo.

Con el auge de la amapola, llegaron los intermediarios que le compraban a los indígenas el látex, y con ellos los grupos armados: primero el frente 48 de las Farc y luego el Bloque Central Bolívar de las AUC. Los altos jornales que obtenían los indígenas cultivando amapola se vieron contrarrestados por la ola de violencia que acompañó la bonanza. Esto mientras a sus hijos de ocho años los obligaban a hacerle los cortes a los bulbos con navajas de afeitar., ya que sus manos pequeñas eran más aptas para el delicado trabajo.

Por esa época, Colombia alcanzó las 10 mil hectáreas de amapola y llegó a ser el octavo mayor productor del mundo. La flor roja -que luego sería reemplazada por la coca- se extendió por las tierras de los nasa, guambianos, yanaconas y totorós en en sur del país. Hoy hay sólo 313 hectáreas de amapola, contra 48 mil de coca, aunque en ambas Nariño ocupa -y de lejos- el primer puesto.

“Pasamos de ser un pueblo que en 1991 tenía 1400 personas a uno de 35 mil unos años después. Cuando yo entré al bachillerato éramos 37 estudiantes, que es un número bien alto. De esos sólo terminamos dos”, cuenta Hernando Chindoy, que fue gobernador del resguardo durante diez años y lideró la transformación de Aponte.

Eso cambió en 2003, cuando los ingas sopesaron lo que les había traído la bonanza amapolera y lo que se había llevado. “Al principio nadie quería, porque ¿para qué, si la plata estaba ahí?”, cuenta Maribel Flores, otra líder del resguardo que trabajó organizando a las mujeres.

“Completamos 120 muertos en una comunidad de 951 familias y comenzamos a pensar en la existencia nuestra como pueblo. Todas las familias del resguardo tienen un papá, un hermano, un primo, un sobrino que lo mataron. Vimos que nuestra lengua, nuestra espiritualidad, nuestra comunidad estaban en deterioro y que nos estaba llevando a desaparecer”, cuenta Chindoy.

Durante un año los nuevos líderes del resguardo recorrieron sus nueve veredas, conversando personalmente con miembros de cada una de las familias, incluyendo a las que trabajaban con los grupos armados. Luego en una plenaria, en la que estuvo de acuerdo el 80 por ciento de la comunidad, decidieron acabar con la amapola. En cuadrillas o 'mingas' de 50, 70 y hasta 400 personas fueron erradicando manualmente las 1500 hectáreas sembradas, bajo amenazas permanentes de las Farc y los paramilitares.

“No ha sido color de rosa. Hubo mucha gente que estaban amenazando, había que tener protección comunitaria permanente. No podía uno andar solo”, dice Chindoy, a quien por esa época retuvieron tanto la guerrilla como los paras. En ambas ocasiones, fue la presión de la comunidad la que logró su liberación. En diciembre de 2011 sufrió otro atentado, después de que un par de sicarios entraran al resguardo de noche y le dispararan.

El centro de ese trabajo fue fortalecerse como comunidad. “Cuando las comunidades no tienen procesos de fortalecimiento, son fácil presa de los grupos armados”, dice Chindoy. Entre 2003 y 2008 prepararon el Mandato Integral de Vida, una especie de ‘constitución’ de los inga en el que -por primera vez- pusieron por escrito sus reglas, desde cómo organizarse hasta cómo vivir, pasando por temas de educación, salud y justicia.

Con el cambio de mentalidad, comenzaron a pensar en cómo cambiar el modelo económico. Con ayuda de programas como Familias Guardabosques arrancaron los cultivos alternos con los que hoy viven, como el café especial de altura, la arveja y la trucha arco iris. Ahora quieren dedicarse a cultivar granadilla, mora y hierbas aromáticas, productos que se venden bien fuera de Aponte.

El problema es que, diez años después, las amenazas persisten y este año se han incrementado, ya que los cultivos de coca a su alrededor y el corredor estratégico hacia Cauca y Putumayo han llevado a que bandas criminales como los Rastrojos y las Águilas Negras aumenten su presencia en la región. Hace un mes, tuvieron un consejo extraordinario de seguridad en la oficina del Gobernador de Nariño, Raúl Delgado, para discutir la situación.

También se enfrentan a problemas más prácticos. Aunque hay una vía desde la cabeza en Aponte hasta Tablón de Gómez y Pasto, no hay vías dentro del resguardo. La tonelada mensual de trucha que producen en la vereda de Granadillo -y que esperan subir a diez- la sacan hasta la carretera a lomo de caballo, por una trocha de nueve kilómetros.

Chindoy, que dejó la gobernación del resguardo a comienzos de este año, fue finalista de los Premios a los Mejores Líderes de la Revista Semana en 2011 y ya decidió que el próximo año será aspirante al Senado por la Alianza Social Independiente (ASI), junto con el hoy senador Marcos Avirama.

Aunque hace dos meses el Gobierno recibió la buena noticia de que los cultivos ilícitos disminuyeron en 2012 a su punto más bajo desde los años noventa, hay varios puntos preocupantes. Primero, que la coca está creciendo en las franjas fronterizas -incluyendo Nariño y Putumayo- y en las zonas aledañas a los parques nacionales. Y segundo, que -como contó La Silla- la coca está todavía muy concentrada en los territorios de los resguardos indígenas y sobre todo en los consejos comunitarios afro.

Este es el mapa de cultivos de coca del año pasado, según el último censo de Naciones Unidas.

En la última década los cultivos de coca han bajado un 70 por ciento, pero muy poco en los territorios colectivos. En resguardos se han mantenido constantes entre las 6 y 8 mil hectáreas, mientras que en los consejos afro aumentaron casi todos los años desde que comenzaron los censos en 2001. En total, hoy el 20 por ciento de la coca en Colombia crece en consejos afro y el 11 por ciento en zonas indígenas.

“Los cultivos no logran asentarse en zonas donde las comunidades están fortalecidas y tienen control de sus territorios. Desafortunadamente el narcotráfico identifica a las más vulnerables y se dedica a deteriorar su tejido social, para controlar esos espacios y esconderse allí”, le dijo a La Silla Guillermo García, el jefe de desarrollo alternativo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). “Lo que genera sostenibilidad es que los pueblos no vuelvan a depender económicamente del cultivo. Mientras no elimines esa dependencia, ninguna política será sostenible”.

Otras comunidades están siguiendo el ejemplo de Aponte, pero el proceso es lento y se ve obstaculizado por la presencia de grupos como las Farc, el ELN y los Rastrojos.

Ese mismo modelo ha sido aplicado con éxito en la Sierra Nevada, que alcanzó a tener 3 mil hectáreas de coca y que ahora -gracias al trabajo de los arhuacos y kogui- sólo tiene una cincuentena. O en Leiva (Nariño), donde Navarro lanzó su piloto para “Sí se puede” -con apoyo del Gobierno de Álvaro Uribe, que se comprometió a no asperjar la zona- y donde 3 mil familias han logrado reducir voluntariamente los cultivos.

En cambio, en Tumaco está la otra cara de la moneda. Las 1200 familias del consejo comunitario de Rescate las Varas iniciaron un proceso de erradicación voluntaria casi al tiempo que el resguardo de Aponte, pero han tenido muchos tropiezos. Las amenazas han sido tan fuertes que en enero de este año 50 personas, incluyendo a varios líderes, tuvieron que salir desplazados y están lejos de Nariño.

El gran reto es que ninguno de los grupos armados quiere perder poderío en una zona clave como Tumaco, que es al mismo tiempo puerto de embarque, frontera y centro del tráfico de insumos químicos para la producción de droga. Y que tiene 5 mil hectáreas de cultivos: es decir, el 10 por ciento del total en el país y más del doble más que el segundo municipio más cocalero.

El ‘modelo Aponte’ seguramente volverá a estar sobre la mesa pronto, ya que los cultivos ilícitos serán -una vez se logre firmar el esquivo acuerdo sobre participación política- el próximo punto en La Habana. Los ingas ya presentaron su historia en el reciente foro de la ONU y la Universidad Nacional que recogió los insumos de la sociedad civil para el proceso de paz, por lo que muy pronto las Farc tendrán que decidir si estarían dispuestas a aprobar un modelo al que se han opuesto hasta ahora con las armas.