Una de las propuestas de las Farc es que las zonas de reserva campesina, donde trabajan en conjunto empresarios y campesinos, como ésta en Caloto (Cauca). Foto: Juan Pablo Pino.

Hoy se inaugura en San Vicente del Caguán el tercer encuentro de las zonas de reserva campesina, una reunión que las seis áreas campesinas protegidas que existen en el país vienen organizando desde hace un año pero que ha quedado en el ojo del huracán desde que las Farc las incluyeron en su discurso en La Habana. Y que parecerían haberse convertido en una de las trabas en el capítulo de tierras que el Gobierno y esta guerrilla parecían estar cerca de acordar.

Hace un mes el equipo negociador de las Farc dijo en un comunicado que estas reservas deberían gozar de “autonomía política”, “autogestión” y “administración de justicia”, casi como los resguardos indígenas. En un comienzo el anuncio pasó relativamente desapercibido, pero la discusión subió de voltaje al avanzar las negociaciones la semana pasada y al reiterar las Farc su idea de crear 54 reservas en un área de 9 millones de hectáreas.

El Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo fue el primero en salirles al paso, diciendo que éstas áreas no podían convertirse en “un mosaico de republiquetas independientes” y desacatando la orden que existe en el Gobierno de que Humberto de la Calle es el único interlocutor válido en temas de paz.

Por ahora, el Gobierno niega que haya cualquier tipo de compromiso sobre las ZRC. Y De la Calle dijo ayer, al cierre de la séptima ronda de diálogos, que la “autonomía y soberanía” no estaban sobre la mesa, así como que tampoco se consideraría una desmilitarización de las reservas y que no se les podía de ninguna manera equiparar con los resguardos indígenas.

Y aunque las declaraciones de ambos lados han servido para caldear la discusión sobre las reservas, hasta ahora la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) -que representa a las seis reservas en existencia y las seis que adelantan el proceso de constitución- sólo se ha pronunciado con firmeza sobre las declaraciones de Restrepo. O de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, que las llamó pequeñas “Marquetalias” y "cartuchos rurales". Pero la organización campesina nunca se refirió a las de la guerrilla, que desdibujan aún más la figura legal de las reservas y las alejan de cualquier acuerdo con el gobierno.

Mientras tanto, las seis áreas campesinas constituidas hace una década y las otras seis que aspiran a serlo quieren tener una voz propia dentro del debate sobre su existencia. Para esto, estarán reunidas durante tres días para esbozar juntas una propuesta de desarrollo rural para el campesinado que le presentarán el domingo, vía Internet en vivo y en directo, a los equipos de negociación del Gobierno y de la guerrilla.

“Si va a haber acuerdos sobre estas zonas de reserva campesina, nosotros que somos los que hemos venido trabajando en el tema, tenemos que poder expresarnos”, dice Arcángel Cadena, integrante de Anzorc y representante de la zona de reserva campesina de Retorno-Calamar-San José del Guaviare, que abarca 463 mil hectáreas.

Cesar Jerez, de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, es uno de los organizadores del encuentro en San Vicente del Caguán. Foto: Cortesía El Espectador.

Las declaraciones del Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo sobre el hecho de que las reservas campesinas no pueden convertirse en "republiquetas independientes"generaron el rechazo de éstas.

El debate sobre las zonas de reserva campesinas subió de voltaje después de que las Farc subrayaran desde La Habana que debían gozar de "autogobierno, autogestión y autodeterminación".

La directora del Incoder, Miriam Villegas, será la única alta funcionaria del gobierno en asistir al encuentro de reservas campesinas en Caquetá.

Este mapa muestra las seis reservas campesinas constituidas hasta el momento, las seis que están en proceso de formación y las que existen en la práctica, pero no han adelanto el proceso.

El encuentro campesino

Se espera que lleguen a San Vicente del Caguán unos 3.000 campesinos, que se reunirán durante tres días en la Plaza de Ferias y se alojarán en carpas en todo el municipio caqueteño. De cumplirse los pronósticos de los organizadores, la cifra de asistentes podría duplicar la del año pasado en Corinto (Cauca) y triplicar la del primero en Barrancabermeja en 2010.

“Nosotros estamos apoyando el proceso de paz y lo seguiremos haciendo. Pero queremos que el país conozca lo que las comunidades campesinas pensamos y cómo queremos que se haga el desarrollo en nuestras regiones”, le dijo a La Silla Héctor Pinzón, otro líder de la reserva campesina de Retorno-Calamar.

Allí discutirán, en diferentes mesas paralelas y equipos de trabajo, su oposición a la política minero-energética, sus propuestas para la erradicación de coca y sustitución de cultivos, el financiamiento de sus planes económicos, el acceso a la cooperación internacional y su relación con los gremios. El objetivo al final es presentar un programa de desarrollo de zonas campesinas a las contrapartes en Cuba.

Aunque vendrán campesinos de todo el país, la mayor parte de ellos lo hará desde las áreas protegidas más cercanas. Según los cálculos de Anzorc, viajarán a San Vicente unos 1400 campesinos de El Pato-Balsillas, la primera reserva constituida y que se encuentra a unas tres horas. Otros 800 vendrían desde la vecina Losada-Guayabero, una de las zonas que está comenzando su proceso de constitución. Se esperan incluso representantes desde las reservas más alejadadas como la de Montes de María y o las que se propone crear en el Catatumbo, Cesar y Sumapaz.

“El ambiente ha sido muy tenso, pero esperamos que nos escuchen y que podamos seguir fortaleciendo una propuesta para el campo”, dice Marcela Pinto, quien forma parte de la reserva campesina en el Valle del Río Cimitarra, que ganó el Premio Nacional de Paz en 2010 y que está ubicado en la zona fronteriza entre Antioquia, Bolívar y Santander.

Además de la señal directa que esperan conectar con La Habana, invitaron al Gobierno y a la comunidad internacional. La única alta funcionaria del gobierno será Miriam Villegas, quien conoce a fondo el proceso de creación de la reserva el Valle del Río Cimitarra porque participó en él desde el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que lideraba el padre Francisco de Roux.

El Incoder, que ella dirige, es la institución encargada de hacer el seguimiento de los procesos de constitución de las zonas de reserva y la planeación de sus proyectos productivos. Además irán representantes del Ministerio del Interior, el Pnud, la Organización de la ONU para la Agricultura (FAO) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA.

Pero ha sido el anuncio hace tres días de las Farc de que asistirían a San Vicente y no sólo esperarían los insumos del encuentro lo que disparó las alarmas.

"Seguramente las Farc, de una u otra manera, como somos también clandestinos, haremos presencia a nuestra manera, eso no lo puede impedir nadie. La delegación oficial de las Farc va a enviar o en alguna forma estaremos allá, quiéralo el Gobierno o no. No es ninguna cuestión desafiante, es una realidad. Hay muchas maneras de estar presentes", dijo Rodrigo Granda. Y en la página principal de Anncol aparece desde entonces publicado el afiche de invitación al encuentro.

Esta declaración refleja la realidad indiscutible de que las reservas campesinas existentes y propuestas coinciden con territorios donde las Farc han tenido presencia permanente y que sus habitantes han debido convivir, ya sea por necesidad o por convicción, con esta guerrilla.

"Sería mentirle al país decir que nosotros no vivimos en el mismo lugar que la insurgencia, pero no somos los únicos. No sólo sucede en las zonas de reserva campesina, sino en todas las zonas de este país", dice Héctor Pinzón. Él, como los demás líderes, niegan cualquier vínculo con las Farc.

Y también subraya el hecho de que las Farc no están dispuestas a negociar si eso implica abandonar las bases sociales que han construido durante 40 años y si no pueden conseguir sus mismos objetivos por medios alternativos a las armas.

Desde que en los años ochenta tomaron la decisión de meterse en el cultivo de coca, las comunidades bajo su influencia han vivido primordialmente de esta economía ilegal. Encontrar una nueva economía para estas comunidades es un paso previo necesario para que la guerrilla piense en dejar las armas.

“El tema de las zonas de reserva campesina está atado también al del desarrollo alternativo, un punto clave de la agenda de negociación que aún no se ha comenzado a discutir y sin el cual no se puede resolver el problema de las drogas. Y si no hay zonas especiales para el campesinado, ¿dónde vamos a hacer este desarrollo alternativo?”, dice la investigadora de tierras Yamile Salinas.

El debate sobre las reservas

Las zonas de reserva campesina nacieron gracias a la Ley 160 de 1994, con el ánimo de proteger a las comunidades campesinas que estuviesen amenazadas por el conflicto armado, por la ampliación de la frontera agrícola y por la colonización. Y las primeras seis se crearon a finales de los noventa, en gran medida gracias a un préstamo del Banco Mundial.

La idea era impedir que dentro de estos territorios se realizaran actividades que perjudicaran la economía campesina, como los monocultivos, la concentración de la tierra o la minería. Pero también para promocionar la economía rural a pequeña escala, que un estudio de Fedesarrollo liderado por José Leibovich -un economista más cercano a la ortodoxia- concluyó es más productiva que la más extensiva.

Tras ser creadas durante el gobierno de Andrés Pastrana y estigmatizadas durante el de Álvaro Uribe como nidos de la subversión, con la llegada al poder de Juan Manuel Santos entraron a una nueva coyuntura, en principio favorable pero también llena de ambigüedades.

Uno de los primeros anuncios que hizo Juan Camilo Restrepo tras posesionarse como ministro fue crear una reserva campesina en los Montes de María para “frenar la compra masiva de tierras y su concentración en las manos de pocos”.

Y de hecho, el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que Restrepo viene impulsando -y que lleva un año en consulta previa- tiene todo un capítulo dedicado a las reservas campesinas. En él, el Ministerio de Agricultura las defiende como una manera de “garantizar la presencia institucional en zonas que han expuesto a sus habitantes a condiciones de marginalidad con nula o baja presencia del Estado”.

Pero a los estamentos militares y a varios altos funcionarios de Santos no les convence su existencia. Los procesos de constitución de las seis nuevas zonas propuestas, además, han sido muy demorados, un estancamiento que ha llevado a los campesinos a pensar que hay un veto por parte del Gobierno. Desde el Incoder se habla de la falta de capacidad para trabajar con todas ellas al tiempo y, en el Ministerio de Defensa, de las condiciones de seguridad en algunas regiones.

A pesar de las dificultades que plantean ciertas propuestas de las Farc, para muchas personas que conocen el trabajo de las reservas son más las similitudes que las diferencias entre la perspectiva de los campesinos, el Gobierno e incluso la guerrilla.

“El hecho de que coincidan los reclamos históricos de los campesinos y la posición del Gobierno, y de que esa idea haya sido recogida también por las Farc en la mesa de negociaciones, debería facilitar las cosas en vez de complicarlas”, dice Camilo González Posso, el director de Indepaz e investigador de temas rurales que fue ministro de Salud de César Gaviria.

Falta ver si de esta reunión puede salir una fórmula que permita concluir ese primer ciclo de negociación en tierras para pasar al de la participación política.