La suspensión suspendida del alcalde de Santa Marta y su efecto sobre Petro

El viernes el Ministro de Interior Aurelio Iragorri dijo que el gobierno no piensa acatar la solicitud del contralor de Santa Marta de suspender al alcalde de esa ciudad Carlos Caicedo, porque la Constitución y la ley dicen que quien puede solicitar ese tipo de suspensiones es la Contraloría General. Pero dado que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que los demás contralores también lo pueden hacer, es posible que este problema político termine, una vez más, convertido en un debate de abogados. Y sobre todo que, dadas la similitudes entre la situación de Carlos Caicedo y de Gustavo Petro, la decisión del Gobierno termine dándole peso al argumento del alcalde de Bogotá de que el Presidente sí tiene un margen de discrecionalidad para acatar las decisiones de los órganos de control.

A favor del Gobierno está el argumento de que aunque la Constitución establece la posibilidad de que los contralores suspendan a los alcaldes, no se utiliza a menudo por sus repercusiones políticas, pues les da a estos funcionarios una espada de Damocles sobre los alcaldes y gobernadores: pueden exigir su suspensión en cualquier momento, mientras exista una investigación contra ellos. Por eso, esas solicitudes requieren una argumentación que demuestre que la suspensión es necesaria.

En este caso, el contralor de Santa Marta Horacio De Jesús Escobar Luque ha dicho que Caicedo ya ha sido sancionado con multas por 25 millones de pesos, en siete procesos, por falencias en la información que ha entregado. Además, explicó que en 2013 la Contraloría Distrital encontró 431 hallazgos (posibles fallas) que involucran directamente a Caicedo, y que suman detrimentos patrimoniales por más de once mil millones de pesos. La solicitud de Escobar sencillamente explica que decidió suspender a Caicedo hasta que se terminen las investigaciones contra el alcalde. Su argumento es que si Caicedo sigue en el cargo mientras es investigado podría incidir en las investigaciones.

Caicedo respondió la semana pasada, al regresar de vacaciones, y después de que su gabinete ya hubiera rechazado la solicitud. El alcalde dijo que nunca ha buscado bloquear las investigaciones y, que por lo tanto, la suspensión sería injusta e ilegal - además de que no conocía sus fundamentos, lo que impedía que se defendiera de la mejor manera.

Después de la respuesta del gobierno, los políticos samarios están pendientes de la reacción del Contralor pues del desenlace de este episodio depende en parte el futuro político del Magdalena.

El dilema para el Gobierno

Este caso es particularmente difícil para el Gobierno por los antecedentes de la relación entre el Contralor y el Alcalde de Santa Marta.

El contralor y el alcalde vienen de grupos políticos opuestos. Mientras Caicedo, un desmovilizado del ELN, viene de la izquierda, ha hecho política contra la mayoría de los políticos tradicionales y fue avalado por el Partido Liberal, Escobar Luque es conservador y tiene vínculos con la clase política más tradicional.

El contralor Escobar es familiar del fallecido Hugo Escobar Sierra, quien por décadas fue jefe conservador del Magdalena, y de su hijo, José Alfredo Escobar Araújo, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Además es primo de Alfonso Campo Escobar, un ex congresista conservador condenado por parapolítica y de quien se le ha señalado como ficha política en varias ocasiones.

Pero sus diferencias van más allá de la ideología. Cuando el hoy alcalde era rector de la Universidad de Magdalena, Escobar era auditor de la Contraloría Departamental, cargo en el que estuvo entre 2001 y 2009. En ese puesto, Escobar fue quien hizo las auditorías a la Universidad a partir de las cuales Caicedo fue investigado y terminó destituido. Estas auditorías, además, sirvieron de sustento de un enredado proceso penal que fue impulsado por el gobernador Trino Luna, luego condenado por parapolítica.

Como resultado de ese proceso, Caicedo estuvo detenido por más de cuatro años hasta que fue absuelto en 2011. Tras la decisión que lo dejó en libertad, quedó expuesta la persecución de la cual había sido víctima, un complot que él denunció desde un principio y en el que Caciedo incluye al gobernador, al Contralor Departamental Luis Sanjuan y a Escobar.

Escobar siempre ha negado esas acusaciones. Ha explicado que él hizo unas auditorías, pero que no fue quien adelantó las investigaciones y que el proceso siguió su curso respetando los derechos de Caicedo.

La pelea entre Caicedo y Escobar se reeditó en enero de 2012, cuando se dio la puja por elegir Contralor Distrital. En esa oportunidad, cuatro concejales opositores a Caicedo dijeron que les habían ofrecido plata para no votar por Escobar, aunque no dijeron de dónde venían esas ofertas.

El otro candidato opcionado, ternado por el Tribunal Superior del Magdalena como Escobar, era el procurador provincial liberal Óscar Castillo Moscarella, quien había sido asesor jurídico de Caicedo en la Universidad.

Finalmente, en enero de 2012 Escobar fue elegido por una mayoría estrecha de concejales: tuvo 11 votos mientras que Castillo sacó ocho. En esa mayoría, que era opositora a Caicedo, estaban los concejales que habían denunciado el presunto intento de soborno.

Sin embargo, hasta la decisión de diciembre las relaciones entre el alcalde y el contralor parecían ser relativamente tranquilas, pero se fueron agriando. Aunque la distancia entre un funcionario y los órganos que lo vigilan es normal y deseable, con los antecedentes políticos la tensión fue creciendo.

Escobar empezó a hacer una serie de auditorías a varias entidades del Distrito, y especialmente a los contratos de los entes descentralizados, como la empresa de aseo Espa y la de salud Alejandro Próspero Reverend, donde ha encontrado la mayor cantidad de hallazgos. En agosto de 2012 Escobar le puso una multa por no entregar información y más adelante, Escobar le pidió a la Procuraduría iniciar un proceso disciplinario contra Caicedo por cuenta de varias investigaciones fiscales que adelantaba la entidad a su cargo.

En diciembre de ese mismo año, Simón Gaviria fue a visitar a Caicedo. Desde Santa Marta, el presidente del Partido Liberal pidió a la Contraloría General ejercer el poder preferente para asumir las investigaciones fiscales contra Caicedo. Es decir, quitar a Escobar del medio, algo que es legal y se hace con cierta frecuencia.

Ya en ese momento Gaviria dijo que Escobar tenía vínculos con la oposición e incluso habló de la suspensión. “Me parece muy grave que en los escenarios políticos de la ciudad se mencione con insistencia que el Contralor ordenaría la suspensión del Alcalde, sin que se den las causales previstas en la ley para ello,” dijo Gaviria en ese entonces.

Con la decisión de Escobar de hace dos semanas, esas previsiones resultaron ser ciertas, aunque con un año de retraso.

La solicitud no solo enfrenta por tercera vez a Caicedo y Escobar, sino que al darse en vísperas de la campaña electoral esta pelea tiene repercusiones en toda la política del departamento.

El rompecabezas electoral del Magdalena

El Magdalena está de capa caída en el Congreso. Como contó La Silla, todo indica que el departamento se va a quedar sin senadores. Además, según tres fuentes independientes, en el Magdalena las campañas están muy frías, en parte porque no hay mucho dinero y en parte porque todos están pendientes de qué pasará con la alcaldía, que además tiene bastantes recursos para ejecutar este año.

Para la mayoría de grupos políticos rivales de Caicedo, una suspensión sería una victoria política, que podrían reivindicar en las elecciones. Pero sobre todo hay dos que podían salir ganadores.

Uno, según se dice en el Magdalena, es el grupo político de Sergio Díaz - Granados, el presidente del partido de La U y quien es muy cercano a Santos. Lo que se rumora es que si el Gobierno pierde el pulso y tiene que poner un encargado, Díaz - Granados podría jugar un papel clave, como ocurrió cuando Manuel José Bonnett fue encargado de la gobernación en 2011.

El efecto también se sentiría en el Partido Liberal, en el que Caicedo no tiene mucho músculo. El grupo de los Vives, que lo apoyó en campaña, se ha venido distanciando. Primero, porque Caicedo no les dio juego burocrático y luego, porque no quiso apoyar la candidatura de Raúl Vives Lacouture, hermano y heredero del parapolítico Luis Eduardo Vives, en el liberalismo. Entonces Lacouture terminó con los azules.

Pero otra parte de la familia Vives sigue en el liberalismo y precisamente el más beneficiado podría ser el grupo liberal que lidera el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral José Joaquín Vives (primo en segundo grado de los Vives Lacouture), y que tiene al ex diputado Francisco Porto Infante(cercano al gobernador Cotes) como candidato a la Cámara. Si Caicedo resultara suspendido y fuera necesario conseguir un reemplazo con una terna liberal, ellos podrían intervenir y terminar con un alcalde más cercano, ya que tienen mucha fuerza en el directorio regional.

Su obstáculo es que Simón Gaviria, recién reelegido presidente del partido Liberal, sí ha apoyado a Caicedo y podría intervenir para que la terna fuera más caicedista.

De hecho, aunque el grupo de Caicedo decidió no llevar a nadie al Congreso a pesar de que sonó su secretario de gobierno Rafael Martínez, en Santa Marta se habla de una alianza en ciernes con el cesarense Pedro Muvdi, que quiere saltar al Senado y tiene el apoyo de Gaviria.

Por todo lo que está en juego para la política del departamento es probable que en los próximos días aumente la presión sobre el Gobierno para que reverse su decisión y acate la solicitud del Contralor. Si el Presidente, como en tantos otros casos, se echa para atrás también le quedaría más fácil mantener su argumento de que no tiene margen de discrecionalidad para cuestionar la decisión del Procurador en el caso de Gustavo Petro.

La suspensión

Las similitudes entre los alcaldes de Santa Marta y de Bogotá son muchas. Desde que ambos son los dos únicos alcaldes de ciudades capitales con un pasado guerrillero hasta que juntos han dado peleas valientes contra la mafia. Caicedo, como Petro, también ha tenido muchos problemas para conformar su gabinete y le va mal en las encuestas.

Ahora surge esta nueva coincidencia que complica aún más la decisión que tendrá que tomar el gobierno en las próximas semanas sobre la decisión del Procurador de destituir a Petro, si es que -como se anticipa- Alejandro Ordóñez ratifica el fallo de su procurador delegado contra el Alcalde de Bogotá.

Porque más allá de las particularidades de cada caso (y de sus diferencias: en uno se trata de una suspensión y en el otro de una destitución; en el de Caicedo los procesos del órgano de control hasta ahora inician y en el de Petro están terminado), al fina, la explicación legal que utilizó el ministro del Interior el viernes para descartar la solicitud del Contralor de Santa Marta será controvertida por los abogados con las sentencias de las altas cortes.

Así, la discusión probablemente volverá al terreno político y ahora el Alcalde de Bogotá tendrá un nuevo argumento para poner al Presidente contra las cuerdas.