Las multinacionales, a montar a los pequeños mineros en la locomotora

Empresas como Gran Colombia Gold y la productora de carbón Milpa han comenzado proyectos de formalización de pequeños mineros que trabajan en sus zonas de explotación.

Más de la mitad de las operaciones mineras en Colombia funcionan hoy sin ningún tipo de título minero. Por eso, tras más de dos décadas de iniciativas poco exitosas, la formalización de la minería de hecho o tradicional sigue siendo uno de los mayores escollos para que la locomotora minera del gobierno de Juan Manuel Santos ponga el pie en el acelerador.

El Ministro Federico Renjifo reactivó un plan de formalización diseñado por Carlos Rodado, primer Ministro de Minas de Santos. Foto: Juan Pablo Pino

El viceministro de Minería Henry Medina y el director de formalización Carlos Cante son los funcionarios a cargo del proyecto.                        Foto: www.minminas.gov.co

Para conseguirlo, el Ministerio de Minas y Energía quiere impulsar un modelo en el que se asocian los mineros informales con las grandes y medianas empresas del sector, que permitiría regularizar la situación de miles de mineros y barequeros que trabajan en la informalidad, mejorar las condiciones de vida en estas zonas mineras y desincentivar las técnicas nocivas para el medio ambiente.

Esta idea nació con el nombre de “Plan Padrino” durante la gestión de Carlos Rodado, pero llevaba un año paralizada hasta que se reactivó oficialmente durante una reunión este lunes entre el ministro Federico Renjifo y las grandes empresas del sector, que están agrupadas en la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE). 

Para que funcione primero tendrán que convencer a muchos de los pequeños mineros, que no necesariamente ven con buenos ojos el hecho de que la propuesta de formalizarse tenga que pasar por trabajar con las grandes mineras, dueñas en muchos casos de los títulos en las zonas donde trabajan.

Los mineros artesanales y tradicionales, que se sienten excluidos de locomotora minera que Santos inauguró desde el primer día de su Gobierno, quieren que el presidente deje de comparar la minería informal con la ilegal y les diga con claridad si ellos podrán beneficiarse del boom minero o si solo las multinacionales mineras podrán aprovechar la bonanza.

La idea del Gobierno consiste en replicar en todo el país dos proyectos de formalización que el Ministerio considera exitosos: el de Gran Colombia Gold, la mayor productora de oro en el país, en Antioquia y Caldas, y el de la mediana productora de carbón Milpa S.A. en Samacá (Boyacá).

“Este modelo implica que los mineros tradicionales confíen en la empresa que tiene los títulos y que las empresas cedan un poco de rendimiento para trabajar con las comunidades locales. Es una estrategia de gana-gana para ambos”, le dijo a La Silla Henry Medina, viceministro de Minería.

El razonamiento del Ministerio es que todas las partes involucradas se verían beneficiadas. A las empresas les convendría porque pueden mejorar el control sobre las áreas donde tienen títulos y acercarse más a las comunidades locales. Los mineros artesanales y tradicionales pueden beneficiarse de un aumento en el número de empleos formales, una producción más tecnificada, un mayor grado de afiliación a la seguridad social y una mejoría de sus condiciones de seguridad industrial. Y el Estado podría mejorar las condiciones sociales en algunas regiones y aumentar la recaudación fiscal y de regalías.

“La filosofía del sector de minería a gran escala es que el entorno es vital y que en la medida en que haya inconformismos en éste, se verá afectada la viabilidad de la actividad minera. Este proyecto había caído en el sueño de los justos pero nuestras 14 empresas están decididas a acompañar al Gobierno en implementarlo”, le dijo a La Silla Claudia Jiménez, directora de la SMGE. “Estamos esperando que el Ministerio elabore un manual que defina las reglas de juego, el mínimo de condiciones que deben reunir los mineros y el proceso a seguir”.

Hace dos años la minera canadiense Gran Colombia Gold compró los activos de la liquidada minera Frontino, que había operado en Remedios y Segovia desde 1852 pero que había dejado de hacerlo tras declararse en quiebra en 1977. Al llegar a estos dos municipios mineros del nordeste antioqueño, Gran Colombia Gold encontró que unos 5.000 mineros informales y artesanales venían trabajando en la zona donde se encuentran sus títulos mineros.

Las 14 empresas del Sector de Minería a Gran Escala (SMGE) que lidera Claudia Jiménez han manifestado su interés en el proyecto.                    Foto: La Silla Vacía

La minera canadiense Gran Colombia Gold, que lidera la ex Canciller María Consuelo Araújo, fue una de las primeras en lanzar un proyecto propio de formalización. Foto: Juan Pablo Pino

Así que la empresa que lidera la ex Canciller María Consuelo Araújo comenzó a dialogar con los mineros de la región y a proponerles un esquema productivo asociado que les permitiera formalizarse.

Hasta la fecha han firmado 30 contratos de operación con asociaciones, cooperativas y familias de mineros que operan en esta zona de Antioquia. Además han firmado otros 22 contratos en Marmato (Caldas), donde comenzaron a trabajar tras fusionarse en 2011 con la firma Medoro Resources. En total, 3.200 mineros se han vinculado a Gran Colombia Gold mediante esta iniciativa, que ellos denominan encadenamiento productivo.

Estos contratos estipulan que los pequeños mineros deben entregar a Gran Colombia Gold el mineral, para que sea procesado en la planta de la empresa. Este mecanismo permite, según la compañía, aumentar el nivel de recuperación de oro de un 60 por ciento -del proceso con mercurio en la minería informal- a un 75 por ciento con la tecnología de la multinacional. Luego los ingresos se reparten entre la empresa y la asociación o cooperativa de mineros, según un porcentaje variable que La Silla no pudo establecer.

“Es un negocio rentable para nosotros y para ellos, tanto en términos de ingresos como de condiciones sociales. Nosotros vemos una relación directa entre este proceso de formalización y ser vistos como socios comunitarios y aliados en la región, y no como intrusos”, le dijo a La Silla José Ignacio Noguera, vicepresidente de sostenibilidad de Gran Colombia Gold.

A cambio, la compañía les exige varias condiciones: que los pequeños mineros constituyan sociedades legales -con la ayuda del equipo de recursos humanos de la empresa-, que todos los trabajadores estén afiliados a la seguridad social, que cumplan el plan de manejo ambiental de la multinacional y que mejoren sus prácticas de seguridad ocupacional y riesgos profesionales.

“No es un proceso ni corto ni fácil, porque va desde la identificación de las minas dentro de la zona del título y la apertura de canales de comunicación con los mineros que las operan hasta la constitución de las sociedades legales que los agrupan y la obtención las autorizaciones para la compra de explosivos en Indumil. Es más lento del que uno cree, pero realmente se puede replicar en otras zonas del país”, dice Noguera. La empresa estima que aún les queda por formalizar a otros 2.000 mineros entre Caldas y Antioquia.

La analista María del Pilar Pardo es una de las expertas en minería que más ha insistido en la importancia de una política de formalización.

Pero fundamentalmente los mineros artesanales quieren continuar con los procesos de formalización que ya habían comenzado y hacerlo de manera directa con el Gobierno. “Muchísimos mineros llevan pidiendo sus títulos diez años y no han recibido ninguna respuesta, mientras en esas zonas después se les concedieron títulos a las mineras. Estamos apuntándole aún a lograrlo mediante los laboratorios de formalización de títulos mineros que propusimos y que ya habían comenzado a andar”, dice Ramírez.

Para Conalminercol, las soluciones deberían apuntar a formalizar la actividad en zonas reconocidas como ancestralmente mineras y no condicionarlos a asociarse a empresas de mayor tamaño del sector. Además piden que se discuta en medio de un ambiente que no busque el desprestigio de la pequeña y mediana minería, que ellos ven en medidas como el decreto que ordena la destrucción de maquinaria en operaciones sin título minero o sin licencia ambiental.

El tema de la sostenibilidad de la iniciativa es otro de los puntos que más preocupa a algunos expertos en minería. “Es la primera vez que veo que en Colombia una empresa decida resolver el problema dentro de su título minero. Podría ser un modelo que funciona, ¿pero qué tan sostenible, duradero y permanente es este esquema?”, le dijo a La Silla María del Pilar Pardo, una analista independiente que ha investigado la minería de hecho.

“Si el precio de los minerales comienza a bajar por factores como la desaceleración económica de China, ¿que sucederá con esos trabajadores? ¿O si la empresa decide que debe reducir sus operaciones o que se va a trabajar a otra zona? La asociación se queda ahí”, señala la analista, quien fue directora de ecosistemas en el Ministerio de Ambiente durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Para Pardo, parte central del problema es que la gran mayoría de iniciativas de formalización -en todos los gobiernos desde el de César Gaviria- se han quedado cortas porque han sido mal diseñadas desde el comienzo. Sobre todo porque todas fueron pensadas como medidas temporales, pero no se ha formulado ninguna política pública para el sector.  “Se han hecho cientos de intentos para formalizar la minería de hecho, desde normas en el Código minero hasta paquetes de incentivos, pero al final no dan resultados y nunca se evalúa por qué no funcionaron”, añade.

La mayoría de mineros pequeños y artesanales están de acuerdo en buscar una estrategia para salir de la informalidad. Queda por ver si aceptan una que los condiciona a hacerlo de la mano de las empresas que poseen los títulos en las zonas donde trabajan actualmente.