Las Pavas, un Premio Nacional de Paz que pisa callos

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Las 123 familias campesinas de Las Pavas recibieron anoche el Premio Nacional de Paz en reconocimiento por su lucha no violenta por recuperar sus tierras en el sur de Bolívar. Foto: Juan Pablo Pino

Anoche las 120 familias campesinas y desplazadas que llevan una década reclamando sus tierras en la Hacienda Las Pavas ganaron el Premio Nacional de Paz. La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) recibió el premio porque, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, “son un modelo, como pocos, de resistencia pacífica ante la acción de los violentos”, que le han apostado a resolver su caso por la vía legal y sobreponiéndose al acoso permanente de los palmicultores que ocupan sus terrenos en El Peñón, en el sur de Bolívar.

Pero pese a los elogios de Santos y el simbolismo del caso, lo cierto es que Las Pavas está en el centro de la crisis por la que atraviesa la progresista política de tierras que impulsaron Santos y su primer ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y del remezón de funcionarios en el Incoder, que es su pieza angular.

La transformación del campo y la restitución de tierras, dos de las banderas del Juan Manuel Santos, pueden verse en entredicho por los dilemas actuales del sector. Foto: Juan Pablo Pino

La política de tierras que diseñó el ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo está pisando callos que el Gobierno ya parece no estar tan seguro de querer pisar. Foto: Juan Pablo Pino

Miriam Villegas salió del Incoder porque muchas de las investigaciones que esta entidad lideró resultaron incómodas para el Gobierno. Foto: La Silla Vacía

Una de las primeras decisiones de Rubén Darío Lizarralde al llegar al Ministerio de Agricultura fue sacar a la gerenta del Incoder Miriam Villegas, que era considerada la 'cuota campesina' en el Gobierno y una experta en temas rurales.

En esa misma época salió su número dos Jhenifer Mojica, quien era la subgerenta de tierras y la encargada de muchas de las investigaciones del Gobierno de Santos en temas como apropiación irregular de baldíos de la Nación o de acumulación indebida de antiguos baldíos. Un par de días después de que Mojica renunciara, la Procuraduría la inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos porque al parecer se quedaba corta en semanas de experiencia para asumir el segundo cargo más importante en el tema de tierras.

Lo que no se había contado es que esa decisión la tomó la Procuraduría partiendo de una queja que presentó en abril de 2011 el empresario José Ernesto Macías, el dueño de Las Pavas y el propietario de la hacienda cuya investigación lideró precisamente Mojica.

El proceso entero quedó paralizado porque, por más que los campesinos de Las Pavas hayan ganado el Premio Nacional de Paz, el Incoder tiene las manos atadas. Tres de los predios de la hacienda ya tienen lista la extinción de dominio por no estar cultivados y los otros 11 -que son baldíos del Estado- ya pueden ser recuperados, pero dos demandas de Macías lo frenaron y están pendientes en el Consejo de Estado.

Macías no es el único empresario que ha intentando frenar un proceso interponiendo quejas contra los funcionarios del Incoder. Germán Efromovich, el presidente y mayor accionista de Avianca Taca, denunció penalmente a Villegas, a Mojica y a Silvio Garcés -otro alto funcionario del Incoder- a raíz de la investigación que lideró esa entidad sobre la Hacienda Bella Cruz, que él le compró a la familia Marulanda y que abarca predios que aún son baldíos propiedad de la Nación.

“A medida que van avanzando los procesos de restitución, que pisan callos e intereses, se ve cómo se han desatado un sinnúmero de acciones judiciales y de presiones”, le dijo a La Silla el ex ministro Juan Camilo Restrepo. “Este [el de las Pavas] es uno de los casos más emblemáticos y un paso muy importante en la defensa de la política de tierras, pero detrás hay más de 1500 procesos que están avanzando y que ojalá no se vean frenados por todo tipo de recursos dilatorios y presiones a los funcionarios que los llevan”.

Por lo pronto, el Incoder sigue sin cabeza visible y los candidatos propuestos han sido vetados por los conservadores o por la propia Presidencia. Quien está encargado es el nuevo vice de desarrollo rural Aníbal Fernández de Soto, pero como lleva solo un mes en el cargo y está estrenando un área que no existía, es difícil que pueda apersonarse de la entidad. Además, todavía no hay subgerente de tierras y el nuevo secretario general lleva una semana. Tres expertos en temas de tierras le confirmaron a La Silla que muchos procesos están paralizados por la interinidad.

Jhenifer Mojica, la funcionaria que lideró la investigación sobre Las Pavas, salió tras una investigación de la Procuraduría cuyo origen fue una queja del propietario de la hacienda. Foto cortesía de Incoder.

El Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, está a punto de presentar el proyecto de ley de baldíos, que mostrará cómo resuelve el Gobierno el dilema de los cacaos o el campo. Foto: Juan Pablo Pino

Las 123 familias que viven hacinadas en el corregimiento de Buenos Aires, en El Peñón, nunca han tenido papeles de la finca que reclaman porque siempre fueron terrenos abandonados. Sobre el papel su dueño era Jesús Emilio Escobar, un tío del narcotraficante Pablo Escobar que nunca las explotó, de manera que en 1997 ellos ocuparon la hacienda y comenzaron a sembrar yuca, plátano y ñame.

En 2003 los campesinos de Las Pavas fueron desplazados por un grupo paramilitar y, pasado un año, intentaron regresar. Al volver, le solicitaron formalmente al Incoder la extinción del dominio a tres de los predios -por no haber sido explotados nunca- y pidieron que les titularan once más, que aún aparecían como baldíos. El Incoder inició el proceso tras verificar que los predios eran aptos para reforma agraria.

Pero de nuevo llegaron las amenazas y los campesinos tuvieron que salir. Mientras estuvieron desplazados, la tierra cambió de manos. De Escobar pasó a CI Tequendama y Aportes San Isidro, empresas del empresario barranquillero José Ernesto Macías y el grupo Daabon (de los empresarios samarios Dávila Abondano), que luego le vendió su parte a Macías. Como contó hace dos años La Silla, ambos forman parte de la lista de quienes recibieron millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro y también de la de aportantes al referendo que buscaba un tercer período de Álvaro Uribe.

En 2009 los campesinos decidieron retornar a Las Pavas, pero fueron desalojados por la Policía gracias al fallo de un juez de Mompox a raíz de que los empresarios los demandaron por ocupación ilegal.

Dos años después, volvieron y se instalaron en los límites de la hacienda. Esta vez, acompañados por una sentencia de la Corte Constitucional que le ordenó al Gobierno reconocerlos como víctimas del desplazamiento, reabrir sus procesos de titulación y frenar su desalojo hasta que el caso se resuelva. Aún así, a finales de 2011 la Fiscal General Viviane Morales los señaló de ser “falsos desplazados”, una acusación que tardaron en quitarse de encima.

Desde su retorno han tenido que convivir con el acoso verbal y el hostigamiento de los trabajadores de la empresa palmera, que han destruido sus cambuches y sus cultivos, según lo han denunciado el Ministerio de Agricultura, el Incoder y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que lidera el padre jesuita Francisco de Roux. Y que los provocan cada vez que entran o salen de su campamento, cruzando el portón de madera que Aportes San Isidro construyó en la servidumbre.

Todos estos cuentos que ellos han capturado en los cantos vallenatos que han hecho famoso a algunos de ellos, como Edwin Torres -el “Monchi Pavero”-, y que los tienen nominados a los Premios Shock este fin de semana.

Es por este historial de provocaciones y hostigamientos que el jurado del Premio Nacional de Paz, que presidió la internacionalista Socorro Ramírez, hizo énfasis en “la necesidad de rodear de apoyo a comunidades en peligro en su lucha por la tierra y la defensa de sus derechos a través de vías absolutamente pacíficas y legales; y llama al Estado y a la sociedad a no dejar solos a estos campesinos, a protegerlos y a exigir que cesen diversas formas de intimidación que cada día reciben”.

Y es que el de Las Pavas es un caso de restitución de tierras que reúne muchos de los problemas y las complejidades de la política de tierras en Colombia.

Debido al historial de amenazas, desplazamiento y despojo, el caso está en la Unidad de Restitución, aunque esta zona aún no ha sido microfocalizada y el proceso todavía se demorará. Como se trataba de terrenos abandonados, el Incoder arrancó un proceso de extinción de dominio y además los campesinos iniciaron un proceso de titulación que quedó congelado durante el gobierno de Uribe. Al tener estos predios un origen de reforma agraria, las empresas que hoy los poseen estarían acumulando antiguos baldíos indebidamente. Y también han incurrido en problemas de gestión ambiental, ya que en 2011 el Ministerio de Ambiente determinó que las empresas habían secado ríos de manera irregular.

A pesar de esto, en el auditorio del Museo Nacional donde se les entregó el premio a 14 de ellos -en medio de sus cantos- el Gobierno brillaba por su ausencia. Los únicos altos funcionarios eran el Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez e Iris Marín, la subdirectora de la Unidad de Víctimas.

Tan complicado es el historial de estos predios que los campesinos de Las Pavas solamente fueron reconocidos como víctimas por la Unidad de Víctimas este martes, justo después de que se conoció que habían ganado el premio, en una ceremonia en que su directora Paula Gaviria dijo que “no le tenemos miedo a reconocer los errores del pasado y mucho menos a solucionarlos”.

Ahora, ya reconocidos los errores del pasado, el Gobierno de Santos tendrá que decidir cómo solucionárselos a los campesinos de Las Pavas y dejar de espantarse con el cuero del tigre que ya mató.

Este es el video sobre Asocab que prepararon el Premio Nacional de Paz y la documentalista Margarita Martínez, y que incluye los cantos del "Monchi Pavero"