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Esta semana, tras dos semanas de polémica alrededor de la supuesta venta de un fallo de tutela por el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, el Gobierno terció en el debate pidiendo su renuncia. Esa solicitud alineó al Gobierno con un amplio sector de la opinión que está escandalizado con lo parece ser otra olla podrida de la justicia, pero también le facilita tener un Registrador y una Corte más afín, justo cuando el aterrizaje del proceso de La Habana puede necesitar del apoyo de esas dos instituciones.
Lo que gana Santos si logra que Pretelt renuncie
Esta semana, tras dos semanas de polémica alrededor de la supuesta venta de un fallo de tutela por el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, el Gobierno terció en el debate pidiendo su renuncia. Esa solicitud alineó al Gobierno con un amplio sector de la opinión que está escandalizado con lo parece ser otra olla podrida de la justicia, pero también le facilita tener un Registrador y una Corte más afín, justo cuando el aterrizaje del proceso de La Habana puede necesitar del apoyo de esas dos instituciones.
Hasta el martes pasado, cuando el escándalo ya llevaba semana y media de acaparar titulares y tener a la Corte en la interinidad, el gobierno había dejado que las cosas siguieran su curso.
Pero ese día el Ministro de Justicia Yesid Reyes, quien suele intervenir poco en asuntos públicos, desde Viena (Austria) le pidió a Pretelt que renuncie. “Creo que llegó el momento de que el magistrado Pretelt, aun cuando no tenga ninguna obligación jurídica de hacerlo, se aparte de su condición de magistrado de la Corte para enfrentar los problemas que tiene sin que salga salpicada la Corte”, dijo.
Al día siguiente Juan Fernando Cristo, el ministro de Interior, reiteró el llamado y el viernes Reyes insistió.
Con esas manifestaciones del ministro de la política y el encargado de manejar las relaciones con las Altas Cortes quedó claro que el gobierno quiere que Pretelt se vaya. Y aunque el Presidente Juan Manuel Santos no se ha pronunciado al respecto, es muy improbable que esas manifestaciones sean sin su consentimiento.
Sobre todo porque si al final el Gobierno logra que Pretlet renuncie (algo que por ahora el magistrado rechazó aunque pidió una licencia de dos meses), habría ganado en dos frentes muy importantes.
Los votos, siempre los votos
El primero es en la Registraduría. El período del actual registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez vence en diciembre de este año, justo después de las elecciones. Su reemplazo será quien organice las de 2018, Sánchez no puede reelegirse y por eso se viene otro pulso de poder.
Además, quien llegue puede tener una incidencia directa en el aterrizaje de la paz, especialmente si hay que organizar elecciones para las circunscripciones especiales que se han acordado en La Habana, para elegir el órgano transitorio del que ha hablando Timochenko para validar los acuerdos, para eligir una constituyente como la que han pedido las Farc y el uribismo o para hacer un referendo más adelante.
Desde ya suenan varios nombres. Se dice que el ex viceminitsro de Justicia Guillermo Reyes González (quien fue magistrado conservador del Consejo Nacional Electoral y ya fue candidato azul a la Regsitraduría en 2007) es la carta conservadora y uribista. Del otro lado suena el ex magistrado liberal del CNE Antonio José Lizarazo, y también se ha mencionado al abogado rosarista y ex magistrado del CNE Fernando Mayorga como candidato de Sánchez.
En esa definición Pretelt es clave, porque el Registrador es elegido por los presidentes de las tres altas cortes de una lista de interesados a la que se puede inscribir cualquier persona que cumpla con los requisitos (como ser abogado con 20 años de experiencia profesional y no haber sido elegido a ningún cargo ni haber eprtenecido a un directorio político en los dos años anteriores al nombramiento)..
Aunque en los últimos años la selección se ha hecho después de un proceso de selección por méritos, con revisión de hojas de vida y pruebas técnicas, hay margen para una decisión política: en la elección pasada, cuando Sánchez resultó reelegido, 300 de los mil puntos con los que se calificó a los aspirantes dependían de una entrevista con esos tres presidentes.
Como contó La Silla este año la definición del presidente del Consejo de Estado fue muy accidentada este año por ese trasfondo, que le da un valor inusual al cargo normalmente más ceremonial de ser presidente. Aunque normalmente el vicepresidente de un año es elegido presidente al final, como se necesita una mayoría de dos tercios de los miembros, ni liberales (con Martha Teresa Briceño) ni conservadores (con el vicepresidente William Zambrano) lograban quedarse con el cargo.
Al final la decisión no se tomó antes del final de enero, que es cuando se acaba el período de los presidente y hay que elegir al nuevo, sino el 3 de marzo, tras casi 200 rondas de votación y con la decisión de elegir a un tercero que no estaba en la pelea, el sucrense Luis Rafael Vergara Quintero.
Eso dejó el voto del Consejo de Estado en manos de un liberal externadista. El de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, quien si bien tiene orígenes liberales también es cercano al procurador Alejandro Ordóñez, quien nombró a su esposa como Procuradora Judicial).
Por eso, el tercer voto, que es el del presidente de la Corte Constitucional, se ha vuelto trascendental.
Eso también está en el trasfondo del debate de si Pretelt puede tomar esa presidencia o si María Victoria Calle lo va a reemplazar por lo que queda del año. Como Calle es liberal y cercana a César Gaviria, la pele no es de marca menor. Y una renuncia de Pretelt a la Corte la zanjaría de raíz.
Una Corte para la paz
El otro frente en el que ganaría Santos es en la conformación de la Corte Constitucional.
Resulta que Pretelt ocupa una de las tres sillas en la Corte que vienen de ternas presidenciales. En su caso, llegó a la Corte en 2009, ternado por su amigo Álvaro Uribe, y su período va hasta el 2017, cuando cambia la mayoría de magistrados.
Eso se suma a la salida, del magistrado Mauricio González, quien también llegó ternado por Uribe y en octubre cumple su período de ocho años.
Eso significa que si Pretelt renuncia Santos tendría la posibilidad de poner dos fichas en la Corte en lo que queda de este año, justo a tiempo para la eventual revisión un acuerdo de La Habana o de sus desarrollos.
Por ejemplo, si hay un referendo para refrendarlos en octubre, la Corte tiene que revisarlo antes de que la gente vote.
Hoy la Corte tiene un equilibrio fluctuante entre liberales (más cercanos a la posición de Santos en la paz) y conservadores, como se vio en el caso de la adopción igualitaria.
Por eso, los dos cambios pueden definir todo. Si Santos arma ternas de defensores del proceso, el ala conservadora perdería el voto seguro de Pretelt y la posibilidad de tener el de González, que a veces vota con los conservadores y otras con los liberales.
Por eso la salida de Pretelt no solo es un asunto de moralidad pública, desprestigio de la justicia y presunta corrupción.también es una decisión de alta política.
