Lo que se sabe (y lo que no) del Fondo para Buenaventura

¿Quién manda en el Fondo?

Aunque en el proyecto de ley que se radicó ayer quedó establecido como estará conformada la junta que administrará el fondo y por primera vez, la comunidad tendrá voz y voto en ese espacio, quedó pendiente un tema clave: quiénes de la comunidad podrán aspirar a quedarse con esos puestos.

Según el texto, la junta estará integrada por 14 personas: siete miembros del Gobierno Nacional (el Presidente de la Junta será el Ministro de Hacienda), el Gobernador del Valle (por ahora y hasta el 2019, Dilian Francisca Toro), el Alcalde de Buenaventura (por ahora Eliecer Arboleda, ahijado político de la Gobernadora) y cinco miembros de la comunidad que serán elegidos y coordinados por el Comité Cívico que lideró el paro en Buenaventura.

Esa repartición no estuvo libre de conflicto. Durante los últimos tres días en que el Gobierno y los miembros del Comité Cívico estuvieron discutiendo cómo quedaría redactado el proyecto, el debate se centró en cuántos puestos tendría cada uno.

Por el lado del Gobierno, el debate lo lideró el gerente del Plan Todos Somos Pazcífico, Luis Alfonso Escobar y por el lado del Comité estuvieron el padre y director de la Pastoral Social, Jhon Reina, el exconcejal del Polo, Víctor Vidal y la lideresa Judith Segura. Lo que estaba en juego era cuál de los dos tendría la mayoría de votos para tomar las decisiones sobre cómo se gastará la plata.

La Silla supo que inicialmente el Gobierno pidió por 8 puestos, argumentando que como el fondo se nutrirá de recursos públicos, ellos tienen la responsabilidad en el gasto. Al final, ganó la fórmula 7-7, en la que hay siete miembros de la nación y 7 de los territorios pero sólo cinco son para los miembros que elija el Comité.

Según el texto, la elección se hará de forma democrática y por ahora sólo se garantiza que uno sea para un representante de las comunidades afro y otro para los indígenas.

Los otros tres puestos por ahora no necesitan cumplir ningún requisito y la última palabra la tendrá el Comité que está integrado por 119 organizaciones sociales, étnicas, sindicales, gremiales, de defensa de derechos humanos y eclesiales. Todos ellos ahora tendrán que ponerse de acuerdo en cinco nombres.

“El principal reto es que la comunidad tenga la grandeza de entender que ya no estamos en paro y que se deben incluir a todos los sectores posibles en el mecanismo”, le dijo a La Silla una fuente que estuvo al tanto de la negociación pero que pidió la reserva de su nombre.

Como si eso fuera poco, esos puestos quedaron expuestos a los cambios que proponga el Congreso y que pueden imponer requisitos para los tres que no tienen. Y que, en últimas, pueden terminar beneficiando a grupos políticos que tienen interés en ganar espacios políticos en Buenaventura.

"En el Congreso, uno mete una camisa pero le puede salir con botones”, agregó la fuente.

Esa opción no parece descabellada sobre todo en vísperas de elecciones y cuando varios grupos políticos como el de la Gobernadora del Valle (que tiene tres congresistas), el senador Liberal Edinson Delgado y el senador del Polo Alexander López han mostrado interés en participar en los acuerdos del paro.

“Todo está en la conformación de la junta, la puja va a estar ahí. Hay sectores políticos que no se recogen en el Comité y los congresistas pueden buscar algún tipo de incidencia en esos cargos. Cada quien buscará algo”, agregó la fuente.

¿De dónde saldrá toda la plata?

Otro punto clave del proyecto de ley es el que define cuáles serán las fuentes que nutrirán el Fondo que por ahora, está pensado a 10 años. Sin embargo, ninguna de las fuentes que quedó es fija, salvo las que ya se habían acordado en el marco del paro.

El texto del proyecto dice que el fondo se alimentará de seis fuentes: las partidas del Presupuesto General de la Nación o recursos del crédito; los recursos propios que quieran aportar la Gobernación y la Alcaldía para ayudar a financiar proyectos; recursos de créditos que celebre la Nación con organismos multilaterales u otros gobiernos; donaciones tanto nacionales como extranjeras; recursos de cooperación y ‘otros’.

Todos estos se sumarán a los recursos que ya se comprometió a poner el Gobierno para los próximos dos años: 1.5 billones de pesos que se gastarán en las obras priorizadas en el paro como una ciudadela hospitalaria en Buenaventura (que costará unos 240 mil millones de pesos), la primera fase del plan maestro de alcantarillado (350 mil millones) y la unidad de cuidado intensivo en el Hospital Luis Ablanque de la Plata ($12.500 millones).

La mayor parte de esos recursos vendrán del presupuesto general de la Nación y que, según una fuente del Gobierno, “ya están previstas” con fuentes claras para el 2017, recursos del presupuesto de 2018 que se presentará en septiembre y vigencias futuras para 2019.

Además, se complementan con los 76 millones de dólares (unos 235 mil millones de pesos) de un crédito externo que el Gobierno se comprometió a conseguir. Y 200 mil millones (repartidos en paquetes de 20 mil millones anuales) de obras por impuestos con los que se crearía el Fondo y que provienen del 50 por ciento del impuesto a la renta que pagan todas las empresas que estén constituidas en Buenaventura, incluyendo los puertos.

En otras palabras, el Fondo tiene recursos asegurados para los próximos dos años pero solo un poco más de 400 mil millones para el resto de los 8 años en el que estará vigente. Eso, si el próximo Presidente acepta a meter esos recursos en el presupuesto general de la nación que se hace cada año. 

¿En qué se gastará la plata?

El fin último del Fondo es cerrar las brechas de pobreza en el principal puerto sobre el Pacífico donde el 64 por ciento de la población urbana y el 91 por ciento de la rural son pobres mientras el 9.1 por ciento viven en condiciones de miseria. Además, la mitad de la población se reconoce como víctima del conflicto armado.

Para eso, los recursos del Fondo se invertirán en proyectos que atiendan las necesidades más urgentes del Distrito que se establecerán en un Plan Especial de Desarrollo Integral que está pensado a 10 años. Serán proyectos que tienen que ver con varios temas como salud, educación, agua potable, medio ambiente, atención a las víctimas, entre otros. Y aunque por ahora hay priorizados algunos proyectos que se mencionaron en el punto anterior, no sólo falta estructurar esos sino los que están por venir. Y eso toma tiempo.

“No sabemos cómo va a quedar el plan de desarrollo y de eso depende el plan de inversión en el que anualmente se comprometerán los recursos”, le dijo a La Silla una fuente que estuvo al tanto de la negociación.

Además del trámite en el Congreso que se demorará por lo menos un mes y medio (porque tiene mensaje de urgencia de Presidencia), la elaboración de ese plan, según la fuente, puede demorarse unos 8 meses. Después, hay que hacer los trámites para conseguir el crédito externo, lo que puede tardar un año. Y finalmente, cuando ya estén definidos los proyectos, hay que estructurarlos técnicamente y viabilizarlos y los tiempos para eso dependen de los requisitos de cada uno.

El ejemplo más cercano es el del Plan ‘Todos Somos Pazcífico’ que tiene una estructura similar al Fondo que crea este proyecto de ley. Aunque éste se creó en el 2014 y planea ejecutar un crédito de 400 millones de dólares, sólo hasta hace cuatro meses se desembolsaron los recursos. El trámite ha sido tan lento que sólo hasta la semana pasada se abrió la primera licitación para unos tanques para almacenamiento de agua en Buenaventura. Es decir, casi dos años y medio después todavía no se ha gastado ni un sólo peso.

En el caso del Fondo autónomo de Buenaventura, además, esos tiempos coinciden con un cambio de Gobierno y por eso, pueden quedar sujetos a la voluntad política del próximo ocupante de la Casa de Nariño.