Lo que va del Fiscal Holder a Timochenko frente a las drogas

El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, es el invitado de honor del día en la Casa de Nariño. Foto cortesía de César Carrión - SIG.

Aunque no sea su propósito, el encuentro entre el Fiscal General de Estados Unidos Eric Holder y el presidente Santos esta tarde servirá de antesala para la dura discusión que arranca en una semana en la Habana sobre narcotráfico. Un debate que es relativamente fácil en lo práctico pero que será muy difícil en lo simbólico.

Que la visita de Holder coincida con el comienzo del próximo ciclo de negociación es pura coincidencia pues en realidad el Fiscal de Estados Unidos vino fue a la reunión de Ministros de Seguridad Pública (Mispa) de la OEA, que se realizará en Medellín a finales de esta semana. Pero queda la incógnita de si Holder aprovechará esta reunión con Santos para traer algún mensaje sobre el siguiente punto de la agenda de negociación con las Farc.

Específicamente, sobre los tres temas en la agenda que tienen que ver directamente con Estados Unidos y que podrían avanzar más rápido si cuentan con su guiño: la extradición por narcotráfico, la aspersión de cultivos ilicítos y la sustitución de cultivos ilícitos.

Sobre el tercer punto, la distancia entre las Farc y Estados Unidos es cada vez más corta desde que Barack Obama anunció que estaba dispuesto a abrir el debate sobre la guerra contra las drogas.

“Holder ha liderado un proceso de transformación al interior del sistema de Justicia en Estados Unidos, que se propone concentrar su atención sobre los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, evitando las sanciones penales contra los consumidores y los pequeños traficantes", dijo a La Silla Juan Carlos Garzón, experto en drogas del Wilson Center e investigador para el “Reporte sobre el problema de Drogas en la Américas” de la OEA.

La posición de las Farc, como quedó claro en el último comunicado de Timochenko, es que el narcotráfico debe ser entendido como “un grave problema social”, que no puede combatirse militarmente sino con programas de sustitución de cultivos, planes de desarrollo local de la mano de las comunidades y recuperación ambiental de las zonas afectadas.

Estos programas de sustitución son parte del paquete de desarrollo rural integral acordado en el primer punto de la negociación en La Habana y hay un consenso en que los guerrilleros de las Farc –una vez dejen las armas- serán claves para acompañar el proceso de sustitución de cultivos de coca en las zonas bajo su influencia, que son la mayoría de los sitios productores.

El segundo aspecto, el de la fumigación de cultivos, es un poco más complicado pues en Colombia hay coca en sitios remotos como el Guainía y no será tan fácil para el gobierno colombiano comprometerse a nunca fumigar más. Pero, dado que tantos estudios serios –como contó La Silla- demuestran que los costos de la aspersión son tanto mayores que sus beneficios, al final sobre este punto también se podría lograr una buena negociación.

El tema realmente espinoso tiene que ver con la extradición. Y no tanto porque exista la posibilidad inmediata de que los jefes guerrilleros terminen como los paramilitares en una cárcel gringa sino porque para quedar realmente blindados las Farc tendrían que reconocer el verdadero peso que ha tenido el narcotráfico en su lucha armada y es muy improbable que ellos lo hagan.

Las Farc llegan al próximo ciclo de negociación viendose a sí mismos como voceros y representantes de los cocaleros que han constituído desde hace más de una década su base social. Por eso, pedirán planes de sustitución de cultivos, garantías para los campesinos cultivadores y como mucho, se comprometerán a liderar la transformación de las zonas cocaleras.

Esta concepción está muy lejos de la percepción generalizada en el gobierno de Estados Unidos, en un sector mayoritario de el Establecimiento y en muchos colombianos que los ven a ellos como narcotraficantes (con asoleada en yate y moto Harley incluida). Conciliar ambas “identidades” será el gran reto del próximo ciclo.

La posición de las Farc frente al narcotráfico quedó explicada en el último comunicado del jefe de las Farc.

Timochenko ve la lucha contra las drogas como un invento de Estados Unidos para garantizar que las inversiones producto de la venta de estupefacientes se queden en los bancos gringos; como un instrumento político para justificar la muerte de cuatro millones de vietnamitas; como una poderosa herramienta de control social dentro de sus fronteras (para encarcelar a los negros e inmigrantes); y como una excusa para intervenir en los países del tercer mundo y controlar sus fuerzas militares.

“Colombia es un ejemplo destacadísimo del desarrollo de esa estrategia de dominación”, dice Timochenko.

Bajo esta lógica, el jefe guerrillero no reconoce ninguna responsabilidad de las Farc en el narcotráfico, que según fuentes de inteligencia, equivale a un 35 por ciento de sus ingresos (unos 100 millones de dólares al año).

“Las guerrillas, enfrentadas desde varias décadas atrás al régimen, asentadas fundamentalmente en las áreas campesinas, no teníamos el derecho ni la vocación de volvernos contra la población con miras a prohibirle la única actividad de la que derivaba su pírrica subsistencia”, dice el guerrillero en su carta escrita desde “las montañas de Colombia”.  “Las llamadas operaciones sicológicas, tan difundidas y practicadas en su momento por la CIA, hoy verdaderos instrumentos de propaganda negra en manos de fuerzas militares y policiales dirigidas directamente por el Pentágono, se encargan de sembrar en la mente de la población nacional y mundial las representaciones más sucias en torno a las organizaciones revolucionarias. Dentro de las cuales se destaca nuestra vinculación con el narcotráfico.”

Timochenko dice explícitamente que la guerrilla no está dispuesta a “aceptar las bajas sindicaciones y condenas que trama el Establecimiento” al tratarlas de narcotraficantes.

Si la discusión fuera meramente acerca del lenguaje esto no sería un escollo. Pero política y jurídicamente, la posición de Timochenko es problemática.

Las acusaciones que tienen varios de los jefes guerrilleros por narcotráfico no tienen solución jurídica dentro del Marco para la Paz si no están relacionadas estrechamente con la lucha armada.

Es decir, los guerrilleros tendrán que reconocer que su intermediación en el negocio de las drogas –y no solo el cobro del gramaje a los campesinos- fue un vehículo esencial para pelear su guerra contra el Establecimiento. Solo esto permitirá que este delito sea tratado por la justicia transicional y los blindará de terminar siendo extraditados en unos años como lo fueron los jefes paramilitares.

Varios analistas han dicho que en esta etapa las Farc no pueden llegar a exigir concesiones del gobierno como en los dos puntos anteriores sino más bien tendrán que ofrecer cosas que ayuden a desmantelar el negocio del narcotráfico, como información sobre rutas y sobre los carteles que les compran la droga. Es difícil que ellos revelen esta información.

Pero políticamente sería muy complicado para el gobierno aceptar el discurso de que ellos lo que han hecho es proteger la única economía viable de los campesinos de las zonas de expansión agrícola.

Es una versión difícil de sostener para el Gobierno ante alguien como Holder, que con una sola solicitud de extradición podría poner a temblar el proceso.