Otra sospechosa compra de tierras en La Primavera

En las últimas dos semanas han salido a la luz pública las compras masivas de tierras en Vichada que antiguamente eran baldíos del Estado. Al caso de Riopaila Castilla y de Cargill, se suma ahora el de Contexto Legal. Foto: Juan Pablo Pino

La Primavera, un municipio en el occidente de Vichada y en el límite con Casanare, parecería ser el nuevo destino de moda para hacer grandes proyectos agrícolas. Es allí donde el ingenio Riopaila Castilla compró cerca de 40 mil hectáreas de tierra hace dos años, asesorado por la firma de abogados Brigard y Urrutia. Es allí donde la multinacional estadounidense Cargill compró 39 mil hectáreas, de nuevo asesorada por la firma que lideró hasta el año pasado el embajador en Washington Carlos Urrutia.

Y también es donde los abogados de Contexto Legal, un reconocido bufete de Antioquia, participaron en la compra de 13 mil hectáreas de tierra a nombre de una serie de empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Al igual que en los casos de Riopaila y de Cargill, estos terrenos habían sido baldíos del Estado que fueron adjudicados hace una década a campesinos sin tierra como una medida de reforma agraria.

Estos predios fueron luego comprados de manera fraccionada, una vez más al igual que Cargill y Riopaila, por una serie de empresas relacionadas entre sí y al bufete paisa, como ha venido denunciando en las últimas dos semanas el representante Wilson Arias, del Polo.

El caso de Contexto Legal, al igual que los casos de Riopaila y Cargill, deja entrever algunos de los grandes interrogantes del “chicharrón” de los baldíos, como bautizó el recién nombrado Ministro de Agricultura Francisco Estupiñán a las posibles irregulares en la compra de tierras baldías que están siendo investigadas por el Incoder. Y que podrían precisamente revivir el debate sobre el control al acaparamiento y extranjerización de la tierra, que hace seis meses se había 'varado' en el Congreso.

Tres de los socios de la firma de abogados Contexto Legal aparecen como representantes legales de las diez compañías que compraron 13 mil hectáreas en Vichada.

Desde que asumió el Ministerio de Agricultura, Francisco Estupiñán comenzó a advertir sobre las posibles irregularidades que se han detectado en la compra de antiguos baldíos del Estado. Foto: Juan Pablo Pino

El representante Wilson Arias, del Polo Democrático, ha sido quien ha liderado varias de las investigaciones de baldíos, incluyendo las de Mónica Semillas, Poligrow, Riopaila Castillo, Cargill y Contexto Legal.

Entre octubre de 2010 y marzo de 2011, diez sociedades extranjeras con nombres muy similares -identificables porque la mitad de ellas lleva el sufijo “Wood” y la otra mitad el “Timberland”- abrieron sucursales en Colombia.

Cada una de esas diez empresas, constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, compró luego un predio en La Primavera. La mayoría de estos lotes ronda las 1280 hectáreas, un área justo por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) máxima permitida en esta región, y todos juntos suman 11.494 mil hectáreas de tierra.

Curiosamente, el nombre de cada predio coincide con la primera palabra del nombre de su empresa compradora, por lo que se puede deducir que éstas fueron constituidas con la compra en mente. Por ejemplo, el predio llamado Potosí -de 1.269 hectáreas- fue comprado por Potosí Timberland Holdings Limited. (Vea el cuadro completo)

Entre las diez empresas hay otras similitudes, más allá de los nombres. Todas las sucursales fueron creadas en la Cámara de Comercio de Medellín con el mismo capital inicial de 10 millones de pesos. Y todas tienen a tres de los socios de Contexto Legal -Guillermo Hernán Villegas, Federico Escobar y Gloria Elena Calle- como representantes legales y suplentes, alternándose los cargos según la sociedad.

Asimismo, los diez predios fueron terrenos baldíos que el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) le concedió a campesinos de la zona entre 1998 y 2003, según consta en los registros de la Superintendencia de Notariado y Registro que La Silla consultó. Cada uno de los predios cambió de manos varias veces, hasta que a comienzos de 2012 fue comprado por alguna de las sociedades “Wood” o “Timberland”.

Durante esta última transacción el valor de todos los predios aumentó notablemente. Por ejemplo, el predio La Paz La Libertad -que tiene una extensión de 1.294 hectáreas- fue vendido en 2008 por 1,5 millones de pesos y luego cuatro años después a La Libertad Wood Holdings Limited por 1.294 millones de pesos. Otros pasaron de costar 30 y 40 millones de pesos a superar los mil millones. En total, las diez transacciones suman unos 12.700 millones de pesos.

Varios de los casos de compra de baldíos están siendo investigados en el Incoder que dirige Miriam Villegas, que heredó la tarea de adjudicarlos del antiguo Incora. Foto: La Silla Vacía

Este mapa, que aparece en el informe final de gestión de Juan Camilo Restrepo como MinAgricultura, muestra los municipios con irregularidades en la compra de antiguos baldíos. La Primavera es el penúltimo en el lado derecho.

A pesar de la similitud en los nombres de las diez empresas y de sus representantes legales, la pregunta del millón es quién es el propietario de estas 13 mil hectáreas en Vichada. De la respuesta a este interrogante dependen muchos de los puntos más espinosos que rodean la compra.

El primer problema es que todas están registradas en la isla de Tortola, la más grande de las Islas Vírgenes Británicas y sede de una de las industrias bancarias más sólidas en el mundo de los paraísos fiscales. Las únicas con dirección postal están registradas a un apartado de correos de Road Town, capital de la colonia británica del Caribe. Como se trata de un paraíso fiscal, ahí se estrella cualquier rastreo de papel y es muy difícil establecer quiénes son sus accionistas.

Al no poder identificar a sus accionistas, tampoco es fácil demostrar que se trata de un solo propietario. Y ese dato es clave porque la ley 160 de 1994 que regula los baldíos permite a los campesinos que reciben predios venderlos luego, pero prohibe que cualquier persona acumule más de una UAF en baldíos. Es decir, de 1.300 hectáreas en La Primavera.

Ese es precisamente el punto que tiene enredados a Cargill y a Riopaila, cuyas propiedades en el mismo municipio estarían violando el tope y podrían ser consideradas como acaparamiento de tierras. Estas compras fraccionadas, siguiendo un modus operandi que ya habían empleado empresas como Mónica Semillas y Poligrow en el Meta, podrían terminar en que el Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro pidan la nulidad de la transacción, si se puede probar que se trató de un proceso irregular de titulación.

La alarma por la suerte de los antiguos baldíos en La Primavera es tal que, en su informe de gestión final en el Ministerio de Agricultura, Juan Camilo Restrepo lo incluyó en el mapa de municipios críticos para la recuperación de baldíos.

Brigard y Urrutia -que asesoró a Riopaila en la compra- ha argumentado que si los títulos de las tierras no señalan claramente su imposibilidad de ser acumulados, resulta difícil saberlo y que hay incertidumbre en las reglas de juego.

“Cuando un baldío se adjudica a un campesino deja de ser baldío para convertirse en propiedad privada. El nuevo propietario tiene todo el derecho de venderlo”, dijo Francisco Uribe, el abogado de Brigard y Urrutia que aparece como representante legal de varias de las compañías de Riopaila, en una entrevista con Semana. El problema es que buena parte de las tierras en departamentos como Meta, Caquetá, Vichada o Guainía tienen un origen de baldíos.

Al ser las compañías de las Islas Vírgenes Británicas, también hace muy difícil saber si sus dueños son colombianos. Como la plata que se giró para la compra de las tierras provino de las islas, figura -ante el Banco de la República- como inversión extranjera directa (IED). Y, como contó La Silla, este archipiélago es uno de los ocho paraísos fiscales que suman una cuarta parte de la inversión foránea en el país.

La Silla intentó, sin éxito, comunicarse con alguno de los tres abogados de Contexto Legal que participaron en el registro de las sociedades que compraron de los predios.

El proyecto de ley de Jorge Robledo, Juan Lozano y Hernán Andrade sobre extranjerización de tierras, que lleva dos legislaturas enredado en el Senado, pide controles a la inversión foránea en el campo como prohibir la plata de paraísos fiscales. 

Hace seis meses, tres senadores de diferentes partidos -Juan Lozano, Jorge Robledo y Hernán Andrade- presentaron un proyecto de ley que busca un mayor control de la inversión extranjera en el agro, para evitar la especulación y el acaparamiento.

Esta propuesta, que en su momento generó enorme rechazo por parte de Juan Camilo Restrepo y del Gobierno, sigue esperando debate en la plenaria del Senado y podría contar con mucho más apoyo ahora que hay posibles casos para mostrar.

De hecho, algunas de las ideas de los tres senadores podrían servir para evitar muchas de las preguntas que actualmente rondan las compras en Vichada. Por ejemplo, plantean que los inversionistas extranjeros tengan que cumplir una serie de requisitos para ser compradores de tierras. Entre ellos, que el capital provenga de una persona natural conocida -no de un paraíso fiscal-, que se publique la intención de compra y que se proponga un proyecto productivo como manera de garantizar que no se busca la especulación con lotes de engorde.

La carrera por las tierras en La Primavera podría ser la puntada para volver a poner el debate sobre la mesa.