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Están apareciendo en el Nudo de Paramillo, en donde nunca los habían visto, para advertir que ocuparán espacios que dejen las Farc. Viajamos a la zona donde reinan las bacrim.
Los brazaletes del ELN llegaron al sur de Córdoba
Imagen de una calle en Tierrradentro, un corregimiento del sur de Córdoba, a las puertas del Paramillo, que tiene el nombre bien puesto. La publicidad al SÍ que ahí aparece es de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba que viene haciendo pedagogía en la zona.
Tras preguntar opiniones sobre los acuerdos de paz con las Farc y el plebiscito para refrendarlos a los campesinos que lo escuchaban, el hombre de acento paisa y arma corta al cinto sentenció: “Bueno, nosotros somos los que vamos a estar acá manejando todo de ahora en adelante, en representación del ELN”.
(ELN que “decretó” un paro armado a partir de hoy en siete departamentos que no son del Caribe).
Silencio absoluto. Son casi las únicas siglas de la guerra que les faltaban por probar a los habitantes de Tierradentro, un corregimiento con el nombre bien puesto, en las estribaciones del Nudo de Paramillo, al sur de Córdoba, que centro histórico de prácticamente toda la cadena de producción de la coca ha tenido que padecer la violencia en su orden de la guerrilla del EPL, de las Farc, de los paramilitares, de los paramilitares vestidos de bandas criminales, de las bandas criminales asociadas con las Farc. Pero nunca del ELN. Hasta ahora.
Una de las personas de allí, que lo oyó, cuenta que cerró los ojos y pensó: “Como que ahora se nos vienen más muertos”.
Desde finales de julio, grupos de más o menos ocho hombres armados han ido entre tres y cuatro veces a zonas veredales de Tierradentro y del cercano y parecido corregimiento de Juan José para asegurar que le llegó nuevo dueño al espacio que ocupan en esta zona las Farc, y que va a quedar libre por efectos de la salida negociada con ellas.
Se aparecen portando brazaletes del ELN.
Por versiones de habitantes asustados, la información la conocen en la Defensoría del Pueblo de Córdoba (que emitió un informe de riesgo dos días después de la antefirma de la paz en La Habana), en la Policía departamental, en la Brigada 11 del Ejército que tiene la jurisdicción y en las alcaldías de los municipios de Montelíbano (a donde pertenece Tierradentro) y Puerto Libertador (del que es Juan José).
La Silla viajó a la región a buscar los detalles de la voz de los afectados:
Los supuestos elenos llegan a las veredas, convocan a los campesinos a quioscos comunitarios o a cualquier rancho, preguntan por los acuerdos, preguntan por el plebiscito, en una ocasión criticaron que los guerrilleros de las Farc que se desmovilicen vayan a recibir más plata pública mensual que algunos funcionarios, hablan del comunismo y, claro, hablan del negocio del narcotráfico:
Les anuncian a los cocaleros que les van a pagar un millón de pesos más por el kilo de producto, que actualmente -y desde hace muchos años- ellos venden en dos millones, por lo general a las Farc.
Después se van.
Bajo el yugo aterrador de las bacrim, que son dios y ley en ambos corregimientos, al parecer estas reuniones ya han tenido consecuencias inmediatas para quienes asisten por no tener más remedio:
“No lo vi yo, pero se lo escuché a familiares en Juan José: que después de una de las reuniones, los paracos también los citaron para decirles que estuvieran tranquilos, que ellos iban a seguir controlando, pero que el que diera información de algo al ELN lo iban a matar”, relata un líder comunitario de la zona sobre la reacción que, se comenta, están teniendo los miembros de la banda -dominante- de Los Úsuga (o Los Urabeños, como se llamaban; o el Clan del Golfo, como les llama la Policía; o los gaitanistas, como ellos se autodenominan; o simplemente los paracos, como les dicen los campesinos) frente a esta novedad.
En otro comentario aterrado y en voz baja, un habitante distinto dijo que lo que él había oído es que, por el contrario, los supuestos ELN y las bacrim ya estaban intentando buscar una articulación y que, incluso, ya hubo un primer encuentro en un sector conocido como El Belén.
No suena descabellado. Para narcotraficar en el Nudo de Paramillo, las Farc y las bacrim han tenido una suerte de alianza laboral que consiste en que la guerrilla les compra a los cocaleros los cultivos y luego vende la base de coca a emisarios de las bandas que son los “dueños” de las rutas de salida. Y, en aras de esa transacción, no se matan.
Se enfrentan, en cambio, por otro de los flagelos que azotan al sur cordobés: la extorsión.
Así pasó (y denunció la Defensoría del Pueblo), por ejemplo, el año pasado cuando el comercio de Juan José tuvo que cerrar ocho días seguidos porque las Farc estaban exigiendo para ellos las vacunas que los comerciantes venían pagando a las bacrim.
Precisamente, es la vacuna diaria, semanal o mensual una de las mayores evidencias de la falta de Estado y de la supremacía de la guerra hoy en esta Colombia considerada por tantos de segunda, así necesariamente ese delito no implique el sonido de una bala.
Todo el mundo extorsionado
En Montelíbano y Puerto Libertador todo el mundo está extorsionado. Desde el dueño de la tienda más chiquita (al que le pueden cobrar mil pesos diarios) hasta un funcionario de Alcaldía al que le pueden pedir 50 mil o cien mil pesos.
Un ganadero de Montelíbano dijo que le toca pagar 600 mil pesos semestrales para poder ir a su finca con tranquilidad. Aunque aseguró que todos se negaron a darlos, el alcalde Francisco Aleán Martínez (Cambio Radical) contó por su lado que el año pasado les exigieron de a 300 mil a cada uno de los cuatro candidatos que se presentaron para ocupar su cargo.
En ese municipio de 110 mil habitantes en el que hace 30 años funciona la mina de Cerro Matoso los homicidios están disparados por cuenta de esos cobros a punta de fierro: de dos que se registraron el año pasado van 18 este año.
El mandatario Aleán explicó que muchas de las víctimas lo son porque pusieron resistencia a cancelar la vacuna. “Los otros muertos tienen que ver con distribución de drogas sin permiso de las bacrim, también a vendettas”, agregó.
En Puerto Libertador -más pequeño, de 48 mil habitantes, a hora y media hacia el sur del departamento por un camino en mal estado, en el alto San Jorge- el secretario de Gobierno Rafael Martínez dio otro dato para ratificar con contundencia lo implacable de esta realidad: “Aquí estamos tan extorsionados que nosotros no nos atrevemos a cobrar todos los impuestos a la gente para no afectarlos tanto”.
Este régimen terrorífico es básicamente de las bacrim que, tanto en Montelíbano como en Puerto Libertador, tienen presencia y mandan en el casco urbano.
Mientras, en las zonas rurales han compartido espacio con las Farc, que arrancaron hace varias semanas su preconcentración para entregar las armas en zonas veredales próximas como Gallo (en el vecino pueblo cordobés de Tierralta, en el alto Sinú) y Santa Lucía (en Ituango, Antioquia).
Aquí estamos tan extorsionados que nosotros no nos atrevemos a cobrar todos los impuestos
Aunque no cuenta con alcantarillado pluvial, tiene un déficit de vivienda de 10 mil unidades y el 40 por ciento de sus calles están sin pavimentar, al casco urbano de Montelíbano los 10 mil millones de pesos anuales en regalías que deja Cerro Matoso se le notan en una copiosa vida comercial, en sus parques, en un moderno hospital de primer nivel.
En contraste, Puerto Libertador (que también recibe regalías: unos tres mil millones al año por níquel e hidrocarburos) es menos próspero y quienes más sienten esa falencia son los 28 mil campesinos de la zona rural.
En Juan José, por ejemplo, hay colegio con bachillerato pero no tienen profesores de física ni de química desde hace seis años.
En el resguardo Quebrada Cañaveral, que hace parte de ese corregimiento pero queda a nueve horas de distancia, indígenas emberá katío están hoy bajo alerta de posible brote de tuberculosis y sin médico que los atienda.
La más próspera ahí es la violencia que tiene unas 500 hectáreas sembradas de coca en todo el territorio del municipio para engordar los intereses y el poderío de las bacrim, que hoy además de todo están causando un desplazamiento masivo entre la zona rural y la urbana que comenzó el pasado 21 de agosto por combates con el Ejército.
Treinta y cinco familias han tenido que dejar sus ranchos desde esa fecha luego de enfrentamientos entre Los Úsuga y la Fuerza Pública en cercanías del corregimiento Río Verde, entre Puerto Libertador y el municipio de San José de Uré.
Las víctimas le han contado a la Defensoría del Pueblo, que los está atendiendo, que después de los combates han llegado “los paracos” amenazando con tomar represalias. Este año van cinco desplazamientos masivos en Córdoba por la misma razón.
Camino a Tierradentro
Aunque pertenece a Montelíbano, Tierradentro queda un poco más cerca de Puerto Libertador. A una hora y media si no ha llovido y el camino no está tan malo.
Cuando fuimos, esta semana, había llovido y el camino estaba malo. Nos tardamos dos horas en camioneta pasando por poblados como Villanueva, La Rica, Puerto López, El Santuario y un punto desgraciado en el carreteable en donde hace dos años exactos las Farc masacraron a siete policías.
En un principio, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que habían sido las Farc con Los Úsuga. Luego el bloque Iván Ríos aceptó en un comunicado haber cometido el hecho pero sin alianza con las bacrim.
Minutos antes de llegar a uno de los dos corregimientos en donde -según varios de sus habitantes- recientemente han llegado hombres con brazaletes del ELN a autoproclamarse nuevos amos y señores, y al que las autoridades recomiendan a los periodistas no ir "por prevención", hay un puente que durante muchos años marcó una importante división en una de las tantas guerras que han tenido que padecer los tierradentrenses.
Luego de la desmovilización de las autodefensas entre 2004 y 2006 y el posterior nacimiento de las bacrim (lideradas en buena parte por los segundos y terceros al mando en los paramilitares), de un lado del puente se ubicaron Los Paisas y del otro las Águilas Negras. Se disputaban el territorio. Nadie podía pasar sin riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.
Desde 2011, cuando ambas bandas hicieron un pacto de “paz”, el pueblo vive en tensa calma. Hay policías en una estación atrincherada con sacos de arena pero los uniformados apenas salen para comprar la comida.
Según un líder comunitario, cuando les piden intervenir en algún problema, ellos explican que están ahí “sólo para hacer acto de presencia”. Un asunto que se puede entender luego de la masacre de hace 14 meses.
Quienes tienen injerencia sobre la cotidianidad de los cerca de ocho mil habitantes del pueblo a las puertas del Paramillo son Los Úsuga.
Uno puede ver a los suyos ubicados a lo largo de la vía destapada que atraviesa el corregimiento. En sus motos, con sus armas cortas y miradas inquisidoras.
Según varios habitantes, son ellos los que intervienen, por ejemplo, cuando hay una riña: cobran multas de entre 200 y 300 mil pesos a quienes las protagonizan.
Tierradentro malvive así, entre los ilegales y la falta de Estado. El poblado del que en 2006 salieron más de 100 familias desplazadas luego de una toma guerrillera de las Farc liderada por el frente 58 de ‘Rubén, el Manteco’, cuenta con un médico que va dos días a la semana, no tiene agua sino pozos artesanales y tampoco hay alumbrado público. Tiene colegio técnico agropecuario y un servicio de energía que suele funcionar en promedio la mitad del mes.
Muchas familias fueron cocaleras, pero también muchos se dedican a sembrar ají, cacao, plátano, yuca, arroz.
La noticia de la llegada de los brazaletes del ELN a sus zonas veredales tiene en ascuas a todo el mundo.
Las personas con las que hablamos dicen con todo convencimiento que van a votar SÍ en el plebiscito “para probar la paz que nunca hemos tenido”. Pero también temen.
“Con todo esto del ELN, es posible que a nosotros no nos llegue la paz, sino que vendrán otros con otro nombre, como cuando usted va a la Registraduría y se cambia el nombre”, dijo un campesino.
“Como que estamos condenados a vivir con un paraco de un lado, un guerrillero del otro y el policía escondido”, señaló otra persona más.
Ni el comandante de la Policía de Córdoba, el coronel Engelbert Grijalba, ni el Alcalde de Montelíbano creen que los de los brazaletes sean realmente del ELN, cuya presencia en el Bajo Cauca y el sur de Bolívar puede parecer cercana mirando un mapa, pero en realidad no es nada próxima teniendo en cuenta las particularidades de esta geografía. Además de las acciones militares de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo y su brigada móvil 25, que los enfrenta en esa zona.
“Yo no creo que se hayan desplazado tan rápido y me temo que lo que está pasando es que algunos se han cambiado de brazalete”, opinó el Alcalde.
Mientras, el Coronel Grijalba dijo: “No se tiene conocimiento de ningún movimiento del ELN hacia acá. Hace poco en un consejo de seguridad se trató información de que después de esas reuniones han aparecido miembros del Clan del Golfo diciendo que ellos van a cuidar la zona, muy conveniente. Estamos sospechando que eso fue programado”.
Altas fuentes militares agregaron por aparte que inteligencia está investigando y que mientras tanto “cualquier bando que esté se puede poner el brazalete”.
En realidad, a las personas con las que hablamos les da igual si son elenos falsos o verdaderos. La amenaza violenta que sienten sobre sus cabezas es la misma.
