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Esta semana se reúnen cinco mil cultivadores de coca en Popayán para crear su propia coordinadora.
Los cocaleros quieren tener una voz fuerte sobre las drogas
Los campesinos cultivadores de coca, una de las bases sociales tradicionales de las Farc, llevan mucho tiempo organizándose para exigir que se aterricen al pie de la letra los acuerdos de La Habana. Esta semana recogen su más ambiciosa cosecha: van a lanzar el viernes y sábado en Popayán, con la presencia de cinco mil delegados de comités cocaleros de al menos 14 departamentos del país, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, Coccam.
Un movimiento que está en contra de la erradicación forzada y que nace justo cuando el Gobierno se propuso reducir en cien mil hectáreas el área cultivada de coca.
El movimiento de los cultivadores
“Queremos ser los interlocutores de la sustitución de cultivos con el Gobierno y las Farc y hacer una campaña nacional para enfrentar con toda nuestra movilización la erradicación forzosa”, dijo a La Silla César Jerez, uno de los líderes del movimiento de zonas de reserva campesina.
Esta unión agrupa a cultivadores de coca que van desde el Catatumbo, en Norte de Santander, pasando por Antioquia, Nariño, Chocó, Arauca, el Magdalena Medio y Córdoba, hasta el Caquetá y las sabanas del Yarí en el Meta. Y nace justo quince días después de que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunciara que el Gobierno tiene toda una estrategia montada en la que, aplicando el acuerdo de La Habana, se sustituya donde se puede y donde no, entrar a erradicar a la fuerza.
”Queremos ser los interlocutores de la sustitución de cultivos con el Gobierno”
Villegas dijo también que para lograr esa meta van a abrir cuatro Centros Estratégicos en Tumaco, el municipio con más coca del país (16 mil hectáreas), Catatumbo, en Norte de Santander, Caucasia en Antioquia y San José del Guaviare en Guaviare.
Escogieron esos puntos porque cubren once departamentos donde se concentra el 91 por ciento de la mata de coca.
Cada centro va a tener policías, soldados del Ejército y funcionarios del Gobierno que según Villegas, “son los encargados de dar a conocer a los campesinos las ventajas y compromisos de los programas de sustitución”.
El problema es que según Jeréz, donde el Gobierno quiera entrar a la fuerza: “se va encontrar con paros y movilizaciones que la Coccam va a acompañar”, dijo a La Silla. “En el acuerdo renegociado se pusieron a darle más énfasis a la erradicación y la embarraron”, agregó.
La Coccam, que hace pocos días creó su propia cuenta en Twitter, espera que con los cultivos de coca, amapola y marihuana el único camino sea, como ellos llaman, “la sustitución concertada”.
Para lograrlo, quieren proponerle al Gobierno y a las Farc su propia ruta de implementación.
Esa ruta, según Jerez, es que la sustitución se debe hacer cuando el campesino quiera y no a la fuerza; debe ser gradual, es decir, que el Gobierno no puede llegar a un municipio a reemplazar las dos o tres hectáreas sembradas de cada campesino por otro cultivo hasta que no se pruebe que sí pueden vivir de eso y no de la coca; y que en todos lados, los cultivadores de la hoja tienen que participar en los Planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (los Pisda) que crea el Acuerdo para que entre el Gobierno, las Farc, los alcaldes, los líderes de juntas veredales y los campesinos puedan diseñar los programas para arrancar a sustituir.
“Queremos que queden claros unos mínimos para todas las zonas donde hay cultivos y el Gobierno va a entrar a concertar con las comunidades,” dijo a La Silla Luz Perly Córdoba, miembro de la Coordinadora Agraria de Arauca y quien también está metida en la Coccam.
Fuera de esa coordinadora, a la Coccam la integran organizaciones de campesinos grandes como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, que agrupa a las organizaciones de las seis zonas de reserva que existen (la de Cabrera, en Cundinamarca; El Pato, en Caquetá; Calamar en el Guaviare y el valle del río Cimitarra, en el Magdalena Medio antioqueño y bolivarense), y las más de veinte que están detrás solicitando a la Agencia Nacional de Tierras crear una.
También está metida la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, Mia, que se creó en el Guaviare y que agrupa a organizaciones de campesinos que salieron a marchar durante el “tal paro no existe” de hace cuatro años.
Y Marcha Patriótica, una de las organizaciones de izquierda más grandes del país y que es afín, al menos ideológicamente a las Farc, les hizo campaña en sus redes para invitar a la gente al encuentro de este viernes.
Les invitamos a seguir la cuenta de Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) @COCCAMColombia https://t.co/0Dc6s4rX49
— Marcha Patriótica (@marchapatriota) 18 de enero de 2017
Aunque la Coccam nace ahora, cuando la Dirección para la atención Integral contra las Drogas, que depende de Presidencia y está a cargo de Eduardo Díaz, va a arrancar con el programa para la sustitución de cultivos que plantea el Acuerdo, su historia viene de atrás.
Desde hace dos años, cuando las Farc propusieron arrancar con el aterrizaje del punto de cultivos ilícitos, más de 500 cocaleros, buscando ser los protagonistas de los pilotos que para ese momento el Gobierno todavía no había aprobado, se reunieron en Mocoa, Putumayo.
Fue una cumbre pensada para redactar su ‘Constituyente de la coca’. Ese fue el nombre que le dieron al documento que esperaban que se convirtiera en la hoja de ruta para el futuro de la coca y en el que se pudieran alejar del narcotráfico y acercar a los usos tradicionales e industriales de países como Bolivia o Perú.
Luego de ese encuentro, se volvieron a poner cita en noviembre del año pasado en Curumaní, Cesar, durante el quinto encuentro de zonas de reserva campesina. Ahí quedaron en que los que querían entrar en la Coordinadora tenían que elegir dos representantes por departamento y otro dos por municipio.
Los elegidos viajaron a Bogotá hace diez días y en una oficina en el barrio La Soledad, armaron ya el comunicado a los medios, la cuenta de Twitter, y crearon una secretaría técnica, otra de derechos humanos y una comisión política integrada por líderes que se han ganado una visibilidad nacional como César Jérez, famoso porque lideró el paro contra la erradicación de cultivos en el Catatumbo hace cuatro años.
Al encuentro en Popayán de este viernes invitaron a Eduardo Díaz, a la directora de la Agencia para la Renovación del Territorio, Mariana Escobar, que es la encargada de aterrizar esos acuerdos de sustitución empezando por las zonas priorizadas, y al alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo.
Pero para el Gobierno y también para expertos en drogas consultados por La Silla Vacía, el nacimiento de este “gremio cocalero” puede ser el palo en la rueda para que el punto de cultivos ilícitos del acuerdo aterrice rápido.
Los peros
Para Díaz, que es el encargado de poner en marcha los programas de sustitución, los cultivadores de coca no pueden “monopolizar la interlocución”.
“Ellos no pueden decirnos con quién hablamos y con quién no, empezando porque en los territorios donde hay coca no solo hay cocaleros. ¿Qué les decimos a los demás, a los campesinos que no viven de eso, que son la mayoría y que necesitan que les llevemos desarrollo?” dice.
Lo mismo opina el experto en drogas Daniel Mauricio Rico. “La mayoría de los campesinos en zonas donde hay coca no son cultivadores. Es una pequeña porción. Y no todos los cultivos de coca son de pequeños campesinos. También hay grandes cultivadores. De manera que yo sí me cuestiono a quién va a representar este grupo.”
Jeréz, el líder de Anzorc, le explicó a La Silla que ellos solo pretenden agrupar a los cultivadores que tienen máximo tres hectáreas cultivadas.
Como todo el punto 4 del acuerdo está ligado al punto 1, que es el de desarrollo rural, la sustitución está pensada en el marco del desarrollo territorial.
Eso, básicamente, es llevar bienes públicos al campo -desde carreteras, distritos de riego, paneles de energía, hasta puestos de salud y mejores colegios- para que los cultivadores que reemplacen la coca por otros cultivos y en general, todos lo que viven del campo, tengan cómo sacar sus productos, venderlos y tener una mejor calidad de vida.
Por eso para el Gobierno sentarse con una coordinadora que representa a un solo sector del campo (que, además, no es legal), no soluciona el problema del atraso, que en últimas es el culpable de que muchos campesinos no tengan de otra que cultivar coca y vendersela a cualquiera de las guerrillas o bandas criminales.
El otro ‘pero’ tiene que ver con que en vez de acelerar, la Coccam puede dilatar la implementación. Aunque también podría ser que tener un único interlocutor con legitimidad puede ayudar a encontrar un camino a la solución del problema de la coca.
“Esto va a depender del tono que ellos propongan. Si es para construir, excelente. Pero si la actitud va a ser que donde no hay acuerdo de sustitución entonces la salida es el paro, no van a facilitar ningún aterrizaje, como dicen”, opinó el experto en drogas Julián Wilches.
Esta semana, en Popayán, se sabrá entonces hacia dónde va ésta ambiciosa cosecha política de los cocaleros.
