Pese a que ya la Corte Constitucional definió hace más de un año que el referendo reeleccionista era inconstitucional, las decisiones judiciales que buscan determinar quiénes fueron los responsables de la violación de los topes y de la triangulación de la contabilidad no han concluído. Los miembros del Comité Promotor lanzan sus últimas cartas.  Foto: Laura Rico Piñeres

Hoy el Consejo Nacional Electoral finalmente se reunió para determinar la sanción para los ocho miembros del comité promotor del referendo, por haber violado los topes en el proceso de la recolección de firmas que buscaba que Álvaro Uribe tuviera un nuevo período como Presidente. Pero después de casi un año y medio del pliego de cargos, el Consejo aún no logra tomar una decisión.

Durante la sala de hoy no hubo votos suficientes para decidir. En el Consejo Nacional Electoral se necesita que seis de los nueve magistrados estén de acuerdo para tomar la decisión. Hoy sólo se logró que cuatro magistrados se pusieran de acuerdo, y por esa falta de mayoría en uno u otro sentido es que tampoco hubo humo blanco.  Además, el presidente del CNE, Juan Pablo Cepero, presidente del CNE, está recusado. Hoy se decidió nombrar un conjuez que lo reemplace para que haya otro voto más que haga más factible que se logre una mayoría de seis.

La ponencia del magistrado Joaquín José Vives pide sancionar a Luis Guillermo Giraldo, Cecilia Paz Mosquera, Myriam Donato de Montoya, Gustavo Antonio Dajer Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro de Jesús Velásquez Cock, Hediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa. (La otra persona que hacía parte del Comité murió durante este tiempo). Y la discusión giró alrededor de esa ponencia.

La base de la ponencia es una decisión del 12 de noviembre de 2009, cuando una sala de conjueces del Consejo declaró inválidas las firmas que respaldaban la convocatoria del referendo y dictó pliego de cargos a los nueve promotores del referendo por la violación de los topes.

La investigación del Consejo probó que desde el Comité Promotor del Referendo se creó una asociación paralela llamada Colombia Primero que trianguló las donaciones superiores a los tres millones de pesos por persona, lo máximo que permitía la Ley. Esa plata que recogieron por esa vía la convirtieron en un préstamo -de la asociación al comité-, pero el pagaré se firmó después de entregar las cuentas oficiales.

Pero para dos de los magistrados, Óscar Giraldo y Gilberto Rondón, la formulación de cargos tiene un vicio de nulidad. Y por eso no están de acuerdo con la ponencia de Vives.

Aunque en el CNE admiten la demora que esto puede originar el nombramiento de un conjuez en reemplazo de Cepero y que requerirá tiempo para conocer un expediente que tiene 25 cuadernos, algunos magistrados consideran que es un avance que el tema hubiera vuelto a entrar a la sala plena.

Hasta hoy había sido imposible lograr que los magistrados se sentaran a discutir el tema. Primero porque los abogados del Comité promovieron un sinnúmero de acciones dilatorias que fueron desde la recusación a los magistrados investigadores, las solicitudes de nulidad y la petición de pérdida de ejecutoria, hasta variados recursos que sólo hasta hace un mes pudieron concluirse.

Superadas estas acciones, la ponencia fue radicada hace tres semanas y sólo hasta hoy se logró la citación a una sala plena especial, convocada para discutir este tema.

Además del debate sobre la validez del pliego de cargos, y por lo tanto de la ponencia, hay otro punto de discusión. La mayoría de los magistrados no está de acuerdo en sancionar de la misma manera a todos los miembros del Comité Promotor. Básicamente, consideran que no todos los miembros del Comité Promotor tuvieron la misma injerencia en la decisión de triangular las cuentas, y preferirían darle un trato diferente a algunos que son personas mayores, como Cecilia Paz Mosquera.

Este segundo argumento será el fuerte de la discusión en las próximas salas, pues divide a los cinco magistrados que están de acuerdo con la sanción (Carlos Ardila, Luis Bernardo Franco, Pablo Gil,  Joaquín José Vives y José Joaquín Plata). Algunos creen que sólo se debe sancionar a Luis Guillermo Giraldo por ser la cabeza del Comité Promotor.

Y de este debate se valió Giraldo. Durante las últimas semanas, varios de sus amigos visitaron a algunos magistrados para convencerlos de la inconveniencia de dictar un fallo antes de que la Fiscalía tome alguna decisión y les aclare el camino.

Álvaro Echeverri, ex Director de Censo Electoral de la Registraduría y amigo cercano de Luis Guillermo Giraldo, fue uno de los visitantes. Echeverri fue el funcionario de la Registraduría que le entregó al comité promotor del referendo las bases de datos del Archivo Nacional de Identificación, ANI, datos que son completamente reservados.

Tanto los abogados como los mismos magistrados saben que es imposible cambiar la decisión del CNE de dictar el pliego de cargos, pero sí pueden demorar la decisión para que no se convierta en una prueba más de la Fiscalía a la hora de imputar cargos penales ante un juez.

Luis Guillermo Giraldo, cabeza del Comité Promotor del Referendo.

Ante la Corte Constitucional

El otro intento de los promotores por salvarse fue ante la Corte Constitucional. Allí solicitaron la nulidad de la sentencia 141 de 2010, la que anunciaron los magistrados de la Corte Constitucional el 26 de febrero del año pasado y que tumbó el referendo.

Los promotores argumentaban en su solicitud de nulidad, que la Corte Constitucional les endilgó responsabilidad cuando determinó que el proceso de recolección de firmas era inexequible y la forma como se financió esa recolección estaba viciada. En su solicitud decían que se les había violado su derecho a la defensa cuando se les declaró responsables sin haber sido escuchados.

La Corte negó esa solicitud. Para los nueve magistrados de la Corte, los promotores parten de un error, porque en el mismo fallo sobre el referendo se aclaró que se trataba de una decisión constitucional y que no transfería responsabilidades individuales a los miembros del Comité de Promotores.

Para los magistrados de la Corte, como el control era constitucional, no existía ningún argumento para llamar a los miembros del Comité a dar su declaración. Hacer esto hubiera convertido el examen de la Corte en un proceso disciplinario o penal y ninguno es competencia de la Corte Constitucional, como se lo dice la Corte a los apoderados del Comité.

Los magistrados constitucionales les aclararon a los antiguos miembros del Comité, que el haber nombrado el pliego de cargos del CNE en su sentencia no significa que fuera la base de la decisión final. Dicen que, por el contrario, la decisión se basó en muchos temas.

Por todo esto, la Corte negó la nulidad con mayoría absoluta. Contó, incluso, con los votos de los magistrados Mauricio González y Jorge Pretelt, que salvaron su voto en la decisión que hundió el referendo.

Estas maniobras que están realizando los defensores de los miembros del Comité Promotor, en el Consejo Nacional Electoral y en la Corte Constitucional, tienen como propósito dilatar la decisión de la Fiscalía. Esa entidad tenía lista la imputación de cargos hace un par de meses, pero aún no ha podido realizarla.

El último intento de imputar cargos ante el juez de garantías fue la semana pasada cuando, una vez más, el abogado de Giraldo buscó argumentos para dar largas a la imputación, en la que la Fiscalía pedirá cárcel para Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo, el gerente del Comité. Las estrategias seguirán.

Nota de la editora: Después de publicado este artículo, el magistrado Gilberto Rondón pidió corregir la información donde se decía que era amigo de Luis Guillermo Giraldo y de Álvaro Echeverri y aseguró que su posición de anular todo el proceso no se debía sino exclusivamente a un raciocinio jurídico. La Silla Vacía buscó más información y concluyó que él tenía razón y que Echeverri había visitado a otros magistrados diferentes a Rondón. Ofrecemos disculpas al Magistrado y a nuestros lectores por este error.