Los pequeños mineros, fuera del boom y en paro

Mañana miércoles comienza el paro minero nacional, que podría reunir hasta a 300 mil mineros pequeños, medianos y artesanales de todo el país. Foto: La Silla Vacía

Hace dos años los pequeños mineros querían que el presidente Juan Manuel Santos les dijera si ellos estaban invitados a la bonanza minera, o si ésta era sólo para las multinacionales. Hoy, unos 250 mil mineros a pequeña escala de todo el país ya se sienten definitivamente excluidos de la locomotora minera y el reflejo de ese descontento es el paro nacional que comienzan este miércoles.

Esta es la tercera vez que los pequeños y medianos mineros están cerca de irse a paro durante el gobierno de Santos. Sin embargo, en las primeras dos ocasiones lograron llegar a un acuerdo con el Gobierno apenas días antes de la hora cero. En noviembre de 2011, lo alcanzaron el día anterior. Y en julio del año pasado, cinco días antes.

Pero esta vez decidieron que el paro es la única vía que tienen para llamar la atención del Gobierno, a quien acusan de haber incumplido los acuerdos a los que habían llegado las últimas dos veces. “Lo que hemos recibido del Gobierno es incumplimiento a los acuerdos firmados”, dicen los mineros en una carta que le escribieron a Santos y al Ministro de Minas Federico Renjifo, que le entregaron el viernes pasado a la vice Natalia Gutiérrez tras la reunión en Medellín en la que ultimaron detalles del paro y del pliego de peticiones.

“La idea es pararnos en vías de manera civilizada para obtener una respuesta del Gobierno a lo que no hemos podido resolver por otras vías. Hemos hecho decenas de manifestaciones y reuniones con ellos, pero vemos que no han escuchado nuestras peticiones en seis años”, le dijo a La Silla Luz Stella Ramírez, la directora de la Confederación Nacional de Mineros (Conalminercol) que convocó al paro. Y que agrupa a 300 mil mineros en 18 departamentos, desde zonas tradicionalmente mineras como el Bajo Cauca antioqueño o el Chocó hasta Guainía y Putumayo.

Según los cálculos de Conalminercol, que agrupa a empresarios, trabajadores o barequeros, de esta actividad minera a pequeña y mediana escala dependen los ingresos de unos dos millones de colombianos. Por lo que este paro, del que sólo se marginarán los carboneros en Boyacá y en alguna medida los mineros de Nariño y Soto Norte (Santander), podría convertirse en uno de los más duros de resolver para el Gobierno hasta ahora.

La viceministra Natalia Gutiérrez y el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, se reunieron con los mineros el viernes pasado pero la decisión del paro esta vez era inmodificable. Foto Cortesia de Ministerio de Minas.

Uno de los mayores reclamos que tienen los pequeños mineros es el decreto que ordena la destrucción de maquinaria que opera sin permiso, que ellos dicen ha afectado a mineros que estaban en proceso de formalización y no debían haber sido blancos.

El problema central, para los pequeños mineros, sigue siendo el mismo de años pasados: ellos sienten que el Gobierno mete en el mismo saco a todas las personas que trabajan sin título o licencia ambiental -desde barequeros hasta mineros informales- con la minería criminal asociada a las Farc o Los Urabeños.

Esta vez hay un ingrediente nuevo que los tiene especialmente descontentos: un decreto expedido en octubre pasado que ordena la destrucción de toda la maquinaria minera pesada que esté trabajando sin un título o licencia.

Aparte de combatir la minería ilegal, la medida busca reducir los graves daños ambientales que ha dejado la extracción sin ningún control con dragas y retroexcavadoras en zonas como Chocó. O el uso indiscriminado de mercurio, que ha convertido al Bajo Cauca en la zona con mayores índices de contaminación de este metal en el mundo.

“No vamos a tapar el sol con el dedo. Sí hay delincuentes en la minería y hay que perseguirlos, pero no nos pueden meter a todos en esa misma bolsa”, dice Luz Stella Ramírez, quien es minera de materiales de construcción en Quindío. “No somos financiadores de los grupos armados sino que somos víctimas de ellos, como lo es un tendero en una ciudad al que le toca pagar una vacuna para poder trabajar”.

Los mineros creen que, al hacerse borrosos los límites entre informalidad e ilegalidad, ellos han caído en el peor de los mundos, perseguidos por los operativos de la Policía y blancos de los grupos armados que han encontrado en la minería una fuente rentable de financiación.

Hasta el momento la Policía ha destruido, según Conalminercol, 34 máquinas en unos seis departamentos. Aunque la cifra podría parecer baja, se convirtió en la gota que rebosó la copa para los mineros, que sienten que el decreto rompe los acuerdos alcanzados hace 18 meses y luego hace un año.

Esto porque acordaron que se adelantarían procesos de formalización para los mineros que operaban sin esas condiciones y que se suspenderían los operativos contra los mineros que entraran en ese proceso. Hoy, ellos ven la formalización más embolatada que firme por la caída de la reforma al código minero y señalan que muchas de las retroexcavadoras y dragas destruidas pertenecían a mineros en ese proceso.

Pero lo que más les molesta es que creen que la Policía ha podido realizar los operativos gracias a la información y las coordenadas exactas que ellos le entregaron al Gobierno como parte de esos acuerdos.

"Contra ellos no son estas acciones, sino contra quien hace desde esta actividad un beneficio criminal. Existe un marco legal para perseguir la criminalidad que ha querido abusar de esta minería", dijo ayer el ministro Renjifo, quien negó que estuviesen usando información privilegiada para esos operativos.

El problema de fondo para ellos es que la política minera no hace diferencias por debajo de la gran minería y los mezcla a todos. “Estamos desaparecidos del código minero y por eso queremos que se nos clasifique según nuestras características. No es lo mismo un minero que trabaja en cinco hectáreas que uno que lo hace en 150”, dice Ramírez.

La viceministra de Minas, Natalia Gutiérrez, le confirmó a La Silla que el proyecto de reforma al Código precisamente tendrá a la pequeña minería como uno de sus ejes centrales y que continúan trabajando para tener una política integral de formalización.

Este es el primer paro minero que enfrenta Federico Renjifo en el Ministerio de Minas, ya que los otros dos de este gobierno le tocaron a Mauricio Cárdenas. Foto: Juan Pablo Pino

Afiches como este se pueden ver por todas las calles de ciudades mineras como Quibdó.

La mayoría de los líderes de Conalminercol como Ariel Quinto (foto), de Fedemichocó, o Luz Stella Ramírez, de los balasteros del Eje Cafetero, sienten que el Gobierno ha incumplido los acuerdos de los últimos dos años. Foto: La Silla Vacía

Una de las propuestas de los mineros, aparte de la derogación del decreto sobre maquinaria, es que el Gobierno haga uso de dos herramientas que tiene y que -según ellos- nunca se han utilizado.

“Se cumplen los artículos que nos perjudican, pero no los que nos beneficiarían”, dice Richard Palacios, un líder minero de Buenaventura, donde se esperan hasta 13 mil mineros parados.

El primero es un artículo del Plan Nacional de Desarrollo de Santos, que exige al Gobierno implementar una estrategia para diferenciar la minería informal de la ilegal y “que proteja los mineros informales, garantizando su mínimo vital y el desarrollo de actividades mineras u otras actividades que le garanticen una vida digna”.

Y segundo, tres artículos del Código minero que plantean la posibilidad de que el Gobierno establezca áreas para proyectos especiales comunitarios o contratos de concesión bajo condiciones especiales para cooperativas mineras, ayudándoles con los estudios y las capacitaciones del caso. Es decir, de zonas donde pueden trabajar todos juntos de una manera comparable a los títulos de resguardos indígenas o consejos comunitarios afro.

“En Marmato llevamos 520 años haciendo minería y a pesar de esta tradición, no se nos reconoce el estatus legal”, dice Jhon Fredy Muñoz, un líder minero de este municipio caldense donde se calcula que pararán 3 mil mineros y un 87 por ciento de la población. El escollo es que aquí las zonas mineras ya han sido tituladas casi por completo a empresas como la multinacional Gran Colombia Gold o la antioqueña Mineros S.A., por lo que cualquier solución tiene que pasar por el Gobierno.

Aunque los reclamos centrales son los mismos en todo el país, hay muchos matices regionales. Si en Chocó y Antioquia la maquinaria es la principal preocupación y en el Eje Cafetero la formalización, en Guainía es la falta de consulta previa a la hora de trazar la política minera.

En particular, a los 1.500 mineros indígenas de este departamento rico en oro, tantalio, vanadio y tungsteno les preocupa que el Gobierno de Santos declaró una zona de reserva minera de 17 millones de hectáreas en la Amazonía para limitar el acceso a minerales estratégicos y poder planificarlo durante la próxima década.

Pero que al hacerlo omitieron consultar a las comunidades que viven allí. El problema de esto, según el líder minero Sergio Varón Moreira, es que se desconoció que muchas de ellas llevaban dos décadas solicitando que se les concedieran zonas mineras indígenas, que ya habían sido delimitadas pero que nunca se declararon. Y que, con la reserva estratégica, las cinco zonas propuestas quedaron en un limbo y sólo quedó vigente la de Remanso-Chorrobocón, que explotan los puinave y curripaco de los años noventa.

“Cuando vengan las subastas que estipula la reserva minera, ya no tendremos ningún derecho de prelación -como debería haber sido- y tendremos que aguantarnos lo que nos toque”, dice Varón Moreira, un líder tukano que lidera una cooperativa de mineros en los ríos Inírida y Atabapo.

Además, los descontentos de ahora pueden ser una prueba ácida de los problemas que enfrentará el sector minero en los próximos años, con la implementación del Tratado de la ONU sobre el mercurio o la posible adhesión de Colombia al estándar de “oro libre de conflicto” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a la que Santos aspira a entrar.

“La intención de reducir, mitigar y eventualmente eliminar el mercurio en zonas tan contaminadas como el Bajo Cauca es muy importante, pero eso es algo que no le pueden pedir al minero tradicional de un día para otro”, dice Cristina Echavarría, una de las fundadoras de la Alianza para la Minería Responsable e impulsoras del proyecto Oro Verde en Chocó. “Se requiere un acompañamiento, acceso a mejores tecnologías, a créditos. Y en todos es fundamental el Gobierno”.

Todo parece indicar que, esta vez, el Gobierno tendrá que darse el pulso con los mineros fuera de la mesa de negociación y en momentos en que la crisis en el Catatumbo tampoco da señales de amainar. “Todas las condiciones han cambiado, así que tiene que ser un proceso nuevo. Ya no firmamos acuerdos, tiene que ser un decreto presidencial para que las cosas queden claras”, dice Luz Stella Ramírez.