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Dentro de dos semanas se reabrirá la ventanilla de solicitud de títulos mineros que había sido suspendida en 2010 para ponerle fin al caos en el que se había convertido el catastro minero y evacuar las casi 20 mil solicitudes represadas. Pero este hecho, una primera señal de que la nueva institucionalidad minera se está consolidando, tiene aún nerviosos a muchas personas del sector ambiental.
Los tres temores sobre el regreso de la ventanilla de títulos mineros
El 2 de julio se reabrirá la ventanilla para solicitar títulos mineros, que se había cerrado hace dos años y medio para ordenar el catastro.
Dentro de dos semanas se reabrirá la ventanilla de solicitud de títulos mineros que había sido suspendida en 2010 para ponerle fin al caos en el que se había convertido el catastro minero y evacuar las casi 20 mil solicitudes represadas. Pero este hecho, una primera señal de que la nueva institucionalidad minera se está consolidando, tiene aún nerviosos a muchas personas del sector ambiental.
En la Agencia Nacional Minera están tranquilos con que el proceso de depuración les permitió poner orden en la casa y corregir muchos de los problemas heredados del segundo cuatrienio de Álvaro Uribe. Durante este último año, se han estudiado 17 mil de las solicitudes pendientes y se han hecho inspecciones personales de la gran mayoría. Al final, solo 1.270 de ellas -un 6 por ciento- se convirtieron en títulos.
Así que a partir del 2 de julio la ANM comenzará a recibir nuevas solicitudes, por primera vez mediante un sistema electrónico y no uno manual. Esa interfaz es apenas una pequeña pieza de la plataforma que licitará la Agencia Minera en julio, y que incluirá -para su uso interno- toda la información del catastro minero y de las regalías. Cada solicitante tendrá que llenar entre 20 y 30 folios, probando su capacidad técnica y económica para explotar el predio, y se anticipan unas 4 mil solicitudes apenas se abra la ventanilla.
“La realidad es distinta ahora. Tecnológicamente tenemos la certeza de que es robusto, de que está probado y que responde bien”, le dijo a La Silla su directora María Constanza García. “Detrás de todo vendrá un catastro más moderno, ágil y que estará correlacionado con información sobre dónde hay áreas excluidas, dónde hay comunidades indígenas, dónde hay otros títulos”.
Sin embargo, muchos sectores no comparten el parte de tranquilidad que han dado el Ministro de Minas Federico Renjifo y la directora de la Agencia Minera.
La Silla consultó a once personas del sector ambiental, de las comunidades étnicas y con conocimientos de catastro. Casi todos confían en el criterio de la agencia minera para hacer el trabajo de depuración, pero insisten en que la moratoria debería mantenerse hasta que termine el proceso y que la falta de información pública sobre éste no permite que la sociedad civil tenga certezas de que el Gobierno está listo para enfrentar una nueva avalancha de solicitudes.
Estos son sus tres mayores temores:
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No hay garantías de que no se volverán a conceder títulos irregularmenteUno de los hechos que generó mayor indignación contra la minería fue la aprobación de títulos en zonas protegidas. Durante la última década se concedieron 37 títulos en parques naturales, sólo uno de ellos siendo adjudicado antes de que fueran declarados. El de Cosigo Resources, por ejemplo, fue concedido dos días después de creado el parque Yaigojé-Apaporis en Vaupés. Asimismo, se concedieron 44 títulos en humedales Ramsar, 416 en páramos y 71 en reservas forestales protectoras, las que garantizan el agua que consumen los colombianos. En todos los casos, como había contado La Silla, lo solicitado multiplica casi por diez lo otorgado. Durante este último año, la Agencia Minera ha venido revisando -y negando- las solicitudes en coordinación con MinAmbiente y la Unidad de Parques Naturales, pero la realidad es que no ha sido posible cancelar los títulos existentes porque ya son derechos adquiridos. Este precedente resulta muy preocupante para la mayoría de ambientalistas y el hecho de que no se haya podido cancelar esos títulos -concedidos irregularmente- les hace creer que no es impensable que la situación se repita en un futuro. “Nos preocupa que se evidencia una falta de coordinación interinstitucional. Y eso no nos da garantías porque si ni siquiera se molestaron en mirar o en consultar dónde había parques o resguardos, ¿qué capacidad tendrán de determinar si hay contradicciones ambientales o culturales para negar una solicitud?”, dice Wendy Arenas Wightman, la fundadora de Alianzas para la Sostenibilidad (Alisos) y una de las impulsoras de Amazonas 2030. María Constanza García reconoce que sí le preocupan aquellos parques o zonas cuyas declaratorias están en proceso pero no han sido finalizadas todavía, como la ampliación -al doble de su tamaño actual- del Parque Nacional Chiribiquete o la protección de la Estrella Fluvial del Inírida. Si MinAmbiente no los declara y la ventana se abre, la Agencia minera -dice García- no tendrá elementos jurídicos para negar el estudio de una solicitud allí e incluso la aprobación de un título. Para ello se reunirá la próxima semana con el Ministro Juan Gabriel Uribe. Aunque La Silla supo que el visto bueno de la Academia de Ciencias -el último paso necesario para la declaratoria- podría llegar la próxima semana. |
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No existe información pública que permita una veeduría ciudadanaLa preocupación central de la mayoría de consultados por La Silla es que la información pública sobre el sector minero es muy baja y no permite un control ciudadano que pueda alertar si se vuelven a presentar situaciones similares. Todos reconocen que las condiciones para solicitar títulos son más exigentes que en los tiempos en que bastaba la cédula, pero insisten en que no hay cómo hacer una veeduría. “El resultado de la depuración debería ser público antes de reabrir la ventana. El proceso no ha sido lo suficientemente claro y publicitado, sino que ha sido hecho todo internamente”, dice Rafael Colmenares, el promotor del referendo por el agua. Él lidera en este momento una recolección de firmas para pedirle al Ministro que imponga una nueva moratoria y que permita la evaluación de la depuración por parte de una comisión independiente que integren científicos, académicos y personas de la sociedad civil. Hasta ahora han recogido 10 mil firmas en la calle y otras 2.500 en línea. También coinciden en que es difícil monitorear el tema en ausencia de un catastro minero que permita acceder fácilmente a la información sobre títulos y seguir las solicitudes en curso. “¿Por qué el sector de hidrocarburos sí tiene una transparencia que no tiene el catastro minero? El catastro debería ser la herramienta de contacto entre la autoridad minera y la sociedad”, dice el economista ambiental Guillermo Rudas. “El código minero exige que la información sea pública, pero se maneja como si fuera restringida y de carácter reservado. El análisis sólo se puede hacer con datos detallados y de acceso libre”. Y aunque es difícil volver pública la información de 17 mil casos, incluso dentro del sector hay voces que piden una mayor transparencia de esta información. "Se podrían identificar algunas de las líneas que sirvieron para rechazar las solicitudes -como áreas protegidas, los que no cumplen requisitos técnicos, los títulos que se superponen- y ofrecer más información ya que son aquellas donde hay mayores inquietudes”, dice una persona que trabajó en Ingeominas hasta el primer gobierno de Uribe. |
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No hay claridad en las reglas de juego en el AmazonasHace un año, el presidente Santos declaró una zona de reserva minera de 17 millones de hectáreas en el Amazonas para limitar el acceso a minerales estratégicos como el oro, el coltán y el vanadio, y poder planificarlo durante la próxima década. La idea era salvaguardar estas zona, que abarca las formaciones geológicas del Escudo Guayanés en Vichada, Guainía y Vaupés, de que cualquiera pudiera solicitar un título sin importar su idoneidad para hacerlo. Por eso una de las mayores angustias es qué sucederá con las solicitudes de títulos en esa zona, que figuran entre los casos que debía evacuar la Agencia minera pero cuya suerte final no se ha hecho pública. Ninguna de esas áreas fue incluida, como muestra esta superposición de mapas que hizo Guillermo Rudas, en los 202 polígonos que componen la reserva estratégica.
La resolución que creó la reserva minera estipula que serán unidos a los bloques en caso de no ser concedidas, pero para varios su proceso de trámite ha sido tan poco claro que da pie para dudas. “¿Por qué registraron como derechos adquiridos las solicitudes si esto todavía no los generaba? ¿Por qué no sabemos aún si en esa área habrá títulos?”, dice Rudas. Y también ha generado angustia la posibilidad de que comience una carrera de titulación en la zona amazónica que no está dentro de la reserva estratégica, que tiene menor potencial minero y corresponde básicamente a Amazonas, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Por ahora el mayor freno es una resolución de MinAmbiente del año pasado, que suspendió todos los procesos de sustracción de reserva forestal en la región. Más allá de las solicitudes puntuales, les preocupa que se tomen decisiones sin tener las herramientas apropiadas y sin tenerlos en cuenta a ellos. “Esa puerta está quedando abierta sin que se nos consulte a quienes vivimos allí. Y en todo este proceso no tenemos claridad porque por un lado protegemos -con resguardos, con parques, con los [incentivos] Redd- pero por el otro titulamos”, dice Julio César Estrada, líder wanano del Vaupés y de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía (Opiac). “Es absurdo adelantar la ventanilla mientras no haya un ordenamiento del Amazonas. Quedaríamos expuestos porque no tenemos ni la capacidad institucional, ni la capacidad de monitoreo ni el conocimiento de los ecosistemas que se requiere”, dice Martín von Hildebrand, el director de la Fundación Gaia Amazonas y una de las personas que mejor conocen la región. |
