Los vínculos de Lyons con las IPS del cartel de la hemofilia

El aliado financiador de campañas políticas

Una de las dos IPS involucradas en el presunto desfalco por pacientes hemofílicos se quedó con el 90 por ciento de la plata que la Gobernación giró, entre 2013 y 2015, para medicamentos y tratamiento. Es la IPS Unidos por su Bienestar, que recibió 39.062 millones de pesos por supuestamente haber atendido y medicado a 156 pacientes.

El representante legal para aquellos años era Guillermo Pérez Ardila, quien es conocido en Córdoba como un actor emergente de la política de ese departamento de la mano del exgobernador Alejandro Lyons. Y quien también ha sido representante legal de otra IPS en Montería y de un centro hematológico en Cartagena.

Tres políticos activos y un periodista que se mueve en la esfera política de Córdoba le contaron a La Silla que Pérez Ardila mantuvo un perfil bajo hasta antes de la administración de Alejandro Lyons, pero que a medida que su IPS comenzó a recibir los pagos por los supuestos tratamientos hemofílicos fue dándose a conocer entre la clase política cordobesa.

Dos de los políticos activos nos lo describieron como amigo del exgobernador Lyons. Y una tercera fuente como financiador de candidatos que tenían el guiño de Lyons, en las regionales pasadas.  

La Silla encontró evidencia de financiación en una de esas campañas. Se trata de la del excandidato liberal a la Alcaldía de San Carlos Julio Cesar Cordero Hernández, a quien en esa población conocían como “el candidato de Lyons”, le contó a La Silla un periodista que cubrió las elecciones allí, pese a ser avalado por un partido distinto al que eligió a Lyons (La U).

Y un concejal de San Carlos nos dijo que por Cordero, al igual que por la candidata de Cambio Radical a la alcaldía de ese municipio Leda López, votaron trabajadores de la Gobernación.

Según la información que Cordero Hernández le reportó al Consejo Nacional Electoral, el hermano de Guillermo Pérez, Eder Pérez Ardila, le puso 20 millones de pesos de los 60 millones que costó su campaña. Y Eder Pérez es hoy quien representa legalmente a la cuestionada IPS Unidos por su Bienestar.

Un militante clave del partido Liberal en San Carlos le dijo a La Silla que Cordero se ganó el aval rojo, por la intermediación del expersonero de Montería Edgardo Solano. Él es amigo de Guillermo Pérez y del mandamás de los liberales en ese departamento: el exsenador condenado por parapolítica Juan Manuel López Cabrales.

Además, esa fuente de adentro de los liberales nos contó que Pérez logró el aval para Cordero porque le puso votos al candidato liberal a la Alcaldía de Montería Juan José González.

“Cordero nunca ha sido de tradición liberal. Es de Lyons y Guillermo Pérez”, nos dijo la fuente.

Y esa inexistente trayectoria de Cordero como liberal generó malestar entre los liberales de San Carlos. Por eso, solo uno de los cinco concejales que ese partido tenía el periodo pasado votó por él. Los demás apoyaron a otros candidatos.

Otra conexión que tiene con Lyons el excandidato financiado por Guillermo Pérez es el abogado Luis Ignacio Lyons España. Él es primo del exgobernador Lyos y apoderado de Cordero en la demanda que éste interpuso contra su rival, el alcalde Víctor Valverde Pérez, por unos contratos de electrificación que Valverde firmó en 1999, durante su primera administración.

La cercanía entre Lyons España y el exgobernador Lyons va más allá del vínculo familiar. Ambos trabajaron en un bufete de abogados en Bogotá hasta 2011, cuando Alejandro Lyons dejó de litigar para comenzar su carrera política.

La IPS de los hermanos Pérez Ardila es cuestionada por recibir tanta plata en tan pocos meses de existencia. Solo entre 2013 y 2014, recibió 35.905 millones de pesos, es decir, menos de dos años después de su creación.

Unidos por su Bienestar IPS nació el 18 de mayo de 2012 y fue registrada el 29 de mayo de ese mismo año en la Cámara de Comercio de Montería. Su sede, según la información que aparece en el registro mercantil, está en el barrio Centro de la capital cordobesa y su patrimonio es de 900 millones de pesos.

El pasado 1 de febrero cambió su nombre por Comunidad Sana y su representante dejó de ser Guillermo Pérez Ardila y desde entonces es el hermano de éste, Eder Pérez Ardila, el financiador del candidato que Lyons apoyó en el municipio de San Carlos.

Para la Contraloría también fue sospechoso que todas las órdenes de cobro que recibió la Gobernación por los pacientes hemofílicos, entre 2013 y 2015, las hiciera esta IPS - y la IPS San José de la Sabana-, porque esa forma de cobro es la excepción de la regla para tratamientos y medicamentos que no están dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS). Como es el caso de algunos recetados a personas con problemas de coagulación en la sangre o hemofilia.

La ley colombiana establece que los tratamientos no POS deben ser autorizados por los comités científicos de las EPS. Cada EPS tiene su propia junta de médicos, que evalúa si le da luz verde o rechaza las órdenes de tratamiento y medicamentos hechas por sus mismos médicos. Si el comité le comunica al paciente que no le fue autorizado el tratamiento, este tiene un recurso adicional que es la acción de tutela.

La Gobernación de Córdoba le hizo los pagos a esta IPS sin que existieran las actas de los comités técnicos científicos, fallos de tutela o historial clínico por hemofilia de esos pacientes en las EPS que regularmente los atienden, encontró la Contraloría.

Los principales soportes usados por esta IPS fueron unos exámenes supuestamente practicados en un laboratorio de reconocida trayectoria en Córdoba, llamado Bernardo Espinosa. Esos exámenes resultaron falsos. De hecho, ese laboratorio no practica pruebas a pacientes con hemofilia dada la complejidad de las mismas. Lo que suele hacer cuando alguien requiere estos exámenes es tomarle las muestras, enviarlas a laboratorios especializados en Bogotá y esperar los resultados de vuelta.

Otro detalle que llamó la atención de la Contraloría, le dijo a La Silla uno de los auditores, es la variación del número de pacientes hemofílicos certificados por la Secretaría de Salud de Córdoba entre 2013 y 2015.

Esto porque la hemofilia es una enfermedad congénita poco usual, que aún no tiene cura sino tratamiento médico: quien es diagnosticado padece problemas de coagulación en la sangre y podría morirse por una hemorragia. Por tanto, los registros entre un año y otro no suelen cambiar mucho. Pero Córdoba pasó de 44 pacientes en 2013 a 117 en 2014. Y luego bajó a 31 en 2015.

El candidato de Lyons a la Asamblea

La segunda IPS a la que la Gobernación le pagó por pacientes hemofílicos de los que no hay suficientes soportes es San José de la Sabana, con domicilio en Sahagún, pueblo de donde es el exgobernador Alejandro Lyons y los senadores Bernardo Elías y Musa Besaile.

Esa entidad recibió en 2014, por tratamiento y suministro de medicamentos para 35 personas, 5.750 millones de pesos. Plata que la Gobernación pagó en seis giros, entre marzo y octubre de 2014.

Para aquella época el representante legal de la IPS era Rubén Guerra Gil, quien en las regionales pasadas fue candidato a la Asamblea de Córdoba con el aval de Opción Ciudadana y el apoyo del entonces gobernador Lyons. Y respaldó la campaña del actual gobernador Edwin Besaile. 

El exmandatario metió a varios de sus candidatos a alcaldías y concejos en Cambio Radical, porque los senadores Besaile y Elías son quienes mandan en La U en Córdoba. Pero los que no pudo avalar con ese partido consiguió que se los avalara Opción Ciudadana, como pasó con sus apuestas a la Asamblea porque Cambio Radical no presentó lista a esa corporación en Córdoba.

Tres políticos activos y un simpatizante del exgobernador Lyons le contaron a La Silla Caribe que Guerra Gil fue una de las apuestas del exmandatario para seguir teniendo influencia en la Asamblea una vez saliera de la Gobernación. Sin embargo, los 11.887 votos que Guerra Gil sacó no le alcanzaron y terminó ahogándose.

“(Rubén Guerra) Es amigo cercano de Lyons, pero no pudo sacarlo. El otro diputado de Alejandro en Opción fue Milton Oviedo, que sí salió”, le dijo a La Silla uno de los políticos consultados.

En efecto, Milton Oviedo obtuvo 13.160 votos y fue el otro candidato de Lyons en la lista de Opción Ciudadana a la Asamblea.

Mientras que un miembro clave de Opción Ciudadana nos contó que Guerra Gil obtuvo el aval de esa colectividad gracias a la gestión que hizo Lyons con el exrepresentante de Sucre Yahir Acuña, encargado de entregar las credenciales de ese partido en el Caribe, y desde este año presidente colegiado, por decisión del máximo dirigente de Opción Ciudadana, el exsenador Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil.

El excandidato Rubén Guerra Gil tuvo, además, el apoyo de la representante a la Cámara de La U Sara Piedrahita Lyons, prima del exgobernador y a quien el entonces mandatario ayudó a elegir desde la Gobernación.

En una de las fotografías que Guerra Gil publicó en sus redes sociales aparece acompañado de Piedrahita en un evento político celebrado en septiembre pasado, en el municipio de Cotorra. A ella también le hizo mención en varios tuits, que acompañó de imágenes que registraron su correría por varios municipios cordobeses.

Las fotos de Guerra Gil en redes sociales también evidencian que hizo campaña con otros candidatos apoyados por el exgobernador Lyons, como el hoy concejal de Montería José David Wberth (Cambio Radical).

Justo cuando comenzó la campaña, Guerra Gil dejó de ser el representante legal de la IPS San José de la Sabana. Desde el 22 de junio de 2015 la representante es Ruby Esther Durante Ramos. Aunque, en el registro de Cámara de Comercio sigue apareciendo como correo electrónico de contacto comercial de la IPS el del excandidato Guerra.

Ruby Durante Ramos es una asesora de nuevas tecnologías del Ministerio de Comunicaciones en Córdoba. Es esposa de Francisco Godín, exsecretario de Infraestructura  de Córdoba durante la administración de Jaime Torralvo, y hermana del dos veces candidato a la Alcaldía del municipio de Chimá Doiler Durante Ramos.

Doiler primero aspiró en 2011 con el aval del viejo PIN y como fórmula de Alejandro Lyons, y más recientemente en las regionales de 2015 con el aval de los liberales.

Los hermanos Ramos y Godín, le contaron dos políticos activos a La Silla, son simpatizantes de la familia De La Espriella, cuyo rostro más visible es el exsenador condenado por parapolítica Miguel Alfonso De la Espriella y quien fue uno de los principales asesores de la gobernación de Alejandro Lyons.

De La Espriella, condenado también por constreñimiento al elector e inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos durante 20 años, tuvo participación en el gabinete de Lyons vía el director de tránsito departamental Carlos Alberto Castaño.  

Como contó La Silla, desde antes de que Lyons llegara a la Gobernación en 2012, De la Espriella ya era cercano a su familia porque el exsenador es primo de Alejandro Lyons De la Espriella, papá del exgobernador. Incluso el excongresista De la Espriella defendió a Lyons papá en un proceso contra una arrocera de su propiedad.

Más allá del vínculo político del representante legal con el exgobernador Lyons, hay varias perlas en la manera como esta IPS hizo los cobros por los supuestos pacientes que atendió.

A los auditores de la Contraloría les llamó la atención la presentación física de los exámenes médicos que la IPS adjuntó para justificar sus cobros. Estos, como los entregados por la IPS Unidos por su Bienestar, también son falsos.

Por ejemplo, los códigos de seguridad lucían casi idénticos. Son una especie de códigos de barras, como los que generan las facturas de los supermercados y cada uno contiene información específica, en estos casos, sobre los pacientes. Sin embargo, en los presentados por las IPS diferentes pacientes terminaron teniendo el mismo código.

Un auditor de la Contraloría le dijo a La Silla que todo indica que a un examen original le sacaron cuantas copias necesitaron para hacer ver que se trataba de exámenes distintos. Pero, en realidad terminaron teniendo los mismos resultados clínicos, a nombre de diferentes personas.

La Contraloría pudo determinar la falsedad de esos documentos porque San José de la Sabana IPS justificó su cobro con exámenes médicos que tenían el membrete del Laboratorio Pasteur, con sede en Barranquilla. Y cuando el ente le pidió al laboratorio que le diera copia de los exámenes, este respondió que esas personas no estaban en su base de datos.

“Los resultados no concuerdan con exámenes practicados a pacientes nuestros, por lo tanto no es veraz la información contenida en los mismos”, le respondió el laboratorio a la Contraloría.

A los auditores de la Contraloría también les llamó la atención que una IPS recién creada como esta, al igual que IPS Unidos por su Bienestar, comenzara a atender tantos pacientes de una enfermedad poco usual como la hemofilia.

San José de la Sabana se constituyó el 9 de agosto de 2013 en el municipio de Sahagún y seis días después, el 15 de agosto, fue registrada en  la Cámara de Comercio. Sus actividades principales son la práctica médica sin intervención y el comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales.

Su capital inicial es de 40 millones de pesos, según el certificado de existencia de la Cámara de Comercio.