Minesa prende motores en la vecindad de Santurbán

Al proyecto de Abu Dhabi solo le resta el trámite de la licencia para explotar oro. Su inminencia revivió la pelea entre la minería y el agua en la región. 

La Sociedad Minera de Santander, Minesa, entró en la recta final para tramitar la licencia ambiental que le dará luz verde al proyecto de minería subterránea de oro más grande del país y que será vecino del Páramo de Santurbán. La inminencia del inicio del megaproyecto, con el que se pretenden extraer 9 millones de onzas de oro durante 25 años, revivió el fantasma de la pelea por la conservación del agua versus el desarrollo económico de la región.

El proyecto

Desde que el poderoso fondo árabe Mubadala, de propiedad del Gobierno de Abu Dhabi, compró AUX Colombia, la minera del brasilero Eike Batista que quebró, poco se conocía del futuro del proyecto de extracción de oro ubicado en California, municipio que tiene cerca de un 20% de su territorio dentro de la zona del Páramo de Santurbán, un complejo que abastece de agua a un millón de habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga.

No fue sino hasta finales de 2015 que se hizo público que la Sociedad Minera de Santander S.A.S sería la nueva dueña de los títulos mineros de AUX y desde entonces su trabajo había sido silencioso.

Las razones fueron dos: Por un lado, Minesa reestructuró el proyecto que heredó y por otro, aunque ya habían pasado cinco años, aún estaba caliente la polémica que se desató en todo el país por la posibilidad que existió de extraer oro en una mina a cielo abierto en la jurisdicción de Santurbán.

Sin embargo, hace dos semanas la compañía publicó un video en el que explica cómo planea explotar la mina de oro con la que empezó a hacerse mucho más visible.

Según el video y la explicación que le dio la minera a La Silla, hay dos grandes pasos.

El primero es llegar a 60 metros bajo tierra con un túnel en espiral hasta encontrar la veta (la lámina donde está concentrado el oro), que para este caso tiene 400 metros de profundidad, dos kilómetros de longitud y un espesor de entre cuatro a doce metros.

El segundo, es -una vez la encuentren- abrir un sistema de túneles a diferentes profundidades, creando niveles (en profundidad) y subniveles (a lo largo), para sacar las piedras que contienen el oro y conducirlas en una banda que las transportará bajo tierra por un túnel de cerca de seis kilómetros hasta Suratá, municipio vecino de California.

Para hacer realidad ese proyecto, deberán extraer 2,6 millones de toneladas de tierra anuales, de las cuales se calcula que obtendrán 450 mil onzas de oro.

Como la vida útil de la mina es de 25 años, en total tendrán que remover 65 millones de toneladas de tierra para recuperar cerca de 11 millones de onzas de oro. El espacio de esa gran lámina de minerales, planean rellenarlo con concreto en la medida en la que vayan extrayendo el material.

En Suratá, donde llegarán las piedras recién extraídas de la montaña, su plan es triturar siete mil toneladas diarias, hasta que queden reducidas a un tamaño mínimo. Ese proceso no produce mayor oposición, porque no usa químicos.

Luego, ese material pasará a un tanque con un remolino en la mitad y será disuelto en agua con reactivos a la que a su vez le inyectarán aire, con el fin de generar un proceso que consiste en que los metales se adhieran a las burbujas y salgan a la superficie.

Ese material es el que se procesará para sacar el oro, pero Minesa no hará esa parte de la producción en Colombia, por lo que en principio no se usarán químicos como cianuro y mercurio, sustancias tóxicas que en otras regiones del país donde hay minería de oro han hecho estragos.

Por su parte, el material que quede en el fondo del tanque, según la empresa, lo utilizarán para formar el concreto con el que rellenarán el espacio que dejará la veta al interior de la montaña.
Así las cosas, Minesa se lanzó al ruedo ondeando dos banderas. La primera es que como no obtendrá propiamente lingotes de oro, no utilizará ni mercurio ni cianuro, que son los agentes más contaminantes; y la segunda es que su proyecto, está por fuera de la línea de páramo, a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, mientras que el Páramo de Santurbán, tiene alturas mínimas de 2.800 metros.

Esa última razón en particular, sumada a otra serie de reparos sobre la minería a gran escala, en la región de Santurbán han despertado nuevamente la preocupación de ambientalistas tras los primeros anuncios de Minesa.

La oposición

El debate alrededor de la protección del Páramo de Santurbán, que se gestó desde 2010 Bucaramanga y su área metropolitana y que tuvo como su principal consigna la defensa por el agua, no paró cuando la Anla le negó la licencia ambiental a Greystar. Tampoco en 2014, cuando el Ministerio de Medio Ambiente delimitó el área de páramo en 98 mil hectáreas.

Y hoy, ante la inminencia del inicio del proyecto de Minesa, tiene con las alarmas encendidas al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana (MCCC), los mismos colectivos que se crearon en 2010 y que terminaron liderando marchas multitudinarias en la capital de Santander.

Los reparos que tienen son varios. Por un lado, está el riesgo que corre el Páramo de Santurbán si a una distancia que oscila entre los 200 y 400 metros de altura de su jurisdicción se inicia un proyecto tan ambicioso como ese.

“Esos proyectos de pronto son controlables en lugares donde no hay nacimientos de agua tan importantes como páramos y áreas protegidas. Pero otorgar permisos ahí tan cerca es muy delicado porque son ecosistemas muy sensibles”, dijo Jairo Puentes, ingeniero químico del MCCC.

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El segundo argumento de los ambientalistas está en la potencial aceleración de la aparición de aguas ácidas por las actividades mineras en corrientes subterráneas y superficiales. Según los colectivos, ya han existido casos similares en Pascua Lama entre Argentina y Chile, en donde en medio de la construcción de un túnel el agua salió descontroladamente de las paredes y con niveles de acidez altos.

Un informe de la Contraloría de mayo de 2013 sobre minería en Colombia respalda esa idea y dice que la extracción de oro “implica la generación de grandes volúmenes de residuos, en parte desechos rocosos mineralizados con metales…que generalmente se relacionan con la acidificación de aguas”.

Y es que las montañas de Santurbán no solo tienen oro. Según un estudio que la antigua Greystar hizo en 2009, en una tonelada de tierra de su título minero (contiguo al de Minesa) también hay, entre otros, altas concentraciones de azufre, arsénico y en menor proporción de Uranio y Mercurio.

El tercer argumento es el procesamiento del mineral (se hará en Suratá). Al respecto hay dos reparos: la cantidad de agua que se requiere para la separación de los minerales y lo que pasará con la tierra repleta de minerales que sobrará tras la separación del oro.

Aunque sobre la primera, Minesa le dijo a La Silla que aún no han calculado la cantidad de agua que usarían sí aclaró que tienen planeado recircularla en un 90%. Más allá, la proporción necesaria para ese proceso podría ser de tres partes de agua por una de minerales.

Sobre la segunda, Minesa asegura que la mayor parte la utilizará para rellenar el hueco de la mina, pero también afirma que hay restos que deben ser reubicados, y eso enciende una alarma, porque si en la reubicación los restos no tienen un tratamiento adecuado, se corre el riesgo de que se generen gases y lixiviados, que a su turno se pueden filtrar en el suelo y contaminar las aguas.

Y el último argumento es el de la afectación que podría traer el proyecto sobre la calidad y cantidad del agua del Área Metropolitana de Bucaramanga. Debido a que la mina está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y el Acueducto de Bucaramanga toma el agua de la misma montaña pero más abajo (alturas de 2.000, 850 y hasta 600 metros), se corre el riesgo de que si hay contaminación esa agua llegue hasta las casas, o de que ocurra un desabastecimiento.

El gerente de planeación de proyectos del acueducto de Bucaramanga, Eliseo Osorio, le dijo a La Silla que el mover tanta tierra puede alterar el equilibrio de los caudales de las aguas subterráneas así como su calidad y como esas son las que alimentan las fuentes hídricas de donde se surte el acueducto, puede ser un riesgo para la salud pública.

“Hay muchas inquietudes que tenemos (sobre el proyecto de Minesa) desde la parte técnica. Tenemos que resolverlas con mucha profundidad” dijo Osorio.

Además, el mismo informe de la Contraloría de 2013, hace referencia al caso específico de Bucaramanga con relación al fallido proyecto de la Greystar al referirse al desarrollo de proyectos mineros en alturas superiores a los de captación de agua para consumo humano: “la situación ilustra la inconveniencia de la actividad minera de metálicos (oro, plata o cobre) dentro de cuencas abastecedoras de agua”.

Por este último punto es que la polémica, como hace seis años, nuevamente llegó al Concejo de Bucaramanga. La semana pasada donde se llamó un debate en torno al impacto que podría tener para la ciudad el proyecto, en el que se concluyó que debía convocarse un Cabildo Abierto para revisar a profundidad el tema.

Sobre los impactos ambientales, Minesa le dijo a La Silla que aún no ha terminado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con el que determinarán qué daños puede ocasionar el proyecto, qué tan graves son y cómo planean compensarlo; además del impacto social.

Precisamente, en la formulación de ese documento, empezaron a acercarse más a los habitantes del páramo y eso ya tiene enfrentados a dos sectores de los municipios afectados.

Cerca de 15 personas de Suratá y un par de California están conformando un comité para promover la protección de su territorio de los posibles impactos ambientales y la vocación agrícola del municipio.

“Suratá no es un municipio minero, es agrícola, ganadero. Si quieren hacer su minería bueno a fin de cuentas háganla pero no se traigan para acá toneladas y toneladas que van a acabar con el aire y con el agua del municipio”, le dijo a La Silla uno de los nacientes miembros del grupo, que prefirió no ser identificado porque aún no se ha constituido formalmente su comité.

Hacia finales de febrero se llevó a cabo una reunión en California convocada por el sindicato de Minesa que además de reunir a gente del pueblo, atrajo sindicalistas y ambientalistas de afuera de la región.

“Eso se prestó para que se armara un problema acá grande porque nos polarizamos otra vez: los que quieren la minería y los que no la quieren”, le dijo a La Silla un líder del municipio que estuvo en la reunión.

Adicionalmente, el factor social también está generando resistencia. Como lo contó La Silla, desde que llegó Minesa a la región, los californianos, en cabeza de su Alcalde, le exigen a la minera que emplee más gente del municipio así como que contrate directamente y no a través de cooperativas u otras empresas contratistas.

Los que respaldan el proyecto, además de hacerlo por la cultura minera de los municipios de California y sobre todo Vetas, también lo hacen porque de una u otra forma se han visto beneficiados con la inversión social que hasta ahora ha hecho la minera, que según sus cifras ronda los 3.700 millones.

Sin embargo, hay quienes ven esas inversiones como ayudas asistenciales y no como acciones que realmente impacten la región.

“Lo que dan son cosas más asistenciales que cosas que perduren en el tiempo, son cosas de momento. No miremos tanto el presente sino el futuro. ¿Qué le va a quedar al municipio cuando la empresa se vaya?”, dijo un personero de la región.

Al respecto la Contraloría también se pronunció en su informe sobre minería enfatizando en el caso de la explotación de carbón y oro: “en términos de economía ecológica estos dos materiales tienen algo en común: son exportados crudos de Colombia casi en su totalidad (99% del oro y entre 92 y 95% del carbón), razón por la cual no establecen encadenamientos productivos y, por lo tanto, no dinamizan directamente la economía, al menos de manera apreciable respecto al valor explotado”.

El particular convenio con la Cdmb

Mientras que el debate entre ambientalistas y promineros arranca hace menos de dos semanas hubo otro hecho en particular que calentó el ambiente.

El 17 de marzo Minesa firmó un acuerdo de voluntades con algunos alcaldes de la provincia de Soto Norte, en donde se encuentran los municipios de influencia de Santurbán y del proyecto minero, y con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, que es la autoridad ambiental en esa región.

El fin era dejar constancia por escrito de la voluntad de Minesa de financiar proyectos tanto de la autoridad ambiental como de las Alcaldías, algo que llama mucho la atención porque la minera sin convenio alguno tiene que cumplir y la CAR tiene la obligación de viligarla.

El tema cayó tan mal en Bucaramanga, que en el Concejo el corporado del Polo, Jorge Flórez, cuestionó al director de la Cdmb, Martin Camilo Carvajal, por haber firmado ese documento.

Encima, la respuesta dejó peor parada a la Car. “En parte y reflexionando con cabeza fría tengo que darles la razón. No porque haya un conflicto de intereses porque no lo hay. Sino porque en realidad la Corporación (...) debe mantener una distancia no solo con las grandes mineras sino con todos los actores”, dijo Carvajal.

Y es que aunque la Cdmb no es la competente para otorgarle la licencia ambiental a Minesa sino la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, esa Car sí emitirá un concepto sobre el proyecto.

Según el alcalde de California, Hugo Lizcano, esa fue la razón por la que no firmó el convenio: “cuando me invitaron a firmarlo revisé con mis abogados y decidimos que no porque ¿cómo es que la Cdmb haga un plan de acompañamiento, de coexistencia (con Minesa) y también vaya a tener incidencia sobre la licencia ambiental? No puede ser juez y parte”. La Silla intentó hablar con el Alcalde de Suratá, quien tampoco lo firmó, pero no fue posible.

Minesa también ha intentado acercarse a la gente en Bucaramanga. El año pasado patrocinó el tradicional torneo de fútbol de la cancha Marte y un evento de biciusuarios que fue criticado en su momento por el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana.

Además, La Silla supo que la minera intentó acercarse a la Alcaldía de Bucaramanga, en especial con el patrocinio a una agrupación de instrumentos de viento del Instituto Municipal de Cultura, pero al final nada se concretó.

“Por una posición expresa de la administración y mía personal no consideramos que tuviese pertinencia ni ética aceptar recursos de una empresa con intereses mineros en el Páramo” según dijo Néstor José Rueda, director de esa entidad.

La nueva pelea por la minería y la conservación del agua inicia en Santander.