Peñalosa dice: “crisis sí, pero no así”

Con la renuncia protocolaria que les pidió ayer a todos los alcaldes locales de Bogotá, en medio de una seguidilla de denuncias de la Personería y de los medios por presunta corrupción en la contratación a cargo de esos funcionarios, el alcalde Enrique Peñalosa crea el equivalente a su primera crisis de gabinete, pero sin tocar a sus secretarios y sin poner en duda las banderas de gobierno que le cuestionan los que quieren revocarlo.

Por más que asuma un costo político al sacar en las próximas semanas funcionarios que él mismo designó (falta saber a cuántos les aceptará la renuncia), como los eligió de ternas armadas por los ediles, esa responsabilidad es menor ante la opinión que si fueran de su círculo de confianza.

Sin embargo, el costo en gobernabilidad puede ser mayor si al aceptar algunas renuncias pierden poder los concejales que respaldan a los alcaldes salientes.

Las denuncias de los últimos días cerraron ayer con el anuncio de la Personería de investigar a los alcaldes de Bosa y Santa Fe por presuntas irregularidades en contratación.

Ya son ocho los investigados, pues ellos se suman a los de Barrios Unidos, Usaquén, Fontibón, Suba, Teusaquillo y Los Mártires.

Por eso inicialmente se creó la idea de que Peñalosa había tomado la decisión como una medida de lucha contra la corrupción, pero ayer el secretario de Gobierno y vocero de la Alcaldía en este tema, Miguel Uribe, lo matizó al decir que la medida no obedece a que tengan evidencias de corrupción, sino a que consideran que las alcaldías tienen mucho por mejorar en su contratación.

Sin embargo, la personera Carmen Teresa Castañeda aseguró ayer que las presuntas irregularidades en las ocho alcaldías investigadas suman “posibles defraudaciones por $60 mil millones”.

De ahí que la decisión de Peñalosa tenga como efecto un golpe de opinión ante el mal ambiente alrededor de los alcaldes, que ha crecido en las últimas semanas.

Por ahí derecho le da un espaldarazo a la Personera, cuya labor se vio opacada esta semana con la vinculación de un alto funcionario suyo en un escándalo de posible corrupción en la Alcaldía de Barrios Unidos.

Además, la coyuntura le da al alcalde una justificación para quitarle margen de maniobra a los mandatarios locales a la hora de contratar, algo que hizo en su alcaldía pasada.

La oportunidad para quitarles dientes

Peñalosa tiene una historia más de odios que de amores con la figura de los alcaldes locales, y desde hace años ha dicho que carecen de capacidad técnica para manejar la contratación.

Por eso, en su primer gobierno (1998-2000) creó las Unidades Ejecutivas Locales (UEL), unas dependencias de la administración central sobre las que él y funcionarios de su confianza tenían control y evaluaban los proyectos que las alcaldías locales pretendían ejecutar, para definir si se invertía plata en ellos o no.

Pero en 2010 Samuel Moreno retornó el poder de decidir a las alcaldías locales sin tener que pasar por las UEL, a las que eliminó.

Con Gustavo Petro (2012-2015) la cosa siguió igual y al final 15 de sus alcaldes terminaron con líos judiciales por presuntas irregularidades en contratación.

En el actual gobierno, las denuncias de la Personería dibujaron el panorama perfecto para que Peñalosa pueda aplicar medidas cada vez mayores para restringir las facultades de contratación de esas alcaldías.

Aunque, según conoció La Silla, no se plantea volver a las UEL, la administración analiza en manos de quién debe quedar la ordenación del gasto de los Fondos de Desarrollo Local, que son los que manejan las localidades para contratar y que este año suman $807 mil millones, equivalente al presupuesto de Bucaramanga.

Ese proceso está en cabeza de la Secretaría de Gobierno, con apoyos de la Jurídica y la General.

Ya han implementado cambios para apretar a los alcaldes locales, como prohibir que ejecuten presupuesto a través de los convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro (que fueron uno de los caminos de los que nacieron las roscas de corrupción como las del condenado ex concejal Andrés Camacho Casado) y obligar a los alcaldes locales a que usen pliegos de condiciones estandarizados para adjudicar contratos de malla vial, con el fin de que estos no sean hechos a la medida de intereses de terceros.

Lo mismo se pretende hacer para los contratos de construcción e intervención de parques.

Ambas líneas de contratación suman cerca del 60 por ciento de la contratación de los Fondos de Desarrollo Local.

Esas medidas pueden ser sanas para combatir la corrupción de las alcaldías locales, que tienen poca visibilidad y por lo tanto mayores riesgos de corrupción. Pero también le pueden generar a Peñalosa críticas de centralista, crear una más burocracia y producir problemas políticos.

Lo político

Aunque en el centro del debate está la contratación en las localidades (que la administración pretende mejorar con decisiones de tipo técnico) en la mitad también hay un juego político.

Para Peñalosa, sacar un alcalde local o quitarle poder de contratación puede significar el malestar del concejal y los ediles cercanos a este. Al tiempo, designar un reemplazo le da margen para contentarlos o para cambiar las manos en las cuales queda ese poder.

El caso es que por más que para elegir alcaldes locales haya un proceso de selección con un componente meritocrático (un examen de conocimientos a los aspirantes), como los ediles son los que arman las ternas para que el alcalde mayor escoja, los ganadores tienen un origen político evidente.

En el caso de Peñalosa, como lo contamos hace un año, escogió candidatos cercanos a políticos y partidos de su coalición, como Cambio Radical, Alianza Verde, Liberal, Centro Democrático y La U.

Y aunque su idea inicial era contar con “20 gerentes”, ese objetivo se ha desdibujado a medida que los escándalos han salido a flote.

Para la concejal peñalosista Lucía Bastidas (Alianza Verde) el problema se arregla con una reestructuración en la contratación como la que plantea el alcalde. Algo similar opina Jorge Lozada, también peñalosista, pero de Cambio Radical.

Ellos parten de la idea de que Peñalosa no es responsable político de lo que hagan los alcaldes locales, dado que no los elige libremente, una tesis que contradice la de los opositores.

Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático, le dijo a La Silla Vacía en cambio que en este “escándalo de corrupción el principal culpable es Peñalosa, que eligió a los alcaldes con supuestos criterios técnicos, pero en verdad terminaron siendo políticos”.

El antipeñalosismo, además, cree que la crisis de la administración es mucho mayor y que los alcaldes locales son una justificación para desviar la atención de las críticas que le han hecho al Alcalde mayor y su gabinete:

Se equivoca @EnriquePenalosa con pedir renuncia a alcaldes locales. Renuncia debe ser de gabinete distrital. Btá requiere un timonazo.

— Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) April 26, 2017

Hasta en su propia administración Peñalosa golpea a los débiles, alcaldes locales. Hay Secretarios q dberían renunciar. @ConcejoDeBogota

— Argote.com (@alvaroargote) April 27, 2017

Aunque posiblemente no sean “los débiles”, dadas las altas sumas que manejan en contratación, sí es claro que no son los funcionarios más cercanos al alcalde y en esa medida esta crisis no toca al círculo más importante de Peñalosa.

De hecho, el comunicado que envió anoche la Alcaldía hizo énfasis en que esos funcionarios “son autónomos en la ordenación del gasto y responden individualmente por las faltas disciplinarias en las que puedan incurrir”, tratando de desmarcar los posibles desmanes en esas alcaldías de las actuaciones del nivel central.

Por eso, de esta crisis también están desmarcadas las decisiones más polémicas de la Administración, desde la venta de la ETB hasta la reforma al sistema de salud, pasando por el futuro de la Reserva Van der Hammen y la reducción en los subsidios sociales: los alcaldes locales no tienen velas en esos entierros.

Esa distancia se nota, por ejemplo, en que el anuncio de las renuncias opacó la noticia de que ayer mismo se dio a conocer el valor mínimo al que el Distrito va a vender sus acciones en la ETB.

Por eso, la decisión de ayer se suma a las investigaciones de la Personería y a la advertencia de Peñalosa al sacar a dos alcaldes hace un mes para dejar el mensaje de que si en el Distrito hay una crisis, no es la que argumentan los de la revocatoria, sino la que generan los sectores corruptos enquistados en los rincones de la administración sobre los que se tiene menos control.

Un alto funcionario de la administración, de hecho, le dijo a La Silla que la petición de las renuncias también se debe a que hay “falta de resultados y mala comunicación en lo local”, lo que muestra que desde el círculo de Peñalosa creen que parte de su mala imagen se debe a que los alcaldes locales no están funcionando.

En los próximos meses, cuando los alcaldes que salgan sean reemplazados y deban acogerse a las nuevas reglas del juego en la contratación, comenzará una segunda etapa que dirá si Peñalosa pudo superar la crisis. Y si efectivamente la opinión cree que el problema viene desde lo local o si el alcalde mayor, que es más visible, tiene una responsabilidad grande.