Seis caras de las trampas electorales

Desde que en octubre pasado se inició el periodo de inscripción de cédulas, en el municipio de Puerto Colombia, en Atlántico, comenzaron también las caravanas de buses, taxis y vehículos particulares con votantes. Así lo denuncia Yennys Martínez, veedora de Control Social para la Gestión Pública. Las personas, le dijo Martínez a La Silla, son llevadas del corregimiento La Playa, jurisdicción de Barranquilla y a media hora del casco urbano porteño, y de algunos barrios de la capital del Atlántico, para inscribir sus cédulas.

“La gente está tan confiada que cuando le preguntan en la Registraduría, aquí en Puerto Colombia, cuál es su domicilio dan la dirección de Barranquilla”, manifestó la veedora, quien además nos aseguró que les ha escuchado decir a varios de esos potenciales votantes que después de inscribir su cédula reciben un anticipo de 100 mil pesos y los otros 100 mil se los han prometido para el 25 de octubre, cuando certifiquen que han votado. Esos 200 mil pesos serían adicionales al transporte y a los refrigerios.

Todavía no hay evidencia, le dijo la veedora a La Silla, de quiénes están detrás del trasteo.

Investigadores de la MOE le explicaron a La Silla que con el trasteo los caciques buscan tener control sobre las personas a las que les compraron el voto para cerciorarse de que voten a favor de sus candidatos.

Puerto Colombia aparece en el top elaborado por la MOE de los 93 municipios con inscripciones electorales exageradas. Hasta el 25 de mayo pasado tenía una tasa de 104 cédulas inscritas por cada mil habitantes, es decir, tres veces más que el promedio nacional.

La MOE Atlántico en enero pasado también había ubicado a Puerto Colombia en el primer lugar del top de 19 poblaciones infractoras de ese departamento con publicidad extemporánea. Fue allí donde los veedores encontraron más vallas, muros y adhesivos en el transporte público con los eslóganes y logos de aspirantes a la Alcaldía como Steimer Mantilla y Jaime Mino Ramírez.

Puerto Colombia, con un potencial de 31 mil votantes, pero con un censo Dane de menos de 28 mil habitantes, tiene hoy una baraja de 10 aspirantes a la Alcaldía. Se trata de una plaza que históricamente ha sido epicentro de la trashumancia, como lo ha contado en elecciones pasadas La Silla. Es además una población en la que el poder lo han tenido durante los últimos 15 años los esposos Torres-Romero: el exalcalde Camilo Torres y su esposa, la exdiputada, exalcaldesa y actual representante a la Cámara de La U Martha Villalba, del grupo del senador José David Name Cardozo.

A diferencia de lo que ocurre en Puerto Colombia, en La Guajira hay denuncias de inscripción de cédulas mediante planillas para abaratar los costos de campaña. Así se lo contó un ciudadano de ese departamento a La Silla.

En el municipio fronterizo con Venezuela de El Molino denuncian la inscripción de votantes mediante planillas que los políticos están repartiendo en los barrios y poblaciones vecinas como Villanueva. Los líderes de esos políticos, le dijo el ciudadano a La Silla, están inscribiendo en ellas los nombres de los potenciales votantes con sus respectivas cédulas.

Una vez diligenciados los formatos, los llevan a la Registraduría de El Molino, donde con una supuesta complicidad de los funcionarios de esa entidad, hacen las respectivas inscripciones de las cédulas. Al indagar sobre los políticos que estarían detrás de este tipo de trashumancia, La Silla no obtuvo respuesta.

Al ser consultada, la Registraduría respondió mediante su registrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, que para evitar que anomalías como estas puedan seguir presentándose, desde el primero de junio las inscripciones de cédulas en el país se están haciendo mediante unas máquinas con georreferenciación que obligan al votante a estar 'in situ' en la Registraduría para poner sus huellas en los lectores dactilares. De llegar a ser movidas del radio geográfico al que han sido asignadas, las máquinas emiten unas alertas que son detectadas en Bogotá.

Sin embargo, las cédulas inscritas antes del primero de junio no fueron realizadas con este sistema y por tanto están siendo sometidas a revisión. Portela le explicó a La Silla que es un trabajo conjunto entre la Registraduría y el CTI de la Fiscalía.

En el municipio de Maicao, en La Guajira, hay desde hace varias semanas denuncias de una supuesta injerencia del grupo político del actual alcalde de Cambio Radical Eurípides Pulido en las jornadas especiales de expedición de cédulas, registros civiles y tarjetas de identidad. Estas actividades son organizadas por la Registraduría en el casco urbano y en los corregimientos fronterizos de Montelara, Paraguachón y Majayura para facilitarles a los indígenas wayuu estos trámites.

Cuatro fuentes distintas le aseguraron por separado a La Silla que solo quienes llegan remitidos por el grupo político de Pulido son atendidos, mientras que cualquier ciudadano desprevenido es devuelto a la sede de la Registraduría de Maicao para que haga allí sus trámites. Además, dijo una de esas fuentes, a cambio de la expedición de cédulas los ciudadanos deben prometer que votarán por José Carlos Molina, el aspirante que tiene el apoyo del alcalde.

Estas jornadas son importantes para el candidato del alcalde porque, nos dijeron las cuatro fuentes, quienes obtienen la cédula de inmediato son anotados en una planilla en la que comprometen su voto.

La jornada más reciente tuvo lugar esta semana en la Fundación Guajira en Marcha, en el casco urbano de Maicao. La sede de esa organización, que funciona en un patio, es reconocida en el municipio por haber sido hace cuatro años el comando político del entonces candidato Pulido y ser desde que está en la alcaldía (ver fotografía) un centro de reuniones del gabinete y de los demás funcionarios del municipio.

Entre los habitantes de Maicao también ha despertado suspicacia una fotografía en la que se ve al registrador de ese municipio, Basilio Lindao Pana (el primero de camisa blanca de izq. a der.), departiendo con el aspirante Molina (el tercero de camisa blanca) cerca de una botella de wisky. Esto ha generado un manto de dudas entre los demás candidatos a la Alcaldía y los ciudadanos sobre la independencia del registrador, especialmente por estar haciendo con sus dedos la V de Victoria, símbolo característico de la campaña de Molina para la Alcaldía.

La Silla contactó varias veces al registrador y al alcalde para preguntarles por estas denuncias, pero ninguno de los dos funcionarios respondió.

Alfonso Portela, registrador delegado en lo electoral, le dijo a La Silla que el registrador Lindao será trasladado a otro departamento esta semana y que las cédulas expedidas durante el último mes en ese municipio son objeto de revisión. Además, las jornadas especiales de identificación están suspendidas desde el viernes y solo se retomarán cuando pase el periodo de inscripción de cédulas.

Una de las maneras de hacerle trampa al proceso electoral, pero que no está tipificada como trashumancia, es la inscripción de personas de una capital como Barranquilla en un puesto de votación lejano de su residencia o trabajo, pero dentro de la misma ciudad. De esta manera el grupo que compra los votos puede controlar más que los votantes le cumplan.

En elecciones pasadas, tanto en las locales de 2011 como en las legislativas de 2014, la MOE en el Atlántico detectó esa situación, por lo que mantiene la alerta y no descarta que ya se esté repitiendo esa práctica durante el actual periodo de inscripciones. “Con esto los caciques políticos hacen que la gente dependa de ellos para transportarse”, le explicó a La Silla Diógenes Rosero, coordinador de la MOE en el Atlántico.

Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral, aseguró que esta práctica evidencia además una compra y venta de votos masiva. Sin embargo, el CNE ha sido criticado en elecciones pasadas por no actuar ante las denuncias hechas por ciudadanos y veedurías desde Barranquilla. 

En el municipio Córdoba, en Bolívar, denuncian que es común ver desde hace semanas a gente proveniente del otro lado del río Magdalena zonificando sus cédulas e inscribiéndose en el Sisbén. Se tratataría de ciudadanos del corregimiento El Carmen, jurisdicción de Plato. La Silla conoció una denuncia que un ciudadano envió al Consejo Nacional Electoral para pedir una depuración del censo electoral de ese municipio porque, dice el documento, es fruto del delito de “trashumancia histórica”.

Para probar que en ese municipio el trasteo de votos existe desde hace años, el ciudadano adjuntó un listado de cédulas inscritas en Córdoba, pero expedidas en otros municipios. Por ejemplo, 209 son de Plato, 220 de Barranquilla, 238 de Cartagena, 193 de Mangangué, 33 de Bogotá, 179 de San Pedro, 131 de Sincelejo, 117 de Soledad, 54 del Carmen de Bolívar, 40 de Corozal, 15 de Los Palmitos, 31 de Malambo y 26 de Valledupar.

Otro ciudadano le contó a La Silla que las actuales jornadas de inscripción para quienes viven del otro lado del Magdalena comienzan, supuestamente, con el transporte en chalupas o johnsons. Del lado bolivarense hay carros particulares que los esperan para presuntamente trasladarlos, primero, a la Registraduría Municipal y después a la oficina del Sisbén.

“Eso es obra de la familia Becerra, del señor Ignacio Becerra”, aseguró la fuente. Becerra fue alcalde cuatro veces del municipio, su hija Karina Becerra, quien también fue alcaldesa, espera ganarse otra vez la silla este 25 de octubre, y su sobrino Carlos Villamil Becerra es el actual mandatario.

En la oficina del Sisbén, continúa el ciudadano, "les pagan la mitad del voto que son 150.000 pesos y les dicen que los otros 150.000 se los pagan el 25 de octubre”. La fuente aseguró ser testigo de esa situación y escucharles a varios de los habitantes del corregimiento de El Carmen haber recibido los anticipos.

Al hacer cambios en la base de datos del Sisbén, le dijeron miembros de la MOE a La Silla, los caciques políticos de todo el país estarían blindando las inscripciones de cédulas porque la Registraduría suele cruzar la base de datos de la zonificación con la del Sisbén en busca de anomalías. Si el cruce coincide entonces no habría a primera vista sospecha de trashumancia.

La Silla conoció además unas fotografías de las elecciones locales de 2011 en Córdoba en las que se ven varios buses con personas, que serían votantes transportados a esa población desde otros municipios de Bolívar.

Para las presidenciales pasadas, el censo electoral de Córdoba era de 12.934 potenciales votantes, cifra superior a los 12.435 habitantes que para 2015 el Dane le proyectó a ese municipio. Sin embargo, Patricia Jiménez, delegada de la Registraduría en Bolívar, le dijo a El Universal que no existe irregularidad alguna porque desde octubre de 2014, cuando comenzó la zonificación de cédulas, se han inscrito 545 personas y según el Sisben son 17.560 los habitantes de ese municipio.

El registrador para lo electoral Alfonso Portela le dijo a La Silla que esa trampa ha sido denunciada en varias regiones del país y que en adelante la Registraduría no solo mirará que ambas bases de datos coincidan sino la fecha más reciente de modificación del Sisbén, especialmente si presenta modificaciones durante los últimos meses.

El alcalde Carlos Villamil Becerra negó que en su municipio haya trashumancia, que su familia esté involucrada y que esté participando en política para favorecer a su prima, la aspirante Karina Becerra. “Que las autoridades vengan e investiguen”, le dijo a La Silla. También se mostró a favor de que el censo electoral sea revisado y depurado si se encuentran a personas inscritas que no viven o trabajan en su municipio.

Situación similar estaría ocurriendo en El Molino, La Guajira, donde el coordinador del Sisbén José Guillermo López Moscote fue fotografiado en abril pasado entregándoles dinero a dos personas en la puerta de la Registraduría. El funcionario fue denunciado ese mismo mes ante el Ministerio del Interior. En la denuncia que conoció La Silla se asegura que López “trae habitantes de poblaciones vecinas" para inscribirlos en el Sisbén y zonificarlos, y que las fotografías evidencian el primer pago por el voto. “El segundo lo cancela el día de las elecciones”.

El funcionario está siendo investigado desde entonces y en mayo pasado el CTI inspeccionó su oficina. 

En la denuncia no se señala a ningún político en particular, pero una fuente de ese municipio con quien la Silla habló aseguró que todos esos movimientos están realizándose para favorecer al aspirante a la Alcaldía Rusbel Duarte, apoyado por el actual alcalde José Fernando Zabaleta, del Partido de La U.

La Silla llamó al alcalde para conocer su opinión, pero este no respondió las llamadas.

Habitantes de los municipios del Canal del Dique, como Manatí y Arroyohondo,  que viven desde hace años en Venezuela están visitando a sus familiares y aprovechando para inscribir sus cédulas, le dijo una fuente de la MOE a La Silla. Esos habitantes llegan a inscribirse y solo regresan para votar el 25 de octubre en los municipios ribereños de Bolívar y Atlántico.

Hasta ahí no hay nada anormal, lo que supo La Silla es que lo están haciendo porque les están comprando el voto.

En Arroyohondo, Bolívar, hay desde octubre pasado un incremento en la población electoral. Muchos de esos potenciales votantes sí se han regresado de Venezuela, explicó un investigador de la MOE, dada la mala situación económica y los problemas de seguridad de ese país, mientras que otros solo visitan Arroyohondo por motivos clientelistas.

“Vienen porque tienen el voto comprometido y terminan votando y decidiendo por un municipio en el que lo que pase poco les afecta”, le dijo la fuente a La Silla.

Arroyohondo es uno de los 93 municipios con aumento desbordado en su zonificación. Hasta mayo pasado la tasa de inscritos por mil habitantes era de 69 personas, el doble que la nacional.

En municipios como Manatí y Campo de la Cruz, en Atlántico, se estaría presentando una situación similar. En esas poblaciones la migración de habitantes hacia Venezuela ha sido siempre una constante, especialmente después de la inundación de 2010.

Manatí aparece en el top 93 de la MOE con una tasa de 57 inscritos por cada mil cuando el promedio nacional es de 26. La MOE Atlántico, al igual que la de Bolívar, tiene indicios de que detrás de esas inscripciones hay compra y venta de votos.