Tierralta: donde la paz se encuentra con las bacrim

Uno de los campamentos para el proceso de desarme de las Farc quedará en una de las 235 veredas de un golpeado municipio cordobés, que es más grande que el departamento del Atlántico y se hizo famoso en la historia reciente porque su corregimiento Santa Fe Ralito fue sede de los diálogos con las Autodefensas.

La guerra ha visitado Tierralta con todos sus vestidos y formas, incluyendo en este momento el azote al mismo tiempo de la banda criminal de Los Úsuga y de las Farc que, según habitantes y autoridades, han tenido una suerte de alianza para el narcotráfico justo en el área en la que se hará la concentración guerrillera.

Desde un pueblo en el que anhelan que esta sea por fin su oportunidad de vivir tranquilos, esta crónica acerca de la complejidad de los retos en momentos en que los acuerdos de paz comienzan a aterrizar en la realidad de las regiones.

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En Tierralta, la guerra es una oscura señora que históricamente se ha paseado por las calles vestida de guerrillas liberales, de EPL, de Farc, de paramilitares y de bandas criminales o bacrim. En ese orden.

La perversa dama se instaló en estos 5.260 kilómetros cuadrados, que incluyen parte del Nudo de Paramillo, y no ha dado un minuto de tregua a sus 110 mil habitantes.  

Su actuar ha sido tan complejo que, por ejemplo, en los 90 más de 100 hombres del EPL fueron forzados por las AUC a desmovilizarse en suelo tierraltence y algunos terminaron convertidos en paramilitares, primero, y luego en miembros de bacrim. Aquí hay víctimas vecinas de sus victimarios, hermanos enfrentados desde bandos contrarios, desmovilizados que antes de todo fueron desplazados por el conflicto.

El drama de la violencia en un coctel.

Seguro por eso, unas tres horas después de que el Gobierno y las Farc anunciaran desde La Habana el histórico acuerdo al que llegaron para el fin del conflicto, el jueves pasado a mediodía, un hombre descalzo y sin camisa que intentaba pescar en la orilla del río Sinú un tronco para hacer leña dijo:

- Uy, ¡esa es la noticia más grande! 52 años tengo yo y 52 años llevo viendo la guerra. Cumplí el 4 de junio y ¡mire! la guerra se acabó en mi mes. Yo por eso le decía ahorita a mi mamá: hagamos algo, saquemos la bandera, porque es que esto es demasiado grande…

Y se lleva la mano derecha al rostro para enjugar una mezcla de lágrimas y sudor.

Me lo encontré en el Libardo López, uno de los apenas dos barrios (de 42 que hay) del casco urbano de Tierralta que le ve la cara al Sinú. Una calle destapada y húmeda, un muro de sacos para evitar inundaciones y las casas enclenques en la orilla del río le dan a la escena y al hombre un aspecto como de tragedia.

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Luego de dos horas de regular carretera desde Montería, la capital departamental, hasta acá llegamos ese día con la información extraoficial de que la vereda El Gallo había sido seleccionada para concentrar unos 400 guerrilleros en su tránsito hacia la dejación de las armas. Nos lo contó alguien del alto Gobierno.

Entonces no se habían anunciado aún dónde quedarían las zonas de concentración ni los campamentos en los que estarán los miembros de las Farc, así que sin mayores detalles pregunté al tierraltence que pesca y celebra su opinión sobre la posibilidad de que alguno de éstos quede en el municipio.

Ya sin llorar:

- Bueno, ahí sí habría que pensarlo mucho porque, mire, nosotros ya vivimos una experiencia con el proceso de desmovilización paramilitar y ¿qué beneficios recibimos? ¡Nada! Ralito hoy es un pueblo fantasma, mucha gente sigue creyendo que aquí todo el mundo es paramilitar y los mismos desmovilizados se volvieron a adueñar de nuestro municipio. La verdad es que ellos siguieron mandando y siguen mandando.

Su rostro se endurece un poco.

Lo que dice es cierto y lo confirmaré en los dos días siguientes con 16 fuentes más.

Es la herencia de Ralito, corregimiento cuna del proyecto paramilitar y sede, luego, de la principal concentración de las autodefensas para desmovilizarse entre 2004 y 2006.

En medio de escandalosas parrandas con prostitutas y negocios y reuniones con todo tipo de personajes que los iban a visitar como si estuvieran de paseo, en aquel momento se desmovilizaron 31.671 paras, según el número oficial. Pero, como la historia bien lo ha dejado claro, parte de ese proyecto mutó a las hoy llamada bandas criminales o bacrim.

La primera evidencia de que las bacrim, y puntualmente el clan Úsuga, tienen poder hoy en Tierralta es lo que ocurrió durante los días del paro armado que decretó este grupo el pasado abril.

Durante 48 horas seguidas, ningún establecimiento de comercio del pueblo se atrevió a abrir sus puertas por temor a las amenazas de los Úsuga que hicieron circular aterradores panfletos y mensajes de voz en chats de celular.  

Aunque no ponen alcaldes a dedo ni hacen las veces de Estado solucionando hasta los problemas maritales o impartiendo su justicia en terroríficos mataderos a la orilla del río, como lo hacían los paras, en el casco urbano y corregimientos aledaños las bacrim se dedican a extorsionar y controlan el negocio de los pagadiario.

Me lo dijo un líder de víctimas: “Aquí todo el mundo paga ‘impuesto’. Conozco heladerías que les tienen que entregar hasta 250 mil pesos mensuales”.

Otra persona conocedora del tema, así, sin dar mayores características de ella para protegerla, me contó que sabía de profesores a los que les tocaba darle ‘vacuna’ a este grupo. “Mucha gente paga aquí por su tranquilidad, hasta los vendedores de minutos”, detalló.

Cómo será de cierto eso, que este año a la Alcaldía le tocó pedirle al Ejército que vigilara unas obras civiles porque las bacrim querían extorsionar a los contratistas. También han exigido vacuna a la empresa pública municipal que maneja parte de los servicios públicos, ante lo cual el alcalde Fabio Otero ordenó negarse a pagarle un peso a los ilegales.   

“Por temor las denuncias son pocas, pero el 80 por ciento del comercio aquí está extorsionado”, reconoció el mandatario.

El Alcalde -médico ginecólogo, de origen conservador, elegido el año pasado con poco más de 12 mil votos por un movimiento llamado ‘Juntos por Tierralta’, que apoyó el exgobernador Alejandro Lyons- nos dio una entrevista en su casa al día siguiente del encuentro con el pescador del tronco en el río.

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El Ministerio de Defensa acababa de revelar los municipios en los que se ubicarán las 23 “zonas generales transitorias veredales de normalización” y los ocho campamentos satélites en los que estarán las Farc, y el teléfono no dejaba de sonarle para pedirle declaraciones.

A todos, medios locales y nacionales, les repitió con entusiasmo que Tierralta le da un sí rotundo a la paz y que espera que con esto termine de una vez el estigma de la guerra en el pueblo. Aunque también dijo que los habitantes no quieren otro Ralito, el tema bacrim no salió a relucir en lo que pudimos oír.

Cuando se lo consulté, explicó que, como todo el mundo en el pueblo sabe, además de lo que pasa en el casco urbano y sus corregimientos aledaños, el sur del municipio ha sido un histórico fortín del narcotráfico.

“Lo que se sabe es que estas dos bandas (bacrim y Farc) vienen delinquiendo en esto (narcotráfico). Lo que no queremos es que esta noticia (el campamento anunciado por el Gobierno) nos vaya a generar más desplazamiento y violencia, si el otro grupo busca quedarse después con ese espacio que dejan las Farc”.

El Alcalde dijo, y es cierto, que no tiene las respuestas sobre lo que va a pasar con la seguridad (“habría que pedírselas a las Fuerzas Militares”, me respondió), y que su llamado va a ser para que esta vez sí llegue a Tierralta todo el Estado que no llegó en las dos anteriores desmovilizaciones en las que el pueblo puso su suelo y su tranquilidad: la del EPL en los 90 y la de las AUC en los 2000.

Porque la herencia de ambas no ha sido sólo más violencia, sino también, como pasa en el círculo vicioso del conflicto, más problemas sociales y abandono estatal. No vino la inversión, sino el crimen.

Los números oficiales cuentan que este es uno de los municipios del país con más desplazados (en 2013 fue el tercero): unos 40 mil, por poco la mitad de la población. Que apenas 39 policías cuidan a sus más de 100 mil habitantes, y sólo en el casco urbano, pues no cuentan con uniformados en la zona rural.

Que los que se enferman sólo tienen la opción de un hospital de primer nivel, que presta la atención básica, o viajar a Montería unas dos horas por por la regular vía. Que en la zona urbana el agua llega a 32 de los 42 barrios, pero únicamente tres días a la semana (con el río al lado). Y que hay 27 acueductos veredales para más de 200 veredas.

En la galería de la infamia, también está la emergencia que se vive en el asentamiento de desplazados ‘Nueve de agosto’, una invasión en el casco urbano de 56 hectáreas en la que malviven 22 mil personas sin viviendas adecuadas, sin servicios públicos legales, sin vías y a veces hasta sin comer. El drama llega al punto que la Alcaldía cuenta este año 22 suicidios de residentes allí, especialmente indígenas del pueblo Emberá Katío del Alto Sinú, desesperados por la situación de extrema pobreza.

El horror.

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Si en el casco urbano y vecindades del gigante Tierralta la guerra se apellida Úsuga, hacia el sur del municipio, en cercanías al Nudo de Paramillo, la señora oscura se pone un vestido con doble faz: el de las bacrim, pero también el de las Farc. Por eso, aunque de entrada pudiera sorprender, no es increíble que una vereda del pueblo haya sido elegida como campamento de la guerrilla en los acuerdos de paz.

La vereda El Gallo pertenece al corregimiento de Crucito. Tiene 31 casas, 152 habitantes y la particularidad de parecer una tierra de otro mundo, impenetrable para la gente de la Colombia conocida.

Bueno, en realidad hasta para el Alcalde, que desde que se posesionó no ha podido ir ni una vez por motivos de seguridad. Tampoco ha ido nunca la personera María Alexandra Ferraro, quien me dijo por teléfono desde Montería que para ir toca coordinar con un intermediario de los grupos que ahí están un permiso para el acceso.

Un alto uniformado del Ejército con el que hablé de manera informal me dijo fuera de micrófonos que me recomendaba no ir porque desde hace unos tres meses ahí no hay tropa “usted sabe, por los tratados de paz”.

Tierralta es tan extenso que incluso hay corregimientos y veredas más remotos que El Gallo, a cinco, seis, siete y hasta ocho horas de distancia y desamparo. Por ejemplo, el corregimiento de Saiza está más cerca y más vinculado cultural y económicamente al antioqueño pueblo de Carepa, en el golfo de Urabá.

Para llegar a El Gallo hay que tomar un transporte terrestre más o menos una hora hasta el puerto de Frasquillo, en la represa de Urrá. Desde ahí una canoa o “Johnson” otra hora hasta la cola del embalse , a pocos kilómetros del parque nacional natural Paramillo (de hecho, aunque no alcanza a ser parque y zona protegida, la vereda es considerada por Parques Nacionales como con “función amortiguadora” y por eso no puede ser intervenida). 

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Su habitantes siembran su pancoger y viven o de la pesca o de sus cultivos de coca dentro del parque, aunque la vereda queda afuera.

La mayor autoridad allí ha sido históricamente el frente 58 de las Farc que comanda el tierraltence Joverman Sánchez Arroyave conocido como ‘Rubén, el Manteco’. Evidencia de que ello sigue vigente es, por ejemplo, que este año hay reportadas en la Personería local dos familias de la zona de El Gallo y vecindades como desplazadas por la violencia atribuida a este grupo.

Lo que dicen en voz baja y por separado desde un alto funcionario de la Gobernación de Córdoba hasta comentaristas de esquina, pasando por víctimas, periodistas y campesinos con los que pude hablar, es que en esta zona del sur cerca a El Gallo la guerrilla hizo una suerte de alianza con las bacrim para narcotraficar y por ello no se enfrentan.

“Es una sociedad económica, las Farc tienen sus cultivos o los compran y los otros son los dueños de las rutas”, fue lo que me explicó el militar con el que hablé.

“Inteligencia dice y manifiesta que cerca al Nudo, allá hay cultivos y rutas, y entre ellos dos no se están atacando porque hicieron una alianza”, coincidió por aparte el teniente Sander Cediel, que por estos días está encargado de la comandancia de la Policía de Tierralta.

El alcalde Otero los califica de “comentarios de pasillo”, pero al tiempo lanza este dato: “Antes de que esto se empezara a decir, aquí podíamos registrar hasta 60 muertos en un mes. Hoy eso no se ve; de pronto es producto de esa supuesta hermandad”.

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Ya el mismo presidente Juan Manuel Santos en 2014 había atribuido el asesinato de siete policías en el vecino Montelíbano a una unión de los Úsuga con el frente 58.

Gente que conoce el terreno y lo ha visto cuenta que la guerrilla es la “dueña de la zona”, que le recibe a cocaleros de muchas veredas los cultivos y que luego vende la base de coca a emisarios de las bandas criminales que controlan varias rutas de salida. Sin embargo, frente a la inminencia de los acuerdos de paz, de unos dos meses para acá quienes hacen ese trato ya no son los guerrilleros sino personas de civil que igual trabajan para ellos.   

El tiempo y el desenlace de los acuerdos dirán qué va a pasar con eso, con la presencia de las bacrim en el casco urbano, con los cocaleros que no necesariamente son guerrilleros y viven en la zona de la vereda.

“Son muchas las preguntas y esperamos respuestas”, me dijo poco antes de salir del municipio el líder de una asociación que agrupa a víctimas de la guerrilla y de los paramilitares, “esperamos respuestas porque ya basta de pensar que Tierralta aguanta todo, que Tierralta está aquí y puede recibir todos los golpes”.

El tiempo y el desenlace de los acuerdos dirán, sobre todo, si por fin llegó la anhelada segunda oportunidad que este herido pueblo espera sobre la tierra.

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