¡Vergüenza!

Hace poco más de un mes el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a Invias a indemnizar a las familias de las 41 personas que fallecieron como consecuencia del deslizamiento de tierra que precipitó a un bus que se desplazaba por la vía Quibdó Medellín, 200 metros abajo, hasta el lecho del Rio Atrato, en febrero de 2009.

Además del pago de los perjuicios, el Tribunal ordenó a Invias “ejecutar las obras necesarias en el trayecto La Mansa-Quibdó, para que en lo sucesivo no ocurran más accidentes de tránsito” y a realizar “un acto público en Quibdó en el que se reconozca la responsabilidad, en el cual presenten ante la comunidad los proyectos de obras que se ordenen realizar”. La entidad no alcanzó a cumplir la sentencia antes de que ocurriera otro accidente similar: el jueves pasado un alud de tierra ocurrido relativamente cerca de donde ocurrió el de 2009, dejó un número hasta ahora indeterminado de muertos y decenas de heridos.

En los dos hechos las víctimas trataban de superar un tramo de la carretera que se encontraba cerrado hacía varios días por deslizamientos de tierra. En ninguno de los dos casos se tomaron las medidas para evitar que el hecho ocurriera. Invías apeló la sentencia del primer caso con el mismo argumento de los abogados del Distrito en el caso de Rosa Elvira Cely: que la víctima se puso en riesgo.

¡Hace más de siete años!, después del hecho del 2009, se gestó en Quibdó un movimiento que obligó a que el gobierno nacional asumiera la obligación de arreglar la vía. El compromiso oficial era intervenir 92 kilómetros de vía, con una inversión de 200 mil millones de pesos. Es el tramo que corresponde al Departamento del Chocó que ha sido denominado como el camino de la muerte. El que corresponde a Antioquia, entre Medellín y Ciudad Bolívar, son unos 120 kilómetros que se recorren por una vía pavimentada hasta que llega al límite. Es como el símbolo de la diferencia entre un país y otro.

Se tomaron unas decisiones, se mejoró un poco la vía con mantenimiento menor que se le hizo y después se suscribió un contrato para intervenir un sector de la vía de aproximadamente 50 kilómetros, de los que solo se ha trabajado en poco menos de la tercera parte, después de seis años. Cómo ha hecho de falta allá el Vicepresidente Germán Vargas, con su casco, “madriando” a los contratistas y poniendo plazos perentorios.

Hasta El Veinte, o El Quince o el Diez, que es como se conocen los sitios de la vía, no han llegado sino funcionarios de tercer nivel. A pesar del poco trabajo que se ve en la vía, han pasado los años y todos tranquilos. Las cámaras oficiales no se han encendido en estos días de tragedia.

La vía se ha intervenido a retazos, como con desdén, con esa actitud que los habitantes de determinadas regiones del país perciben que actúan los funcionarios bogotanos. Como gran cosa, hace seis meses, se adjudicó un nuevo contrato, para intervenir 12 kilómetros, ¡sí, 12 kilómetros!, de la vía. Entre idas y venidas la ejecución de ese contrato no ha iniciado.

Los habitantes de Quibdó viven como aislados, víctimas de un modelo de desarrollo territorial colombiano que resolvió marginar centenares de miles de personas y entregarles bienes y servicios públicos de pésima calidad.

En 1954, García Márquez, en una crónica escrita para el diario El Espectador relataba que: “Desde hace años, los chocoanos están pidiendo una carretera. No importa hacia dónde vaya esa carretera, siempre que rompa el cerco de la selva. Puede ser a Bahía Solano para tener un puerto en el Pacifico, distante 178 kilómetros de Quibdó. Puede ser a Cupica donde una olvidada selva de naranjas silvestres se está pudriendo desde hace un siglo, porque no hay cómo llevarlas a ninguna parte. Puede ser a Medellín o al Japón, pero, de todos modos, los chocoanos tienen años de estar pidiendo que los desembotellen, y lo han gritado en el parlamento, en el consejo de ministros, en los periódicos, en hojas sueltas y en las mesas de los cafés”.

Un habitante de Quibdó que requiera un tratamiento médico de mediana complejidad tiene que ir a Medellín, Pereira o Bogotá. El sistema público de salud no está dotado si quiera mínimamente para ofrecer ese servicio, por lo que el paciente tendrá que asumir la aventura de recorrer la carretera Quibdó Medellín y después de quince horas llegar a la capital antioqueña. A Pereira pueden ser nueve horas y el tramo menos riesgoso.

Si el paciente resuelve ir a Bogotá, o al propio Medellín, pero por vía aérea tendrá que pagar un valor equivalente en promedio al doble del que tendría que pagar un habitante de Bogotá para ir a Cartagena, en un vuelo de casi la mitad de la distancia. El aeropuerto de El Caraño solo permite la operación de aeronaves pequeñas cuyo costo de viaje por pasajero es casi tres veces el valor de llevar un pasajero a un aeropuerto en el que puedan operar naves grandes.

La situación de difícil comunicación hace que por ejemplo un bulto de cemento cueste más de dos veces lo que vale en Bogotá. En fin.

Los ciudadanos del Chocó están en una condición de desigualdad no por situaciones de la naturaleza, que no sean atribuibles a nadie. No, los ciudadanos del Chocó son víctimas de la discriminación de las políticas públicas que los ponen en una situación de desigualdad en relación con habitantes de otros lugares del país. Eso solo se remedia con acciones afirmativas, con subsidios, con incentivos, pero a los economistas les parece que subsidiar la generación de empleo en el Chocó no es económicamente rentable y en el Ministerio de Hacienda creen que, por ejemplo, diseñar algún esquema de subsidio del transporte aéreo para compensar las cargas es impensable. No se oponen tanto si los subsidios son para producir biocombustible en los ingenios del Valle o para los cafeteros.