Viaje al mundo del contrabando de alimentos

Pese a que el contrabando de alimentos es un fenómeno muy nocivo para el campo colombiano, históricamente se le ha parado menos bolas que al de cigarrillos, gasolina o alcohol. Foto: Policía Nacional

Que por Paraguachón o Ipiales entran al país miles de botellas de whisky Old Parr o cartones de cigarrillos Ibiza -la marca del presidente paraguayo Horacio Cartes- es noticia vieja. Pero que por esos mismos pasos fronterizos entran sin ningún control cientos de toneladas de huevos, arroz o leche en polvo -todos productos de la canasta básica familiar- es una realidad mucho menos conocida e igual de dañina.

Durante el reciente paro agrario, los tratados de libre comercio fueron uno de los chivos expiatorios para miles de campesinos y pequeños agricultores en todo el país. Y aunque algunos TLC han generado algún tipo de competencia desigual con productos locales, ninguno de éstos ha tenido un efecto tan devastador en el campo como el contrabando silencioso y a cuentagotas.

Tanto que, a pesar de que históricamente ha pasado por debajo del radar de la mayoría de la población, ya comienza a ser identificado como uno de los mayores males del campo colombiano, junto con el alto costo de los insumos, la revaluación del peso, el pobre estado de la red de carreteras terciarias o la alta informalidad en la tenencia de la tierra, que tiene a la mitad de los campesinos por fuera de los programas del Gobierno.

De manera que para evitar otro paro agrario y aterrizar el Pacto Nacional Agropecuario, el presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde tendrán que pensar en cómo cerrar el boquete fronterizo por donde están entrando no sólo botellas de whisky y cigarrillos, sino miles de kilos de alimentos. Y en especial pensar en qué hacer en los cuatro rincones neurálgicos por donde el contrabando se pasea a sus anchas: La Guajira, Norte de Santander, Nariño y Putumayo.

El Gobierno y el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde le han dado mensaje de urgencia al proyecto de ley anticontrabando que pronto se discutirá en el Congreso.

Aunque los TLC fueron una de las quejas más vocales durante el reciente paro agrario, los pequeños agricultores son conscientes de que el contrabando los está forzando a vender sus alimentos hasta un 35 por ciento por debajo el precio normal. Foto: Laura López

El contrabando de la canasta básica se ha vuelto un negocio rentable, sobre todo cuando se trata de alimentos producidos a menor costo en el país vecino -gracias a subsidios a la gasolina o los fertilizantes- o que se abaratan con maniobras cambiarias del bolívar venezolano.

Bandejas llenas de huevos, escondidas en los baúles de carros o la parte inferior de camiones. Trilladoras de arroz con sus máquinas fuera de uso, pero adornadas con letreros que indican el precio de compra del grano. Leche que cruza la frontera en polvo y pronto es rehidratada para venderse como 'leche de vaca'.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos alimentos están entrando de contrabando al país, en gran medida porque -a diferencia de lo que sucede con los cigarrillos o el trago- no hay etiquetas que los delaten. En muchos casos, como el del arroz, ni siquiera hay diferencias físicas porque en Ecuador se plantan muchas variedades desarrolladas en Colombia. Una vez superadas las fronteras, se vuelven prácticamente imposibles de rastrear y muy fáciles de comercializar, incluso en lugares como Corabastos.

El único dato que hay es el de las incautaciones que hace la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que son ya de por sí bastante alarmantes: entre enero y septiembre de este año, se interceptaron 1,6 millones de kilos de arroz, 155 mil kilos de azúcar, 139 mil kilos de fruta, 198 mil huevos y 119 mil kilos de leche en polvo.

Eso significa pérdidas de unos 3 mil millones de pesos para los arroceros y unos 1,5 mil millones para los lecheros, dos de los sectores que se sumaron al paro agrario este año.

Pero las incautaciones son apenas la punta del iceberg. El Consejo Nacional del Arroz calcula que entran 250 mil toneladas anuales del grano, un número al que llega cotejando las cifras de lo que se siembra y recoge (un censo que lleva Fedearroz, el gremio arrocero) con las de consumo que saca el Dane. El hueco entre ambas -es decir, el balance de existencias menos las importaciones legales- da 250 mil toneladas. O más de cien veces el total incautado.

En Fenavi, el gremio avícola, calculan que todos los días cruzan las fronteras unos 800 mil huevos y unos 2 mil pollos, sobre todo por Ipiales y Cúcuta. Con mucha frecuencia, tienen más de los 28 días de 'edad' que se recomienda en Colombia y viene en bandejas reutilizadas, prohibidas en el país.

“Colombia tiene paradójicamente condiciones sanitarias mucho más exigentes que sus vecinos, pero los controles en las fronteras no existen”, le dijo a La Silla una persona del sector avícola que prefirió no revelar su nombre porque monitorea el comercio en la frontera con frecuencia.

Y es que a diferencia de lo que sucede con el trago, la gasolina o los cigarrillos, el contrabando de estos alimentos golpea directamente a los pequeños productores que son el primer eslabón de la cadena productiva.

Aunque los cultivadores de tabaco y los tenderos también se ven golpeados por otros tipos de contrabando, en general son las multinacionales y el Estado las que absorben el golpe económico. En cambio, con el ingreso de alimentos de la canasta básica a precios más bajos de lo normal, los pequeños productores se ven obligados a vender más barato y, en ocasiones, incluso por debajo de los costes de producción.

El efecto perverso es que, contrario a lo que sucede con las pimpinas de gasolina o el trago de 'sanandresitos', para el consumidor no hay prácticamente ninguna caída en el precio. El margen de ganancias se lo reparten entre el quienes lo traen al país, quienes lo compran al por mayor y lo empaquetan, y los tenderos que lo venden al público.

 

Para Fedearroz y su presidente Rafael Hernández, los números de la producción arrocera en el Putumayo no cuadran.

Ipiales, junto con Cúcuta, La Guajira y el Putumayo son los centros neurálgicos del contrabando de alimentos.

Sin embargo, hay cada vez más evidencia de que se ha convertido en una fachada idónea para el lavado de activos, ya que son productos fáciles de camuflar y de comercializar. En la frontera con Ecuador se sospecha que el negocio lo controlan las Farc, mientras que en Norte de Santander serían las bacrim.

El arroz es quizás el caso donde hay mayores indicios. Hasta hace un par de años, la mayor parte del arroz de contrabando entraba por la frontera nariñense y en especial por Ipiales, pero tras una serie de operativos de la Policía en 2010 -en los que se capturó a los cerebros- el negocio se desplazó hacia el vecino Putumayo.

Según Fedearroz, el hecho de que en Putumayo existan una veintena de trilladoras o piladoras de arroz pero pocos cultivos es el mayor indicio de que el contrabando del grano se está concentrando allí. Y en especial en La Hormiga y San Miguel, dos municipios fronterizos con fuerte presencia del frente 48 de las Farc, que se sospecha está detrás del negocio.

Para el gremio arrocero el cálculo es sencillo: el área sembrada del Putumayo equivale a un par de meses de consumo local, pero no debería alcanzar para venderlo fuera del departamento. Porque si sólo tiene 2 mil hectáreas de arroz, trilladoras poco tecnificadas y maquinaria deficiente para quitarle la cáscara y pulirlo, es difícil explicar la cantidad de tractomulas que salen cargadas de arroz blanco hacia el resto del país. “Los números sencillamente no dan”, dice Rafael Hernández, presidente de Fedearroz.

Muchas de estas trilladoras luego van a Fedearroz a pagar la cuota de fomento arrocero, un impuesto parafiscal (del 0,5 por ciento) que deben aportar todos los campesinos y que maneja el gremio.

Lo que Fedearroz sospecha -y le ha pedido a la Dian investigar- es si estas piladoras compran el arroz de contrabando y luego usan nombres ficticios de campesinos para pagar el parafiscal, blanqueando así su actividad y evitando ser controlados. El problema es que, así el gremio tenga sus sospechas, no puede negarles el libro de registro de compras.

A eso se suma que no debería entrar nada de arroz por tierra al país, ni a Nariño ni a Putumayo. Esto porque Colombia es autosuficiente en arroz en un 95 por ciento y, para evitar el contrabando, ese restante 5 por ciento -en general venido de Ecuador- debe llegar por barco a Buenaventura.

 

Los congresistas Luis Fernando Velasco (foto) y Manuel Enríquez Rosero están a punto de presentar la versión definitiva del proyecto de ley anticontrabando. 

Los gremios del campo están pidiendo mayores funciones para la Policía Fiscal y Aduanera, que dirige el general Gustavo Moreno. 

Casi todos los gremios dentro del sector agrario coinciden en que la llegada del general Gustavo Moreno -con experiencia en inteligencia- a la cabeza de la Polfa fue un acierto, pero también en que el principal organismo de lucha contra el contrabando no tiene los dientes necesarios para enfrentarse a un negocio multimillonario y altamente organizado.

Hoy por hoy, la Polfa logra detener al camión que trae un cargamento, pero muy difícilmente le llega a todos los actores que le siguen en la cadena. Y ese 'portador' -conocido como “bachaquero” en Venezuela o “pitufo” en Ecuador- es apenas el primer eslabón en una cadena donde conviven sectores ilegales y legales, desde los bodegueros que almacenan todos los alimentos y los compradores mayoristas que los reempacan, hasta los tenderos que permiten su entrada al mercado legal.

El mayor problema es que en estos momentos una persona sólo puede ser judicializada por contrabando de alimentos si es capturada con un cargamento cuyo valor sea superior a los 50 salarios mínimos.

“Eso quiere decir que un cargamento por debajo de 30 millones de pesos técnicamente no es contrabando”, dice Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.

La medida resulta inocua porque los alimentos se mueven en cantidades pequeñas -al menudeo- y porque se necesitan volúmenes demasiado grandes de huevos o de leche, a diferencia de cigarrillos o alcohol, para llegar a ese monto. Y porque además, según le contaron tres personas del sector agrario a La Silla, la mayoría de bodegas adonde llegan los productos se cuidan de no sobrepasarlo.

Por ahora, parte de las esperanzas del sector agrario están puestas en el proyecto de ley que están coordinando el senador liberal Luis Fernando Velasco y el conservador Manuel Enríquez Rosero, al que el Gobierno le ha dado mensaje de urgencia y que se comenzará a debatir en el Congreso en las próximas semanas.

Uno de los mayores cambios que traería es precisamente bajar el monto mínimo para poder cerrar temporalmente tiendas que contengan más de 10 salarios mínimos -o unos 3 millones de pesos- en 'stock' de contrabando. Eso permitiría caerle más fácilmente a las bodegas donde se almacenan y distribuyen los alimentos blanqueados, así como a los otros eslabones en la cadena.

Casi todos los sectores del agro ven con buenos ojos la medida, pero algunos aún creen que se queda corta para algunos productos. “¿Cuánto son 2 o 3 millones de pesos en huevos? Sigue siendo demasiado alto”, dice una persona del gremio avícola.

Por estas razones, la mayor dificultad que tiene la Polfa es que no tiene el pie de fuerza ni los recursos para desmontar las estructuras y sobre todo para hacer labores de inteligencia, que son las más efectivas para llegar a los peces gordos.

De ahí que el proyecto de ley de Velasco y Enríquez Rosero ponga precisamente el énfasis en la inteligencia, creando una dirección de policía fiscal dentro de la Dian y dándole competencias mucho más amplias a la Polfa, incluyendo las funciones de policía judicial y de investigación criminal.

Paralelo a esto, los gremios se dieron cuenta que la falta de coordinación no les estaba permitiendo ejercer presión al Gobierno en el tema del contrabando y este año varios de los principales gremios de alimentos -Fedearroz, Fenavi, Asograsas y Asocaña- se juntaron con la Cámara de Comercio de Bogotá y British American Tobacco (BAT) para fundar la Coalición Empresarial contra el Contrabando (Cecc).

“Se confundía el hecho de que las causas son muy diferentes según el sector, pero que la solución sí es igual para todos. Nuestra meta es hacerle veeduría al proceso de manera conjunta, de modo que podamos tener una política eficaz contra un mal que nos afecta a todos”, dice Jerónimo Castillo, gerente contra el comercio ilícito en BAT y secretario técnico del nuevo grupo de trabajo.

Este cuadro muestra las incautaciones de alimentos hechas por la Policía Fiscal y Aduanera, entre enero y septiembre de este año.