¿Victimarios infiltran espacios oficiales para las víctimas?

Las organizaciones de víctimas de Nariño se encuentran en estado de alarma tras el asesinato de Miller Angulo en Tumaco este sábado. Foto: Juan Pablo Pino

El asesinato de Miller Angulo el sábado en la noche en Tumaco disparó las alarmas de las organizaciones de víctimas en la Costa Pacífica y de todo el país, muchas de las cuales sienten que paradójicamente su presencia en espacios convocados desde el Gobierno para su participación está generando un recrudecimiento en las amenazas de grupos interesados en que sus reclamos no prosperen.

Angulo, quien fue acribillado por dos motociclistas mientras veía el partido entre América y Alianza Petrolera en una cafetería del barrio Puente Márquez de Tumaco, era uno de los líderes de víctimas de mayor reconocimiento en el suroccidente del país. 

“A pesar de tener sólo 33 años, Miller era el líder social más reconocido de Tumaco. Gozaba de gran respeto en la comunidad, por lo que su muerte constituye un gran golpe para las organizaciones sociales en esta región y todo el proceso de participación de las víctimas en el país”,  le contó a La Silla Vacía Gabriel Rojas, un investigador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) que trabajó con él y lo describe como un líder discreto y muy conciliador.

Miller Angulo llegó al casco urbano de Tumaco a los 23 años, desplazado con su familia de la zona del río Chagüí,

Rosa Amelia Hernández, líder de restitución de tierras en Córdoba, señala que después de cada encuentro de víctimas aumentan las amenazas.

Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, no ve una relación causal entre los encuentros y las amenazas.

Miller Angulo, asesinado el sábado en Tumaco, era uno de los líderes de víctimas más reconocidos del suroccidente del país.

cercana al puerto nariñense, tras el asesinato de su padre. Comenzó entonces a trabajar con la población desplazada siguiendo el ejemplo de su mamá, quien dirige una organización de mujeres empresarias y cabezas de familia en la ciudad.

“Miller era el principal vocero de la población víctima del conflicto frente a las instituciones del Estado. Se encargaba de exponer los problemas de la comunidad ante estas instituciones, coordinaba la posición de las víctimas, les brindaba la información necesaria para que las víctimas pudieran acceder a los beneficios que les otorga el Estado y velaba porque éstas fueran atendidas conforme a la ley”, le contó a La Silla el funcionario de un organismo multilateral que trabajó con Angulo, pero que no cuenta con autorización para hablar con los medios.

Después de la promulgación de la Ley de Víctimas en 2011, Angulo se convirtió en uno de los líderes más visibles de Nariño, primero a nivel municipal y luego departamental. Actualmente ocupaba los cargos de secretario técnico de la Mesa Departamental de Víctimas, coordinador de la Mesa Departamental para la Población Desplazada en la Costa Pacífica y representante de las organizaciones de víctimas ante el Consejo Territorial de Planeación.

El asesinato de Angulo ha generado una fuerte preocupación entre las organizaciones de víctimas de Nariño y la Costa Pacífica, varias de las cuales señalaron a La Silla que sienten que su participación en los espacios del gobierno para las víctimas se ha traducido en un peligro adicional para sus vidas. El propio Angulo venía de participar la semana pasada en dos encuentros institucionales en Pasto, uno sobre el plan de acción territorial y otro con las víctimas, en el que estuvo presente Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas.

“Se está presentando una situación muy delicada. Hemos estado reuniéndonos estos días con líderes y organizaciones de otros municipios, que también han vivido un proceso de desplazamiento muy difícil en los últimos años. Cuando parece que la situación se estaba enrumbando con la Ley de Víctimas, que había un norte, sucede esto”, le contó a La Silla Román Mora, un funcionario del Departamento de Prosperidad Social en Nariño que conocía a Angulo desde hace dos décadas. “En este momento las organizaciones sociales no saben si continuar y el miedo es muy palpable. No quieren dejar en el camino este proceso tan largo, pero están muy asustados”, añadió.

En los últimos dos meses, un centenar de líderes y organizaciones de víctimas y derechos humanos han recibido una serie de panfletos con amenazas de muerte, enviados por correo electrónico y firmados por el Bloque Central de las Águilas Negras. Pese a que Miller Angulo aparecía mencionado con nombre propio en el panfleto, no había solicitado esquema de seguridad ni evaluación de riesgo, según la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior.

Aumentan las amenazas

El de Miller Angulo no es el único caso reciente que tiene preocupadas a las organizaciones de víctimas. La Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados (AFRODES) también denuncian que sus participaciones en estos espacios han sido seguidas por un aumento en las amenazas contra las seccionales de la asociación y sus miembros, tanto por teléfono como por correo electrónico.

“Han aparecido tres panfletos señalando al grupo en poco más de un mes y han aumentado las amenazas individuales. Sentimos que cada vez que participamos en uno de los espacios del gobierno para las víctimas o que nos subimos al escenario para visibilizar el trabajo que estamos haciendo con la comunidad, empiezan las amenazas”, le contó a La Silla Erlendy Cuero, vicepresidenta de Afrodes. “Incluso cuando cambiamos de correo, comienzan a llegar muy rápidamente a las nuevas direcciones”, señala Acxan Duque, director jurídico de Afrodes.

Uno de los casos que más preocupa a Afrodes -que se reunirá esta tarde con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está haciendo una visita a Colombia esta semana- es el de Alberto Córdoba, el líder por los derechos de los discapacitados que sufrió un intento de rapto el pasado sábado 21 de octubre en el centro de Bogotá. Córdoba se dirigía a un evento de conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica cuando un grupo de desconocidos intentó subirlo a un vehículo, pero él se defendió con sus muletas y consiguió llamar la atención de los transeúntes.

El fenómeno es similar en otras regiones del país. “Yo no había salido de Consejo Nacional de Restitución de Tierras cuando ya habían comenzado a llegar las amenazas”, le dijo a La Silla Rosa Amelia Hernández, una de las líderes de restitución de tierras en Planeta Rica (Córdoba) y alrededor de quien La Silla lanzó el Proyecto Rosa, financiado con los aportes de los Súper Amigos.

Estas preocupaciones se suman a las que ya tenían las organizaciones de víctimas por la filtración de los números de los celulares que les entrega la Unidad Nacional de Protección como mecanismo de seguridad, que permitió el asesinato de uno de los líderes de Curvaradó y Jiguamiandó en marzo pasado. 

Manuel Ruiz fue asesinado el 23 de marzo por las Águilas Negras tras recibir un mensaje de celular (que luego se supo fue enviado desde la cárcel Modelo de Bogotá) en el que le decían que debía recargar 300 mil pesos para ganar tres millones. Tras salir ingenuamente de la zona donde se encontraba protegido por otros reclamantes de tierras, fue interceptado, torturado y asesinado. 

Parte importante del trabajo de aplicación de la Ley de Víctimas y del cumplimiento de las promesas como la restitución de tierras es visibilizar el trabajo de los líderes y las organizaciones sociales que están luchando por el respeto de sus derechos. Pero si su visibilidad gracias a escenarios para las víctimas auspiciados por el Gobierno los pone en mayor riesgo de que los maten esto podría minar la efectividad de la propia Ley que busca resarcirlas.

La participación efectiva

"No conocemos casos concretos que nos permitan ver que hay una relación causal entre los espacios transitorios o de participación y las amenazas", le dijo a La Silla Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas. "Es muy importante que si tienen esas amenazas, hagan la denuncia ante la institución en la que tengan confianza. Es muy difícil protegerlos si no contamos con esa información", añadió.

Según Gaviria, el Gobierno es consciente de los peligros que corren los líderes y las asociaciones de víctimas en sus luchas, aunque también de que la visibilidad de sus experiencias es crucial para avanzar en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

"No somos indiferentes a esta situación: la participación tiene que estar rodeada de garantías. La naturaleza de la Ley de Víctimas es que las víctimas hagan parte de la formulación de las políticas y el Estado es consciente de sus obligaciones de garantizarlo, incluyendo las condiciones de seguridad. Hemos venido discutiendo el marco de participación efectiva de las víctimas y podemos mirar cómo en diferentes instancias de participación incorporar nuevas medidas como estudios de riesgo", señaló Gaviria.

Nota de la editora: Después de publicada esta historia conseguimos conversar con Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, para oír su punto de vista sobre las preocupaciones de las organizaciones de víctimas.