Las víctimas y el dilema de la participación

No puede haber Ley de Víctimas sin que las víctimas participen. Esto, que parece una obviedad, es hoy uno de los puntos que tiene enfrentados a la Unidad de Víctimas y a muchos de los líderes de víctimas de todo el país, que sienten que sus propuestas no son tomadas en cuenta. Y que señalan que su presencia es más decorativa que decisiva, aunque curiosamente no se han dado cuenta de que muchos de sus principales reclamos sí han sido en efecto incorporados.

Aunque la Ley de Víctimas dedica todo un capítulo a la participación de las víctimas, sus reglas de juego deben irse construyendo de la mano de las víctimas. Este proceso de tire y afloje ha resultado difícil y en ocasiones tenso, y ahora que se aproxima la definición final de las condiciones de participación, el protocolo que la regula se ha convertido en el escenario de esas disputas.

La Unidad de Víctimas que dirige Paula Gaviria elaboró un primer borrador sobre participación el año pasado, que luego se discutió en los departamentos con todos los representantes de víctimas municipales. Al final de cada reunión de tres días se recogieron las observaciones y propuestas de las víctimas, que luego serían discutidas en una plenaria de la Mesa Nacional de Víctimas y alimentarían un borrador final. Y una vez adoptado ese protocolo, el espacio de representación transitorio -vigente desde octubre pasado- debe dar paso a uno de carácter definitivo.

Muchos de los líderes creen que el esfuerzo ha sido en vano y que los dos documentos que hasta ahora les ha presentado la Unidad no recogen los insumos que ellos han llevado a la mesa. Eso a pesar de que la Unidad sí ha venido incorporando muchas de sus propuestas, como comprobó La Silla al examinar los dos borradores.

Al mismo tiempo, los líderes desconocen el esfuerzo que ha supuesto organizar esta seguidilla de eventos en prácticamente todo el país, cuyos resultados son aún difíciles de ver pero resultarán fundamentales durante los nueve años de vida que le queda a la Ley de Víctimas.

En el fondo, se siente una desconfianza de las víctimas hacia la Unidad, producto de los frecuentes cambios de funcionarios y del desorden con el que se ha dado el proceso. Pero también una preocupación porque este protocolo cambiará las reglas de juego, reduciendo la Mesa Nacional de Víctimas de sus actuales 103 integrantes a menos de cincuenta.

La sensación de que sus ideas se han quedado entre el tintero la tienen casi todos los líderes de víctimas.

“Sentimos que se han estado haciendo los ciegos y los sordos. Se han organizado -y financiado- 26 eventos regionales y dos nacionales, para que al final no se recoja lo que la gente propuso. No estamos diciendo que todo lo que se propone tiene que ser incluido porque sabemos que no es posible, pero sí que deberían decirnos, como mínimo, por qué no se incluyó cada una de las sugerencias”, dice Alfonso Castillo, presidente de Andas y representante de las víctimas de actos terroristas en la Mesa Nacional.

Castillo, quien también integra el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha venido escribiendo sus reflexiones sobre la Ley de Víctimas en su blog personal y le ha dedicado ya varias entradas al tema de la participación.

Ese no es el único motivo de descontento. Siete departamentos se quedaron, sin explicaciones convincentes por parte de la Unidad, sin hacer la reunión en la que se discutió el borrador de participación. Y acaban de enviar una carta al Gobierno y a la Corte Constitucional, protestando por un olvido que consideran los convierte en víctimas de segunda categoría.

“Casi todos los departamentos de la Amazo-Orinoquía, más San Andrés, nos quedamos por fuera. Nosotros ya teníamos incluso la fecha para la última semana de enero. Y si se hizo en Antioquia de manera personal, ¿por qué acá no? Que seamos pocas personas no significa que nuestros aportes no sean importantes”, dice Eduardo Zapata, el representante de víctimas del Vaupés. “Se excluye siempre a los nuevos departamentos. No se nos respeta ni el principio de igualdad”.

Las propuestas que han presentado las víctimas son variadas. Van desde designar un representante de las víctimas que les ha tocado salir del país, hasta que la participación sea adoptada mediante decreto presidencial y no una resolución, para darle mayor fuerza legal. O extender el período la Mesa Nacional de Víctimas transitoria, ya que -como contó La Silla- hace dos semanas venció el período de la anterior y no se puede elegir una definitiva hasta que se apruebe el protocolo de participación.

Una de las ideas que defienden con mayor vehemencia es que exista un reconocimiento económico a su trabajo como líderes, para compensar -más allá del pago de su alojamiento y traslado- el tiempo que le dedican a la labor. Algunos abogan por un pago regular, como el que recibe un funcionario público, mientras que otros sólo hablan de incentivos cada vez que participan y deben alejarse de sus hogares.

“Nosotros subsistimos del rebusque diario y salimos de nuestra región para trabajar jornadas de dos o tres días en temas de víctimas. Los funcionarios con quienes nos reunimos tienen su salario, mientras que nosotros sólo recibimos lo del transporte”, dice Bernardo Cuero, el representante del Atlántico tras regresar a Malambo después de pasar nueve días en Bogotá. “Cuando no estamos, ¿cómo hacen mi esposa y mis tres hijos? ¿Qué comen ellos?”.

Al finalizar la reunión plenaria de la Mesa Nacional la semana pasada en Bogotá, las víctimas presentaron a la Unidad su propuesta de borrador y ahora esperan una respuesta.

“Estamos esperando a ver si las propuestas de la mesa nacional sí las tienen en cuenta”, dice Cristóbal Quevedo, líder del sur del Tolima.