Colombia, un paso más cerca del club de transparencia minera

Colombia dio un paso fundamental hacia el club de transparencia del sector minero y energético. Esto porque finalmente se eligieron los nueve representantes del Gobierno, el sector extractivo y la sociedad civil que se encargarán de hacerle seguimiento a los estándares EITI, un programa que obliga a las empresas y al Gobierno a ser más claros con sus cuentas y a ponerlas a disposición de la sociedad civil.

Como contó La Silla, entrar a EITI era una de las prioridades de “gobierno abierto” del presidente Juan Manuel Santos, pero el proceso iba lento. En mayo pasado el Gobierno finalmente entregó su carta formal pidiendo adherir y ahora, con la selección del comité tripartito que se encargará de monitorearlo, Colombia finalmente se acerca a adoptar iniciativas internacionales de transparencia en la industria extractiva, como EITI o Publish What You Pay.

Por el Gobierno estarán el Ministerio de Minas, la Dian y Planeación Nacional (que monitorea la gestión de las regalías). Por el sector extractivo estarán el Sector de la Minería a Gran Escala (Sgme) -el gremio que lidera Claudia Jiménez y que reúne a las 13 grandes mineras-, Ecopetrol y la Asociación Colombiana del Petróleo.

Y por la sociedad civil, lo harán Transparencia por Colombia, la Universidad Externado (que trabaja el tema minero) y el Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías (Csir) de Sucre. La gran sorpresa fue la ausencia de Foro Nacional por Colombia, la ONG que dirige Fabio Velásquez y que es la que desde hace más tiempo venía trabajando en el proceso EITI en el país, pero que terminó siendo eliminada al juntarse los votos de las siete Csir que hay en torno a una de ellas.

Dentro de las reglas EITI, las empresas mineras y de hidrocarburos deben hacer públicos sus pagos de impuestos y regalías, y el Gobierno lo que recibe. Esas cuentas son luego examinadas por un auditor independiente y todo el proceso es monitoreado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que suele incluir a ONGs, think tanks y universidades.

La premisa es que a todos les sirve, como lo ha demostrado la experiencia de países como Perú, Mongolia o Azerbaiyán. A la ciudadanía le permite poner la lupa a la manera como se está invirtiendo lo que le entra al país y si se ha perdido plata en el camino. A los gobiernos nacionales y locales los obliga a ejecutar esos recursos de cara al país.

Y a las empresas, les ayuda a reducir los conflictos que tienen cuando las comunidades locales sienten que no hay una inversión en mejorar sus condiciones de vida y a evitar la impresión de que las regalías mal invertidas son culpa suya, una queja frecuente en empresas como el Cerrejón o Cerro Matoso.

El proceso se financiará con ayuda del BID, el Banco Mundial y Usaid.