La larga espera por dos curules

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A Patricia Caicedo y a Lucía Bastidas las une el hecho de ser dos mujeres políticas que aspiraron al Concejo en 2011 -la primera al de Santa Marta, la segunda al de Bogotá-, que lo hicieron por el Partido Verde y que ambas se quemaron.

A Patricia Caicedo y a Lucía Bastidas las une el hecho de ser dos mujeres políticas que aspiraron al Concejo en 2011 -la primera al de Santa Marta, la segunda al de Bogotá-, que lo hicieron por el Partido Verde y que ambas se quemaron. Ahora las dos comparten otra cosa: se ganaron sus curules hace poco por los problemas que tienen quienes las antecedieron en sus respectivas listas, pero no han podido llegar al Concejo por las maniobras dilatorias de los concejales que perderían sus cargos.

Lucía Bastidas tendría derecho a la curul de José Juan Rodríguez, quien fue acusado por la Fiscalía de pertenecer al cartel de la contratación y tiene medida de aseguramiento. Rodríguez, como lo contó La Silla, pidió una licencia el mismo día en que fue encarcelado para no perder su curul. Sin embargo, el pasado 16 de agosto la mesa directiva del Concejo le negó ese permiso y por lo tanto todo indicaba que Bastidas sería posesionada.

Hoy a mediodía, Bastidas fue al Concejo a notificarse de su nueva curul y la Secretaría General del Concejo le comunicó que no podía notificarla y que las cosas habían cambiado. Resulta que José Juan Rodríguez le escribió al Concejo quejándose de que cuando le notificaron la negativa de la licencia la corporación no le dijeron a qué recursos tenía derecho.

El Concejo de Bogotá ya le dijo a José Juan que tiene derecho a un recurso de reposición que vence el próximo 3 de septiembre y a Bastidas le anunció que, mientras tanto, no la pueden posesionar. Lo más seguro entonces es que Rodríguez, quien sigue con su poder intacto en el Concejo, como lo contó La Silla, recurra la decisión y el asunto se dilate.

En el caso de Patricia Caicedo, ella salió favorecida con el fallo en segunda instancia de una demanda ante el Consejo de Estado (interpuesta por ella misma), que inhabilitó al concejal Leonar Alfonso García por haber tenido contratos con el Distrito de Santa Marta el año antes de su elección. A pesar de haber perdido su cargo en segunda instancia, ese cabildante hizo una solicitud de aclaración del fallo al Consejo de Estado que ya se ha tardado un mes.

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