Juan Carlos Granados Becerra

Juan Carlos Granados Becerra es un político boyacense que fue gobernador de ese departamento. Nació en Nobsa, estudió derecho y ciencia política en la Universidad Nacional y tiene especializaciones en gobierno municipal de la Javeriana y en derecho del transporte en el Externado.

Arrancó en política temprano. En 1998, cuando tenía 24 años y mientras todavía era estudiante de la Nacional, fue elegido como concejal de su municipio natal (que a pesar de ser pequeño es importante porque tiene la sede de la sidrerúrgica de Acerías Paz de Río) por el Partido Liberal. Allí se volvió amigo del entonces alcalde Luis Hernando Calixto Paipa, que está repitiendo en el cargo desde enero de 2016. Con ayuda de Calixto, Granados hizo campaña para reemplazarlo en 2001 y ganó.

Como alcalde logró que el municipio recibiera más ingresos en impuestos y regalías de grandes empresas de cemento como la multinacional Holcim, que tiene una de sus plantas de producción allá.

Tras salir de ella, entró a hacer parte del grupo político del entonces alcalde de Sogamoso (una de las ciudades más grandes y pobladas), Luis Guillermo Barrera, que lo apoyó a la Cámara de Representantes en 2006, enfrentado dentro de la lista de Cambio Radical al grupo político del exrepresentante Óscar Celio Jiménez Tamayo, político poderoso del municipio de Duitama.

Luis Guillermo Jiménez, que era representante, se quería reelegir pero Granados le ganó a pesar de su corta experiencia política

Ese triunfo era inesperado, incluso en su mismo partido. Sin embargo, se ganó la confianza de sectores claves en ese partido, empezando por el líder natural, Germán Vargas Lleras.

Granados salió de la Cámara en 2010 y no buscó reelegirse sino que arrancó una campaña a la Gobernación de Boyacá. Con el apoyo de Cambio Radical, los liberales, La U y el sector conservador del senador Jorge Hernando Pedraza; le ganó al conservador León Ribogerto Barón y a Gonzalo Guarín, que tenía el aval verde y el apoyo del senador verde Jorge Londoño, entre otros.

Una vez en la Gobernación se empezó a distanciar de sus viejos aliados políticos, como el congresista Plinio Olano y Barrera. Para las elecciones legislativas de su grupo apoyó a Cristóbal Rodríguez, que ganó la curul con el apoyo de La U y en contra de los candidatos de Olano y Barrera.

Además de eso, según dos fuentes que conocen el departamento, Granados es muy cercano a cuatro de los cinco diputados que eligió Cambio Radical en 2015: dos de ellos (Jorge Cortés y Juan Garay) se reeligieron con su apoyo y los otros dos que entraron en 2015, David Castillo y July Paola Acuña, son directamente de su cuerda política.

Al salir de ese cargo, regresó a Bogotá, donde siempre han estudiado sus hijos y donde vive su esposa, para hacer campaña por ser personero o contralor de Bogotá, siempre con el respaldo de Cambio Radical y del entonces vicepresidente Vargas Lleras.

Después de muchos ires y venires, la bancada de Cambio Radical en el Concejo acordó con los otros partidos de la coalición de gobierno de Enrique Peñalosa que la Contraloría quedaría en manos de un candidato de Cambio, mientras que los otros podrían poner la cabeza de la Personería. Los acuerdos estuvieron a punto de romperse, como contó La Silla, tras un concepto del Consejo de Estado que le puso criterios meritocráticos a la elección de Personero y luego cuando algunos concejales de Cambio se movieron para tratar de quedarse con los dos entes.

Sin embargo, en mayo de 2016, tres semanas antes de la elección, la bancada de Cambio Radical se organizó para respetar los acuerdos, lo que permitió que la mayoría del Concejo eligiera como personera a Carmen Teresa Castañeda y así dejarle el camino arreglado a Granados para ser Contralor. Esto a pesar de que no tenía experiencia en control fiscal, sacó uno de los puntajes más bajos en la prueba de conocimientos (54,2 puntos) y quedó en el puesto 37 de los 43 que aprobaron el examen de la Universidad Nacional.

Su cercanía con la coalición de partidos que respaldó a Enrique Peñalosa en la Alcaldía de Bogotá hizo que Granados no fuera un contralor que se le atravesara al entonces alcalde, excepto por abrirle una investigación muy sonada por la decisión de Peñalosa de cambiar los diseños del metro de uno subterráneo (como lo venía estructurando su antecesor, Gustavo Petro) a uno elevado. Al final, su Contraloría concluyó que el metro elevado podía tener un impacto negativo en el urbanismo de la ciudad, pero que el subterráneo podía ser mucho más costoso.

Granados, desde octubre de 2017, aún siendo Contralor, está en la mira de los entes de control. La Contraloría General le abrió una investigación por irregularidades en la entrega de kits escolares cuando fue Gobernador de Boyacá. 

Luego la Procuraduría le abrió dos indagaciones preliminares. Una por una presunta nómina paralela en la Contraloría distrital que involucraría a Yaro Malo, hija del magistrado Gustavo Malo, vinculado al escándalo del “cartel de la toga”. El otro proceso se dio por cuenta de las declaraciones de Federico Gaviria, testigo del caso Odebrecht, que le dijo a la Fiscalía que Granados intentó favorecer a Odebrecht con contratos en infraestructura mientras era gobernador de Boyacá a cambio de 200 millones de pesos. 

En octubre de 2018 la Fiscalía le imputó tres delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público, y pidió medida de aseguramiento en su contra. Ante las acusaciones, Granados se ha declarado inocente.  

Más tarde, en diciembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia absolvió a Plinio Olano de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias como servidor público y cohecho propio, por los que había sido acusado y puesto en medida de aseguramiento en febrero de 2018. 

Granados aparecía mencionado en los hechos por los cuales Olano había sido imputado, supuestamente por comprometerse a gestionar la adjudicación de la obra de la via Duitama-Charalá-San Gil por cualquier medio. 

El Tribunal Superior de Bogotá se negó a solicitar la medida de aseguramiento en su contra en noviembre de 2018, pero siguió procesado mientras ejerció como Contralor hasta febrero de 2020 (aunque el Consejo de Estado determinó luego que ha debido dejar el cargo el 31 de diciembre de 2019 dado que su período era institucional y no personal).

A pesar de cargar el proceso judicial en su contra, en 2020 reapareció como uno de los ternados del presidente Iván Duque para la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una entidad creada por la reforma al equilibrio de poderes y que se encarga de investigar a los jueces.

El Senado lo eligió y se posesionó el 13 de enero de 2021, pocos días antes de que iniciara el juicio en su contra.