Es Indígena Nasa, Consejero Norte del Cauca, integrante de Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) y representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)
Neis Oliverio Lame Camayo es el actual consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, una de las organizaciones indígenas más importantes y numerosas del país.
Es licenciado en pedagogía y en ciencias sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana; hizo una especialización en gerencia en la Universidad del Tolima y terminó su maestría en gerencia en la Universidad San Buenaventura de Cali.
Lame nació en Buenos Aires, Cauca, en julio de 1974, en una familia de tradición de luchas del territorio en defensa de los cabildos.
Es bisnieto de Manuel Quintín Lame, un insigne líder indígena de la primeras décadas del siglo XX, quien organizó el “supremo consejo de indios” enfocado en la recuperación de lo que ellos llaman la madre tierra y la lucha por el reconocimiento de los indios en Colombia.
Su abuelo, Roberto León Lame y su padre, Manuel Lame, continuaron ese legado. Manuel avanzó la lucha contra los hacendados de la región que vivían de la madera, actividad que era considerada por los cabildos como una forma de esclavitud.
Neis Lame ha continuado esa lucha. Para el año 2009 era el gobernador suplente de su resguardo Las Delicias (Cauca) y tuvo que asumir la titularidad cuando los paramilitares secuestraron y mataron a su amigo y entonces gobernador titular, Samuel Bernández.
Por su liderazgo y compromiso con las comunidades, en junio del 2017 el Congreso Indígena de Río Blanco, sur del Cauca, lo eligió como nuevo representante legal del Cric, que suma 115 cabildos y 11 asociaciones de cabildos.
En 2019 fue vocero de una fuerte movilización, la minga indígena, afro y campesina en la que por primera vez se sumaron esos tres sectores sociales para hacer un frente común de exigencias al Estado, lo que le dio mucha fuerza y puede marcar un quiebre en las dinámicas del suroccidente de Colombia.
En ese cargo no sólo negoció con el Gobierno sino que enfrentó las acusaciones sin pruebas, de que la Minga estaba infiltrada por armados ilegales.
Tras más de un mes de concentraciones de hasta 20 mil personas, Lame lideró un acuerdo en el que el Estado se comprometió a invertir más de 130 mil millones de pesos y a incluir un capítulo para los campesinos en el Plan Nacional de Desarrollo.