Francisco Javier Ricaurte Gómez

Francisco Javier Ricaurte Gómez, condenado por el escándalo del "Cartel de la toga", es un exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Suprema.

Este cartagenero es abogado de la Universidad de Cartagena y tiene especializaciones en instituciones jurídico-laborales de la Nacional y en derecho laboral de la Javeriana.

Ricaurte hizo toda la carrera en la Rama Judicial, desde juez hasta magistrado de alta corte, y terminó siendo la cabeza visible del grupo de jueces que se fue tomando el poder en la justicia, como lo contó La Silla en 2013.

Eso se notó en varios momentos. En la Corte Suprema, donde lideró un ala moderada en medio del choque de muchos de sus colegas con Álvaro Uribe, terminó imponiéndose, en buena medida porque se convirtió en el jefe de la Sala Laboral, una de las tres que componen la Corte. Con ese liderazgo maniobró para que la Corte se fuera llenando de abogados con carreras y posiciones similares a la suya. Como la Corte es la que finalmente elige a sus magistrados, la mayoría que manejaba Ricaurte logró cambiar la composición de la Corte a su favor.

Su poder creció tanto que, aunque salió de ese tribunal, siguió teniendo mucha incidencia. “Es el poder detrás del trono”, le dijo a La Silla en 2013 una fuente que conoce por dentro las altas cortes, y se refería tanto a la Corte Suprema en general como a la Sala Laboral en particular.

Ese poder se volvió a notar cuando, tras terminar su período en la Corte, logró que esta lo eligiera como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que tenía un papel clave en el poder en la Rama: elaboraba la lista de elegibles de la que la Corte Suprema y el Consejo de Estado seleccionaban a sus magistrados. Con eso Ricaurte pasaba de liderar la mayoría que elegía a los magistrados a formar parte del primer filtro que define entre quienes pueden elegir.

Pero ese salto lo dejó en medio de una polémica y su elección fue demandada por Dejusticia, Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano, quienes alegaron que su elección en el Consejo Superior de la Judicatura era ilegal pues en ella participaron magistrados de la Corte Suprema a los que antes él había ayudado a elegir.

El Consejo de Estado les dio la razón a los demandantes, pero, a través de argucias legales, Ricaurte logró mantenerse como magistrado hasta que tuvo que dejar el cargo finalmente.

En las altas cortes mantuvo mucho poder. Aunque también terminó saliendo del Consejo Superior su colega en las dos cortes y amigo íntimo, Pedro Munar (que tenía un caso similar), Ricaurte era cercano a poderosos magistrados de ese momento, como José Leonidas Bustos (expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema y luego vicepresidente y presidente de la Corte Suprema, también luego involucrado en el proceso judicial por el "Cartel de la toga") y Jorge Iván Palacio (de la Corte Constitucional).

Ricaurte también fue uno de los aliados clave de Alejandro Ordóñez, el Procurador General, en las altas cortes.

Tras salir del Consejo Superior de la Judicatura intentó sin éxito ser elegido para dirigir la Federación Nacional de Departamentos, el gremio de los gobernadores, pero fue derrotado por el exministro Amylkar Acosta.

En octubre de 2015 la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición de su hermano Rafael de Jesús Ricaurte, por vínculos con una red de narcotráfico. En un comunicado el exmagistrado dijo que lamentaba la situación y que no tenía contacto con él desde hace años.

En marzo de 2016 diversos medios informaron que la Fiscalía General de la Nación investigaba a Ricaurte por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, por una denuncia presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por haber autorizado irregularmente el pago de unas mesadas no canceladas a un ciudadano en 1991 y 1992.

En 2017 se postuló para ser magistrado del Tribunal de Paz, el órgano de cierre de la justicia transicional del Acuerdo con las Farc, pero el comité de escogencia no lo incluyó entre sus finalistas.

Ese mismo años volvió a ocupar titulares por el escándalo de corrupción en la cúpula de la justicia que se desató al revelarse que el entonces fiscal delegado anticorrupción, Gustavo Moreno, había buscado sobornar al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de evitar que avanzaran procesos en su contra en la Corte Suprema.

Moreno luego reveló que Ricaurte, junto con Bustos y Camilo Tarquino (también exmagistrado de la Corte Suprema), eran parte de la 'rosca' que traficaba con expedientes conocida como "Cartel de la toga".

Por eso, y porque el senador cordobés Musa Besaile también lo señaló por un caso similar, la Fiscalía General obtuvo de un juez una orden de captura en su contra.

Desde el inicio de la investigación, Ricaurte se declaró inocente. 

En marzo de 2018 fue llevado a juicio y el 9 de marzo de 2021 un juez lo condenó en primera instancia. Encontró que era Ricaurte quien buscaba los clientes, y definía los cobros y la conducta a seguir, señalándolo como el líder de la organización. 

Como había quedado libre por vencimiento de términos, el juez ordenó su captura de nuevo. Aún está pendiente conocer el monto de la pena.