José Miguel Insulza

José Miguel Insulza Salinas, ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ( Mayo 2005- Mayo 2015), es un veterano diplomático y político chileno. Es Agente de Chile en la demanda que Bolivia interpuso en contra de este país ante la Corte de Justicia de la Haya, nombramiento hecho por la Presidenta Michelle Bachelet. 

Insulza -abogado de la Universidad de Chile- ha hecho toda su carrera política en la izquierda chilena, sobre todo dentro del Partido Socialista. Arrancó su carrera en el sector público durante el gobierno de Salvador Allende, como asesor del entonces Canciller Clodomiro Almeyda. Insulza estaba fuera del país cuando ocurrió el golpe de Estado del general Augusto Pinochet y permaneció exiliado entre Italia y México hasta comienzos de los noventa.

Tras el retorno de la democracia y el ascenso de la Concertación de izquierda al poder de la mano de Patricio Aylwin, Insulza regresó a trabajar a la Cancillería como diplomático de carrera, siendo embajador para la cooperación internacional, director de asuntos económicos multilaterales y vicepresidente de la agencia chilena de cooperación internacional.

Con la llegada de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Insulza se convirtió en subsecretario de Relaciones Exteriores (vicecanciller), un cargo que dentro de la diplomacia chilena implica ser diplomático de carrera y al mismo tiempo tener buen perfil político. Apenas cinco meses después Frei lo nombró Canciller y en ese cargo se mantuvo durante cinco años, teniendo que lidiar en 1998 con la detención de Pinochet en Londres después de que el juez español Baltasar Garzón solicitara su extradición por los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Pasó a ser ministro de la Secretaría General de Presidencia durante los últimos meses del gobierno Frei y, cuando Ricardo Lagos llegó a la Casa de la Moneda, Insulza se convirtió en su ministro del Interior.

En 2005, Lagos lo postuló para ser secretario general de la OEA, después de que el ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez -que había reemplazado a César Gaviria- tuviera que renunciar apenas un mes después de asumir el cargo, a raíz de las denuncias de corrupción durante su gobierno.

Aunque había un consenso de que el nuevo secretario general debía ser centroamericano, ni el ex presidente salvadoreño Francisco Flores -que tenía el apoyo de Washington- y el ex Canciller mexicano Luis Ernesto Derbez lograba consenso de los 33 países de la OEA. Flores terminó retirando su candidatura y el gobierno de George W. Bush apoyó a Derbez, pero el bloque sudamericano cerró filas en torno a Insulza y el chileno derrotó ampliamente al mexicano. Se reeligió por otro período de cinco años en 2010.

Durante el mandato de Insulza la OEA se convirtió en uno de los pocos organismos multilaterales en abordar, así sea tímidamente, el debate sobre la necesidad de reformar la política global de drogas.

Hasta ahora ha hecho dos cosas. En 2012 el presidente colombiano Juan Manuel Santos y su homólogo guatemalteco Otto Pérez Molina le pidieron, durante la Cumbre de las Américas en Cartagena, a la OEA -en nombre de los 33 países que asistieron- que evaluara alternativas para enfrentar el problema de las drogas. Insulza presentó en marzo de 2013 ese informe, un trabajo exhaustivo que no toma una posición puntual sobre cómo reenfocarla pero -con costos, evidencia científica y análisis comparativos por país- plantea las diferentes alternativas sobre la mesa y que fue el primero de su tipo elaborado por un organismo multilateral.

Luego, en la Asamblea General de la OEA en Antigua en junio de 2013, los 33 países dijeron por primera vez que se necesita “un enfoque integral, basado en evidencia y experiencia científica, tomando en cuenta las realidades y necesidades de cada país a fin de enfrentar con mayor eficiencia y eficacia los desafíos, amenazas, riesgos y vulnerabilidades generados por el problema mundial de las drogas”.

Aunque todavía falta llevarlo a la práctica y encontrar consensos, el cambio en el lenguaje es notorio y la OEA está hablando de hacer énfasis en un enfoque de salud pública y reducción de oferta, temas cruciales para países productores como Colombia.