El indígena, un paro que va para largo

Mientras los campesinos cocaleros anunciaron que levantaban el paro e iniciaban la mesa de negociación con el Gobierno, el paro de los indígenas, que arrancó ayer, parece no tener una salida tan rápida. Porque las razones que dieron para que el gobierno no les cumpliera lo prometido hace un año cuando lo pactaron, se mantienen.

Los indígenas, autoridades ambientales

El año pasado, tras el paro de junio y cuatro meses antes de las elecciones del plebiscito, los entonces ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, firmaron un acta  en la que se comprometieron a reconocer a los indígenas como autoridades ambientales en sus resguardos.

Esto  les daría unas facultades como las de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, que pueden administrar, controlar, vigilar y sancionar dentro de sus territorios todas las acciones que tengan que ver con el medio ambiente y los recursos naturales.

En marzo pasado el Ministerio de Ambiente anunció en un boletín de prensa que el decreto que desarrollaba este acuerdo ya estaba listo para concertar con el Ministerio del Interior y Presidencia.

Pero ahí se embotelló. Los gremios petrolero, eléctrico y de infraestructura, así como multinacionales mineras, le han manifestado su oposición a este tema al presidente Juan Manuel Santos aduciendo que afectaría el desarrollo empresarial.

Esto, porque los indígenas tradicionalmente se oponen a la llegada a sus territorios de multinacionales, lo que para las empresas sería un riesgo.  

Por ejemplo, se podrían ver afectados intereses de multinacionales como la Anglo American en Putumayo o la Anglogold Ashanti en Cauca.

Por eso, Santos no ha firmado el decreto, y es muy improbable que lo haga.

El punto es tan importante que es el tema central de la reunión que tendrá mañanan el ministro Murillo y Guillermo Rivera, el de Interior, con los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, en el sector de La Monterilla, en Caldono.

Según el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez,  ya habían tenido acercamientos con los indígenas para explicarles que el decreto no se puede firmar como ellos lo piden. También le dijo la La Silla Vacía que será el ministro Murillo el que lleve una propuesta sobre este tema.

El consejero mayor de la ONIC dijo que el Gobierno ya les había informado que el decreto no podía ir, pese a que había sido concertado con ellos. “Dijeron que no lo pueden firmar por la presión de las empresas”, nos aseguró.

El consejero mayor del Cric, Neis Lame, dice que ellos esperan que los ministros lleguen a la reunión con el decreto firmado. “De todas las promesas incumplidas, que son más de 1.000, hemos tomado unos puntos mínimos que son muy importantes para nosotros. Y este es uno de ellos”, le dijo a La Silla Vacía.

Neis y Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), coinciden en que los indígenas están cansados de “acuerdos de papel”, que firma el Gobierno para levantar los paros y que nunca cumple. Y para demostrarlo recuerdan el caso de un decreto que existe hace casi 20 años pero se ha quedado en palabras.

Un decreto sin fondos

De acuerdo con los indígenas, en la minga de 2016 acordaron mejorar al decreto 982 de 1.999, que firmó el entonces presidente Andrés Pastrana.

Ese decreto trae promesas de que el Gobierno iba a comprar tierras para dárselas a los indígenas del Cauca e iba a mejorar sus sistemas de salud y educación, entre otros puntos, pero nunca se han implementado totalmente por falta de presupuesto.

El tema volvió a tocarse en la minga del año pasado, y el acuerdo que la levantó incluía el compromiso de modificar el decreto para mejorarlo, especialmente al definir un presupuesto y un cronograma para ejecutarlo.

Eso finalmente ocurrió la semana pasada, cuando el presidente Juan Manuel Santos estuvo en Popayán en una reunión del Ocad Región Pacífico y firmó un nuevo decreto, que modifica el 982 y amplía el marco de acción de la Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Política Indígena del departamento del Cauca.

Según el Presidente, esa comisión, en la que participan los ministros y los directores de Planeación, Prosperidad Social  y la Agencia de Tierras, le hará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos con los indígenas de ese departamento.

“Yo creo que no hay gobierno en Colombia que haya tenido tanto diálogo y haya ayudado tanto a las comunidades indígenas, como este gobierno”, dijo.

Según el Presidente, con ese nuevo decreto finalmente sí habrá plata para atender las necesidades de las comunidades indígenas, según las recomendaciones y la priorización que proponga la Comisión.

Pero para los indígenas, esa modificación no refleja lo que acordaron hace un año.

“Quitaron el punto en el que se decía que para el cumplimiento de este decreto se tenía que tener un presupuesto. Ahora ni siquiera eso ¿cómo se va a garantizar que se va a cumplir? Siempre nos dicen que sí, sí,y no cumplen”, dijo el consejero mayor del Cric.

Además de esa sensación de incumplimiento en el Cric, en Bogotá avanza por su lado otra negociación con la de Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas (formada por cinco organizaciones indígenas nacionales, entre ellas la ONIC y Confederación Indígena Tayrona) que espera reunirse con el Gobierno para discutir sus propios reclamos.

Es que los indígenas no están reunidos en una sola mesa, sino que la Mesa Permanente tendrá su propia agenda y el Cric la suya.

Con este panorama, sumado a los otros puntos de las peticiones -que incluyen temas como el esclarecimiento de los asesinatos de líderes indígenas-  el paro de los indígenas apenas arranca.