A la sustitución de la coca le salió otro enemigo en Putumayo

Las dos disidencias de las Farc que anunció el Ejército la semana pasada que aparecieron en Putumayo son insignificantes en número de hombres armados. Pero ya se están convirtiendo en una amenaza para los acuerdos de sustitución firmados con la oficina de Drogas bajo la supervisión de Rafael Pardo, con lo cual, aparte del paro cocalero que arrancó ésta semana en varias partes del país, la meta de sustituir 50 mil hectáreas se enreda aún más.

Putumayo es el segundo departamento con más coca en el país después de Nariño. Según cifras del último censo de cultivos de coca de la ONU, tenía 25.162 hectáreas de coca cultivadas a diciembre de 2016. Eso es casi el 20 por ciento de la coca que hay en todo el país. De ahí que sea clave que la sustitución despegue allí.

Pero la disidencia del frente 48 de las Farc y otra que se hace llamar la ‘Guardia Campesina Armada’ se están convirtiendo en una amenaza más, aparte de la que hace años es la banda criminal ‘La Constru’, porque están presionando a los cocaleros para que sigan cultivando la hoja justo en los municipios donde hay más coca en todo el departamento y por eso ya hay varias familias cocaleras que no quieren cumplir los acuerdos de sustitución que firmaron con la Oficina de Drogas de Eduardo Díaz.

Las disidencias

Hace quince días la brigada 27 de selva del Ejército, que es la que hace presencia allí, terminó de reunir toda la información de inteligencia para confirmar que en el bajo Putumayo, la misma región en la que antes mandaba el frente 48 de las Farc, ahora hay una disidencia al mando de alias “Darwin” o “El Profe”.

Se mueven entre los municipios de Puerto Caicedo, San Miguel y Puerto Asís. Los dos últimos, según cifras del último censo de cultivos de coca de la ONU, están entre los diez municipios con más coca de todo el país (Puerto Asís es el que más coca tiene en todo Putumayo con 7453 hectáreas de coca cultivada y San Miguel con 3128 hectáreas a diciembre de 2016).

Aunque son apenas quince exintegrantes del frente 48, “ya tenemos confirmado es que están trabajando en alianza con ‘La Constru’, que calculamos son más de 50 personas”, dijo a La Silla Sur el general Adolfo León Hernández, comandante de la brigada 27.

“Sabemos que entre todos están presionando para que los campesinos no se acojan al programa de sustitución”, agregó el General.

Aparte de esa, hay otra disidencia que apareció en Puerto Guzmán y se hace llamar la ‘Guardia Campesina Armada’.

Se pusieron ese nombre, según nos detalló una fuente oficial de ese municipio que nos pidió no poner su nombre por su seguridad, aprovechando que desde hace dos meses las juntas de acción comunal de allí quieren montar una guardia campesina (como las que ya existen en Cauca, el Catatumbo y el Magdalena Medio y que inspiradas en las guardias indígenas, hacen las veces de policía veredal) porque “ya sin los manuales de convivencia de las Farc, no hay quien mande y la delincuencia está disparada”, nos dijo la fuente.

De hecho, justo allí hace ocho días apareció muerto José María Eliecer Carvajal, el fiscal de la junta de acción comunal de la vereda Bajo Caño Avena.

Según supimos en La Silla Sur por dos fuentes de allí, José María había participado en la firma de los acuerdos de sustitución voluntaria en su municipio y apareció muerto por cuenta de la guerra que hoy se libra entre esta disidencia y grupos delincuenciales que se quieren tomar el negocio de la coca en el que antes mediaban las Farc cobrando ‘impuestos’ por las rutas.

La ‘Guardia Campesina Armada’ son, según el Ejército, aproximadamente diez hombres que antes pertenecían a las Farc y que según información de inteligencia del Ejército, venían de Curillo en Caquetá y quieren expandirse hacia el Putumayo.

“Han citado a la gente a decirles que ellos son los que ahora van a prestarles la seguridad y que para eso necesitan cobrar impuestos de diez mil pesos por cabeza de ganado”, dijo a La Silla el general Hernández.

Aunque ambas sumadas son insignificantes en número, la presión que ejercen ya hizo que ayer en Presidencia se hiciera una reunión a la que fue la gobernadora Sorel Aroca, para hablar específicamente sobre el problema de seguridad en el departamento. A esa reunión también estaban citados representantes de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, Meros, que hace parte de Marcha Patriótica, un movimiento político afín a las Farc y que es el que ha liderado la sustitución en Putumayo, pero no llegaron.

El lío de la coca

Ante la presión de las disidencias ya hay varios campesinos cocaleros pensándolo dos veces antes de avanzar con los acuerdos individuales del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos.

En Putumayo desde mayo de este año, el Gobierno firmó un acuerdo regional entre la Dirección de Drogas a cargo de Eduardo Díaz, Pastor Alape en representación de las Farc, los alcaldes de los 13 municipios de Putumayo, la gobernadora Sorel Aroca y los representantes de la Meros.

Sin embargo, en municipios como Puerto Guzmán, La Silla Sur supo que las familias cocaleras del corredor de coca más grande de allí (que está entre las inspecciones de El Recreo, José María y Galilea) y agrupa en total a 60 veredas, “pidieron a la administración municipal que no mandaran el listado de los que firmaron acá al Gobierno”, dijo a La Silla una fuente que pertenece a la alcaldía.

No los quieren enviar porque, entre otras razones, las disidencias allí “les dicen a los campesinos en reuniones a los que los han llamado que no se sometan a esos programas de sustitución del Gobierno, que ellos van a tener toda la plata para comprarles la coca”.

La Silla supo por una fuente que hace parte del Gobierno que esa misma situación de no querer mandar los listados de los que firmaron está pasando en otros municipios. “Si esto llega a agrandarse, sería un golpe muy duro para el proyecto de sustitución y entre más se demore esto, más va ser el beneficio para los narcotraficantes”, nos dijo esa fuente.

De hecho, hoy Eduardo Díaz, que dirige la Oficina de Drogas, redactó una carta dirigida a la Meros y a la Coccam en la que les dice que "los registros físicos de la preinscripción de familias recolectados por las organizaciones sociales y las comunidades deben ser entregados en su totalidad a las alcaldías, para que a su vez sean remitidos a la Dirección de sustitución, quien tiene la responsabilidad de proceder a su respectiva verificación con las bases de datos con que cuenta el Gobierno Nacional, tal y como está acordado". 

Dice también que "instamos a agilizar la entrega de estos registros e información, pues no hacerlo implica no solo un grave y serio retraso a la implementación del PNIS en el Putumayo, sino la afectación directa a todas las comunidades y familias que han mostrado su voluntad". 

Así que si la presión de las disidencias coge ventaja, como ya pasó en Tumaco, donde precisamente por la cantidad de coca hay dos disidencias de las Farc peleandose este territorio y han usado a la gente como escudos humanos para que el Ejército no entre a erradicar en Putumayo se están dando todos los elementos para que pase lo mismo.