Los planes de sustitución de Santos sufren un nuevo golpe

Hace dos días asaltaron a seis funcionarios colombianos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, en Caquetá. Todo apunta a que fue una disidencia de las Farc y si eso se llegara a comprobar, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, Pnis, que ya viene emproblemado porque están matando y amenazando a líderes cocaleros, sufriría un golpe letal en un eslabón clave para el éxito del programa: el de la verificación.

Ese eslabón es clave porque si no hay quien vaya y verifique que los campesinos sí están arrancando la hoja a cambio de la plata que les dan para que hagan sus proyectos productivos, el Gobierno no tendría cómo garantizar que los miles de millones de pesos que se están invirtiendo en este programa no se están botando a la basura.

Tampoco podría medir si sí está cumpliendo con su meta (y compromiso con Estados Unidos) de tener 50 mil hectáreas sustituidas en mayo, que es cuando se cumple un año del programa.

El asalto

Los seis funcionarios de la Unodc, que son los encargados de caracterizar a las familias cocaleras y verificar que sí están arrancando la hoja, iban en dos camionetas rumbo a la vereda Altamira en el municipio de Paujil, al occidente de Caquetá.

En el camino, cinco personas que iban en dos motos, armados con pistolas y granadas de mano, los pararon, les robaron sus GPS (aparatos que localizan geográficamente), sus celulares y las dos camionetas. A los funcionarios no les pasó nada y luego del incidente, los devolvieron a Bogotá.

“Los asaltantes manifestaron no estar de acuerdo con la sustitución de cultivos que se adelanta en esa región del país”, dice el comunicado que sacó la Unodc.

Hasta ahí la versión oficial.

Sin embargo, La Silla Sur supo por cinco fuentes distintas (una del Gobierno, dos funcionarios públicos de Paujil y dos que lo saben de primera mano) que aunque el incidente sigue en investigación, todo apunta a que fue la disidencia del frente séptimo de las Farc, cuyo máximo cabecilla es Gentil Duarte.

Los hombres estaban vestidos de civil, mostraron su cara sin ninguna prevención y se presentaron como miembros de la disidencia de las Farc, según dos de las fuentes, en cabeza de alias “Stiven”, quien como hemos contado es el jefe de finanzas de Duarte. Las otras dos fuentes aseguran que los tipos se presentaron como tropas de Rodrigo Cadete, que en todo caso también trabaja para Duarte.

“Ellos querían demostrar quiénes eran”, nos dijo Cindy Gutiérrez, la personera de Paujil. Nos contó además que en el consejo de seguridad que el Gobierno convocó ayer en el municipio con gente del Ejército y la Policía, la decisión que se tomó fue suspender el monitoreo de los cultivos mientras se aclaran los hechos.

En total, según María Paula Carvajal, la secretaria de gobierno del municipio, 52 veredas de ese municipio ya firmaron el acuerdo colectivo en el que un municipio se compromete a dejar de cultivar a cambio de que les desembolsen unos pagos para que con eso hagan proyectos productivos. Y en 46 veredas ya se firmaron acuerdos individuales con las familias cocaleras.

Acuerdos que, como le dijo a La Silla Eduardo Díaz, director de la Oficina de Drogas de presidencia “nos va tocar no verificar por ahora mientras definimos otras alternativas de verificación como por ejemplo, que de ahora en adelante vayamos apoyados de Fuerza Pública. No vamos a frenar la sustitución por los intereses de una minoría”.

Pero mientras definen otro mecanismo para verificar, el Gobierno está perdiendo tiempo y plata. Y enfrentando un nuevo desafío para cortarle el combustible a las nuevas disidencias de las Farc y a las bandas criminales que ponen en jaque el éxito del posconflicto.

Los costos

Lo que iba a arrancar a hacer el grupo de la Unodc era caracterizar a cada una de las familias de esas veredas.

Es decir, ver si cada familia tiene más o menos hectáreas cultivadas de las que reportó en el acuerdo individual, cómo viven, si se dedican a algo más aparte de cultivar, si dos personas de una misma familia se inscribieron por aparte para que les pagaran dos veces, qué proyectos productivos estarían dispuestos a hacer, etc.

Sin esa información, la Oficina de Drogas no puede desembolsarle el primer pago de dos millones de pesos a cada familia porque primero tienen que tener todos esos datos para evitar que algunos se cuelen y terminen recibiendo plata sin tener coca y que tampoco se metan personas que tengan más de tres hectáreas, porque serían grandes cultivadores.

En el caso de Paujil, como la Unodc no pudo entrar a las veredas, el Gobierno tampoco les va poder pagar a las familias porque ni siquiera sabe cuántas son exactamente. Es decir, se retrasa todo el proceso y aumenta la desconfianza de la gente en el programa.

“Esto no es un hecho aislado. Hay un riesgo grande de seguridad en varias regiones del país donde hay coca y la verificación es una variable clave para que la sustitución funcione porque entonces sería un programa del Gobierno en el que no se sabe si la gente está resembrando o si sí está cumpliendo”, dijo a La Silla Sur Juan Carlos Garzón, experto en política de drogas e investigador de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, uno de los tanques de pensamiento en posconflicto más importante hoy en Colombia.

Además, es una operación que le cuesta mucha plata al Gobierno.  

El trabajo que hace la Unodc le cuesta a la Oficina de Drogas en cabeza de Eduardo Díaz 280 mil pesos por familia caracterizada, en los municipios en los que arrancan de ceros. En los que desde antes ya tienen información y no van familia por familia, sino que escogen a algunas para sacar una muestra del municipio, les cuesta 40 mil por familia.

Para hacerse una idea, solo hacer la caracterización y el monitoreo de las hectáreas de las más de 300 familias cocaleras que hay en el Paujil, le vale al Gobierno más de 84 millones de pesos. Y ese es apenas uno de los 57 municipios con los que hasta el momento el Gobierno ha firmado acuerdos de sustitución.

Luego de eso, una vez les paguen el primer desembolso, la Unodc igual tiene que volver a verificar que sí han sustituido, una operación que también cuesta.

Eso sin contar la plata que se les va en desembolsar los pagos a cada familia. El primer pago son 2 millones de pesos para cada una, que corresponden a dos meses de ‘ingreso familiar’. Cumplido ese tiempo, cada familia recibe un millón mensual; 1.800.000 para que lo inviertan en sus gastos básicos mientras les crece la nueva cosecha; 9 millones para un proyecto productivo y 1.600.000 en asistencia técnica. Es decir, cada familia recibe 24.400.000 pesos.

El segundo año les dan otros diez millones de pesos para proyectos productivos a largo plazo y otro 1.600.000 para asistencia técnica. En total, 36 millones de pesos por familia.

Para cubrir eso, la Fundación Ideas para la Paz en su Informe de Monitoreo de la Sustitución, calcula que el Gobierno va necesitar más de 2.5 billones de pesos. Eso es lo mismo que le va costar al Estado la navegabilidad del río Magdalena.

Plata que no vendrá de Estados Unidos, pues la presión de Trump con meterle el acelerador a la erradicación forzada es un claro mensaje de que ellos no le apuestan a ésta estrategia porque es más lenta. Y con episodios como el de Paujil, todavía más.