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Hace dos semanas, el magistrado Alberto Rojas volvió a los titulares porque, a través de una insistencia, buscó que la Corte Constitucional reconsiderara su negativa para revisar una tutela que habría favorecido a una de las personas beneficiadas por el presunto cartel de magistrados sobornados en el Meta.
La Silla revisó las insistencias de la Corte en este primer semestre y encontramos que Rojas se destaca entre todos los magistrados por seguir insistiendo en casos que podrían favorecer pleitos de particulares que ya habían perdido frente a los jueces ordinarios.
Es decir, casos parecidos en eso al del escándalo de Fidupetrol que terminó con el magistrado Jorge Pretelt destituído y acusado en el Senado por presuntamente haber pedido 500 millones de pesos para influir en un fallo de tutela.
Esto a pesar de que las insistencias son un mecanismo excepcional para que un magistrado le diga a sus compañeros que se les pasó una tutela que la Corte debe revisar porque es un caso de extrema gravedad o porque es un asunto en el que la Corte necesita pronunciarse (es novedoso, por ejemplo, o se puede violar su precedente).
Teniendo en cuenta esos criterios, las insistencias de Rojas siguen varios patrones llamativos.
Uno es que es, de lejos, el magistrado que más ha buscado que la Corte revise procesos, aun cuando se compara con los otros cuatro que estuvieron todo el semestre él (Ortiz, Lianres, Guerrero y Lizarazo); pero aunque insistió mucho, sus colegas le seleccionaron pocas, lo que muestra que las consideraron poco valiosas y relevantes.
A pesar de haber hecho tantas insistencias, de los cinco magistrados que estuvieron durante todo el semestre fue el que más escogió casos en los que nadie más insistió.
De las 15 insistencias de Rojas, solo tres tuvieron una lógica similar a la de sus colegas: en una coincidió con la Defensoría y la Procuraduría en insistir una tutela para proteger a un menor de edad con retardo mental leve y trastorno de diferenciación sexual; en otra buscó que se revisara la tutela de una mujer de 90 años que llevaba décadas pagando una prepagada pero por sus aumentos ya se iba más de la mitad de sus ingresos en ella; y en otra apoyó la tutela de unos trabajadores a los que echaron sus patronos tan pronto se afiliaron a un sindicato.
Eso muestra que sus preocupaciones son bastante diferentes a las de sus colegas y a las de las entidades que velan por los derechos humanos.
Además, se mantiene el patrón que vimos en 2014, cuando a raíz del escándalo de Fidupetrol hicimos un ejercicio similar a las insistencias del magistrado Rojas y de las de Jorge Pretelt: de los cinco magistrados que estuvieron todo el semestre es el que más insisitió en tutelas que van contra sentencias de otros jueces, que es una pista de que se busca usar la tutela como tercera instancia para un caso que ya parecía cerrado. De todas esas insistencias, Rojas hizo casi la mitad, como se ve en esta gráfica
Pero no es solo esa pista: al mirar en detalle los 12 de los 15 casos elegidos por Rojas para insistir que no tenían un carácter estrictamente humanitario y compararlos con los que escogieron sus colegas, aparecen unos muy llamativos.
Quizás el más interesante es el de una tutela de Dora Mercedes Muñoz Ortegón contra un juzgado civil de Cúcuta.
En 2008, Muñoz inició un proceso para que un arrendatario que no le estaba pagando le devolviera su inmueble. Dos personas, Emel Durán Jaimes y Antonio José León Martínez, se opusieron al trámite de entrega y la inspectora que hacía ese trámite les aceptó esa oposición.
El juzgado, sin embargo, no les dio la razón. Apelaron y el segundo juzgado tampoco. Pero interpusieron una queja contra esa negativa a la apelación y ésta sí salió a su favor en septiembre de 2016 y contra Muñoz.
Entonces, Muñoz puso una tutela por violación a su derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
La perdió ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Cúcuta y luego ante la Corte Suprema. La Corte Constitucional tampoco se interesó inicialmente en este caso, y ni siquiera cuando Rojas insistió.
Lo interesante es que ya en 2014, como mostramos en nuestra investigación de la época, Rojas había presentado una insistencia en otro proceso de ella para revivir un proceso en el que la Sala Civil de la Corte Suprema negó un recurso de casación que ella había interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta, en la que perdió un largo proceso contra Nelson Heberth García Herrera por la división de un lote en esa ciudad.
Muñoz interpuso una tutela, que le negaron dos salas de la Corte Suprema. Como esta vez, los compañeros de Rojas encontraron que no valía la pena que la Corte Constitucional revisará esas decisiones.
Pero más interesante aún es que según una sentencia de la Corte Suprema de 2008 Rojas había tenido un contrato con Muñoz en el pasado como su apoderado legal.
Rojas, junto con el también abogado Gustavo Figueroa Cantillo, firmó en abril de 1993 un contrato para representar a Muñoz y su difunto esposo (el ex secretario de Obras Públicas de Norte de Santander, Jorge Jácome Sagra) en un proceso en el que éstos demandaron al Ministerio de Transporte y a Invías para recibir una indemnización por la ocupación temporal de un inmueble de ellos en las obras de construcción de una parte del anillo Vial de Cúcuta.
Figueroa adelantó el proceso desde la conciliación hasta el alegato de conclusión de primera instancia. Luego, Muñoz y su esposo le dieron poder a otro abogado y ganaron una indemnización del Invías de más de 2 mil millones de pesos (indexados luego por la demora de 10 años en el fallo).
Aunque Rojas no aparece con actuaciones en el proceso más allá de la firma del contrato, es llamativo que el hoy magistrado haya insistido en por lo menos dos ocasiones para que pleitos que su excliente había perdido en otras instancias tuvieran un nuevo chance en la Corte Constitucional.
Gustavo Díaz Segovia murió a fines de 2016 (antes de la insistencia) y es conocido porque fue procesado en Estados Unidos por presunta exportación de marihuana en 1978. Pero también porque heredó un conocido negocio turístico con el restaurante Panamerican (hoy Tres Sensaciones) que fundó su papá, Francisco Díaz, en Santa Marta.
En 1979, el Incora le adjudicó un lote muy conocido en Santa Marta frente a El Rodadero, al que le dicen "el morro de Gaira o “El Pelícano" y en el que había una edificación que en 2008 aparecía como incautada a Díaz, según escribió en ese entonces Norbey Quevedo en El Espectador. Pero a mediados de los años noventa la Procuraduría demandó esa decisión porque a su juicio el lote era en realidad una isla, y como toda isla pertenece a la Nación.
Tras un proceso que tomó varios años, y en el que el Tribunal Administrativo del Magdalena le dio inicialmente la razón a Díaz, en enero de 2016 el Consejo de Estado decidió lo contrario.
Contra esa decisión, Díaz interpuso una tutela, que perdió en dos instancias. Y Rojas, aunque admite que sabe de la muerte de quien interpuso la tutela, insistió en reabrir el caso.
En enero de 2001 el nuevo alcalde de Cali, John Maro Rodríguez, declaró insubsistente a Claudia Janeth Sandoval Piñeros de su cargo de asesor clase 12.
Se trataba de una abogada que había sido jefe jurídica de la alcaldía en la administración de Mauricio Guzmán y que demandó por nulidad y restablecimiento del derecho la decisión de Rodríguez.
Aunque perdió en primera instancia porque para el Tribunal Administrativo del Valle era un cargo de libre nombramiento y remoción, en 2012 el Consejo de Estado ordenó al municipio reintegrarla y pagarle 2.628 millones de pesos por los salarios dejados de recibir durante 11 años, según El País de Cali.
En cumplimiento de la sentencia, el Alcalde la nombró como su asesor código 105, grado 2, pero Sandoval demandó de nuevo alegando que ese nuevo cargo tiene una menor asignación salarial que el empleo que tenía en 2001. Esta vez perdió en primera instancia en un juzgado administrativo pero ganó en segunda en el Tribunal Administrativo del Valle.
Cuando el nuevo alcalde, Maurice Armitage, tuteló esa decisión porque a su juicio, el Tribunal hizo mal la equivalencia de cargos que habían cambiado por un decreto ley de 2005, dos secciones del Consejo de Estado le dieron la razón.
Esto le ahorró a Cali, según El País, unos mil millones de pesos.
La abogada Sandoval, sin embargo, tiene otra demanda contra Emcali para que la reintegren a otro cargo (y no es claro cómo la podrían reintegrar cuando ya lo hizo la Alcaldía).
Para el magistrado Rojas, la tutela del municipio era improcedente y por eso había que pagarle más a Sandoval.
Lucelly Díez Martínez trabajó como procuradora judicial II (un cargo que tiene los mismos ingresos de un ministro, pero muchas menos responsabilidades) durante más de 20 años, entre 1995 y 2016. Su esposo es el ex representante conservador a la Cámara Mario Rincón, sancionado con muerte política en 2001 por haber creado una nómina paralela en la ESAP.
Como todos los procuradores judiciales hasta que en 2015 arrancó el concurso para incorporarlos a la carrera administrativa (que Alejandro Ordóñez logró posponer por varios años), estaba en provisionalidad, lo que quiere decir nombrada y mantenida a dedo.
Ante eso, envió un derecho de petición ante la Procuraduría para que declarara que era una pre-pensionada (estaba cerca a pensionarse) y que por lo tanto, no la podrían reemplazar por alguien en propiedad porque tendría derecho “a una estabilidad laboral reforzada”.
En ese momento solicitó a Colfondos una proyección de la mesada pensional que ganaría con las 1670 semanas que ha cotizado, pues desde 1997 había elegido el régimen de ahorro individual (es decir, se salió del Seguro Social, hoy Colpensiones).
Al enterarse por la proyección que sería alrededor de una cuarta parte de sus ingresos como procuradora judicial, inició un proceso de nulidad para tumbar su propia decisión de salirse del Seguro Social en 1997, para poder salir con una pensión de ministro (en cambio de cinco millones) a pesar de que no cumple con los requisitos de Colpensiones.
Mientras tanto, la Procuraduría la sacó al llenar su cargo gracias al concurso y ella respondió con una tutela para que la Procuraduría la vuelva a nombrar en su cargo.
Tanto el Consejo Seccional de la Judicatura como el Consejo Superior declararon improcedente la tutela. Sin embargo, al magistrado Rojas le pareció que su caso cuadraba dentro del criterio excepcional de las insistencias.
Acá puede ver la base de datos completa de las insistencias presentadas por los magistrados en el primer semestre de 2017:
La Silla Vacía
La Silla Llena
La Silla Acádemica
La Silla Cursos
