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En medio de la jornada de protestas más prolongada que ha vivido el país en las últimas décadas, se ha debatido acerca del anuncio del presidente Duque de solicitar el acompañamiento militar en lugares donde el orden público ha sido afectado de manera grave, como en Cali.
La asistencia militar: ¿ahoga la protesta o disuade la violencia?
Para algunos, esto supone la militarización de las ciudades y pone la vida de los manifestantes en un riesgo aún mayor, considerando los abusos que ya se han registrado por parte de la Policía.
Según otros, es una medida necesaria en un contexto en el que la capacidad de la Policía ha sido desbordada por ataques, vandalismo y otros desórdenes.
Para entender las posturas en torno a la medida de la asistencia militar, La Silla Académica entrevistó a Javier Gustavo Rincón, director del Observatorio de Derecho Militar de la Universidad Javeriana y a María Eugenia Ibarra, jefe del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, y quien ha seguido de cerca las protestas desde Cali.
Ambos llegan a conclusiones distintas sobre qué tan necesario es el rol del Ejército, pero en conjunto permiten profundizar un debate sobre el que hay muchos miedos, y que será clave para definir cómo desescalar la actual tensión social.
La Silla Académica: Javier Gustavo, ayúdenos a entender en qué consiste la figura de asistencia militar y por qué se usa en este momento.
Javier Gustavo Rincón: La asistencia militar está contemplada en el Código de seguridad y convivencia ciudadana (2016) como un mecanismo para apoyar a la autoridad de Policía en ejercicio de su actividad, cuando una situación de grave alteración de la seguridad excede su capacidad para poder cumplir con sus obligaciones.
Esto es lo que, al parecer, está sucediendo con la Policía Nacional frente a las marchas que se están realizando en medio del paro. Observamos que no le ha sido posible hacer cumplir plenamente las decisiones administrativas tomadas por las autoridades civiles, tales como la de decretar toque de queda en algunas ciudades.
La Policía, dentro del marco de su función, ha tratado de garantizar que las marchas se hagan adecuadamente, es decir, que los marchantes caminen por las calles que les fue permitido, que no se vea afectado el tráfico en todas partes, etc.
Pero algunas de estas movilizaciones comienzan a degenerar y hay gente que comienza a actuar de manera violenta. Entonces la Policía tiene que reaccionar con la fuerza que ella posee para hacer cumplir la decisión de la autoridad civil, que era que no había permiso para protestar desde cierta hora, pues había toque de queda.
Pero cuando la Policía intenta cumplir su función, la situación de orden público y de seguridad excede su capacidad, y entonces necesita ayuda.
El Gobierno entiende — porque esta decisión está en cabeza del presidente — que la Policía Nacional requiere de un instrumento de apoyo material, y este es la asistencia militar.
L.S.A.: ¿Esto supone una militarización de los lugares donde hay alteraciones de la seguridad?
J.G.R.:La asistencia militar, contrario a lo que están diciendo, no es una militarización. Es un llamado al Ejército, en este caso, para que cumpla con una función de apoyo a la ejecución de una actividad de policía administrativa. Eso es lo que tienen que hacer, prestar apoyo.
Ahora, la gente dice: “claro, pero es que ese apoyo significa sacar los tanques”. No, eso no es cierto. La asistencia militar está reglamentada, esto implica que el Ejército tiene que usar unidades preparadas para enfrentar situaciones urbanas, no cualquier soldado. Y en su apoyo tienen que hacer presencia disuasiva.
La asistencia militar, contrario a lo que están diciendo, no es una militarización.
La gente dice: “es que lo que buscan es meternos miedo”. No, meterle miedo a la colectividad no, pero sí disuadir a los que quieren aprovechar las marchas para delinquir.
La asistencia militar es una medida bastante mesurada, porque implica que, por lo menos en cabeza de las autoridades administrativas, esto todavía no requiere fuerza militar en todo el sentido del término. No requiere fuerza o poder militar, porque el poder militar es, por principio, un poder destructivo. Un poder pensado para acabar con el enemigo.
Un ejemplo de la militarización sería el caso del Palacio de Justicia, donde lo que entendió en ese momento el Gobierno fue: “nuestros enemigos están dentro del Palacio. En consecuencia, hay que utilizar el poder militar para acabar con el enemigo”, y traen tanques y disparan.
Pero acá lo que están diciendo es “hay que traer a las Fuerzas Militares para que apoyen una actividad de policía con su presencia”. Un ejemplo de esto es la asistencia militar que ordenó el presidente para atender la emergencia sanitaria en San Andrés y Providencia por el Huracán Iota.
Como es un apoyo a una actividad de policía administrativa, quien sigue dirigiendo todo es la Policía Nacional.
L.S.A.: ¿Pero qué explica entonces el video en el que el general Zapateiro, comandante del Ejército, aparece aparentemente dándoles instrucciones a policías en Cali?
J.G.R.:No, lo que hay con la asistencia militar es una acción coordinada entre el Ejército y la Policía. El video hace parte de esa función coordinada. No es que el comandante del Ejército esté dirigiendo las operaciones en Cali.
Pero aún para el policía, una cosa es uno de sus generales dándoles ánimo y otra el Comandante del Ejército haciéndolo. O sea, este es un mensaje más de tipo psicológico, de decirles: “tranquilos muchachos, llegamos aquí a apoyarlos”.
Porque, salvo los del Esmad, muchos de estos agentes están ahí con un escudito intentando retener la violencia. Entonces ese respaldo es muy importante, pero no quiere decir que esté dirigiendo el Ejército.
L.S.A.: María Eugenia, desde su lectura más sociológica, ¿cómo interpreta la conveniencia de esta solicitud de asistencia militar?
María Eugenia Ibarra: yo desde hace muchos años he indagado las relaciones entre los militares y la sociedad, y creo que lo más conveniente, desde el punto de vista de las autoridades como de los propios ciudadanos, es evitar el uso de las armas.
Trabajé mucho tiempo en el Cauca con un programa de desarrollo alternativo que se dedicaba a reducir los cultivos de uso ilícito de amapola y marihuana. Y si una cosa aprendí es que lo más inconveniente en estos municipios donde el conflicto se vivía fuertemente, era la presencia de la Fuerza Pública en los cascos urbanos.
La presencia de la Policía o del Ejército era completamente inconveniente para la población civil.
Además, el Derecho Internacional Humanitario así lo plantea. Las instalaciones militares no pueden estar cerca de la población civil. Del mismo modo, pienso que las acciones militares no deberían utilizarse frente a esta población.
El Ejército no tiene que estar en las calles, pues se supone que debe estar defendiendo las fronteras o a la Nación, no enfrentarse a unas personas que, en general, no están armadas.
L.S.A.: Concretamente, ¿cuáles son las percepciones que ha rastreado acerca de la presencia del Ejército en Cali?
J.G.R.:Aquí el Ejército todavía no ha salido a confrontar, pero sí está en la calle. Los hemos visto desplegados en la avenida Paso Ancho, pero no hay ningún reporte del Ejército disparando.
Todos los casos de abuso en la ciudad, que han sido muy graves, vienen del lado de la Policía y en los puntos de concentración más complicados, que son Puerto Resistencia, El Paso del Comercio o la zona de la Luna.
Pero el temor sí es a que el Ejército actúe, porque la gente sabe que tiene armas largas y francotiradores, que es una fuerza más letal que la que puede utilizar la Policía. Aunque, en contraste, le temen muchísimo a la brutalidad del Esmad, porque se sabe que han cometido muchos abusos.
Del lado de los empresarios caleños, la solicitud es que salga el Ejército. Por ejemplo, esta semana unos profesores nos contaban que los empresarios decían: ¿por qué si la gente en la calle estaba utilizando “todas las formas de lucha”, el Estado no podía utilizarlas también?
Se corre el riesgo de que si el Ejército está cerca de las confrontaciones, pueda terminar interviniendo.
De cara a avanzar en los diálogos, los empresarios han sido claros en que mientras el Ejército no despeje las vías para que los trabajadores puedan ingresar de nuevo a las fábricas y la producción se reanude, no habrá consensos.
Para ellos lo más importante es abrir las calles y las carreteras para que sigan pasando los buses con obreros hacia sus industrias, especialmente hacia los ingenios cañeros. Pero se corre el riesgo de que si el Ejército está cerca de las confrontaciones, pueda terminar interviniendo.
L.S.A.: Javier, ¿qué piensa usted acerca de estas críticas al poder de intimidación del Ejército y a la posibilidad de que intervenga?
J.G.R.:La lógica no puede ser que si se saca al Ejército a la calle, se está vulnerando el derecho a la protesta. Este no puede ser el criterio. Sería el equivalente a decir: “como la policía salió a hacer controles de tránsito, entonces me está intimidando para que yo no salga en el carro”.
No lo está intimidando para nada. Si usted cumple con las reglas y demás, ¿por qué se va a sentir intimidado?
Los militares tienen una expresión muy idiosincrática, que es: “mande comandante, así sea por empanadas, pero mande”. Es decir, diga algo, diga qué tenemos que hacer, cómo proceder. ¿Quién es el comandante?, pues el presidente de la República, y él tiene que velar por la protección de derechos colectivos, por la seguridad de las personas, y para eso tiene a su disposición la asistencia militar.
Ninguno de los que hoy se arranca el pelo diciendo que la asistencia militar es un despropósito ha demandado la inconstitucionalidad de ese artículo. O sea, si les parece que eso es un error, y queremos ser civilistas, pues demandemos el artículo argumentando que la asistencia militar choca contra las libertades individuales, el derecho a la protesta y los derechos humanos.Pero yo no creo que se caiga la norma.
Claro que hay un riesgo de excesos, pero si legislamos sobre la base del riesgo de lo que puede pasar, pues prohibamos la protesta, porque hay riesgo de que terminemos en quema de buses. Evidentemente, esta no puede ser la lógica.
Para las situaciones de anormalidad tendrán que existir los correctivos correspondientes. En una institución como la Policía, donde usted tiene 140 mil hombres, o en una como el Ejército, con 285 mil, es posible que se cometan abusos por parte de algunos miembros, los cuales deben ser investigados.
Y estoy de acuerdo con quienes señalan que la fiscalización de la actividad del Ejército es esencial. Pero debe ser paralela a la actividad que se desarrolla y no simplemente posterior, pues los primeros que se benefician de la fiscalización son las personas que ejercen la función pública de seguridad.
Esto porque les garantiza un respaldo de las decisiones difíciles que tienen que tomar en terreno.
L.S.A.: ¿Cómo evalúa la sugerencia de algunos congresistas del Centro Democrático de declarar conmoción interior y que el presidente Duque ha dicho no considerar necesaria?
J.G.R.:La conmoción interior es realmente de absoluta excepcionalidad. La gran diferencia es que con la conmoción interior, el presidente sí tiene unos poderes muy fuertes y puede tomar medidas inmediatas que sólo tendrán un control, por lo menos jurídico-constitucional, a posteriori.
A manera de ejemplo, el presidente podría decir que a partir de mañana no hay Internet en Colombia. Claro, eso va a ir a revisión de la Corte Constitucional y probablemente la Corte diga que la medida era excesiva, pero será después.
La conmoción interior es un mecanismo que yo creo es bueno que exista en nuestro ordenamiento jurídico y tiene una ventaja y es que no tiene que ser decretado a nivel nacional, puede ser implementado en niveles territoriales. Pero no es necesario utilizarlo en este momento porque el presidente tiene los mecanismos ordinarios para solucionarla.
¿Qué es lo único que creo que podría llevar al Presidente a decretar el estado de conmoción interior? El sitiaje de las ciudades, que no fuera posible el abastecimiento de las ciudades porque las vías están bloqueadas. Pero, por ahora, existen los mecanismos para negociar la apertura de las vías.
L.S.A.: María Eugenia, si la asistencia militar le parece inconveniente, ¿cuáles serían mejores alternativas para desescalar la tensión social que hay actualmente?
M.E.I.: Lo primero que tendría que pasar es que el control de la Policía realmente lo retomen los alcaldes. Vemos con gran preocupación que la Policía está actuando desde una directriz nacional de la institución, sin considerar los casos locales. En Cali, concretamente, el alcalde Ospina ha perdido el control y eso abre la vía a tantos abusos policiales.
Pero también estamos sugiriendo, desde el Programa Institucional de Paz y otros profesores de la Universidad del Valle, que las universidades se conviertan en territorios de paz. Esto en la práctica quiere decir que se conviertan en lugares donde se den diálogos locales entre los actores.
Esto lo proponemos porque estando en las protestas nos hemos dado cuenta de que no hay unidad de mando en la movilización social. Quienes están en la calle tienen intereses de todo tipo, desde el muchacho del barrio pobre que busca empleo hasta chicos de sectores medios y otros completamente ideologizados que creen estar gestando una verdadera transformación social.
Esto implica que plantear la conversación para desescalar el conflicto, desde el nivel nacional, deja a mucha gente por fuera y se pierde de vista lo que está pasando en las ciudades, la particularidad.
Pero para esto habría que hacer un mapeo de los actores, saber con quién sentarse a hablar antes de plantear mesas de diálogo. Ahí la experiencia de las mingas indígenas es importante porque nos ofrecen asesoría sobre cómo sentar a los actores a negociar; aunque en el caso del Cauca es más fácil porque ellos sí tienen una estructura de mando más clara.
En esos primeros diálogos se pueden ayudar a agilizar los corredores humanitarios que permitan la movilidad de personas y de bienes retenidos, pero eso no va a pasar rápido.
Nos contaba un profesor que siguió el trabajo de la minga indígena en el Cauca que la última negociación tomó treinta días, y aquí va a ser más difícil. Por eso hay que empezar por los diálogos locales y comenzar pronto.
L.S.A.: En su caso, Javier, ¿qué propone para desescalar la violencia?
J.G.R.:La asistencia militar conviene para el desescalamiento por una razón técnico militar, por decirlo de alguna manera. Para apagar un fuego, usted lo primero que hace es sacar la gran manguera para intentar bajar las llamas y después sí trae arena, baldes, trae lo que quiera.
Pero usted primero necesita bajar las llamas e intentar que no se siga propagando. Entonces, desde un punto de vista técnico, que la violencia no se siga escalando, no se siga extendiendo por más ciudades o por más espacios de la ciudad, es muy importante.
Creo que la presencia militar es una medida que efectivamente es disuasiva y en consecuencia útil en un momento en que se requiere disuasión, o sea, no exceso.
Esta necesidad la comunidad la entiende, ocurre comúnmente que cuando llega el Ejército la gente los aplaude. Desafortunadamente, no es el caso de la Policía, a quienes muchos identifican como enemigo común.
Entonces, yo estaría en desacuerdo con la profesora en cuanto que el Ejército no debe hacer presencia en las calles, pues existe el deber legal de garantizar la vida, honra y bienes de la colectividad. Y eso significa contener y controlar la violencia que nos afecta a todos.
Lo cual no implica que no se abran otros espacios de diálogo en las universidades y que se intenten resolver las diferencias. Clave en ese proceso es que tenemos que dejar de graduar de enemigo a todo el que piensa diferente.
L.S.A.: Pero con la asistencia militar, lo que algunos han criticado es que actualmente no hay definida una delimitación temporal sobre cuándo debería terminar.
J.G.R.:La asistencia militar está directamente determinada por los hechos que la generan. Es cuando desaparecen estos hechos que desaparecen las razones para que esta exista. Pero esto va a dar para mucha discusión por dos razones.
Primero, porque la temporalidad no puede estar simplemente dada, digamos, porque mañana ya no hay protestas. Porque desde un punto de vista también técnico y policial, inclusive de emergencias, usted tiene siempre la atención inmediata, la estabilización y la recuperación.
El presidente no podría sacar un acto administrativo diciendo que la asistencia va a durar dos semanas, porque él no lo sabe.
Entonces, acá lo primero que estamos viendo es la atención inmediata. Luego vendrá la estabilización, o sea, el tiempo prudencial para que la Policía pueda volver a acomodarse. Y muy seguramente ya en la fase de recuperación no va a ser necesario el Ejército. Eso, claro, va llevar a que mucha gente diga que el Ejército se quedó, que lleva dos meses y sigue en las calles.
Segundo, porque el presidente de la República no podría sacar un acto administrativo diciendo que la asistencia va a durar dos semanas, porque él no lo sabe. Lo único que puede hacer es declarar que el Ejército va a salir a prestar asistencia militar dada la situación de orden público, pero no le puede poner un término.
Aunque que no le pueda poner un término no quiere decir que sea permanente o que tenga la competencia para volverla permanente.
L.S.A.: ¿No tendrían un rol los alcaldes en aceptar o rechazar esa asistencia militar?
J.G.R.:Como Colombia es un Estado unitario, uno de los elementos característicos de este Estado es que el orden público está en cabeza del presidente. Y la Policía es nacional por unas razones históricas muy importantes.
Entonces esa Policía Nacional está subordinada al presidente y si bien debe trabajar de manera coordinada con la primera autoridad civil del municipio o del departamento, el presidente no necesita la autorización de los alcaldes para enviar asistencia militar a una ciudad.
Lo que la ley permite es que los alcaldes, excepcionalmente, le puedan solicitar al presidente que ordene la asistencia militar. Y fíjense que él puede decir que no y que va a mandar más efectivos de la policía.
Entonces, fíjense que cuando algunos de ellos han dicho: “nosotros no hemos pedido asistencia militar”, pues eso es cierto, pero técnicamente uno diría lo que está diciendo la alcaldesa de Bogotá o el alcalde de Medellín, es: “nosotros no hemos recurrido a la norma que excepcionalmente nos permite solicitarle al presidente para que, si él a bien lo tiene, nos dé asistencia militar”.
Ellos lo han querido presentar como, si nosotros la pedimos, entonces nos la tienen que dar. O si no la pedimos, no la puede enviar. Eso no es cierto.
L.S.A.: Finalmente, María Eugenia, en sus investigaciones ha analizado el rol de las mujeres en las movilizaciones sociales. ¿Cómo impacta esa reflexión en su lectura sobre la militarización?
M.E.I.: Justamente, una de las cosas que más reivindican las mujeres es la desmilitarización, de la sociedad, porque el belicismo es la mejor expresión del patriarcado.
Aquí entiendo la militarización no sólo como la aplicación de una decisión jurídica, como se ha venido hablando, sino como una cultura. Una expresión de cómo una sociedad se rige.
Entonces, una de las cuestiones en las que insiste el movimiento de mujeres en contra de la guerra es en el desmonte de la militarización de la sociedad. Eso va desde dejar de ver el cuerpo de las mujeres como botín de guerra — algo que se ha visto en medio de las protestas de estos días —, hasta el desmonte del aparato militar y todo lo que está ligado a esa cultura, como los escoltas y la seguridad armada que nos brinda el Estado.
Y esto aplica no solamente para el Ejército y la Policía, sino también para los jóvenes manifestantes. Muchos de ellos tienen unos imaginarios bélicos, de arrojo, valentía y de arriesgar la vida, entre otros valores que exaltan la masculinidad guerrerista. Eso se nota en la forma en que se mueven y en sus expresiones.
Muchas veces no hay gran diferencia entre el lenguaje que utilizan y el de un policía al que dicen oponerse.
Para citar:
Ibarra, M. (2015). Aportes de las académicas latinoamericanas para comprender las acciones colectivas de las mujeres.
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