Muchos niños jiw y nukak no tienen un futuro más seguro que la drogadicción

*Omitimos los apellidos de las personas jiw y nukak de esta historia para protegerlos. Este reportaje hace parte de una serie sobre la deforestación en la Amazonía y sus impactos financiada por el Amazon Fund y el Pulitzer Center. Para mejorar la experiencia poner la pantalla del celular horizontal.

Hace apenas tres décadas, los nukak asombraron al país y convocaron la atención de los antropólogos locales e internacionales por ser una de las pocas etnias nómadas que aún quedaban en el mundo.

Hoy, ocho años después de que sus tradiciones fueran declaradas patrimonio cultural de la Nación, muchos de sus niños y jóvenes, así como los de la etnia jiw con los que conviven en el Guaviare, no parecen tener un destino más seguro que la adicción a la droga, mientras sus papás y abuelos ahogan sus penas en el alcohol.

San José del Guaviare, la capital, que queda a una hora y media de vuelo desde Bogotá, luce desde el aire como una gran selva amazónica interrumpida solo por ríos, uno de ellos el río Guaviare, con sus grandes playas, donde locales y turistas sacan el dorado y otros pescados grandes de piel lisa, parecidos al bagre.

Es un pueblo como otros de Colombia, quizás más lindo, porque es silencioso, y porque se siente la energía de un futuro prometedor tras haber sido descubierto como una joya turística, después de años de padecer el conflicto armado. En poco tiempo, han cambiado las incursiones frecuentes de las Farc y de los paramilitares por cientos de turistas que vienen del mundo entero a apreciar su milenaria pintura rupestre y a nadar con sus delfines rosados.

Pero no llegué a San José por sus maravillas, sino por la crisis de salud mental que están enfrentando los niños y los jóvenes indígenas.

El recibimiento en el café del hotel al lado de la plaza me lo dieron una niña y un niño jiw de cerca de cinco años, sucios, descalzos, con sus pantalones y camisas rotas, que se acercaron a pedir limosna. Era sábado.

“¿Cómo se llaman? ¿Dónde están sus papás? ¿de dónde vienen?”, les pregunta Manuel Ramírez, con quien estaba conversando.

Manuel es un psicólogo de 32 años, bogotano, que como mucha gente que vive en San José, llegó allá buscando una vida más tranquila, conoció el amor, se casó y se quedó a vivir hace como siete años. Trabajó hasta diciembre en el Plan de Intervenciones Colectivas de la Secretaría de Salud y aunque no era exactamente su función, se obsesionó con hacer algo por los niños y las niñas indígenas que consumen.

Los niños lo miran con extrañeza, ninguno responde una palabra.

“Siquiera lo vio con sus propios ojos, muchos niños indígenas viven aquí como habitantes de la calle”, -me dice Manuel, sorprendido porque a ellos no los había visto antes-. Debería reportarlos ahora mismo al Icbf pero justamente me van a pedir que responda esas preguntas, son las talanqueras del sistema", me dice.

Manuel actúa como si su misión en la vida fuera rescatarlos, y ¿cómo no?

Una enfermedad peor que el covid

El Guaviare es un departamento relativamente joven -antes hacía parte del Gran Vaupés- habitado por colonos que llegaron de todo el país en los años 70 en busca de pieles de animales salvajes, madera fina, peces, marihuana y coca.

No eran tierras baldías como dicen algunos. Los indígenas ya estaban ahí, y desde entonces vienen los conflictos territoriales y la violencia que los ha ido expulsando de la selva a resguardos y asentamientos muy cerca del casco urbano de San José.

Hoy son cerca del nueve por ciento de la población, algo así como 7 mil personas, distribuidas en cerca de 10 etnias; de los cuales el 40 por ciento son niños hasta los 14 años, según el censo de 2018, y solo un cinco por ciento son mayores de 64 años.

Junto con los Tucano Oriental, los nukak y los jiw son dos de las comunidades indígenas más grandes que habitan allí. En el censo de 2018, 744 personas se reconocieron como nukak y, en el de 2005 -últimas cifras disponibles- 617 lo hicieron como jiw.

Para todos ellos el covid es una gran amenaza. Cerca del 40 por ciento de los nukak murieron por gripas contra las que no tenían defensas tras su contacto con los "blancos" en los ochenta. Muchos niños y jóvenes perdieron ahí a sus papás. Pero hoy su principal problema, con el despojo de la tierra y asociado a ello, es la pérdida de su salud mental.

“Están sumidos en una crisis emocional profunda”, asegura Kelly Peña, una antropóloga que ha trabajado con Parques Naturales y quizá la persona que mejor conoce a los nukak en el Guaviare.

En 2014, el centro de salud que los atiende evaluó a algunos de ellos y encontró que de 88 nukak entre los 14 y 30 años, un 77 por ciento de ellos consumía algún tipo de droga y de ellos, un 57 por ciento reportó depresión, ansiedad, bajo control de los impulsos, y violencia contra las mujeres, por esa causa.

Este mismo centro de salud reportó en dos años -entre el 2014 y el 2016- 67 casos de atenciones relacionadas con salud mental, de las cuales 55 fueron por intoxicaciones o trastorno mental por consumo de drogas, en su mayoría de niños y jóvenes entre los 10 y los 19 años.

Frente a esta problemática que golpea por igual a los nukak y a los jiw, ninguno, ni las comunidades indígenas para las que se trata de enfermedades nuevas, ni las instituciones, saben qué hacer.

El martes por la mañana voy temprano a hablar con ella. Doris debe tener unos 40, 45 años, no es fácil saberlo. Tiene unos rasgos finos. Constantemente se coge su pelo largo y liso, y sus brazos como si eso le ayudara a estar presente, pero su mirada está como perdida.

Habla poco español, así que casi todos los que están en la casa, incluyendo tres hermanos que viven ahí, hablan por ella.

Ese día está cuidando a su nieto, un pequeño de unos dos años.

Doris me dice que ahora no está trabajando, que está solo en la casa. Más tarde, Manuel me cuenta que solía ser trabajadora sexual para sobrevivir y que sus jornadas eran de toda la noche hasta el día siguiente a las 11 a.m. Mientras tanto, sus hijos se quedaban solos.

“Eso sí, generalmente, llegaba al otro día con un pollo para todos”, cuenta Manuel.

Doris tiene siete hijos; pero ese día menciona solo a tres: Lorena, de nueve años, Erik, que tiene ocho años y Luz Ángel, que tiene 14. Todos son adictos al bóxer desde hace más de tres años.

Lorena comenzó a consumir cuando tenía apenas seis años. A los nueve, como parte del trabajo de concientización del consumo que venía haciendo Manuel, el Icbf asumió su custodia porque Doris “no estaba siendo garante de derechos”, como dicen en esa institución, e ingresó hace tres meses a rehabilitación.

Doris y su hermano Odilson, que nos sirve de traductor, sienten que los niños se les salieron de las manos; “no hacen caso” es la frase que resume su desesperación, su no saber qué hacer, que no se refleja en todo caso en su trato con ellos.

Son supremamente cariñosos. Los cargan y acarician todo el tiempo. Odilson cree que pegarles a los niños es contraproducente porque hace que se vayan de su lado. Él lo ha vivido con su hermano Edibio, de 16 años, a quien Manuel también convenció de que se fuera a rehabilitación tras llevar cinco años consumiendo:

“Le dije: si quiere pues llévelo, ese chino a mí no me hace caso, cuando yo hago un juetero se va a dormir a la calle, allá, en el centro, lleva cartón y se acuesta y listo, a dormir. Nunca ese chino hace caso desde que probó el vicio”.

La impotencia se siente en todos los frentes…

El intendente Edinson Tarifa, quien está a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia desde hace dos años, por ejemplo, se niega a corretear a los niños cuando los ve consumiendo y le ha pedido a los demás agentes que no lo hagan.

“Nos van a ver como monstruos, de hecho ya lo hacen. Cuando están oliendo boxer en el malecón y nos ven, prefieren tirarse al río, con el riesgo de que se ahoguen”.

Cuando los pueden coger sin que salgan corriendo, hacen toda la tarea de tratar de ubicar quiénes son sus padres a través de fotos que se intercambian por WhatsApp con otros funcionarios o gente del pueblo que los conoce y los ponen a disposición del Comisario de Familia o del Icbf para que ellos verifiquen su estado y decidan si los retornan con sus padres.

“Varias veces nos ha pasado que después de cierta hora el Comisario no contesta o nos dice que no sabe qué hacer, a dónde llevarlos mientras tanto”, cuenta Tarifa. Su frustración es evidente, también porque la venta del bóxer no está regulada, y cualquiera lo puede comprar en una ferretería.

En cualquier caso, a los pocos días, los niños vuelven a estar en la calle.

“Muchos responsabilizan a los papás por ser descuidados, pero quizá los indígenas ven diferente la autonomía de sus hijos”, dice Nubia Urquijo, coordinadora del Grupo de Asistencia Técnica del Icbf. “En la selva es un imperativo para sobrevivir, aquí probablemente al comienzo pensaron que se las estaban arreglando para poder comer. No sabían los otros peligros asociados: la drogadicción y la explotación sexual.”

La alternativa que hay son las madres sustitutas de esa institución que tienen a cargo muchos más niños, pero que además no conocen su cultura, ni tampoco su lengua.

La tragedia en todo caso no se limita a los jiw, sino que también se extiende a muchos de los niños y jóvenes nukak que están en San José. Sí, de los nukak, la misma etnia cuyas tradiciones son patrimonio y que todos los turistas quieren conocer.

“Para mí es algo malo, no lo controlo tanto, al principio le pegaba a mi esposa. Hay unos que para poder consumir todos los días le quitan la plata hasta a sus familiares. Las niñas cambian su cuerpo por droga. Otros roban”, dice.

Él confiesa que no es bueno robando, pero que lo ha hecho. Un día robó una gallina y el colono lo alcanzó y le apuntó con un revólver. Después de rogarle que no lo mataran, el colono llamó a "los fiscales" y lo llevaron al calabozo hasta por la noche. Desde entonces, dice que prefiere trabajar guadañando, poniendo cercas, voleando machete o raspando coca.

El problema es que a los raspachines a veces los patronos les pagan con la base de coca y por eso muchos consumen: por arroba 0.5 de base de coca o 16 mil pesos. Ober dice que él no, porque la base de coca es muy fuerte, y entonces la cambia en el campo por remesas o por plata. Y que la marihuana sí la compra en el pueblo, dos o tres baretos, que valen 5 mil y duran para tres días.

“Los niños de 11 años nos ven consumir y ellos también consumen, -dice Ober en un perfecto español-. Los jóvenes están brutos, se vuelven locos, no pueden conversar, no pueden preguntar”.

Ober cree que el problema es la ciudad. "Ellos dicen: ‘queremos ser como los blancos, tener lo que ellos tienen, necesitamos cambiar’, pero van a seguir siendo nukak”. Aunque quisiera irse al campo, a las "chagras" como lo llaman ellos, cree que allá no va cambiar ni lo de ser raspachín ni el consumo de marihuana.

“‘Tuikuchañuat’ significa estar bien, estar caminando, esa era la vida de los nukak en la selva”, cuenta la antropóloga Kelly Peña. “Su opuesto es “Takañarit” que significa tristeza, como si el espíritu se fuera del pecho a caminar. Es distinto al aburrimiento, a no tener nada para hacer. Más bien es como estar en un limbo”.

Como explica la profesora de la Nacional Dani Mahecha los nukak han vivido el proceso de la Colonia y la República en menos de 30 años y experimentan la tristeza de todas esas rupturas de las que intentan escapar.

Por eso, Kelly y Manuel creen que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia en su asentamiento.

La “acción con daño” del Estado puede corregirse

“Acción con daño” es la expresión que emplea Nubia, del Icbf, haciendo un mea culpa de lo que ha sido el rol del Estado con las comunidades indígenas en San José. Básicamente, ha consistido en medidas cortoplacistas, que no están coordinadas y, sobre todo, que no tienen en cuenta su forma de ver el mundo:

“Los nukak, que son cazadores, están en un terreno árido donde no pueden sembrar casi nada ni pescar o cazar”, dice Nubia. “Hasta hace poco les llevaban fríjoles o arvejas como parte de la remesa, algo que no hace parte de su dieta pero además no tienen ni siquiera donde prepararlos”.

Aunque todos los días tienen una visita de una entidad distinta o de una ONG, los niños se la pasan desocupados desde hace cerca de un año, nadie ha ido a dictarles una clase, en parte por el covid, pero igual ellos se la pasan juntos. De hecho no hay un modelo educativo diferenciado para los indígenas en San José.

Se necesitó una tragedia para convencer a los niños y jóvenes adictos del resguardo que se fueran a rehabilitación.

Hace poco, el 6 de noviembre del año pasado, como a las 8 a.m., Benjamín, un nukak de 21 años, que lleva consumiendo bazuco y marihuana por lo menos cinco años, sacó un machete y amenazó con agredir a la mamá.

Ella lo estaba regañando porque Bejamín había vendido la remesa que les había llegado para comprar marihuana. “Estaba fuera de sí. El papá, que hasta ese momento no se había metido en la pelea, no halló más que golpearlo en una pierna, fracturándolo”, dice Manuel.

Pero nada ha sido sencillo desde ese momento.

Tras ocho días de esperar a que les autorizaran en el hospital el traslado a una clínica de rehabilitación, sólo siete de 15 resistieron. Los otros terminaron volándose del hospital: el síndrome de abstinencia les ganó.

En San José no hay ninguna clínica de este tipo, ni siquiera hay un psiquiatra en todo el Guaviare.

Con la presión de la Secretaria de Salud municipal, Mariluz Ovalle, según Manuel, se logró que ingresaran a la Clínica Renovar en Villavicencio, el centro de salud mental más grande de la Orinoquía. 

Manuel y Kelly creen que mandarlos a Renovar era lo que había que hacer, pero tienen dudas sobre si el tratamiento va a ser el adecuado para ellos. Empezando por la lengua y porque carecen de un enfoque diferencial que, como indígenas requerirían.

Rosario Lozano, su directora, me cuenta que los niños y jóvenes están en la fase de desintoxicación y que aunque en las llamadas que tienen con sus papás les dicen que se quieren ir y los papás les preguntan que cuándo van a volver, el cambio se les ve en la cara.

“Este consumo es enseñado por el encuentro cultural, por la forma tan marginal como los hemos integrado a nuestro sistema social. Cuando te despojan de todo, cuanto te cambian hasta tu nombre, te quieres salir de la realidad -dice Rosario-. Por mí los tendría en una granja, libres. Quisiera que durmieran en hamacas aunque por ahora no es posible dado que con el lazo pueden atentar contra su vida”.

Los nukak tienen un especial riesgo de suicidio, porque como dice Mahecha, la profesora de la Nacional, “son como un racimo, dependen mucho de la comunidad y los problemas que la afectan los impacta emocionalmente de una manera profunda”.

Por eso lo ideal es que estuvieran en la clínica cerca de un año, pero su directora duda que vaya a ser así porque la EPS solo cubre cuatro meses de hospitalización para los jóvenes y seis meses para los niños.

A diferencia de los jiw, los nukak ni siquiera están afiliados a una EPS, porque suelen moverse de un lugar a otro y las EPS solo tienen cobertura territorial. Ellos son responsabilidad de la Secretaría de Salud Departamental con recursos de población pobre no asegurada.

Los papás no los han podido visitar todavía porque requerirían que las Secretarías de Salud municipal y departamental los apoyaran para poderse trasladar. Tampoco están siendo tratados mientras tanto.

Manuel, que es su punto de contacto, la persona a la que confiaron sus hijos, a hoy 14 de febrero, sigue sin que le renueven su contrato con el Plan de Intervenciones Colectivas.

Pero quizá el mayor interrogante es qué pasará con los ochos niños jiw y los siete nukak que están en Renovar cuando regresen a sus casas si nada ha cambiado en sus familias y si las entidades públicas no tienen ningún plan para que tengan oportunidades diferentes.

“Nada sacamos recuperándolos y que vuelvan a la misma realidad, después de tanto esfuerzo”, dice Manuel. Se le siente su desesperación.