La revocatoria ha debido votarse hace dos años cuando se reunieron los requisitos de ley, pero el Alcalde, utilizando recursos del Distrito, montó una emboscada judicial que logró aplazarla hasta ahora. Votarla a estas alturas del paseo es un disparate político: perturba las elecciones de octubre, desprestigia la institución porque muy pocas personas acudirían a las urnas, y fiscal: vale $ 40.000 millones que no pagarán Petro ni sus amigos.
Como la Registraduría y el Comité promotor de la revocatoria han dicho que pedirán la nulidad de la decisión de la Corte Constitucional, lo cual quiere decir que la Sala Plena de la Corporación revisará lo que dispusieron tres de sus magistrados, confiemos en que la Corte se sintonice con el querer inmensamente mayoritario de los bogotanos y decida que la Registraduría no puede a su arbitrio aplazar la votación de una revocatoria, pero que en este caso el tiempo para convocarla y decidir sobre ella en las urnas ya precluyó. También puede determinar que se vote el mismo día que se elija nuevo alcalde o sea en octubre.
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