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Este blog tenía una versión anterior en la cual alababa la sensatez del Congreso en aprobar la ley de víctimas sin reparación por vía judicial para los actos u omisiones de agentes del estado.
OPINIÓN
¿Congreso admirable?
Este blog tenía una versión anterior en la cual alababa la sensatez del Congreso en aprobar la ley de víctimas sin reparación por vía judicial para los actos u omisiones de agentes del estado.
El tono quizás no era el adecuado pero me mantengo en mi posición sobre la inconveniencia de una reparación para estos casos que no sea producto de un proceso judicial en el cual el estado resulte vencido. Con lo que no conté fue con que el mismo Congreso se iba a echar para atrás en la iniciativa. Qué lástima.
Nadie es rio para no devolverse, dirán. Para mí de todas formas, abrirle la puerta a las reparaciones por vía administrativa es abrir un boquete en la estructura del estado de derecho. Lo digo porque el estado no es un responsable en abstracto sino un responsable en concreto por las acciones u omisiones de sus agentes. Y esto debe ser probado en un proceso.
No es muy diferente el caso del padre de familia que resulta atropellado por el trabajador oficial que conduce una volqueta del Ministerio de Transporte, y que solicita reparación, que el campesino que resulta mutilado por un error en un visor nocturno del piloto de un helicóptero militar, quien también merece reparación.
El argumento de los “estándares internacionales” para la reparación de víctimas de conflictos no convence. Empezando porque estándares internacionales para estos casos no existen ya que las reparaciones de víctimas son relativamente raras y casi insólitas en conflictos que no se han concluido. Además la ONU tendrá sus opiniones, respetables, pero opiniones al fin y al cabo, no mandatos divinos. Que no se nos olvide que el estado colombiano se rige por su constitución y sus leyes no por lo que diga un burócrata obeso de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Por otra parte decir que la reparación no implica responsabilidad del ente estatal resulta un tanto esquizofrénico. Puede que por virtud de alguna argucia legal se construya de esta forma la ley, pero en mi parecer esto a lo único a que puede llevar es un enriquecimiento sin causa de la supuesta víctima. Si hay un afectado, un daño, una acción o una omisión ¿quien entonces es el causante? Y si no se determina entonces ¿por qué y quien repara?
Es que, paranoico o no, el trasfondo de este debate es político y no legal. Y como siempre las víctimas acaban siendo un daño colateral. El propósito último de este tema no es reparar, ni saldar el daño, ni nada por el estilo. Se trata de sentar las bases para equipar al estado colombiano con los actores ilegales y de ahí dar un pasito para declararlo un estado terrorista. Ese ha sido un viejo anhelo de la izquierda radical colombiana y están, por cuenta de nuestra ingenuidad, a punto de lograrlo.
