A veces “La paz es la mejor justicia,” como decía Alvaro Uribe

“La paz es la mejor justicia:” eso decía Álvaro Uribe en el 2003, cuando se desmovilizó el Bloque paramilitar Cacique Nutibara en Medellín. Para probar que la paz era la mejor justicia, Uribe presentó ante el Congreso el proyecto de ley conocido como de alternatividad penal.

El proyecto incluía la suspensión condicional de la ejecución de la pena (es decir la impunidad,) previa solicitud del Presidente. Además proponía disminuciones sustantivas de la pena por la realización de trabajo social, por el aporte de bienes a un fondo de reparación, por la manifestación pública de arrepentimiento y por la colaboración con las autoridades.

Para estas penas disminuidas se contemplaban alternativas a la cárcel (la alternatividad penal propiamente) como la restricción de la libertad, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas e inhabilitación para el acceso a cargos de elección popular, entre otras.

El proyecto fue un escándalo. Se movilizaron contra del proyecto de ley las organizaciones de derechos humanos, la gran prensa liberal, la academia, e incluso muchos congresistas. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Americas, acudió ante el Congreso colombiano a decir que, a diferencia de lo defendido por Uribe, “la impunidad no era el camino a la paz.”

Pero el gobierno se defendió con ahínco. El presidente Uribe incluso fue ante las Naciones Unidas a insistir que “la paz es la mejor justicia.”  Luis Carlos Restrepo, Comisionado de Paz dijo: “Lo importante no es castigar al victimario, sino reparar a la sociedad y a la víctima.”   Fernando Londoño, ministro del Interior y de Justicia dijo: "Todo armisticio implica un poquito o un mucho de impunidad. No se castiga, pero a cambio se consigue la paz."

Eventualmente el gobierno de Uribe cedió ante la presión, el Congreso modificó el proyecto, la Corte Constitucional también, y la ley finalmente aprobada para el proceso de paz con los paramilitares contempló penas reducidas de cárcel así como mayores protecciones y reparación para las víctimas. Al final las penas se pagaron, aquí o en Estados Unidos. Y se ha hecho un enorme esfuerzo por documentar lo que pasó durante la guerra paramilitar, en un trabajo serio y profesional que es ejemplo a nivel mundial.

Durante su gobierno Álvaro Uribe no sólo fue amigo de la alternatividad penal: también fue generoso con el indulto. En los años de su gobierno Uribe indultó al parecer a 293 guerrilleros de las FARC. Uribe indultó además a varios cientos de combatientes de otros ejércitos ilegales, entre otras cosas porque colaboraban con el gobierno, indultando durante su gobierno en promedio más de un combatiente ilegal a la semana.

Uribe fue amigo no sólo de los indultos y de las penas alternativas: también lo fue de la representación política de los desmovilizados, por lo menos al inicio de su gobierno. En su fallido referendo de 2003 Uribe incluyó la posibilidad de una circunscripción de paz para la participación política de grupos alzados en armas. Esta posibilidad podía ser por elección o por nombramiento por una sola vez por el gobierno de forma directa, es decir, una figura similar a la del actual acuerdo de paz.

 Esta generosidad tuvo sus frutos, y el  proceso de desmovilización iniciado por el gobierno de Uribe para los paramilitares hoy cobija a 59 mil excombatientes. El proceso colombiano es ejemplar en el mundo por su relativo éxito en la desmovilización de combatientes, e incluye estipendios mensuales, ayuda para estudiar y fondos para proyectos productivos.  Estos son pagados por los contribuyentes, por supuesto. Y si bien persisten muchos de los mismos problemas, la vida en los lugares antes dominados por los paramilitares mejoró de forma dramática para la mayoría de sus pobladores.

Son pocas las diferencias entre el acuerdo de paz con las FARC de ahora y las políticas de paz de Álvaro Uribe, en especial las que resultaron de la evolución de la propuesta inicial de alternatividad penal. Sin duda hay un aprendizaje en justicia transicional que construye sobre la experiencia con los paramilitares: así ahora se crea una jurisdicción especial para este punto, y se diseñan mecanismos para priorizar los casos más graves y a los mandos responsables. Y se incluye las penas alternativas a la prisión como el único castigo para quienes colaboren con la justicia.

Quizá la diferencia más importante es la participación política: las penas de Uribe casi siempre incluyeron la posibilidad (aunque no siempre la certeza) de la pérdida de los derechos políticos. En cambio el presente acuerdo está orientado hacia la participación política de las FARC como colectividad y garantiza de los derechos políticos incluso de los individuos que cometieron actos de lesa humanidad y sean condenados por ello. Además, el gobierno financiará la participación en política de las FARC como partido.

Una segunda diferencia importante es que el acuerdo de paz con las FARC incluye la posibilidad que los miembros de la Fuerza Pública se acojan al mecanismo de justicia transicional, algo que nunca fue contemplado por el proceso con los paramilitares. Si lo hacen, los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido crímenes atroces recibirán a cambio de la verdad beneficios similares a los que reciban los guerrilleros. Esto tampoco lo contempló Uribe.

José Miguel Vivianco, aún director de Human Rights Watch Americas rechazó la invitación del Presidente Santos a la ceremonia de la firma de la paz precisamente por estos puntos de diferencia. Además objetó de manera general a la alternatividad penal del acuerdo de paz, y en particular a la falta de detalles sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz.  

 Así, si Uribe ha cambiado su canto, Vivanco se mantiene en su ley. Y ambos tan de acuerdo.

Pero las personas como yo, que en su momento nos horrorizamos con el proyecto de ley de alternatividad penal, que aceptamos a regañadientes la versión modificada en la ley de Justicia y paz, que tragamos con fuerza para aceptar las penas reducidas a cambio de una colaboración a menudo dudosa, que miramos con escepticismo equivocado la demovilización masiva, aprendimos que a la larga Uribe tenía razón: a veces la paz es la mejor justicia.